Maciel Calvo

Maciel Calvo

Alma Griselda Nieto, Manuel y Celia Salinas Maya conmemoraron un año más de la desaparición de sus hijos.

Alma Griselda Nieto, Manuel y Celia Salinas Maya conmemoraron un año más de la desaparición de sus hijos. Alma no sabe nada del paradero de su hijo Diego Armando desde hace nueve años. Celia lleva ocho años de doble angustia al no saber nada de su hija, quien estaba a punto de dar a luz a su nieto Max.

Ambas sufren no solo la ausencia y la incertidumbre, sino la indolencia y desdén de los funcionarios de la Fiscalía General de Estado (FGE), quienes detrás de su prepotencia esconden su incapacidad para dar resultados en la búsqueda de personas desparecidas.

La madre de Diego cada año acude a la ofrenda de víctimas, ubicada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para recordar que fue un 13 de agosto de 2011 cuando despareció su hijo, de 28 años, y su vida dio un vuelco doloroso.

“Siempre (en la fiscalía) me dicen lo mismo, que van a trabajar, que van a dar seguimiento. Hasta fecha, el expediente de mi hijo sigue abierto, no han dado carpetazo, pero no han hecho nada absolutamente, no hay resultados, que porque no hay elementos para seguir la investigación”, dijo.

Afirmó que nada la callará y que, junto con otras madres con las que comparte el dolor y la incertidumbre, continuará en la búsqueda de su hijo y otros desaparecidos.

Celia Salinas Maya, madre de Jessica Cerón Salinas, quien despareció el 13 de agosto de 2012, publicó una carta en la que externó su dolor y fustigó la insensibilidad y la miseria de las autoridades, incapaces de dar con el paradero de la joven, quien al momento de su desaparición estaba a días de tener a su bebé.

También apeló a la conciencia de quienes hayan participado en la desaparición de Jessica, para que permitan que la familia dé con su paradero.

“En estos años he vivido la indolencia de las autoridades, la falta de actitud y compromiso por ejercer el bien y justicia, autoridades corruptas que se vendieron a favor de delincuentes, autoridades omisas con tanta falta de sensibilidad hacia las víctimas y desinterés por ejercer su trabajó.

“Estoy aquí y seguiré buscándote Jessy, te abrazo en la distancia y deseo que Dios te acompañe donde te encuentres, eres un pedazo de mi vida que se fue desde tu ausencia, te amo hija y a pesar de la distancia sé que sentirás mi amor porque ese es más fuerte que todo y que cualquier distancia.

“A todos los que han elevado alguna oración por mi hija, que me han brindado su apoyo compartiendo la foto de Jessy, les agradezco de corazón. Por último, a ti que te llevaste a mi hija y que estoy segura de que me leerás y que me imagino no tienes paz en tu vida, te pido me devuelvas a Jessy, sé que con eso algún día Dios te concederá la paz que probablemente buscas”, dijo en su misiva.

 

 

Habrá acceso a los juzgados a partir del próximo lunes.

El Tribunal Superior de Justicia informó que habrá acceso a los juzgados a partir del próximo lunes, pero únicamente a los litigantes que hayan realizado su cita electrónica.

“(Podrán entrar) todos aquellos abogados que ya realizaron su registro en el Portal de Citas Electrónico, que previamente se había generado para la presentación de demandas, sólo deben ubicar la pestaña de acceso a inmuebles y generar la cita correspondiente”, señala el TSJ mediante un comunicado.

Recordó que todos los que ingresen a las instalaciones judiciales, deberán acatar las disposiciones establecidas en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, el cual puede ser consultado en la página web del tribunal.

Los abogados que aún no tienen un registro deberán ingresar al portal electrónico del TSJ, crear una cuenta con su nombre completo, número telefónico, Clave Única de Registro de Población (CURP), contraseña y correo electrónico para completar el registro, para posteriormente ingresar al Portal de Citas.

Para agendar una cita de acceso a los inmuebles, deberán dar click en la opción del menú “Acceso a Inmuebles”, en el formulario seleccionar la sede a la que acudirán, seleccionar el tipo de cita y fecha en la que asistirán.

Una vez concluido el proceso, el sistema generará de manera automática un acuse que será enviado al correo electrónico proporcionado. El acuse tendrá que ser presentado de manera impresa o digital para validar el acceso.

 

 

 

Piden a ese instituto político respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido Encuentro Social (PES) hacer reajuste a sus órganos de dirección partidista, para respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.

Además, ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) reformular el acuerdo para la implementación de acciones afirmativas, para garantizar el acceso a cargos de elección popular a los pueblos y comunidades indígenas, y permitir que los municipios indígenas elijan, mediante el método de autodeterminación, a sus autoridades municipales.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 61/2020, promovido por Aura Alina Avilés Mejía y otras personas, la Sala Regional consideró que existió falta de convocatoria previa para que todos militantes del PES pudieran participar en un cargo partidista, y que no se cumplió el principio de paridad de género, durante la celebración del congreso estatal del partido realizado el 21 de julio de 2019.  

Al declarar fundados los agravios expuestos por la parte actora, el tribunal determinó dejar sin efecto todos los actos realizados ante o por  el Instituto Morelense de Procesos Electores y Participación Ciudadana (Impepac), únicamente en lo que concierne al proceso electivo de los órganos internos del PES durante el congreso estatal del año pasado.

Debido a la contingencia sanitaria por el covid-19 y “como medidas excepcionales y extraordinarias”, ordenó  al PES “que realice la reposición del congreso estatal, cuando determine que existen condiciones sanitarias en el estado de Morelos, y considere que es viable la protección del derecho a la salud de su militancia  y  a votar y ser votado, y que la celebración del proceso interno no distraiga en mayor medida las actividades del proceso electoral local a celebrarse en el estado de Morelos.

“En el caso de que no mejore la situación sanitaria en el estado  de Morelos y que ello impida realizar el congreso estatal, deberá prorrogar la integración y funcionamiento de sus órganos internos para enfrentar el proceso electoral 2020-2021, en el entendido de que como medida adicional y atemporal, el partido a través de la comisión político estatal electa e integrada conforme al congreso  del año pasado, deberá nombrar y hacer los ajustes necesarios, para que la integración de sus órganos internos  cumpla con el principio de paridad de género.

“Además de ello, la reunión que lleve a cabo la comisión político estatal para realizar el reajuste de paridad de género en sus órganos internos deberá hacerse en la medida de lo posible vía remota, con la finalidad de salvaguardar el derecho de la salud de las y los integrantes de dicho comité.

“En el caso de que el partido optara por prorrogar y realizar el reajuste de paridad de género en la integración y funcionamiento de los órganos del partido de manera temporal, para enfrentar el proceso electoral en el estado de Morelos 2020-2021, una vez concluido el proceso electoral, el partido deberá convocar a su congreso estatal conforme a lo ordenado”, determinó la Sala Regional.

 

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

En cuando a la resolución del juicio para la protección de los derechos político del ciudadano 88/2020 y sus acumulados, la Sala Regional revocó el acuerdo expedido por el Impepac para la implementación de acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

El acuerdo impugnado estableció que las medidas afirmativas se aplicarían únicamente en los municipios indígenas de Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco, ya que los 33 municipios restantes no contaban con al menos un 60% de población de origen étnico y que hablara alguna lengua indígena.

También previó, en cuanto diputaciones, que el distrito IV sería asignado a municipios indígenas y, como medida compensatoria de género, la candidatura correspondería a una mujer, además de que se realizaría oficiosamente una consulta a municipios indígenas, para determinar si el sistema electivo de sus ayuntamientos sería bajo el sistema de partidos o por autodeterminación.

El Pleno de la Sala Regional consideró incorrecto el parámetro  del Impepac para determinar la cantidad de población indígena y consideró desmedido el  porcentaje (60%) para implementar acciones afirmativas en municipios no indígenas, ya que al estimar esta cantidad no tomó en cuenta el parámetro de auto adscripción como factor fundamental para determinar quiénes son indígenas y cuantificar a la población étnica.

“El factor previsto por el instituto local de 60% para implementarlas (acciones afirmativas) va en contra de la existencia de estas medidas y en perjuicio de la población indígena de Morelos. Ello en virtud, tal como lo ha sostenido la Sala Superior, para que se hagan efectivas las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, las autoridades electorales deben establecer instrumentos a fin de lograr la citada finalidad.

“Haciendo prevalecer los principios de igualdad y no discriminación a favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad, además de que, conforme al artículo 2 de la Constitución federal, no se prevé cierto porcentaje de concentración poblacional indígena para la creación de medidas compensatorias en materia electoral a favor de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló en la sentencia.

Sobre la forma de elección de sus autoridades, detalló que el órgano electoral dejó de lado que los municipios indígenas poseen un reconocimiento como organización política y social  y su derecho a la autodeterminación, por lo que no existe motivo válido para implementar una consulta para definir si renovarán sus ayuntamientos por medio del sistema de partidos o sus sistema de auto organización.

Sobre la asignación de una diputación, el tribunal electoral resolvió que el Impepac no fundó ni motivo por qué tendría que ser asignada a los municipios indígenas y porqué le correspondería a una mujer.

Por lo anterior, ordenó revocar el acuerdo y emitir uno nuevo, debidamente fundado y motivado, para implementar acciones afirmativas que beneficien a personas indígenas en municipios tanto indígenas como no indígenas y se apliquen medidas compensatorias de género.

 

La SCJN concedió el recurso para efecto de que no se aplique el acuerdo por el cual se establecieron los términos de la delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.

El Congreso del Estado de Morelos promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la suspensión concedida al Ayuntamiento de Tetela del Volcán, para efecto de que no se aplique el acuerdo expedido por Poder Legislativo, por el cual se establecieron los términos de la delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.

Mediante el recurso de reclamación 77/2020-CA, el Congreso combatió el proveído de 27 de julio de 2020, dictado por el ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 105/2020.

La suspensión impide que las autoridades estatales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asignen la clave geoestadística al municipio indígena de Hueyapan (territorio escindido de Tetela del Volcán) y establezcan la señalética sobre la división territorial entre ambos municipios.

El ayuntamiento de Tetela de Volcán, dentro del recurso de control constitucional, argumentó que el municipio no fue consultado respecto del decreto y fue una decisión unilateral del Congreso, que prolongará los conflictos sociales, sobre todo por el tema de la disputa por el agua entre ambas comunas.

Por lo pronto, la suspensión que impide avanzar en la división territorial ha sido combatida y está en espera de resolución.

 

 

 

Reiteran llamado a denunciar los robos en decenas de sepulcros.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que por el momento no ha recibido ninguna denuncia por el saqueo perpetrado en días pasados en decenas de sepulcros en el Panteón de La Paz en Cuernavaca.

A finales del mes de julio, a través de redes sociales, comenzaron a surgir las primeras alertas de los hurtos que, aparentemente, un solo hombre perpetró en varias tumbas que estaban recubiertas de materiales finos y piezas de herrería.

El hombre, de apariencia humilde y presuntamente originario del municipio de Xoxocotla, fue detenido en al menos dos ocasiones y sus fotografías circularon en diversos grupos en redes sociales, con el llamado a los usuarios del panteón de acudir a revisar las condiciones en que se encontraban los mausoleos de sus seres queridos.

Dos semanas después, surgieron, también en redes sociales, fotografías y videos de más tumbas saqueadas, a las que les habían retirado ventanas, piezas de herrería, mármol, losetas, cruces y hasta urnas con cenizas.

La FGE fue consultada sobre si alguno de los afectados o la propia autoridad municipal, como responsable de la administración del panteón, ya habría presentado alguna denuncia. Sin embargo, la respuesta fue que hasta ahora no hay ninguna carpeta de investigación iniciada por estos hurtos.

 

 

 

Lamentan el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.

La Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos criticó el pobre desempeño de la Fiscalía General de Justicia  (FGE) y lamentó el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.

Al tomar protesta como nuevo presidente de la asociación, Efraín Márquez Durán calificó como deficiente el trabajo realizado por la fiscalía y lamentó que, a partir de la contingencia sanitaria por el covid-19, la institución responsable de la persecución del delito haya truncado la investigación e integración de las carpetas de investigación.

Consideró delicado que la fiscalía se encuentre en el letargo, con el alto riesgo de que las evidencias y elementos probatorios para completar debidamente las investigaciones en curso se desvanezcan con el paso del tiempo y, en consecuencia, los delitos queden impunes.

Dijo que será crítico respecto de la labor que realicen las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia y recalcó su crítica hacia el fiscal estatal, quien dejó claro su poco interés por mantener un diálogo con los abogados penalistas.

Incluso, destacó que fue buscado para presenciar la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, pero no hubo respuesta del fiscal estatal.

La nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas para el periodo 2020-2022, estará integrada por: Efraín Márquez Durán como presidente; Alfonso González Mendizábal como vicepresidente; Naybi Ríos Sandoval como secretaria general; Mario Martínez Díaz como tesorero y Jorge Armando Onofre Cuéllar como vocal.

El Consejo de Honor y Justicia de la organización estará integrado por Crhistian Fragoso Velázquez como presidente, Claudia Susana Pantaleón Rodríguez como vicepresidenta, Víctor Hernández Vega como secretario general  y Fernando Abarca López como vocal.

 

 

 

Consejo Ciudadano de Seguridad pugna por evitar que los nombramientos obedezcan a intereses políticos.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Rafael Rueda Moncalian, llamó al Congreso a transparentar el proceso de designación de magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ)  y de Justicia Administrativa (TJA), a fin de evitar que los nombramientos se rijan por “acuerdos de cuota” entre partidos y a establecer como requisito que los aspirantes se sometan a exámenes de control de confianza.

A través de una misiva enviada a los integrantes del Poder Legislativo, resaltó la relevancia del próximo proceso para elegir a seis juzgadores, sobre todo en el contexto de inseguridad y fuertes cuestionamientos al sistema de administración de justicia.

“En el Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia hacemos un seguimiento de la problemática de seguridad pública, así como del sistema de justicia penal.

“Reconocemos la importancia del papel que juega la administración de justicia, en la solución de las condiciones de inseguridad que actualmente vivimos y que se relaciona con los altos índices de impunidad. Papel que con frecuencia ha levantado suspicacias fundadas ante la opinión pública.

“De ahí la importancia del nombramiento de los magistrados y que su elección se apegue a los principios de transparencia y máxima publicidad”, recalcó Rueda Moncalian en la misiva dirigida al presidente de la Mesa  Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y a cada uno de los legisladores.

Pidió a las y los diputados transparentar completamente el proceso de designación, que se hagan públicas las constancias y antecedentes profesionales de los aspirantes; que se tome en cuenta la opinión de los integrantes de las organizaciones representativas de abogados y jueces que conocen el desempeño profesional de los aspirantes; y que eviten los acuerdos de cuota, con base en el interés de los partidos políticos, en detrimento de los méritos legales, morales y académicos que debe poseer un juzgador.

Consideró imprescindible que el Poder Legislativo se apegue a los requisitos que la Constitución local señala en sus artículos 89 y 90, y que los nombramientos de magistrados recaigan “preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, honradez y probidad en la impartición de justicia, se distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, de conformidad con el servicio de carrera judicial”.

También creyó necesario una efectiva paridad de género en las designaciones y que, por primera vez, se les exija a los aspirantes a magistrados someterse a los exámenes de control de confianza y se conozcan sus declaraciones de bienes patrimoniales y conflictos de interés.

De acuerdo con el Congreso, tentativamente en el mes de septiembre, tras el inicio del nuevo periodo de sesiones, estará lista la convocatoria para someter a concurso las seis vacantes que quedaron en el TSJ y el TJA, luego de que el pasado 13 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la extensión, de 14 a 20 años, del periodo de los magistrados.

 

 

Fiscales responden a intereses del exmandatario: Sotelo Salgado.

El especialista en derecho penal Cipriano Sotelo Salgado advirtió que el ex gobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, podría no llegar a no ser acusado penalmente en los tribunales si las carpetas de investigación iniciadas en su contra no son  integradas debidamente y en tiempo.

Expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que prosperen las investigaciones que la actual administración estatal inició contra el perredista por la presunta comisión de delitos como ejercicio indebido de la función pública y peculado, ya que durante dos años ninguna de las carpetas de investigación han sido judicializadas.

Consideró que es claro que los fiscales estatal y anticorrupción, Uriel Carmina Gándara y Juan Salazar Núñez, responden a los intereses del ex mandatario estatal y existen pocas probabilidades de que actúen contra quien los impuso en el cargo.  

Expresó que posiblemente esta fue la razón por la que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó el apoyo de la Federación para que, conforme a su competencia, inicie investigaciones paralelas.

“Probablemente lo que moleste a la sociedad, y que el gobernador lo hace patente el día de ayer, es que en dos años no ha pasado nada, pero yo lo digo muy claro, con estas autoridades (el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción) van a pasar los seis años y no va a pasar nada”, dijo.

Advirtió que en carpetas de investigación en el que se indagaba la posible comisión de ejercicio indebido de la función pública por parte del ex gobernador, existe la posibilidad de que el delito haya prescrito.

“Prescriben los delitos atendiendo a la sanción que tiene estipulada en la ley, y dice el Código Penal que prescriben cuando transcurren las dos terceras partes del máximo de la pena, y si el máximo de la pena es de dos años, ya trascurrió más de un año y ya están prescritos los delitos de ejercicio indebido del ejercicio público”, explicó.

Señaló que en el caso del delito de peculado la pena es de 10 años y ya han transcurrido dos, pero el tiempo pasa muy rápido y si las carpetas no se integran debidamente y judicializan en tiempo, llegará la prescripción y el ex mandatario nunca llegará a pisar un tribunal.  

Afirmó que todo indica que no existe interés de los fiscales para proceder contra el ex gobernador, pero también se debe analizar si las partes denunciantes han aportado todos los elementos para la debida integración de las carpetas de investigación.

Agregó que está descartada la posibilidad de un juicio político contra Graco Ramírez, ya que la ley establece que puede ser sometido a este procedimiento durante su gestión y hasta un año después de dejar el cargo, cuyo plazo ya feneció.  

 

 

 

Fiscalía y organizaciones acuerdan generar mecanismos para acceder a bases de datos.

La Fiscalía General del Estado e integrantes de colectivos de víctimas acordaron crear mecanismos para facilitar el acceso a las bases de datos, con el fin de acelerar la integración de carpetas de investigación sobre personas desparecidas e identificación de cuerpos.

Luego de las constantes quejas de las agrupaciones de víctimas y familiares de desaparecidos sobre los obstáculos institucionales para acceder a los archivos y bases de datos, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se reunió con representantes de colectivos para establecer acuerdos específicos que permitan avanzar en la búsqueda de personas e identificación de cuerpos.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, se pactó buscar los mecanismos y el protocolo correspondiente para que la Comisión Estatal de Búsqueda tenga acceso a la información que necesita de la fiscalía, para avanzar en los trabajos de mapeo, análisis, coordinación y búsqueda.

También, la fiscalía se comprometió con los colectivos a facilitar la consulta de cada investigación, a través de reuniones permanentes para dar seguimiento a cada uno de los casos registrados y establecer los mecanismos para que las autoridades de derechos humanos, las asociaciones de víctimas y otras autoridades, tengan la posibilidad de consultar las bases de datos genéticos, como parte de las acciones para coadyuvar en la búsqueda de personas.

Finalmente, se acordó crear una base de datos con los archivos de características, propiedades, tatuajes y demás indicios, que pueda ser consultada por sexo, edad, fecha de desaparición y señas particulares de víctimas, para apoyar con el proceso de identificación de personas no localizadas en Morelos y de otras partes del país.

En representación de víctimas y colectivos participaron en la reunión Angélica Rodríguez Monroy, Ina Zoon, Edith Hernández, Nydia Guadalupe Morales, Irma Rosaba Ramos, Tranquilina Hernández, Celia Salinas y Amalia Alejandra Hernández.

 

 

 

Martes, 11 Agosto 2020 05:18

Crean nuevo juzgado civil en Xochitepec

Su titular es designada de manera interina y por un plazo de tres meses.

El Tribunal Superior de Justicia puso en funcionamiento el Juzgado Segundo Civil del Octavo Distrito Judicial de Xochitepec, cuyo órgano fue recientemente creado para despresurizar la carga de trabajo y acercar los órganos jurisdiccionales a la población.

En medio de estrictas medidas sanitarias, los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, Rubén Jasso Díaz, Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo tomaron protesta a la titular del nuevo juzgado, Miriam Cabrera, quien fue designada de manera interina y por un plazo de tres meses.

La apertura se realizó únicamente con el 30 por ciento del personal asignado y con base en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, que obliga a la colocación de señalizaciones y mamparas, así como  una logística apropiada, para impedir la aglomeración de personas, una vez que se reanuden los plazos y términos procesales a partir del próximo lunes 17 de agosto.

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, recalcó que en todas las sedes judiciales el personal cuenta con cubre bocas, caretas y gel antibacterial para evitar la propagación del coronavirus, y detalló que se analiza cuál será la metodología y la logística que se aplicará en los juzgados para evitar concentraciones y tumultos a partir del próximo lunes, cuando se tiene previsto la reactivación de los plazos procesales.     

 

 

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