Cuando estaba por definirse quién sería el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDH-Mor) y las redes sociales eran escenario de una verdadera batalla campal donde exhibían lo peorcito de cada candidato, al aspirante a reelegirse en el cargo, Jorge Arturo Olivares Brito lo comenzaron a tildar de “graquista” o que estaba al servicio del sistema.

“Jorge Arturo tendrá muchos defectos y en su periodo tuvo algunas omisiones, pero nunca le podrán reprochar que haya estado al servicio del gobierno, y como prueba ahí está la Acción de Inconstitucionalidad que promovió en contra de la confabulación del Poder Legislativo con el Ejecutivo para beneficiar al Poder Judicial”, escribí en aquella ocasión.

Y el tiempo nos dio la razón, pero sobre todo le hizo justicia a Olivares Brito.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, resolvió la Acción de inconstitucionalidad 20/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, demandando la invalidez del Decreto número 1613 por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del mencionado Estado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 24 de febrero de 2017.

“La mayoría votó por la inconstitucionalidad del artículo transitorio que ampliaba el periodo de nombramiento de los magistrados en funciones.  En consecuencia, se acordó que la invalidez decretada surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos y que los magistrados continuarían con las condiciones que tenían previo a la reforma impugnada”, dice el boletín de la SCJN.

El asunto tiene su origen en lo que en su momento titulamos como “el regalo de Dios” (en virtud de que varios magistrados son sumamente devotos de la religión) y que les fue concedido sin que hubiera nunca una petición formal de ellos, sino que llegó así nada más “como caído del cielo”.

Fue el 24 de febrero de 2017 cuando apareció en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, un decreto que reformaba la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que concedía a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.

En la iniciativa se establecían algunos argumentos financieros válidos, como es el hecho de que “actualmente el monto que se destina al pago de pensiones de los Magistrados que se encuentran en situación de retiro, es similar a la que se destina para cubrir los emolumentos de los Magistrados en activo, debiéndose considerar además que para el mes de mayo del año dos mil veinte, otros cuatro Magistrados habrán concluido su periodo de catorce años pasando a situación de retiro”. 

Sin embargo, donde sí se notaba la intención de beneficiar a los actuales magistrados, era en el tercer artículo transitorio, en el que ordenaba que los Magistrados que se encontraran en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al hacerse la Declaratoria a la que se refiere la Disposición Transitoria Primera, por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos”.

De inmediato surgieron las suspicacias del por qué el Poder Legislativo (en ese tiempo totalmente “comprado” por el Ejecutivo) le estaba dando tan suculento regalo a los magistrados. “El gobernador Graco Ramírez se está amarrando el dedo por si en unos meses llega en calidad de acusado al juicio político y estará en manos de los magistrados pues el TSJ se erige en jurado de sentencia”, decían algunos conocedores del derecho.

Pero la razón era otra, o el entonces mandatario quería “matar dos pájaros de un tiro”. Resulta que por esas fechas los enemigos de Cuauhtémoc Blanco por fin habían logrado que el Congreso local le iniciara juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, y los magistrados debían darle entrada de acuerdo a la ley. 

Se trataba entonces de un soborno planeado por el Ejecutivo con la ayuda del Legislativo para beneficiar al Poder Judicial a cambio de incoar el juicio político contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Lo anterior era muy evidente, pero  quien se encargó de confirmarlo fue la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Lara Chávez, quien el 11 de septiembre del año pasado, en una conferencia de prensa donde se iba a tocar otro tema, reconoció públicamente que la disposición para que los actuales magistrados pudieran quedarse 20 años en el cargo, fue resultado de una “negociación” entre el gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, para que se admitiera el juicio político en contra del entonces presidente municipal de Cuernavaca (hoy gobernador) Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Por suerte para los magistrados no hubo necesidad de que se exhibieran tan feo, pues los abogados del alcalde se movieron y consiguieron sendas suspensiones de la justicia federal hasta que se llegó el tiempo de las elecciones y nunca pudieron tumbarlo.

Hoy ya no está Graco, tampoco los diputados de la LIII Legislatura, y lamentablemente Jorge Arturo Olivares Brito no fue reelecto en la Comisión de Derechos Humanos. Su puesto fue ocupado por un notario público que varias veces ha utilizado el trabajo de su antecesor para lucimiento personal y cuyo trabajo ha dejado mucho qué desear.

A Jorge Arturo Olivares Brito le quedará la satisfacción de haber cumplido con su obligación de velar por el interés público por encima de los intereses particulares, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia deja al descubierto la gandallez de quienes gobernaron este estado los últimos años.

Todavía falta ver si los magistrados afectados por la resolución del máximo tribunal del país deciden irse dignamente, o si se aferrarán al cargo mediante argucias legaloides.

HASTA MAÑANA.

Después de muchas décadas de trabajo, el doctor González logró el sueño de cualquier profesionista: tener una casa de fin de semana en el Valle de Tepoztlán. Nada como alejarse de la ruidosa ciudad y disfrutar del aire todavía limpio de los cerros que rodean este lugar, que para el doctor y su familia es un verdadero paraíso.

Aunque ya no ejerce por haberse jubilado, el doctor González está atribulado por el tema de la pandemia, sus amigos se están muriendo y la ciudad es un caos. En esos días recibe la visita de su hijo, quien por fin pudo salir de Italia, donde trabaja como ingeniero.

Es el momento perfecto para ir a la casa de Tepoztlán. “Vas a ver qué bonita está quedando la casa, el arquitecto le está poniendo cada detalle que yo le digo”, le comenta a su hijo.

Muy contentos llenan la cajuela de víveres, algunas artesanías, un botiquín por cualquier cosa y abordan la camioneta. La carretera está prácticamente vacía así que en menos de una hora ya están en tierras tepoztecas.

Hacen una escala en la gasolinería que está en la entrada de Tepoztlán y enfilan hacia San Juan Tlacotenco. Ya casi para llegar a su destino advierten que hay lo que parece ser un retén, aunque no observan elementos uniformados de ninguna corporación, sino unos ocho “civiles”, principalmente jóvenes y señoras.

• Hacia dónde se dirige- preguntó una señora con aspecto de ama de casa.
• A mi casa- contestó el doctor, con suma tranquilidad.
• ¿Cómo lo puede demostrar?- interrogó la mujer.
• Pues aquí traigo una constancia que me expidió el comisariado cuando compré el terreno. Siempre lo cargo por cualquier cosa.
• Usted sí puede pasar, pero el joven no- contestó la “aduanera”.
• ¿Cómo que no puede pasar mi hijo? Ésta es una flagrante violación a la libertad constitucional al libre tránsito- alzó la voz el automovilista.

Al momento se acercaron varios jóvenes que le advirtieron al médico “que no se pusiera al pedo porque le podía ir mal”. 

Por su trabajo, ambos han visitado infinidad de países, incluyendo los que tienen gobiernos considerados “dictatoriales”, y nunca habían estado en esa situación. Perdieron media hora de discusión, incluyendo amenazas de mandar traer a la patrulla para que se los llevara.

-Es que en este pueblo no hay ley- inquirió ya enojado el doctor González.

- Sí, aquí nosotros somos la ley- dijo el más prepotente de los jovenzuelos.

Finalmente los dejaron pasar y pudieron disfrutar del resto del día en su casa de campo, aunque ya con el coraje “entripado”.

Al volver a la ciudad, el profesionista contó lo sucedido a sus amigos y compañeros en las redes sociales, y en respuesta conoció las historias más inverosímiles de lo que ocurre en “la aduana” de Tepoztlán.

“Si, ya me tocó, hace dos semanas nos invitaron a una comida en un hotel de allí y los que nos invitaron, los dueños del hotel tuvieron que sacarnos una autorización del ayuntamiento. ¡Una visa por un día!”, escribió uno de sus amigos.

“En la aduana que está frente a la gasolinera son peores. Ahí sí tienen a policías que están al servicio de esos lugareños, en cuanto les dan la indicación se llevan a quien se ponga rejego y lo remiten al juez calificador donde tiene que pagar su multa. Negocio redondo del Ayuntamiento que cobra por “visas” y por multas”, escribió otro usuario de Whatsapp.

-Amigo, hubieras hecho lo que hice yo. Que tu invitado se meta a la cajuela en lo que pasa el retén- sugirió el integrante de un grupo.

- De haberlo sabido así lo habría hecho, pero recuerda que llevaba mi cajuela llena de víveres.

- Por una lana cualquier taxista se convierte en “pollero” y pasa la aduana. Así le están haciendo muchos.

El pasado fin de semana Milenio publicó una nota informando que pese a que las autoridades sanitarias han movido el semáforo covid-19 de rojo a naranja, el principal centro turístico de Morelos aún no está disponible para los visitantes, por lo que la entrada del municipio de Tepoztlán, aún es vigilado por pobladores y miembros del gobierno local.

“Ofrecemos disculpas a la gente que nos visita, pero no podemos arriesgarnos. Si estamos en un semáforo naranja (que permite el regreso de ciertas actividades con restricciones sanitarias severas) pero -en realidad- estamos más en un semáforo rojo”, dice la nota firmada por el corresponsal David Monroy.

“Si abrimos, esto se congestiona”, expresó el munícipe, quien destacó que hasta que no haya una reducción sensible en los contagios y las muertes, el municipio permanecerá cerrado: “No es abrir por abrir. Vamos avanzando, no es fácil. No nos vamos a arriesgar”.

De acuerdo con las cifras o conteos del gobierno municipal, durante el último fin de semana pasado, fueron regresados a sus lugares de origen, más de mil vehículos, la mitad de ellos, motociclistas que intentan ingresar al municipio en la inteligencia de que el semáforo ha cambiado en el estado de Morelos.

“Estamos en semáforo naranja, pero es más un semáforo rojo”, dijo Rogelio Torres, quien destacó que pese a la “nueva normalidad” no habrá apertura.

Los habitantes de Tepoztlán que no son nativos, (a los que llaman “tepoztizos” y éstos les dicen a los otros “tepoztercos”) saben que lo que hacen –aun justificándose en un tema de emergencia sanitaria-  es una flagrante violación a la libertad de tránsito que está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también recuerdan que “Tepoztlán tiene sus propias reglas, es como un país dentro de otro”. 

Y es que el alcalde no quiere seguir los pasos de su colega Alejandro Morales Barragán, quien en agosto de 1995 fue sacado a empujones de la presidencia municipal por haber autorizado el establecimiento de un campo de golf sin el permiso del pueblo.

HASTA MAÑANA.

Para fortuna del fiscal general Uriel Carmona Gándara, para modificar los procedimientos de recepción de denuncias y querellas sólo se requiere publicar un acuerdo en el periódico oficial y no esperar a ver si quieren los diputados reformar las leyes, como sí ocurre con el caso de los tribunales civiles y familiares.

Por eso el miércoles pasado se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo firmado sólo por el titular de la Fiscalía General, para la creación del Sistema Electrónico de Denuncia y Querella en Línea (SEDyQ), mismo que ya debería de estar funcionando pues el mismo establece que entraría en vigor “desde el momento de su emisión y divulgación, y hasta en tanto dure la contingencia ocasionada por COVID-19”, pero hasta ayer por la tarde no aparecía el formato en su página de internet.

En teoría, este mecanismo facilitará a la ciudadanía a realizar la denuncia correspondiente a través de internet y sin que tenga que salir de su domicilio, evitando de esta manera el riesgo de contagio del citado virus; sin que ello implique, en lo absoluto, que se dejarán de recibir denuncias de manera presencial. Es decir, se propone que, con el uso de la Firma Electrónica Avanzada, se puedan presentar denuncias o querellas, o bien, si no se cuenta con la misma, se genere una cita para su formalización, evitando aglomeración en las instalaciones de la Fiscalía General y, con ello, observar las medidas de sana distancia determinadas por las autoridades sanitarias.

Cabe aclarar que los únicos delitos que podrán ser denunciados vía electrónica son los siguientes: Abuso de confianza; Daño; Fraude; Robo; Abigeato; Sustracción o retención de menores e incapaces; Suplantación de identidad; Administración fraudulenta; Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores; Despojo; Inseminación artificial sin consentimiento; Peligro de contagio; Privación ilegal de la libertad personal; Incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria; Discriminación; Amenazas, y  Asalto.

 En todos los casos, para que sea procedente la presentación de denuncias o querellas a través del SEDyQ y no presencialmente, los hechos denunciados deben haberse cometido sin violencia.

Una vez que la persona denunciante haga del conocimiento a la Fiscalía General los hechos constitutivos de un posible delito, así como aquellos datos que le sean solicitados en los formatos existentes en la plataforma y demás documentación necesaria requerida de acuerdo a los hechos denunciados; la Unidad de Recepción enviará a la persona denunciante un acuse de recibo con número de folio, al correo electrónico que haya proporcionado para tal efecto, informándole que se procederá al análisis de los hechos narrados para determinar la viabilidad de su tramitación vía internet y, en su caso, la Fiscalía Regional competente para el seguimiento de su asunto.

Cuando el delito que se denuncie sea robo de vehículo cometido sin violencia, y dicha denuncia se realice con el uso de la Firma Electrónica Avanzada, la Unidad de Recepción deberá turnar el asunto inmediatamente a la Fiscalía Regional competente a efecto de que esta última realice los trámites correspondientes para dar aviso a la Dirección General de Plataforma México, así como generar los reportes de robo a que haya lugar.

Si la narración de los hechos no permite determinar la competencia o se requiere que la persona denunciante esclarezca alguna situación, se le solicitará vía correo electrónico una aclaración. Una vez hecho lo anterior y de estar satisfecha la aclaración que fue solicitada, la Unidad de Recepción hará la remisión correspondiente.

Una vez iniciada la carpeta de investigación, se generará un número de identificación de esta, con una nomenclatura especial que contenga datos de la Fiscalía Regional, la unidad de investigación, el número consecutivo, año y mes, así como cualquier otro dato útil para la identificación de la carpeta.

Dice el documento que el Agente del Ministerio Público valorará la necesidad y urgencia de citar, inmediatamente, a la persona denunciante de manera física a efecto de obtener la información y datos que considere necesarios para la investigación de que se trate. En todo caso, podrán realizarse las comunicaciones que se estimen pertinentes a través del SEDyQ y al correo proporcionado por la persona denunciante, a efecto de disminuir la presencia física de las personas denunciantes y el riesgo de contagio de covid-19.

Si de los hechos denunciados se reúnen los requisitos, la persona denunciante tendrá la opción de manifestar su voluntad para que el asunto sea solucionado mediante algún Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias en cuyo caso se remitirá al Centro de Justicia Alternativa,  pudiendo hacerse uso de las tecnologías de la información y la comunicación (videoconferencia), si así lo manifestaren las partes, o señalando fecha y hora para la diligencia presencial a que haya lugar, observándose además las medidas adicionales legales o sanitarias que se hayan implementado por el referido Centro.

No sabemos qué tanto vaya a funcionar, y sería injusto descalificarlo “a priori”. Es un esfuerzo de todos los que conforman la actual Fiscalía General y es una respuesta a las exigencias de los litigantes, lo que servirá como “válvula de escape”.

El riesgo es que la infraestructura sea rebasada y suceda como en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), cuya plataforma colapsó cuando llegaron más de 10 mil solicitudes; o bien lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia donde los primeros días se llenó el software diseñado para la recepción de demandas y expedición de citas.

Siendo realistas, si yendo los litigantes varios días a la semana no avanzan las carpetas de investigación, qué podemos esperar si no hay ninguna presión aunque las bandejas de correos electrónicos del Sistema estén llenas de querellas.

Sin embargo, hacemos votos porque este novedoso sistema (que debería ya quedarse en forma permanente y no como una respuesta a la pandemia), ayude a una verdadera procuración de justicia, y de paso sirva para que los litigantes puedan hacerse de recursos financieros, aunque sea para subsistir en lo que abren los juzgados del Poder Judicial.

HASTA EL LUNES.

El pasado 30 de junio, en la sesión virtual del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Andrés Hipólito Prieto hizo una propuesta ante sus compañeros que desgraciadamente nadie secundó, pero que de haber fructificado habría sido un paliativo para la crisis económica que sufren la mayoría de abogados litigantes ante el cierre de tribunales con motivo de la pandemia por el Covid-19.

“Tomando en cuenta la gran necesidad que tienen los abogados de obtener ingresos por un trabajo que es muy digno, si quisiera que tomaran en cuenta lo que yo ya había propuesto desde hace bastante tiempo: que en segunda instancia que es materia de competencia de este pleno, se amplíe el periodo de excepción de casos para aquellos en los que haya citación para sentencia y se pueda habilitar a la sala para que puedan emitir sus resoluciones que ya tienen acordadas. Hay muchos asuntos en los que ya circularon los proyectos e incluso –por lo que toca a la Primera Sala- ya los aprobamos y es lo que muchos abogados esperan que por lo menos esas resoluciones que estaban pendientes de publicarse, se habilite para que se puedan emitir”.

En opinión de Hipólito Prieto, los jueces podrían emitir las resoluciones de los juicios que ya estén concluidos e incluso los actuarios podrían notificarlas tomando todas las precauciones para evitar contagios, para que de esa manera los litigantes puedan cobrarle a sus clientes.

El magistrado hizo notar que, de no hacerlo así, cuando se regrese a la normalidad, los jueces, magistrados y notificadores tendrán demasiado trabajo, pudiendo aprovechar estos días en los que están percibiendo un sueldo pero están en sus casas porque así lo dispuso la autoridad sanitaria.

Sin embargo, la propuesta no fue secundada por ninguno de los magistrados que participaron en el Pleno del pasado 30 de junio en el que lo único que se acordó fue que se amplía el periodo iniciado el 18 de marzo pasado con motivo de la contingencia sanitaria hasta el 12 de julio. Sin embargo, al día siguiente comienza el periodo vacacional que establece el contrato colectivo de trabajo, es decir, que si bien les va, se podrían reanudar las actividades hasta los primeros días de agosto.

Esto es muy grave si consideramos que de por sí la impartición de justicia en México es lenta; los secretarios de acuerdos y jueces tardan semanas para acordar una promoción y pasan meses para que un ciudadano pueda conocer la sentencia de su asunto. Ahora, con el acuerdo emitido por todos los tribunales en el que se ordena suspender los plazos y términos procesales establecidos por la ley, la justicia en Morelos está prácticamente paralizada.

No se tiene el dato exacto, pero se calcula que son miles los profesionistas del Derecho los que se están viendo afectados por la falta de actividad jurisdiccional que inició el 16 de marzo pasado, y que se ha ido prorrogando durante meses y no se ve para cuando pueda terminar.

Como ocurre en todas las actividades productivas y sectores sociales, los que se ven más afectados son los que menos ingresos tienen. Algunos de los abogados desempeñan cargos o comisiones en la administración pública; otros más tienen negocios alternos que les permite obtener ingresos, pero la gran mayoría se dedica únicamente al litigio, por lo que prácticamente viven “al día”.

Con los tribunales cerrados los litigantes no pueden dar impulso procesal a sus asuntos, como tampoco interponer los recursos que sean necesarios, y por lo tanto, no pueden cobrarles a sus clientes por un trabajo sin resultados.

Lo anterior, sin contar con la desaceleración económica que afectó a toda la sociedad; es decir, que nadie tiene dinero para invertir en juicios, de ahí que la actividad sea únicamente para asuntos realmente urgentes.

Ayer, litigantes agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales. 

Los manifestantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto.  “La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, dijo Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que participó en dicha protesta.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Tras su protesta frente al Palacio de Justicia los inconformes fueron recibidos por el presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, pero su respuesta no fue convincente. “Realmente solo nos dieron un informe de lo que están haciendo, pero lo llegamos a ningún acuerdo ni a ningún convenio, solo nos están informado lo que se ha estado haciendo a partir de un mes y medio a la fecha. Esto nos tomó de sorpresa, pero se confiaron en que durante un mes volverían las actividades y en ese lapso no se tomaron ninguna medida”, dijo María Elena Medina Vargas, quien encabeza este movimiento.

Las protestas seguirán, según lo advirtió Norma Delgado Díaz, quien encabeza una nueva agrupación denominada Colegio de Postulantes del Estado de Morelos, pues en muchos estados de la República la “justicia digital” ya es una realidad, mientras en Morelos los funcionarios del Poder Judicial están en sus casas respetando la orden de las autoridades sanitarias, y contando los días para que inicie el periodo de vacaciones.

De todos modos –es la justificación de los jueces- nada se puede hacer si no se reforman las leyes y eso es facultad exclusiva de los diputados, quienes también nada más están contando las horas para irse de vacaciones después de un arduo y productivo periodo ordinario de sesiones.

HASTA MAÑANA.

Después de varias semanas de dimes y diretes, por fin parece que los gobiernos estatal y municipal están en la misma sintonía y con un mismo objetivo: reactivar la economía de un estado que no aguanta más sin trabajar.  El discurso de ayer del jefe del Ejecutivo hace resurgir la esperanza de que la situación en Morelos va a mejorar, y eso es un buen principio.

A nadie le conviene que el semáforo establecido por las autoridades federales de salud regrese a color rojo después de que el lunes cambió a color naranja. Por eso es que todos debemos colaborar en la medida de lo posible en nuestras respectivas actividades y espacios físicos.

El mecanismo es simple: si puedes mantenerte sin salir de tu casa (porque quizás tienes las posibilidades económicas o tu trabajo lo puedes realizar por internet) mantén el confinamiento; si requieres salir hazlo con todas las precauciones como si estuviéramos todavía en semáforo rojo.

Desgraciadamente muchos ciudadanos han salido prácticamente en tropel a abarrotar bares y restaurantes,  o siguen organizando sus pachangas en sus residencias sin ninguna medida de higiene. Eso es lo que no se debe hacer.

Pero más que pensar en divertirnos, los morelenses debemos pensar en cómo vamos a reactivar la economía que se vio tan afectada por el confinamiento de los últimos meses. En ese sentido, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó un Plan Integral para la Reapertura y Reactivación Económica del Estado de Morelos, a través del cual se otorgará financiamientos a la iniciativa privada, se fortalecerá el consumo local, promoverá la atracción de inversiones y la generación de empleos.

El Plan Integral, presentado en el Centro de Convenciones Morelos, ante autoridades federales, estatales y municipales, está conformado por cuatro ejes: Salud, Reapertura y Reactivación Económica, Bienestar Social, Gobierno y Legislación.

A través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) y del Fondo Morelos, se creó una bolsa de 350 millones de pesos para créditos por hasta 2.5 millones de pesos, con condiciones preferenciales, para la reactivación de los sectores productivos: comercio, servicios, industria, agrícola o agroindustrial.

Dichos créditos son para personas físicas o morales y están destinadas a capital de trabajo.  A través del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) se diseñó el programa Emergente para MiPyMEs, de apoyo para pago de gasto corriente; programa de adquisición de materia prima para MiPyMEs e IMPULSA JOVEN, para jóvenes de entre los 19 y 29 años de edad.

Mediante el Fondo Morelos se tiene una nueva bolsa de 50 millones de pesos, para financiamientos de hasta por 75 mil pesos por empresa para el pago de sueldos y salarios, así como para adquirir materias primas o mercancía. Para apoyar a las empresas afectadas por la contingencia se ordenó bajar la tasa de interés del 12% anual al 6%, y de 0% por pago puntual.

Así mismo, se tiene una bolsa de 50 millones de pesos más para apoyar a empresas de actividades productivas prioritarias, que generen entre 1 y 10 empleos, para conceptos como pago de sueldo, salarios, adquisición de materias primas o mercancías y gastos de operación.

Lo anterior, independientemente del apoyo de 25 mil pesos que otorgó el gobierno federal a pequeños negocios.

Y tiene toda la razón el gobernador cuando dice que "ha llegado el momento de tomar el destino en nuestras manos. Ante las difíciles circunstancias de las finanzas federales que repercuten en las estatales y municipales debemos tomar decisiones a favor de nuestro estado".

Los que siguen mascullando las circunstancias como se conformó la actual estructura gubernamental deben de darle vuelta a la página por su propia salud mental. Los votos hablaron y la única forma que tienen de cambiar el escenario político es con un voto mayoritario en el proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina.

A ellos, los que viven soñando en que ocurra algo que cambie radicalmente el escenario político de este estado, es a quienes dirigió el mensaje de que “dejemos la crítica y el oportunismo político y trabajemos juntos para atraer inversión, reactivar económicamente al estado y sacar adelante al pueblo de Morelos, porque al final del día, para eso fuimos todos electos”.

El mandatario estatal sostuvo que la reactivación no solo es una demanda social, sino la única posibilidad que tienen miles de morelenses para subsistir, mantener a sus familias y recuperar su vida, y en eso coinciden todos los alcaldes de esta entidad.

Por eso decimos que por primera vez están avanzando en el mismo sentido. En el Ayuntamiento de Cuernavaca desde el pasado fin de semana están trabajando en la reapertura que formalmente inició el lunes, pero en la práctica tiene dos semanas que la gente ya anda en las calles.

Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo que encabeza Andrés Remis, ha llevado a cabo diferentes reuniones y visitas de supervisión y capacitación impactando, en una primera etapa, a más de 4,500 negocios y establecimientos de comercios y servicios de Cuernavaca.

En Jiutepec también hacen lo propio. Ayer fuimos testigos del simulacro para mostrarle a los prestadores de servicios los protocolos de higiene y sana distancia que se deberán implementar en los establecimientos para privilegiar la salud de los asistentes y los trabajadores.

Durante el evento, la secretaria municipal Itzel Sotelo Pastrana destacó la importancia que tienen para la economía estatal los 250 jardines y salones ubicados en el municipio, ya que contribuyen con una derrama de aproximadamente mil 800 millones de pesos anuales por concepto de “turismo de reuniones y turismo de romance”, segmentos en los que Jiutepec es el líder estatal.

Ojalá que los tres niveles de gobierno ya se dejen de grillas estériles en las que los únicos perjudicados somos los ciudadanos que sólo queremos trabajar y vivir en paz.

HASTA MAÑANA.

Ayer comentábamos en este mismo espacio de cómo la actual titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, ha sabido utilizar muy bien sus conocimientos aprendidos en el tenebroso Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para mantenerse en la dependencia a la que entró hace 20 años como auxiliar de Ministerio Público, y convertirse en una funcionaria “imprescindible” para los últimos gobiernos estatales.

Pues bien, hoy les presentamos la institución que le mandó hacer expresamente para ella el actual fiscal Uriel Carmona Gándara, misma que tiene su origen en el “Acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para su armonización normativa y crear la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI)”, publicado el pasado miércoles en el periódico oficial Tierra y Libertad.

En ese documento se afirma que la FIDAI es la unidad administrativa “de investigación élite” dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; “competente en todo el estado” de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial, sin perjuicio de la competencia de las citadas Fiscalías Especializadas y Regionales.

Para que se entienda: le están dando todo el poder a Adriana Pineda Fernández. Sobre ella sólo estará el propio Uriel Carmona, pero conociendo a ambos, es evidente que será ella la que lleve las riendas de la dependencia.

Es por eso que, cuando supimos que desde ahora ya se está manejando su nombre como titular de la nueva dependencia, tuiteamos: “Si la Fiscalía Anticorrupción la maneja Juan Salazar Núñez, y ahora Adriana Pineda Fernández tendrá a su cargo la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, ¿entonces qué va a ser Uriel Carmona?”.

Juzgue usted:

La persona titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: Homicidio; Robo de vehículos; Asociación delictuosa; Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General. ¡O sea todos!

Es un secreto a voces que en la práctica es Adriana Pineda quien se encarga de cualquier investigación que sea importante para el fiscal.

¿Recuerda usted que la semana pasada hubo cuatro homicidios más en el interior del Penal de Atlacholoaya? ¿Quién cree que se está encargando de las investigaciones? Pues la UECS. Y eso lo supimos por quejas de los familiares que fueron a reclamar los cadáveres a Semefo y resulta que ahí no estaban, y los mandaron a las instalaciones de la Unidad Antisecuestros que está junto a Plaza Jacarandas.

Resulta interesante leer el acuerdo emitido por el titular de la FGE para la creación de esta “superfiscalía”, en el que queda de manifiesto que la señora podrá “hacer y deshacer” en la institución, pues desde ahora le están dando facultades para solicitar por oficio a la Fiscalía correspondiente, remita todas las actuaciones realizadas para continuar con la investigación de los hechos delictivos a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto. “En dicho oficio hará constar las razones en las que funda su facultad dada la trascendencia, relevancia, complejidad o impacto social de los hechos. La Fiscalía de que se trate, deberá remitir a la brevedad lo solicitado”, dice el acuerdo, donde no se establece ninguna posibilidad de que alguien pueda recurrir tal determinación.

Otra de las novedades es que tendremos nuestra propia unidad de inteligencia financiera al estilo de Santiago Nieto. Aquí se llamará “Unidad de Análisis Financiero” y tendrá como objetivo el manejo de la información financiera y contable relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita competencia de la Fiscalía General conforme al Código Penal para el Estado de Morelos; y, en su caso, de la persecución de ese delito; asimismo es el vínculo con las autoridades federales para coadyuvar con los asuntos competencia de estas últimas, de conformidad con la normativa aplicable.

También, en razón de la creación de la FIDAI y sus unidades de investigación se destaca que por virtud de este Acuerdo, se suprime la actual Dirección de Cooperación Internacional, Extinción de Dominio y Técnicas de Investigación hasta ahora adscrita a la Secretaría Ejecutiva, efectuando la armonización correspondiente en el resto del cuerpo normativo.

Y otra cosa muy interesante:

“se determina la abrogación del Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delega en los Titulares de las Fiscalías Regionales y Especializada, la facultad para realizar requerimientos a los Concesionarios de Telecomunicaciones, en su caso, los Autorizados y Proveedores de Servicios de Aplicaciones y Contenidos la Localización Geográfica en Tiempo Real de los Equipos de Comunicación Móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática‖, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5278, el 08 de abril de 2015, una vez que inicie operación la FIDAI”.

Y como si no fuera suficiente este poder, se establece que la persona titular de la FIDAI (o sea, Adriana Pineda Fernández) deberá proponer al Fiscal General a los Agentes del Ministerio Público que estarán a cargo de las Unidades Especializadas en investigación de delitos de Alto Impacto, Tortura y Trata de Personas, así como de las Unidades de Análisis Financiero, Extinción de Dominio, de Cooperación Internacional y de Técnicas de Investigación. Por eso está tan solicitada la funcionaria.

¿Cuánto ganará? Eso no lo menciona el acuerdo, pero se advierte que tendrá oficinas nuevas y los vehículos y escoltas que quiera.

Sin duda que Adriana Pineda será la mujer más influyente en esta entidad. De hecho, actualmente ya tiene ese poder “de facto”, sobre todo después de que el marino que estaba como director de la Policía de Investigación Criminal, Francisco de la Paz Molina Villalobos, fue despedido el pasado 5 de junio y en su lugar fue designado Héctor René Barreto Orihuela, hechura de la polémica funcionaria.

HASTA MAÑANA.

“Jefa, quiero que escuche esto que captamos. Creo que van a matar a un ex alcalde”, le dijo en voz baja el operador del aparato interceptor de llamadas a la entonces fiscal antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.

Lo vimos en Plaza Cuernavaca, luego en el Club de Golf de Tepoztlán y ahora el río Cuautla. La historia se repite: unos quieren desarrollo y otros se empeñan en conservar los recursos naturales tal como están por cuestiones históricas o de cualquier índole.

La lucha del pueblo tepozteco para impedir que el Grupo KS (Kladt Sobrino) estableciera un campo de Golf es un referente a nivel mundial, y a la fecha continúa el pleito jurídico por esas 280 hectáreas de tierra ubicadas en un lugar privilegiado.

El clímax de la inconformidad se produjo el domingo 3 de septiembre de 1995, cuando la comunidad tepozteca frustró la asamblea donde funcionarios del gobierno estatal pretendían legalizar el proyecto con apoyo de comuneros traídos de otros poblados. En la acción tuvo lugar un enfrentamiento con granaderos del gobierno local, al término del cual los habitantes retuvieron a cinco funcionarios y lograron repeler a las fuerzas públicas.

De inmediato se instalaron retenes de seguridad para evitar el paso de los grupos policíacos que en el acto rodearon las tres entradas de la cabecera municipal. En asamblea pública los habitantes condicionaron la libertad de los retenidos, principalmente, con la destitución del presidente municipal, Alejandro Morales Barragán, lo que lograron en menos de 24 horas; y con la suspensión de los trabajos de construcción, mismos que se habían iniciado ilegalmente.

De haberse concretado el proyecto, hoy sería el principal destino finsemanero de los millonarios que viven en la capital del país y que practican ese carísimo deporte. Y los tepoztecos se ocuparían de mantener limpios y bien podados los jardines de lo que alguna vez fue su tierra. 

Un movimiento similar se está dando en Cuautla, donde un grupo de ejidatarios se oponen a que el agua del río sea utilizada en otra cosa que no sea el riego agrícola. Y es que el río Cuautla abarca tierras de Ocuituco, Yecapixtla, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, y que ha alojado poblaciones muy importantes como Olintepec, según describe la arqueóloga Giselle Canto.

Tuvo dos periodos de gran auge, el primero entre el 500 y 150 a.C. y el segundo en el Posclásico Tardío: 1350-1521 d.C. Este sitio participa en lo que se conoce como estilo cerámico Río Cuautla. Se puede deducir que mientras Olintepec ya era una población importante, hacia el año 1350 se da la huida de los tlacochcalcas hacia Culhuacán a donde llegan refundando la ciudad con otro nombre: Yacapitztlán, en honor a su jefe tribal Yacapitzáoac. Surge así la actual Yecapixtla.

Hoy, como la mayoría de los ríos, el de Cuautla es usado como canal de desagüe industrial y doméstico.  Ha habido muchas promesas de que van a rescatarlo, pero siempre quieren sacar provecho de ello. La última vez fue cuando Graco Ramírez incluyó en un paquete de 150 millones de pesos el Parque Ecológico del Río Cuautla pero a la postre, los recursos anunciados para la obra fueron disminuyendo de 34 a 15 y ocho millones de pesos hasta que finalmente nadie quiso tocar más el tema.

Es del dominio público que hay una termoeléctrica de capital español que trajeron Graco Ramírez y Enrique Peña Nieto, pero que extrañamente contó con la simpatía del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. El argumento de AMLO tiene lógica: “ya se gastó mucho dinero en ese proyecto y no lo podemos desperdiciar”, pero ese criterio no ha sido aplicado en otros casos donde había más dinero y tiempo invertido, como el Aeropuerto de la Ciudad de México, por citar un ejemplo.

El caso es que AMLO quiere que la termoeléctrica se eche a andar y hasta se hizo una “consulta ciudadana” que obviamente resultó favorable. Luego el asunto se enrareció con el asesinato de Samir Flores, uno de los líderes opositores, el cual sigue impune.

El tema se había dejado de tocar hasta hace unos días, cuando trascendió que el gobierno federal propuso el revestimiento y entubamiento de aproximadamente 30 km de canales de riego de ASURCO con inversión de hasta 102 millones de pesos; la tecnificación de riego de 300 hectáreas por goteo o microaspersión en el área de circunscripción de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)  con una inversión de hasta 16 millones 500 mil pesos, y la construcción de una presa de almacenamiento en la barranca de Ahuehueyo.

El monto total comprometido en las obras referidas en la cláusula segunda será hasta por 118 millones 500 mil pesos, sujeto a la disponibilidad presupuestal, desglosados por dependencia; 94 millones por la CFE, ocho millones de pesos por Conagua aportados mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola ejercicio 2020, subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de riego, componente rehabilitación y tecnificación de distritos de riego y 16 millones 500 mil pesos por SADER. Todo ello a cambio de que los ejidatarios permitan que la termoeléctrica reciba agua del río Cuautla.

El pasado miércoles, ejidatarios de 40 núcleos ejidales de cinco municipios que se benefician del agua del río Cuautla se manifestaron en las instalaciones de ASURCO para exigir a las autoridades de dicho organismo que se desistan de realizar la firma de un convenio con las diferentes dependencias del gobierno federal.

Asimismo, los ejidatarios manifestantes señalaron que actualmente se tienen varios amparos ganados contra la obra del acueducto y la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, según la nota de Guadalupe Álvarez, corresponsal de La Unión en la zona oriente.

Además, agregaron que la concesión del vital líquido del río Cuautla determina su uso exclusivo para cuestiones agrícolas y se encuentra vigente hasta el año 2035 por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que añadieron que en este sentido, no son los campesinos quienes pretenden quebrantar la ley, sino los propios gobiernos.

Así habló un campesino:

“Sigue siendo vergonzoso que aún con las conclusiones de estudios científicos que señalan que no es un proyecto viable y económicamente tampoco, aún así nos prestamos a ello. Hay otros aspectos de carácter histórico, es vergonzoso que en la tierra de Zapata se quieran llevar el agua. No nos oponemos al crecimiento y desarrollo, pero tiene que ir parejo para todos, desde el más humilde hasta el que tiene 20 hectáreas”.

Desarrollo industrial o preservación de los recursos naturales, ese es el eterno dilema en el que casi siempre terminan ganando los primeros.

HASTA EL LUNES.

En un día como hoy pero de hace dos años, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaba lo que se había venido diciendo desde el domingo uno de julio por la tarde: en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia de México.  A dos años de distancia, el país está dividido en dos extremos, los que ven a un México “cayéndose a pedazos”, y los que ven a una nación que inicia un sexenio con cambios trascendentales.

“Montado en una ola de descontento colectivo por la corrupción y la violencia desenfrenadas, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de México este domingo 1 de julio con una victoria aplastante, que da un vuelco al sistema político dominante del país y le otorga un amplio mandato para reformar al país”, anunciaba la portada del influyente periódico The New York Times.

“La victoria de López Obrador lleva a un líder de izquierda al mando de la segunda economía más grande de América Latina por primera vez en décadas, una posibilidad que ha embargado de esperanza a millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor)”, agregaba.

Y es que, después de los dos primeros intentos en los que espantó al electorado por su amenaza de mandar “al diablo las instituciones”, en esta ocasión fue cuidadoso de no pelearse con nadie, ni siquiera con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Resistió todas las provocaciones que le hacían sus adversarios políticos y los conductores de televisión y radio (que veían en López Obrador un serio peligro para sus convenios publicitarios) y no dijo ninguna palabra ni frase que la oposición pudiera utilizar en su contra. Así logro ganarse a “los indecisos”, quienes además estaban decepcionados del cambio prometido por los dos gobiernos panistas y que nunca llegó.

En el 2012 los electores le habían dado una oportunidad al PRI que aseguraba haber aprendido la lección, pero que a lo largo de los últimos seis años había caído en escándalos como “la casa blanca” y la empresa OHL.

El reconocido sociólogo Roger Bartra dijo que el presidente electo "dio un viraje a la derecha tan grande que se acercó al viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI)".

"Este acercamiento al antiguo PRI le ayudó a captar simpatías de priístas descontentos con el giro tecnocrático del PRI actual", opina. Dice que AMLO es una "nueva encarnación de la tradición latinoamericana del populismo", según publicó la BBC de Londres.

¿Recuerdan el cierre de campaña de AMLO en el estadio Azteca?  Una foto tomada desde abajo del templete donde el candidato alza la mano en señal de victoria mientras miles de papelitos de colores caen al suelo y al fondo se observan las gradas llenas de gente.

“El día que hagan una película de la vida de Andrés Manuel López Obrador, que termine con ésta imagen”, sugerimos en un tuit.  Y es que, desde nuestro punto de vista, hasta ese momento todo le había salido bien al oriundo de Macuspana, y el final de la película (si se le quería ayudar para que quedara como un héroe) tendría que ser en ese momento, cuando el pueblo entero se le entrega.

Y eso lo decíamos porque era evidente que la situación no sería nada fácil. El país no cambiaría como por obra de magia a partir de que AMLO asumiera el poder, mucho menos cesaría la violencia que azota al país desde hace varias décadas.

“Me van a odiar, pero le estoy encontrando similitudes a AMLO con Graco Ramírez”, publiqué en mi cuenta de Twitter. Y es que recordarán ustedes que Graco prometió “terminar” (ni siquiera reducir, sino eliminar por completo) con la delincuencia en Morelos; luego comenzó a dar largas y terminó por decir que se había equivocado, y que eso lo había dicho “en la euforia de las campañas electorales”.

Fue él también quien dijo que “una cosa es lo que se dice en campaña y otra la que se hace como gobernante”.  Entonces quedaba claro que todo lo que dijo AMLO en su campaña era solamente para obtener el voto.

El más claro ejemplo fue en el tema de la militarización de la Policía. Durante todas sus campañas insistió en que el Ejército debía volver a sus cuarteles, y ya como presidente lo primero que hizo fue crear la Guardia Nacional, integrada por soldados y marinos.

A dos años de distancia pareciera que hay dos Méxicos. Uno el de los “fifís” que protestan desde la comodidad de sus camionetas y que dicen que a México se lo está llevando la fregada, y otro el de los “chairos” que se regodean cada vez que detienen a un ex funcionario y no parece importarles mucho las estadísticas económicas.  Ya hasta están pensando en desaparecer el PIB como mecanismo para medir la economía.

Los periodistas que veíamos en los horarios estelares de los noticiarios de televisión, hoy están “autoexiliados” y desde su lugar de residencia hacen investigaciones periodísticas como las que hacía Carmen Aristegui, quien hoy guarda silencio.  Los medios públicos, que tradicionalmente han sido utilizados para difundir las notas positivas del gobierno, hoy no le piden nada a los medios de comunicación de Cuba y Venezuela que más que informar, adoctrinan.

Para regocijo de los opositores, la pandemia del coronavirus se vino a dar al principio del sexenio, generando una crisis económica y un índice de desempleo sin precedentes, pero que es una situación atípica. Insisten en que se debe cambiar la estrategia de seguridad, pero no dicen cómo, pues saben que a ellos tampoco les funcionó la suya cuando gobernaban.

El sexenio apenas inicia y es poco tiempo para calificar al gobierno cuantitativamente, máxime cuando se tiene una pandemia que ocurre cada 100 años a nivel mundial; pero lo que nadie puede negar es que sí tenemos una forma diferente de gobernar el país.

Y cada vez estamos más seguros de que cuando termine el sexenio de AMLO seguirá polarizado el país, por un lado los que ven políticamente una génesis y por el otro los que ven el apocalipsis.

HASTA MAÑANA.

Recientemente recordamos en este espacio el homicidio de la juez Reyna Ocampo Rojas al cumplirse 30 años de los fatídicos hechos, el pasado 17 de junio. Hoy relatamos otro hecho que ocurrió en Morelos y en el que la víctima también fue un juzgador, pero del fuero federal, igual que Uriel Villegas, quien recientemente fue asesinado junto a su esposa.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1987, entre las 22:00 y 23:30 horas, cuando fue privado de la vida el licenciado Pedro Villafuerte Gallegos, quien entonces se desempeñaba como Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, perpetrándose el delito frente a su domicilio, ubicado en la calle de Tepozteco número 104, colonia Reforma, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El licenciado Villafuerte fue victimado, al parecer, por dos personas que le dispararon con armas calibre 380, provocándole 14 impactos. Para esclarecer este homicidio, la Procuraduría General de la República asignó un grupo de agentes judiciales a fin de que se abocaran a las investigaciones, quedando al mando el Primer Comandante Florentino Ventura, grupo que investigó en los Estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero.

Producto de tales indagaciones, se consideró que en el homicidio del licenciado Pedro Villafuerte Gallegos estaban involucrados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes previamente se les había instruido el proceso número 15/86, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a cargo del propio juez Villafuerte, por su participación en la comisión de delitos contra la salud, en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El día 29 de enero de 1987 fueron sentenciados a compurgar penas de 11 años de prisión, el primero, y 7 años de prisión los dos últimos, y no estando conformes con las condenas que les fueron impuestas, amenazaron de muerte al Juez de Distrito de la causa, licenciado Pedro Villafuerte Gallegos.

El 26 de junio de 1987, los mencionados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, se fugaron del Centro de Readaptación Social del Estado de Morelos, ayudados por los custodios Saúl Gerardo García, José Abdón Arteaga Ocampo y el excustodio Laureano Fuentes Vargas, quienes fueron contratados por los señores Roberto Guzmán Urióstegui "El Macheteado" y Héctor Rodríguez Tapia "La Sábana".

Estas personas les dieron a los custodios la cantidad de treinta millones de viejos pesos y un vehículo terrestre (sic) para realizar la fuga. Por comparación entre retratos hablados y fotografías, se identificó a Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado que, días antes al 20 de septiembre, rondaban las inmediaciones del domicilio del juez, ubicado en la calle Tepozteco de la colonia Reforma.

Un dato que hasta ayer desconocíamos, es que en el transcurso de las investigaciones para esclarecer el homicidio del juez Pedro Villafuerte Gallegos, Florentino Ventura y Mario Daniel Montiel Ortiz, interrogaron a los reclusos Fidel García Mata y Juan Velázquez Cruz. Nunca se supo de qué hablaron, pero estas personas fueron asesinadas en el interior del penal el mismo día que tuvieron la mencionada reunión. La versión oficial del entonces director de la Penitenciaría de Atlacomulco, Enrique Corona Morales, es que Juan Velázquez Cruz y Fidel García Mata, atacaron la guardia del penal, privando de la vida a uno de los custodios ya que uno de ellos y otros internos estaban armados. Al contestar los custodios la agresión, mueren los citados reclusos.

En agosto de 1990 vinieron a Morelos visitadores de la CNDH en busca del expediente que se inició a partir del levantamiento del cadáver del juez Villafuerte, pero lo que se encontraron los dejó estupefactos.

“Preguntamos insistentemente sobre el expediente que contiene la Averiguación Previa 30/I/II/6639/987, relativa al homicidio del Juez Pedro Villafuerte Gallegos, en los distintos juzgados penales de la ciudad de Cuernavaca, recibiendo como respuesta que en ninguno de ellos se había consignado tal expediente. Ante tales respuestas se indagó sobre dicho expediente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en donde se afirmó que no se conocía el Agente del Ministerio Público a cargo de tal averiguación. Por ello, se recurrió al archivo de la mencionada Procuraduría, encontrando que el expediente había sido turnado a la reserva”, dice el informe de la CNDH.

Sólo a partir de las investigaciones realizadas por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 14 de agosto de 1990 el Agente de Ministerio Público adscrito a la 7º mesa, Lic. José Manuel González Velázquez (¿les suena conocido?), giró orden de investigación judicial al Jefe de la Policía Judicial del Estado.

Pedro Villafuerte Gallegos recibió 14 impactos de bala que le provocaron la muerte. El parte médico reporta que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico por hemorragia interna y externa, consecutiva a las heridas por proyectil de arma de fuego que, en base a su número, se clasificaron de mortales. Por lo anterior, los licenciados Wilfrido Castañón León, José Alejandro Luna Ramos y el magistrado Amado Yáñez, solicitaron la dispensa de la necropsia.

La versión más consistente fue que el juez Villafuerte Gallegos recibió amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes Pedro Díaz Parada, Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes él mismo procesó por delitos contra la salud.

Al inicio de las investigaciones de la CNDH no se encontró relación entre el primero de los mencionados y los otros tres pero los visitadores descubrieron que todos pertenecían a una banda de traficantes de drogas y armas que operaba en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero, teniendo como centros de operaciones los municipios de Teloloapan y Tlapa, Guerrero.

“Los hechos parecen vincularse también con el caso de la detención de un avión norteamericano, marca Beecherar-B80, matrícula N-254-K, que forzadamente aterrizó en los alrededores de Tequesquitengo, Morelos. Al parecer, la carga del avión era contrabando de armas que serían entregadas en un rancho de Teloloapan.

“El piloto de la aeronave, Robert Nelson Read, fue procesado por el Juez Villafuerte y el 16 de septiembre de 1987 fue asesinado de 15 puñaladas en el Reclusorio de Morelos, cuando por información de compañeros de presidio estaba teniendo comunicaciones, a través de terceros, con el Juez Villafuerte Gallegos. De todos estos hechos se deriva la presunción de la participación de una o varias autoridades en la protección de estas actividades ilícitas, lo cual nunca ha sido investigado con el cuidado que requiere el caso, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos”, decía el informe de la CNDH que concluyó con la recomendación 015/1990 que le enviaron al gobierno de esta entidad, encabezado por el abogado Antonio Riva Palacio López.

Pero ya desde entonces las recomendaciones de Derechos Humanos eran como “llamadas a misa” para los gobiernos estatales.

HASTA MAÑANA.