El presidente municipal de Xochitepec, el priísta Alberto Sánchez Ortega, se ha caracterizado por su sensibilidad humana, lo que le ha valido no solamente el triunfo en las elecciones del 2015, sino que fue uno de los pocos que logró su reelección en los comicios del 2018. De ahí que resulte sorprendente la acusación de la que está siendo objeto por parte de familiares de un ex trabajador a la que le fue negada su pensión, desde que se publicó en el periódico oficial, hasta que –lamentablemente- falleció. 

Se trata de una grave acusación aparentemente bien fundamentada por parte del ciudadano Jesús Alejandro Valdepeña Perucho, a nombre de su señor padre, Vicente Valdepeña Rey, en contra del alcalde Sánchez Ortega, a quien acusa de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y daño moral.

Los documentos que acompañan la acusación no dejan lugar a duda. Está el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de julio de 2016 en el que se menciona que mediante escrito de fecha 5 de febrero del 2015, Vicente Valdepeña Rey presentó ante ese Ayuntamiento solicitud de pensión por jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 16 fracción I inciso C, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, el acta de la sesión de Cabildo de fecha primero de junio del 2016 en el que se aprueba el pago de la pensión por Jubilación a favor de Vicente Valdepeña Rey, en el que se comprueba fehacientemente que a la fecha de su solicitud tenía 28 años de servicio como policía raso de esa municipalidad.

En ese mismo documento, “se instruye al titular de la Tesorería Municipal y a la Dirección de Administración para su cumplimiento”, y firman de conformidad el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, la síndica María del Rosario Flores Gaona, y los regidores Cristina Salazar Flores, Regino García Meza, Daniel Ernesto Gómez Noriega, Susana Cruz Guzmán y Horacio Rojas Alba, así como el secretario del Ayuntamiento, Ramón Ocampo Ocampo.

Entonces ¿cuál fue el motivo de que no se cumplió con este acuerdo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero el hijo del pensionado asegura que los antes mencionados se burlaron de don Vicente Valdepeña y hasta el día de su muerte no le entregaron un centavo.

“Mi padre empezó a tener problemas de salud agravándose día con día, y él sufriendo las burlas y engaños de las autoridades de este municipio encabezadas por el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, ya que fue citado reiteradamente mi señor padre diciéndole que ya le iban a entregar su pensión, teniéndolo que llevar yo ya que él no se podía valer por sí mismo. Lo tenían horas afuera de la presidencia en uno de los pasillos y al final le decían que todavía no le podían entregar su cheque”, menciona el escrito que tiene sello de recibido en la presidencia de la república.

Agrega el quejoso que debido a sus enfermedades su padre requirió de varios tratamientos, además de que necesitaba de cuidados especiales por lo que la familia tuvo que recurrir a préstamos de diversas instituciones privadas, mismos que con el tiempo se hicieron impagables.

“Además, cabe mencionar que mi padre perdió el miembro pélvico izquierdo, y estando en ese estado lo citaron reiteradamente en la Presidencia Municipal haciéndole esperar en esa condición, prometiéndole que le iban a ayudar para ponerle una prótesis además de ya darle su pensión pero nunca se le dio cumplimiento ni atención médica”, agrega.

Jesús Alejandro Valdepeña Perucho asegura que el alcalde Alberto Sánchez Ortega, el contralor Bernabé Álvarez Almazán y el tesorero Adolfo Aguilar Figueroa, les pusieron como condición para entregarles el cheque correspondiente a la pensión en forma retroactiva, el pago de 200 mil pesos para ser repartidos entre los funcionarios mencionados.

“Nos dijeron que si no dábamos dicha cantidad nunca saldría el cheque y presumían que tienen excelentes abogados para no dar la pensión si no accedíamos, y que se iba a morir primero antes que cobrar su pensión. Y lo consiguieron, pues mi padre murió el 25 de abril del 2020”.

Esa es una acusación muy grave, no solo jurídicamente hablando, sino que viene a echar por tierra la imagen que teníamos y que tienen muchos ciudadanos del acalde xochitepequense, quien –como todos sabemos- forma parte del sector poblacional que tiene una discapacidad, igual que la que tenía el hoy finado Vicente Valdepeña.

Alberto Sánchez Ortega conoce bien de ese tema, dado que como consecuencia de un accidente, forma parte de un amplio grupo de discapacitados que existen en la comunidad. Esta situación, lo ha llevado a impulsar ahora, a crear un gobierno con sensibilidad social y años atrás, a él, a participar en la política.

Hoy en día, en la comuna de Xochitepec, se tiene a 17 personas con discapacidad en la plantilla de la administración municipal, pero también en los programas relacionados con la generación del autoempleo y otras acciones, se les prioriza, se les toma en cuenta.

Entonces ¿qué pasó con don Vicente Valdepeña? Por qué lo hacían esperar en los pasillos anhelando un pago que nunca llegó?  No encontramos una razón válida para ello, y ahí la responsabilidad no sólo recae en el alcalde, sino también en los regidores, muchos de los cuales seguramente tendrán aspiraciones políticas.

Buscando antecedentes del alcalde me encontré con una entrevista que le concedió al periodista David Alanís, donde cuenta cómo es que perdió su pierna.

“Antes de que me pasara el accidente yo era quien iba a la escuela, a las juntas y un día fui con mis muletas y cuando regreso casa, (mi esposa) me pidió que ya no fuera con las muletas, me pidió de favor que yo ya no fuera a esa escuela. La verdad, me lastimó mucho y entendí lo que le pasaba como un niño de seis años”, dijo.

“Al principio me martiricé un poco porque me gustaba mucho el futbol. No era tan malo, pero ir a los partidos de futbol cuando ya no podía jugar (tenía 33 años cuando me pasó el accidente), se me salían las lágrimas”, recordó.

Pues algo pasó que le hizo perder esa sensibilidad que le caracterizaba y que fue lo que le faltó en el caso de don Vicente, quien entregó toda su vida al Ayuntamiento de Xochitepec y murió esperando un pago que le hubiera servido de mucho.

HASTA MAÑANA.

Javier García Chávez, quien se autoapoda “El gato”, es un hombre con mucha suerte y –políticamente hablando- muchas vidas. En las últimas, fue operador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para llevar a la Gubernatura a Graco Ramírez, quien le pagó con una candidatura a diputado federal, elección que ganó, pero unos meses antes de terminar su periodo “saltó” del barco perredista antes de que se hundiera y alcanzó a asirse al navío del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y hoy busca acuerdos con el Partido Encuentro Social.

Igual que un gato, Javier García no sienta cabeza en un solo lugar. Nació en Michoacán pero desde joven vivió en la ciudad de México, donde ingresó al Instituto Politécnico Nacional a la carrera de Economía. No terminó la carrera porque lo suyo lo suyo era la grilla, tal como quedó de manifiesto en las notas periodísticas que lo ubican como dirigente del Comité de Lucha Estudiantil y fundador de la Organización Nacional de estudiantes del IPN.

Del movimiento estudiantil paso al movimiento de damnificados del sismo del 85. Carlos Monsivais lo menciona en su libro “No sin nosotros” como uno de los privilegiados que representó a los afectados por el terremoto en una reunión con el presidente de la República. Casualmente, en 1988 aparecía ya como precandidato a diputado, aunque no ganó. Lo intentaría nuevamente en 1994 pero tampoco tuvo suerte.

Fue miembro del Sindicato de Telefonistas hasta que lo invitaron a dar clases en Nicaragua, ya que desde 1980 era simpatizante del Comité de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua. A su regreso, se integró a la administración del Gobierno del Distrito Federal como subdirector de Regularización Territorial, y luego como director general de Desarrollo Social, coordinador de asesores en la delegación de Milpa Alta y director de Participación Ciudadana en Coyoacán, cuando el PRD era gobierno.

En el 2007 apareció como director general del Sistema DIF-Guerrero con Zeferino Torreblanca, el primer gobernador perredista. Cual mercenario de la política, en 2010 se fue a su natal Michoacán para apoyar a otro perredista, Leonel Godoy. Le dieron la Dirección de Análisis y Desarrollo Político en el gobierno michoacano, un cargo que más bien parecía una “aviaduría”, después le inventaron el cargo de “coordinador general de relaciones interinstitucionales”, pero para ese momento ya tenía en mente otro proyecto: la gubernatura de Morelos para su amigo Graco Ramírez, quien lo había designado subsecretario de asuntos electorales del PRD.

Así, se vino a vivir a Morelos y comenzó a operar la organización “Gente x Gente”, una red de ciudadanos en apoyo a la candidatura de Graco Ramírez. En 2012 el michoacano le levanta la mano al tabasqueño en tierras morelenses.

En pago, le tuvieron que inventar un cargo que justificara su salario, que no era cualquier cosa. Le pusieron “Coordinación General de Análisis Político y Proyectos Estratégicos”, pero que en la práctica servía para seguir coordinando las redes de apoyo “GxG”.

Una de sus primeras pruebas fue la ceremonia de “El Grito” el 15 de septiembre de 2013 en el zócalo de Cuernavaca. Esa noche, desde el balcón paralelo a donde el gobernador iba a ondear la bandera y tocar la campana, el michoacano vigilaba que todo estuviera en orden. La plancha del zócalo estaba dividida en tres zonas: en la primera sólo entraban miembros del “GxG” que se identificaban con una pulsera morada; en la segunda estaban perredistas de todo el estado y a partir de la tercera ya se permitía la entrada a cualquier persona. Así evitaron cualquier abucheo al gobernante.

Con ese tipo de acciones “El Gato” demostró que podía mover a la gente a beneficio del gobierno perredista, e incluso pretendió dirigir al PRD, pero no contaba con que Graco tenía asignado esa misión para su hijastro Rodrigo Gayosso. Le dieron la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, lo que se le hizo poco.

Para el 2015 logró sin problemas la candidatura a diputado federal por el distrito que abarca Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata. Uno de sus contrincantes le puso una trampa: mandó a una de sus trabajadoras a que le coqueteara al candidato a través de Whatsapp  y “El gato” cayó.  Un grupo de abogadas se encargó de denunciar por acoso sexual al candidato a diputado federal, y expuso como pruebas las fotos pornográficas que le mandó a la guapa estudiante de bachillerato.

A pesar de esa trampa García Chávez logró el triunfo por un amplio margen en las elecciones intermedias, convirtiéndose en diputado federal, aunque su paso por el Congreso Federal transcurrió sin pena ni gloria.

En el 2017, el ya candidato al gobierno de Morelos por el PRD, Rodrigo Gayosso, le pidió a Javier que le entregara la base de datos de “Gente por Gente” y éste se negó. Ahí vino el rompimiento, pero no entre Graco y Javier, sino con su hijastro.

Los favores hechos a Morena como diputado federal le valieron la diputación local para el proceso electoral del 2018, a pesar de que –como ya se dijo- El Gato llegó a Morelos en 2011. El nuevo sexenio pintaba bien para el ex perredista, pues no solamente sería diputado local, sino presidente de la Junta Política. Sin embargo, unos días antes de la definición el grupo de Morena se comenzó a desmoronar. Se salió Pepe Casas, luego Andrés Duque, hasta que perdió fuerza y sólo quedó como presidente de una comisión, a la que renunció hace unos días.

Recientemente “El Gato” emitió un extraño comunicado en el que hace un llamado a los principales actores políticos de la sociedad morelense para establecer un diálogo que permita construir un gran pacto de unidad, que deje a un lado las diferencias, al tiempo de discutir reformas y leyes que resulten necesarias para las y los morelenses.

“Hoy hace falta en Morelos establecer un diálogo en el que impere la confianza y buena fe; basta ya de disputas y de descalificaciones, lo que se debe hacer es sentarnos a dialogar por el bien de nuestro estado”, dice.

Y remató:

“Se debe entender que si pierden los municipios, pierden los morelenses; que si pierde el Ejecutivo, perdemos todos, y si pierde el congreso, pierde Morelos”.

No hay que perder de vista que Javier, además de “gato” es un “viejo lobo” de la política que pretende quedar como el conciliador y salvador de la gobernabilidad en Morelos o ya está pensando en su siguiente salto a otro partido.

HASTA MAÑANA.

¿A qué nivel de stress tuvo que estar sometida la joven para reaccionar tan violentamente porque no le querían vender una pizza? Ese fue el comentario que puso su servidor en el video que ya todos conocemos porque se volvió viral bajo el hashtag #LadyPizza, y que arreció el linchamiento en redes sociales contra una mujer que lo único que quería era comer.

Pero no es el único caso. Cheque usted, estimado lector, cualquier video polémico, y verá que las reacciones de la gente son de lo más variadas, y en muchos casos, preocupantes.

Podemos poner sobre la mesa la hipótesis de que con la libertad de las redes, en este territorio casi anónimo, nuevo, vacilante, la sociedad retoma una figura abandonada ya hace siglos: la figura punitiva salvaje del Siglo XVII, donde cualquier criminal podía ser un monstruo y cuyo crimen, que representaba una lesión, un perjuicio contra los intereses de la sociedad en su totalidad, debía ser castigado con derecho a toda desproporción guardada.

El castigo en ese caso no es reparación a los daños ni búsqueda genuina de reivindicación de los derechos fundamentales de la sociedad. El castigo, más bien se transforma en venganza, en revancha, en contragolpe de fuerza.

Es entonces (como dijo Foulcault mucho antes de que se inventara la Internet)  una inversión ceremonial del crimen. “En el castigo del criminal, se asistía a la reconstrucción ritual y regulada de la integridad del poder”. Entre crimen y castigo, había igual una especie de rivalidad. El exceso de castigo debía responder al exceso de crimen y tenía que imponerse a él. En consecuencia, había necesariamente un desequilibrio en el corazón mismo del acto punitivo. Era preciso que hubiera una suerte de plus del lado del castigo. Ese plus era el terror, el carácter aterrorizador del castigo.

La Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC) (www.amdc.org.mx) realizó a principios de este mes el Foro Virtual sobre Redes Sociales, Manipulación y Libertad Periodística y dejó sobre la mesa temas candentes en el ejercicio periodístico.

El primer grupo de especialistas que habló sobre redes sociales, resaltó que el uso de los algoritmos para el bombardeo de la información puede provocar la “infoxicación” (nuevo término que nunca habíamos escuchado pero que seguramente se quedará en el argot actual)  por la cantidad, diversidad y consumo de los contenidos en redes sociales.

Se destacó que internet es la vuelta a la Torre de Babel, y que el ciudadano de a pie con un teléfono inteligente se convierte en emisor en una gran ágora que es el reflejo de la sociedad, en la que todo está permitido y la que amplifica el mensaje.

Hablaron de la reputación en línea y cómo se utilizan las redes sociales por diversos actores de la sociedad.  Los medios digitales –dijeron- han dado voz a quienes no la tenían y con un micrófono se vuelven más famosos que las figuras públicas por antonomasia.

Temas regulatorios, activismo, ciberseguridad, fake news, libertad de expresión y el nivel de filtrado de los contenidos realizado desde la tecnología también fueron abordados. Los ponentes hablaron que la realidad no refleja lo que nos dicen los voceros, exigieron el derecho a la verdad, este fenómeno que era análogo y que es manipulado en las redes sociales.

Se razonó la evolución de los medios digitales como facebook, twitter e instagram desde su nacimiento a principios del siglo XXI, hasta la más reciente Tik-Tok de ahora, y los millones de usuarios alrededor del mundo que cada una tiene, haciendo la analogía del “Ciudadano Kane” de Orson Welles -que escogía desde su escritorio las noticias que se publicaban en el diario- al “Ciudadano Bite” de hoy que publica un acontecimiento en tiempo real desde cualquier lugar.

Se enfatizó el activismo y la propaganda digital, las granjas de bots, la guerra de trolls, la agresión on-line y de poner en la agenda pública algo que está a favor o en contra de los intereses comunes; de la evolución de ideologías para tener dos posturas, menos acuerdos y de la construcción artificial de la opinión pública.

El derecho al olvido, el bulling digital, de los algoritmos y de la inteligencia que nos da el Big Data y que nos hace vulnerables dejándonos a merced del mejor postor también fueron abordados. El Foro Virtual de la AMDC dejó claro que debemos hacer conciencia de la necesidad de autorregulación por parte de los usuarios de redes sociales para proteger la libertad de expresión. Los temas planteados dejaron ver que nos encontramos ante una infodemia, en un momento histórico interesante que continua su proceso de maduración, que los ciudadanos debemos ser más selectivos en el consumo de información, verificar fuentes, estandarizar procesos; pero sobre todo, mantener la libertad de expresión en un exhorto de usar las redes sociales para mantener la construcción social.

El internet nos ofrece el poder; el reto, es conjuntar a través de la pedagogía digital tres elementos: gobierno, medios y sociedad sin renunciar a nuestros derechos elementales para establecer puentes democráticos y civilizados para convencer a través de la comunicación como instrumento de la razón.

Desde nuestro particular punto de vista, las redes sociales son un arma de doble filo. Ha logrado que se haga justicia en casos como aquel niño que vendía dulces en Oaxaca y que fue humillado por inspectores municipales, y últimamente en el caso de Geovanni, el muchacho asesinado por Policías en el estado de Jalisco, pero que fue hasta que el asunto se hizo viral que el gobierno de Enrique Alfaro comenzó a reaccionar.

Pero también han ocurrido infinidad de injusticias. Cientos de personas han sido “linchadas” en redes sociales por la muchedumbre cibernética, la mayor parte sin saber ni siquiera las circunstancias específicas como ocurrieron los hechos. Se me imaginan como aquellas personas que están hasta la parte de atrás de una manifestación y que sólo gritan “que lo cuelguen” sin saber ni qué está ocurriendo en la parte de enfrente.

Quien acostumbre escribir en los comentarios de Facebook o Twitter frases como “que lo maten antes de que se reproduzca”, o “hay que ver dónde vive para ir a quemarle la casa”, debe estar consciente de que un día puede ser él quien esté en el papel de acusado.

El internet nos da un poder, pero debemos utilizarlo como un instrumento de la razón, no de la barbarie.

HASTA MAÑANA.

La epidemia del coronavirus vino a apresurar un cambio en el paradigma de la impartición de justicia que ya era inevitable. El litigio como lo conocimos, con enormes tomos de papel cosidos con hilo y aguja, entresellados página por página y los sellos de goma que quedan marcados con la tinta, ya deben quedar como un recuerdo del siglo pasado.

El destino nos alcanzó y si la vida no será la misma de antes para nadie, los abogados también tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, sobre todo cuando no hay condiciones para reabrir un Poder Judicial que recibe –en promedio- mil 500 personas diariamente. Reiniciar actividades sería una irresponsabilidad de las autoridades y un suicidio por parte de los litigantes.

Sin embargo, ¿de qué vamos a comer los abogados? Es lo que se cuestionan lo cientos de profesionistas que viven de promover divorcios, sucesiones testamentarias y demandas mercantiles, entre muchos otros actos jurídicos, quienes hoy permanecen confinados como el resto de la población, en espera de que reabran los tribunales.

Ayer, en representación del “Movimiento Litigantes por Morelos”, la abogada Norma Delgado Díaz hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General y al Poder Legislativo, para que se realicen las acciones necesarias que permitan reactivar la economía de los profesionistas del derecho.

“La justicia es un derecho y debe ser garantizado, no puede detenerse en ninguna de las condiciones, aún con la pandemia”, aseveró Norma Delgado, quien propone que se implementen a la brevedad el uso de las tecnologías web, para tramitar todo tipo de juicios y recursos, el uso de la firma electrónica, así como digitalizar los acuerdos para que sean descargables desde cualquier equipo.

Recordó que en el caso de la Fiscalía General del Estado, el Código de Procedimientos Penales prevé el uso de la tecnología para la integración de carpetas, denuncias y la investigación.

“Que el Congreso realice las modificaciones correspondientes, para que los procesos en materia civil, mercantil y familiar puedan operar bajo la tecnología web, y también dotarles de los recursos necesarios para que operar el sistema de manera diferente”, acotó.

Antes, el vicepresidente del Consejo de Juristas del estado de Morelos, Gibrán Haro Álvarez, envió una propuesta a los tres poderes del estado, a fin de mantener en funcionamiento los órganos jurisdiccionales para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la población, pero a la vez mantener las medidas de distanciamiento social, de promoción y protección a la salud recomendadas en los decretos del sector salud.

“Como operadores del sistema judicial, sugerimos la implementación de medidas, como el habilitar una oficialía de partes por materia, así como la ampliación del horario de operación de la misma a fin de evitar aglomeraciones; así como privilegiar el uso del buzón para la presentación de demandas y promociones”, apuntó.

Propuso realizar, en la medida de lo posible, las audiencias vía remota dejando las presenciales como caso de excepción, cuando por su naturaleza deban celebrarse de esa forma.

El Tribunal Superior de Justicia ya comenzó a dar respuesta a esas peticiones de los litigantes. Puso en marcha un sistema informático que permite otorgar citas para la presentación de las demandas de manera automática, a fin de que a partir del próximo lunes los abogados puedan acudir en forma presencial a los tribunales.

El presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, informó ayer que esta semana inició el Tribunal Superior de Justicia, a través de su equipo de Informática, la capacitación a todo el personal que va a recibir las demandas a partir del día 15 de junio.

Jasso Díaz señaló que los jueces han desahogado los trabajos pendientes tanto en promociones como sentencias hasta el 18 de marzo, cuando se inició la suspensión de labores debido a la pandemia del covid-19, por lo que con la integración de estas nuevas demandas, una vez que sean recibidas en los juzgados correspondientes, los Secretarios de Acuerdos realizarán los proyectos de acuerdos para que cuando se levante la suspensión de labores puedan ser admitidas inmediatamente.

 “No solamente es la recepción de las demandas, los jueces hacen el compromiso de que se van a revisar estas demandas para que en su momento procesal oportuno ya estén admitidas, prevenidas o desechadas, para conocimiento de los abogados o público en general que las hayan presentado”, abundó.

Previo a estos cursos de capacitación, informó el titular del Poder Judicial en Morelos, se han realizado reuniones virtuales donde han participado todos los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina el Poder Judicial para disipar las dudas de los jueces en torno a estas nuevas disposiciones para reactivar de manera progresiva las labores en el TSJ, además de suministrarles todos los utensilios preventivos necesarias para su seguridad laboral, como son termómetros, cubre bocas y gel antibacterial.

Aunado a las capacitaciones, personal de limpieza de la Dirección General de Administración del TSJ, continúa con el proceso de sanitización en todas las áreas públicas de los distritos jurisdiccionales y labora en las implementaciones de señalización, limpieza y colocación de acrílicos que permitan garantizar la sana distancia que recomiendan las autoridades del sector salud para la reapertura de espacios públicos.

Llegará el momento (según lo podemos ver en otros tribunales que van más adelantados), en que ya no será necesario acudir a los tribunales a interponer una demanda ni meter escritos para solicitar copias, mucho menos para conocer una resolución.

¿Recuerdan cuando se tenía que perder medio día para tramitar una chequera, cobrar un cheque o pagar un servicio en la ventanilla de un banco? Hoy todos esos movimientos se pueden hacer a través de una aplicación en un teléfono celular.

Algo similar tendrá que ocurrir en el Poder Judicial y en la Fiscalía General de Justicia. Hay muchos trámites que se pueden hacer usando la tecnología, y quizás ese sea uno de los beneficios que nos deje esta pandemia que tanto sufrimiento ha causado a la humanidad.

HASTA EL LUNES.

Tradicionalmente nos imaginamos a los psicópatas como hombres “feos”, de mirada torva y de clase social baja, pero nunca reparamos en que un homicida en potencia puede ser joven, atractivo físicamente y de un nivel económico medio o alto. Lo peor es que lo podemos tener muy cerca y no nos imaginamos su peligrosidad.

Un ejemplo de ese tipo de personas es Jhonny Jeffrey, un muchacho de 24 años que hoy es buscado por la Interpol acusado de asesinar a su ex novia, Lesley Ayleen, estudiante de odontología de una universidad particular ubicada en la colonia Teopanzolco, hechos ocurridos el 6 de junio del 2018.

Ese día, la joven de 20 años ya no llegó a la casa donde vivía con su madre. Preocupada, comenzó por buscarla en la universidad donde estudiaba, pero ahí el dijeron que Lesley se había retirado al terminar sus clases, alrededor del mediodía.

Sus familiares y amigos comenzaron a buscarla y difundieron su fotografía en redes sociales. La Fiscalía del Estado iba a emitir la ficha de búsqueda pero ya no fue necesario. A las 19 horas se reportó el hallazgo del cadáver de una joven en la avenida Vía del Ferrocarril, colonia Tesoros de Tepoztlán, Barrio San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán.

A la mujer le pusieron una bolsa en la cabeza, la golpearon con una piedra hasta matarla y luego le prendieron fuego, pero no alcanzó a quemarse por completo.

La Policía de Investigación Criminal inició con las indagatorias, comenzando en la Universidad, donde las cámaras de vigilancia demostraron que abordó una camioneta de transporte de esa institución educativa, misma que la dejó sobre la avenida Plan de Ayala, donde la recoge un vehículo Chevrolet Sonic color blanco.

A la búsqueda se unió el abogado Gibrán Haro Álvarez, quien de manera gratuita se ofreció a asesorar jurídicamente a la madre de Lesley.

Afortunadamente en una cámara de videovigilancia pudo verse claramente las características del vehículo y seguir su trayecto, que fue al norte de la ciudad.

“Ahí es cuando se decide iniciar la búsqueda de diversos negocios de Ocotepec, sobre la carretera hacia Tepoztlán, donde en diversos videos se observa a Lesley y a una persona al parecer hombre; en una de las cámaras se ve cómo se dirigen hacia el municipio de Tepoztlán ambos, y después de algunos minutos, el vehículo vuelve a pasar por la cámara pero ahora sin la presencia de Lesley”, recuerda el litigante.

Una cámara capta muy cerca el vehículo y es entonces cuando la madre de la hoy occisa reconoce plenamente al hombre como Jhonny Jeffrey, un muchacho con el que anduvo su hija algún tiempo, pero que tuvo que cortarlo porque era demasiado celoso.

A partir de ese momento la búsqueda se enfocó hacia Jhonny Jeffrey. La Fiscalía logró obtener una orden de cateo para tratar de detenerlo en la casa donde el joven vivía con su madre, pero cuando llegaron lo único que encontraron fue el vehículo Sonic que utilizó para llevar a su ex novia al lugar donde la mataría.

Llamó la atención de los investigadores que la madre de Jhonny se mostró muy segura en sus declaraciones, afirmando que desde ese día, 6 de junio de 2018, no había vuelto a ver a su hijo, pero que dudaba que él fuera el responsable del crimen.

Las pruebas presentadas por el fiscal y el asesor jurídico fueron contundentes, y apenas unos días después del asesinato obtuvieron una orden de aprehensión contra Jhonny Jeffrey, sin embargo, no ha podido ser localizado ni siquiera a través de la Interpol, que ya emitió una ficha roja.

Aparejado a la investigación se inició la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, esto para que emitiera una resolución a fin de que la madre pueda acceder al Fondo de Víctimas de Delitos del Estado de Morelos, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta satisfactoria.

Es evidente que el presunto feminicida está siendo protegido por su familia, ya que sólo así pudo evadir la acción de la justicia. Hijo de padres divorciados, Jhonny Jeffrey siempre fue un muchacho conflictivo que no fue canalizado adecuadamente y que hoy lo siguen ayudando para que pueda continuar su vida en otra entidad o quizás en otro país.

Al concluir la preparatoria ya no quiso seguir estudiando y se dedicaba a trabajar en una empresa de transporte público por aplicación, utilizando el coche que le prestaba su cuñado.

Durante la investigación, con el apoyo de la Fiscalía de Querétaro se pudo contactar con su padre, quien radica desde hace varios años en aquella ciudad, pero éste refirió que su hijo llegó de visita por esas fechas y le dijo que se quedaría con él unos días, pero justo antes de que llegara la Policía a buscarlo, le pidió dinero y ya no regresó.

A dos años de distancia la madre de Lesley sigue pidiendo a las autoridades una respuesta a sus peticiones. Al fiscal Uriel Carmona, quien conoce perfectamente el caso, le insiste en que continúe con las acciones de búsqueda pues se deduce que sigue en contacto con sus familiares.

Al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, que emita la resolución que se requiere para acceder al Fondo de Ayuda a Víctimas, y al gobernador Cuauhtémoc Blanco que la reciba como lo han estado solicitando desde que ocurrieron los lamentables hechos.

Y es que desde que fue la desaparición de la joven, grupos opositores al gobierno intentaron abanderar la causa, pero la familia pidió que no hicieran marchas ni manifestaciones, sino que dejaran trabajar a las autoridades hasta esclarecer el caso.

Ya pasaron dos años, ya se sabe quién fue el responsable, pero no se ha logrado dar con su paradero para llevarlo ante la justicia.

Así que hoy un psicópata con cara de muchacho bueno anda suelto, haciendo su vida normal en alguna ciudad de este país, y así como mató a Lesley por celos, puede atentar contra la vida de cualquier otra mujer que caiga en sus garras.

HASTA MAÑANA.

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Aquel 7 de junio de 1994 se respiraba un ambiente tenso en el tradicional desayuno para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión. Aunque predominaban las escenas de periodistas y funcionarios sonrientes saludándose efusivamente previo al encuentro con el gobernante en turno, entre cuchicheos se mencionaba un hecho incómodo: el día anterior habían matado a Jorge Martín Dorantes, director del semanario “El Crucero de la Ciudad”.

Como era costumbre desde 1951, ese día el gobierno ofrecía un desayuno (básicamente) para los dueños de los medios de comunicación a fin de agradecerles su colaboración durante todo el año. En esta ocasión el desayuno fue en uno de los salones del Hotel Suites Paraíso, chilaquiles con pollo para no variar, y era prácticamente la presentación del equipo de Jorge Carrillo Olea, quien había tomado posesión el 17 de mayo de 1994 tras arrasar en las elecciones del 20 de marzo de ese mismo año.

Su jefe de prensa, Moisés Lozano Villafaña, había logrado que el hecho sangriento prácticamente pasara desapercibido, pues sólo los periódicos Excelsior y Summa habían publicado la muerte de un periodista, a 24 horas de que se celebrara el Día de la Libertad de Expresión.

Ese 7 de junio, pasada la ceremonia donde periodistas y servidores públicos intercambiaron elogios y parabienes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibía –vía fax- un escrito firmado por Sergio Díaz, Magali Cuadra, Pave Soberanes, Rafael Laddaga y Jesús Zavaleta Castro, todos ellos colaboradores del semanario El Crucero de la Ciudad, pidiendo su intervención para el esclarecimiento del homicidio.

Jorge Martín Dorantes fue acribillado a dos fuegos dentro de su vehículo estacionado sobre la avenida Teopanzolco en la colonia Lomas de Cortés, hechos ocurridos durante las primeras horas del 6 de junio, según quedó asentado en la averiguación previa SC/5354/94-06 que inició la Procuraduría de Justicia, en ese momento encabezada por el abogado Jorge Arturo García Rubí.

“Esta representación social, en compañía de elementos del Servicio Médico Forense, realizó las diligencias de inspección ocular y ampliación de la misma, fe de cadáver y su levantamiento, siendo identificado como el cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Jorge Martín Dorantes. De igual forma, se dio fe del vehículo en el que se encontró el cuerpo y de las pertenencias que fueron encontradas en el lugar de los hechos, entre las que destacan una cámara fotográfica con rollo y una grabadora con casette”, informó posteriormente la PGJ al ombudsman nacional.

Como ocurre en muchos casos, hubo controversia al interior del gremio periodístico local sobre si se debía considerar el homicidio de Jorge como una afrenta común, ya que “era director de un simple semanario y lo más seguro es que lo hayan matado por causas ajenas a su actividad periodística”, pero finalmente su nombre fue ingresado a las listas del Committee to Protect Journalists como una víctima más del periodismo mexicano.

La CNDH no quitó el dedo del renglón. A fin de dar mayor celeridad al trámite e integración del expediente de queja, el 18 de julio de 1994, en brigada de trabajo, visitadores adjuntos de ese organismo se trasladaron directamente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca, a efecto de recabar personalmente la documentación y el informe solicitado a esa autoridad.

Para integrar debidamente el expediente, se solicitó, nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, un informe adicional en el que se precisara el avance en la investigación dentro de la indagatoria referida, así como copia de las diligencias practicadas por la Representación Social a partir del 27 de junio de 1994.

Dice el informe de la CNDH que durante la visita se sostuvo entrevista con el licenciado Alfonso Hernández Gurrola, enlace entre esa Procuraduría Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien informó que los oficios de solicitud de información no habían sido recibidos por esa dependencia. Por ello, en ese momento, se le dejó una copia fotostática de los oficios referidos y se obtuvo el compromiso de atender la petición de la Comisión Nacional.

En respuesta, el 27 de septiembre de 1994, se recibió en ese Organismo el oficio PGJ/DH/697/994 del 22 de septiembre de 1994, suscrito por el licenciado Carlos Peredo Merlo, Subprocurador General de Justicia del Estado de Morelos, al cual anexó copia de la averiguación previa SC/5354/94-06, pero ningún avance.

Ante la falta de respuesta, el 18 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 128/94 al gobierno de Jorge Carrillo Olea para que exigiera a la Procuraduría de Justicia la agilización de las investigaciones a fin de dar con los responsables del asesinato del periodista.

Y así lo hizo. Fue tanta la presión que la Policía Judicial a cargo de Darío Lugo Sánchez tuvo que buscar un “chivo expiatorio”.

Semanas después de recibir la recomendación de la CNDH la Policía detuvo a un ciudadano alemán radicado en Cuernavaca acusado del homicidio del periodista supuestamente porque lo extorsionaba. Estuvo varios meses en la cárcel pero finalmente el Ministerio Público no pudo acreditar su responsabilidad y obtuvo su libertad por falta de elementos.

Al gobierno del general Carrilllo Olea eso ya no le importaba, pues ellos habían dado por cumplida la recomendación al momento de esclarecer el caso y detener al presunto culpable. Lo que pasara después ya no era asunto del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.

Irónicamente, Jorge Arturo García Rubí recibió la recomendación de la CNDH siendo procurador de justicia y posteriormente tuvo que conocer del asunto como titular del Poder Judicial, también como secretario de Gobierno y hasta como gobernador en el breve lapso que estuvo al frente de la administración estatal.

Descartada esa hipótesis de que el responsable había sido el ciudadano alemán, la Procuraduría de Justicia ya no siguió otras líneas de investigación y el caso fue cerrado, por lo que el homicidio del periodista Jorge Martín Dorantes quedó en los terrenos de la impunidad como muchos otros en este país.

HASTA MAÑANA.

El mundo está al revés, no cabe duda. Nunca hubiéramos imaginado leer un comunicado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los términos en los que viene redactado el que envió ayer el presidente de ese partido en Morelos, Jonathan Márquez Godínez:

El encono entre poderes en Morelos y de los tres niveles de gobierno tiene al estado en parálisis absoluta, afirmó el presidente estatal del PRI, Jonathan Márquez Godínez. Hoy más que nunca hace falta buena política con el fin de alcanzar acuerdos a favor de los morelenses, por lo que propuso al ejecutivo estatal convoque a una reunión urgente a la Mesa para la Gobernabilidad que permita definir un Programa Estatal de Reactivación Económica. Los titulares de los poderes y de las instancias de gobierno tienen la responsabilidad de generar beneficios a favor de la gente, y para no estancarse en discusiones, es prioridad concentrarse en seguir enfrentando la crisis que se vive por la pandemia, y lo que vendrá en el corto plazo, de allí que es urgente el dialogo entre los morelenses. El espacio de la mesa para la Gobernabilidad, confió, es ideal para establecer el dialogo entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los presidentes municipales, partidos políticos, las cámaras empresariales, y todos los sectores involucrados en el camino hacia la recuperación y reactivación económica. Y es que agregó, “en el PRI estamos convencidos de que hace falta dialogo entre todos los morelenses, del gobierno y de los sectores, de los municipios y con la gente, para alcanzar el bienestar de todos; es cierto que hasta hoy no ha habido una respuesta por parte del ejecutivo estatal a los llamados de trabajar de forma coordinada, mientras en el legislativo ha proliferado una parálisis que no ha sido superada, y los ayuntamientos claman por recursos para atender las necesidades de la población, por todo lo anterior hoy es necesario, superar enconos que tienen a la entidad en una parálisis; es necesario saber cuál será el plan que debemos seguir de forma conjunta para la crisis que estamos viviendo, y la que vendrá una vez que se normalice la situación y regrese la normalidad”. Jonathan Márquez, dijo, que la propuesta de PRI en la entidad es incluyente, y la convocatoria a la reactivación de Mesa para la Gobernabilidad debe ser programada de inmediato por parte del ejecutivo y a la brevedad puedan encontrarse coincidencias, que ayuden a definir un Plan Estatal de Reactivación Económica que de tranquilidad a las familias morelenses.

LA RÉPLICA DEL PRESIDENTE DE LA BARRA DE ABOGADOS

El pasado 3 de junio publicamos en este mismo espacio lo siguiente:

En honor a la verdad, el gremio de los litigantes atraviesa por una crisis de liderazgo, y eso beneficia a los tres poderes del estado. En la Barra de Abogados todavía es presidente Christian Iván Velazco Alcoser, pero si no se hubiera atravesado la pandemia ya se estuviera llevando a cabo el proceso de renovación de la dirigencia. La gestión de Velasco Alcoser pasará a la historia como una de las peores, ya que de lo que más se acordarán los miembros de la Barra es de las álgidas discusiones durante las sesiones mensuales y de sus arranques “dictatoriales”.

En este caso la pandemia sí le quedó “como anillo al dedo” al dirigente de los barristas, pues debía emitir la convocatoria para las asambleas de abril (instalación de la comisión de elecciones), mayo (asamblea de depuración) y junio (asamblea de elecciones).

Sin embargo, emitió una circular con fecha 29 de mayo en la que informa que el proceso de renovación se llevará a cabo a partir de que las autoridades sanitarias retiren las restricciones para la celebración de eventos con más de 50 participantes.

Dice que a partir de que el Poder Ejecutivo lo decida, el primer sábado se llevará a cabo la instalación de la comisión de elecciones, en el segundo sábado la asamblea para ver quiénes reúnen los requisitos para ser candidatos, y el tercer sábado “las elecciones y toma de protesta del nuevo comité directivo”.

En opinión de algunos barristas, al haber concluido el periodo para el que fue electo el consejo directivo 2018-2020, “la institución se encuentra acéfala en su consejo directivo así como en su comisión de honor y justicia por lo que los asociados tendrán que reunirse y nombrar un consejo directivo interino mientras dura la contingencia y una vez  concluida convocar a elecciones de manera pacífica y en ambiente armónico”.

Veremos a quién dirige Rubén Jasso la invitación a acudir al TSJ para sostener una reunión como la de ayer, toda vez que, de acuerdo a algunos barristas, Christian Iván Velasco Alcoser ya no es el presidente de la agrupación de abogados con mayor representatividad en el estado, además de que su imagen pública está por los suelos tras ser denunciado por diversos delitos en Cuautla.

El aludido, Cristhian Iván Velazco Alcoser, envió su réplica, misma que a continuación publicamos en forma textual:

Haciendo uso de mi derecho de réplica, manifiesto qué es la amistad y compadrazgo que une a Jesús castillo quién es el columnista de este periódico, con un expresidente que fue antagónico de esta administración, no tiene porqué hablar sin sustento, ya que nuestras asambleas ordinarias son privadas y el columnista nunca estuvo presente en ninguna de nuestras asambleas ordinarias, debe de resaltarse que nunca la asociación denominada Barra de abogados del estado de Morelos cuál presido, había tenido un crecimiento tan grande en sus finanzas  y llegar a alcanzar por primera vez llega a tener más de $340,000 en tesorería en 45 años, cada mes se presentaron en el informe de actividades más de 22 actividades cada mes,  contamos con el programa YouTube que se creó en este periodo de directiva, diálogos de la barra de abogados con la unión de Morelos, se estableció las conmemoraciones del día internacional mujer en las 2 delegaciones y  zona metropolitana, se trabajo en la iniciativa de la ley de participación ciudadana, se apoyó en foros para la socialización de dicha ley, se creó el registro como una de las únicas tres asociaciones que cumplieron los requisitos ante la Fiscalía General del Estado, por primera vez se cumplieron con todas las asambleas ordinarias que están establecidas en nuestro estatuto incluyendo las de diciembre, se trabajo en las diversas actividades del Tribunal Superior de Justicia con la obra de teatro expediente León, Reuniones de trabajo con los jueces señalando las deficiencias que envían poder judicial y haciéndolo de manera propositiva y respetuosa, se realizaron rueda de prensa, se llevaron a cabo actividades en las dos Delegaciones y la zona metropolitana, por primera vez el convenio y congreso Internacional con la federación internacional abogados, con que calidad califica como una de las peores en la historia denostando, cuando él no pertenece a la asociación, no puede haber arranques dictatoriales como él dice ya que todo debe de ser aprobada y propuesto en la asamblea ordinaria mensual o aprobado por la mesa directiva de manera democrática, no puede hacer un señalamiento sin haber estado presente en las asambleas de la Barra de abogados, en redes sociales es conocido en todo momento el trabajo que se realizó durante la gestión por parte de nosotros como mesa directiva (2018-2020) atentamente Licenciado y Contador Público Cristhian Ivan Velazco Alcoser, presidente de la Barra de abogados del estado de Morelos (2018-2020).

HASTA MAÑANA.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a nivel federal se crearon diversos órganos que tuvieron que ser replicados a nivel estatal, pero que a la larga están representando más gastos que beneficios, y que ahora con la pandemia todos están en crisis y a punto de colapsar.

Un caso emblemático es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que desde su nacimiento tiene problemas económicos pero que con la pandemia, casi el 60% del personal perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles.

Funcionarios de la propia comisión dieron a conocer que se notificó a más de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos. Además, no hay recursos para pagar ni la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país. Por ende, tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 víctimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.

Incluso, al no haber dinero para mantener sistemas informáticos, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.

“La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, advirtió el organismo en un comunicado.

La CEAV reconoce que este nivel de afectación tiene su origen en el mal diseño con el que fue construido el organismo hace unos años. Se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, donde la gran mayoría de sus servicios son subcontratados y donde dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsourcing”.

Debido a esto, la nómina de esos colaboradores, las rentas y servicios esenciales se cubren justamente con las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que el gobierno decidió recortar a un 75%. La Comisión subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.

“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, dijo la CEAV.

Algunas de las consecuencias que traerá consigo este recorte al presupuesto del organismo son los siguientes:

*La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.

*No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.

En Morelos su similar se denomina Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, y su principal función es repararle el daño a las personas que han sido víctimas de un delito, y que no hay quien se haga cargo de ello. Es decir, que asume la responsabilidad del victimario, si es que éste no tiene dinero para hacerlo.

Recordemos que inicialmente este organismo tenía cinco comisionados y una coordinadora ejecutiva que desde su creación es Nadxieelii Carranco Lechuga. Los comisionados eran Norma Delgado Díaz, Angélica Rodríguez Monroy, Concepción de la Rosa Bernal, Penélope Picazo Hernández y Juan Carlos Morales Figueroa.

La ley de víctimas (por la que Graco Ramírez le pagó cinco millones de pesos al ex juez Baltasar Garzón), no establecía con claridad cuáles eran las funciones específicas de los comisionados, así que prácticamente los dejaba a su gusto personal de cada quien.

Así, tenemos desde las comisionadas que hacían más de lo que la ley les concedía, convirtiéndose prácticamente en asesoras jurídicas de las víctimas (tal es el caso de Norma Delgado y Angélica Rodríguez); las que hacían solamente lo que la legislación dice (Penélope Picazo y Concepción de la Rosa) y el que no hacía más que asistir a las sesiones y los días de quincena (Juan Carlos Morales, pariente político de Olga Durón, la primera esposa de Graco).

En un evento al que asistió Elena Cepeda, esposa del entonces gobernador, dijo que los comisionados no deberían cobrar porque no hacían nada, y que la única que trabajaba era la coordinadora ejecutiva. Y su voz fue profética: pocos meses antes de concluir el sexenio, los diputados reformaron la ley y desaparecieron la figura, conservando a Nadxieelii Carranco Lechuga en su cargo.

Extrañamente, a pesar de que “Nad” es una de las personas más cercanas a Graco Ramírez y Elena Cepeda, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas la ha mantenido en el cargo en la presente administración “nadando de a muertito”, lo que le ha servido para mejorar sustancialmente su nivel económico.

Recuérdese que en el sexenio de Graco Ramírez los recursos financieros los movía Jorge Michel Luna a su antojo o según se lo requiriera el gobernador. De ahí que tuvieron que pasar dos años para que la CEARV pudiera emitir el primer pago para indemnizar a una víctima.

La CEARV  tiene un presupuesto de poco más de ocho millones de pesos, pero la mayor parte se le va en pago de salarios y en la renta del inmueble que ocupan en la avenida Galeana. 

Su página de internet está caída y en su “fanpage” de Facebook sólo replican información del gobierno estatal.

Su último post propio fue del 21 de mayo a las 13:28 horas, para informar que a Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas #Morelos la Lic Nadxieelii Carranco Lechuga, junto con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado, sostienen reunión de trabajo para dar seguimiento a casos de personas en situación de víctima. Así mismo, durante la reunión se llevó a cabo la revisión e integración de la documentación necesaria para llevar a cabo Sesión Ordinaria 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos”.

Y en la misma situación están otros organismos de reciente creación como es la Comisión de Búsqueda de Personas y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de los que hablaremos en entregas posteriores.

HASTA EL LUNES.

Que nos disculpen las diputadas y diputados de la actual legislatura, pero sus antecesores nos dejaron acostumbrados a que cuando iban a “robar” sesionaban en la madrugada, en un lugar diferente al recinto legislativo y sin público, por eso es que ahora, cuando los vimos llegar al Congreso con el rostro cubierto todos pensamos: “Estos salieron peores”.

Aparentemente, ayer en la madrugada lo único que hicieron los legisladores fue dar marcha atrás a aquella ocurrencia de Rodrigo Gayosso, quien ya pensaba como futuro gobernador y estaba preocupado porque no le iba a alcanzar el dinero para comprar (otra vez) a 30 diputados, por lo que dispuso que se redujeran a 20, y modificó la ubicación de los distritos a su conveniencia.

La reforma constitucional aprobada ayer en la madrugada pretende eliminar la mayoría calificada para la creación de una ley o decreto, que sólo necesitará la votación nominal de la mayoría simple del total de las y los diputados integrantes de la legislatura y sólo para la aprobación de una reforma a la Constitución se requerirá el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

Pero volvemos a lo mismo: fue aprobada por 13 votos.

De igual forma, el Partido Encuentro Social (PES) propuso reformar la Constitución y permitir que "los partidos políticos nacionales que habiendo participado en una elección anterior obteniendo el umbral de votación en el Estado y hayan optado por su registro local, no serán considerados de nueva creación, respetándose su antigüedad y pudiendo fusionarse o incorporarse con uno o más partidos locales o nacionales".

Lo anterior es lo único donde vemos que el partido en el poder pretende sacar ventaja.

De ahí en fuera la Reforma Político Electoral y de Violencia Política por Condición de Género no tiene mayor trascendencia, y además, todavía falta lo que digan los Ayuntamientos. Pero conociéndolos, van a pedir “moche” por la aprobación y los van a mandar muy lejos, al cabo que aplica la “positiva ficta”.

La modificación al marco jurídico electoral incrementa solo cuatro diputados para garantizar la atención ciudadana y hacer eficiente la redistritación, “dejando claro que esto no significa la ampliación del presupuesto del Poder Legislativo”, dice el boletín del Congreso. No hay ampliación porque nunca hubo reducción. Aun así, salen ganando porque seguirán gastando como si fueran 30 legisladores.

Se aumenta de 12 a 16 Distritos de Mayoría Relativa, lo que le facilitará las cosas a los alcaldes que pretendan ser diputados. 

Seguirán ocho diputados de Representación Proporcional, sólo que ahora se elegirán cuatro por la Lista A, que es la lista tradicional de los Partidos y otros 4 de la Lista B, que son los candidatos que obtuvieron las votaciones más altas de sus propios partidos. Esto permitirá que cuatro diputados que fueron por la ciudadanía de manera directa lleguen a la Cámara, lo que beneficia a los presidentes municipales que buscarán la diputación.

Las presidentas o presidentes municipales, síndicas o síndicos y regidoras o regidores de los ayuntamientos, por elección directa podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de gestión consecutiva.

El número de regidores en cada municipio no se modifica, pero en Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, dos serán electos por el principio de mayoría relativa en la fórmula de la presidencia municipal y sindicatura, y uno lo será por este principio en los municipios de Ayala, Emiliano Zapata, Temixco, Xococotla, Yautepec, Axochiapan, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Al sector femenino por fin se le hizo justicia: la reforma considera como violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, entre otras, las siguientes conductas: obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres.

También, proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

Y por si fuera poco, considera impedimento para ser candidato a un cargo de elección popular el haber sido condenado en una sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, la reforma político electoral sienta las bases para que los partidos políticos garanticen a la ciudadanía indígena su participación en los procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular de diputados y diputadas, y los ayuntamientos, a través del sistema de partidos políticos, respetando sus tradiciones, usos y costumbres, y observando el principio de paridad de género.

Pero, más allá de lo evidente, habrá que hurgar en lo que pasó “tras bambalinas” en esa madrugada. ¿A cambio de qué dieron su voto las diputadas y diputados que ya conocemos que “no dan paso sin huarache”?

¿Qué paso con las siete diputadas progresistas que permanecieron unidas hasta que sus intereses económicos las separaron? ¿Será cierto que las respectivas esposas de Julio Yáñez y Matías Quiroz siempre votan en pareja?

Y la más importante: ¿Quién lleva las riendas en ese Congreso que a veces pareciera un barco sin capitán que navega a la deriva según las corrientes externas y las conveniencias de cada diputado?

El presente periodo ordinario de sesiones prácticamente ha llegado a su fin, y si hacemos un análisis numérico de las leyes que se han aprobado y lo que le ha costado al erario sostener a ese congreso, llegaríamos a la conclusión de que estamos frente a la peor legislatura de la historia.

HASTA MAÑANA.

La voz de alarma la puso el abogado Enrique Paredes Sotelo: “los litigantes de Morelos estamos quebrados o al borde de la quiebra porque los tribunales y la Fiscalía están cerrados”.

A través de un video, el ex presidente del Colegio de Abogados explicó que desde el 16 de marzo pasado unos 10 mil abogadas y abogados permanecen sin la posibilidad de realizar movimientos en los expedientes de sus clientes, mismos que se encuentran desesperados, pero es peor en el caso de quienes están en prisión preventiva en espera de una sentencia.

Ayer hubo respuesta a su petición. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz se reunió con representantes de diferentes organizaciones de abogados de la región oriente de Morelos para informarles sobre las acciones tecnológicas que está emprendiendo su administración, para buscar resarcir en la medida de lo posible la suspensión de  labores jurisdiccionales que dispusieron nuevamente los integrantes del Pleno durante el periodo comprendido del uno al treinta de junio debido a la contingencia sanitaria que se mantiene en nuestra entidad por la pandemia del covid-19.

“Hemos iniciado una serie de reuniones con abogados, lo vamos hacer en todo el estado, para hacerles de su conocimiento la situación actual que guarda del Tribunal Superior de Justicia respecto a la pandemia que tenemos en el estado”, resaltó el titular del Poder Judicial en Morelos. Siguiendo los protocolos de sana distancia, los representantes de los justiciables hicieron algunas peticiones y observaciones al titular del Poder Judicial en Morelos que pudieran mejorar la administración de justicia en los distritos de esta región de la entidad.

Por su parte, Jasso Díaz informó que el equipo de sistemas del TSJ ya trabaja en las pruebas finales por lo que en breve podrá implementarse un “Portal de Citas” para que los abogados puedan ingresar sus demandas, pero primero se tiene que hacer un “tutorial” muy claro y específico, a través del cual podrán hacer un uso adecuado de esta herramienta tecnológica.

“Estamos trabajando en muchas cuestiones electrónicas para que apoyemos a los abogados en este momento, para que puedan presentar sus demandas, es el primer paso, para posteriormente ver cómo podemos agilizar los procedimientos una vez que se haya levantado la pandemia o hemos iniciado parcialmente las actividades”, aseveró.

El problema es que nadie sabe con qué abogados se reunió el recién electo presidente del Tribunal, pues fue un encuentro privado y en las fotos que se difundieron los participantes se encuentran cubiertos del rostro. Según se pudo investigar, se trata de representantes de la Asociación de Abogados de Cuautla A.C. la Barra de Abogados Delegación Cuautla  y la Sociedad Única de Abogados Mutualistas.

La promesa es que en los siguientes días se estará invitando a las agrupaciones de la región sur y de la capital y su zona metropolitana.

Aunque no lo dice, Rubén Jasso tiene una doble intención con estas reuniones: que los abogados se enteren de que no está con los brazos cruzados mientras ellos ven cómo pasan los días y los tribunales siguen cerrados, pero también busca congraciarse con el gremio de los litigantes, tras su polémica elección con el voto de la mitad de los integrantes del Pleno.

Ya el presidente de la agrupación denominada “Foro Morelense de Abogados”, Pedro Martínez Bello, y el gurú de un buen número de abogados, Cipriano Sotelo Salgado, le advirtieron que no lo van a reconocer como presidente del TSJ. Ya era del dominio público que ellos estaban con Carlos Iván Arenas Ángeles o quien candidateara la fracción “disidente”.

Sin embargo, el resto de las agrupaciones no han emitido pronunciamiento alguno. En honor a la verdad, el gremio de los litigantes atraviesa por una crisis de liderazgo, y eso beneficia a los tres poderes del estado.

En la Barra de Abogados todavía es presidente Christian Iván Velasco Alcoser, pero si no se hubiera atravesado la pandemia ya se estuviera llevando a cabo el proceso de renovación de la dirigencia. La gestión de Velasco Alcoser pasará a la historia como una de las peores, ya que de lo que más se acordarán los miembros de la Barra es de las álgidas discusiones durante las sesiones mensuales y de sus arranques “dictatoriales”.

En este caso la pandemia sí le quedó “como anillo al dedo” al dirigente de los barristas, pues debía emitir la convocatoria para las asambleas de abril (instalación de la comisión de elecciones), mayo (asamblea de depuración) y junio (asamblea de elecciones).

Sin embargo, emitió una circular con fecha 29 de mayo en la que informa que el proceso de renovación se llevará a cabo a partir de que las autoridades sanitarias retiren las restricciones para la celebración de eventos con más de 50 participantes.

Dice que a partir de que el Poder Ejecutivo lo decida, el primer sábado se llevará a cabo la instalación de la comisión de elecciones, en el segundo sábado la asamblea para ver quiénes reúnen los requisitos para ser candidatos, y el tercer sábado “las elecciones y toma de protesta del nuevo comité directivo”.

En opinión de algunos barristas, al haber concluido el periodo para el que fue electo el consejo directivo 2018-2020, “la institución se encuentra acéfala en su consejo directivo así como en su comisión de honor y justicia por lo que los asociados tendrán que reunirse y nombrar un consejo directivo interino mientras dura la contingencia y una vez concluida convocar a elecciones de manera pacífica y en ambiente armónico”.

Veremos a quién dirige Rubén Jasso la invitación a acudir al TSJ para sostener una reunión como la de ayer, toda vez que, de acuerdo a algunos barristas, Christian Iván Velasco Alcoser ya no es el presidente de la agrupación de abogados con mayor representatividad en el estado, además de que su imagen pública está por los suelos tras ser denunciado por diversos delitos en Cuautla.

Se espera que en los próximos días se reúnan los expresidentes de la Barra para decidir cómo salir de este embrollo en que nos metió a todos la famosa epidemia del coronavirus.

¿Y las demás agrupaciones? Como si no existieran.  Sus dirigentes se tomaron muy en serio lo de quedarse en su casa y permanecen escondidos mientras los litigantes ya se terminaron todos sus ahorros y ya no saben qué decirle a sus clientes.

HASTA MAÑANA.