Después de la presentación del programa integral de seguridad universitaria —que incluyó un informe de la situación legal de los dos feminicidios—, el grupo de estudiantes que mantiene tomadas las instalaciones del Campus Chamilpa ya no cuenta con argumentos para continuar su movimiento, a menos que admitan que lo que realmente quieren es la renuncia de la rectora Viridiana León Hernández.

El documento titulado Plan Integral de Seguridad Universitaria plantea una estrategia para fortalecer la seguridad en las instituciones de educación superior del estado de Morelos mediante acciones coordinadas entre las universidades y el gobierno estatal. El plan se estructura en dos ejes estratégicos: infraestructura de seguridad y prevención y bienestar, con el propósito de mejorar las condiciones de protección para la comunidad universitaria y atender las causas sociales de la violencia.

El primer eje, denominado Infraestructura de Seguridad, busca reforzar las condiciones materiales de seguridad en los espacios universitarios y sus alrededores mediante tecnología de vigilancia, presencia institucional, mejoras en la infraestructura urbana y monitoreo coordinado con el sistema de seguridad estatal. Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de nueve módulos de seguridad para monitoreo permanente en distintos puntos de los campus universitarios, especialmente en el Campus Chamilpa y en otras sedes académicas del estado. Cada módulo contará con personal de guardia, radiocomunicación y enlace directo con el sistema de videovigilancia institucional y con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana de Morelos.

El plan contempla también la asignación de veinticuatro elementos de la Policía Bancaria e Industrial del estado, quienes se distribuirán entre los módulos de seguridad para realizar patrullajes en accesos y zonas cercanas a los campus, atender emergencias reportadas por estudiantes, coordinar protocolos de seguridad con el C5 y participar en operativos durante eventos académicos, culturales o deportivos.

Asimismo, se prevé la instalación de dos arcos de seguridad vehicular equipados con cámaras de reconocimiento automático de placas y conexión con el Registro Público Vehicular, lo que permitirá detectar vehículos relacionados con robos u otras alertas delictivas en los accesos más concurridos, particularmente en las puertas principales del Campus Chamilpa.

Eso es mucho más de lo que han venido pidiendo los diferentes grupos de estudiantes en sus pliegos petitorios. El documento, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Miguel Ángel Urrutia Lozano, no deja un solo resquicio, lo que no significa una garantía 100% de que no habrá delitos. Eso es imposible, sobre todo porque algunos delitos son cometidos por gente cercana a la víctima que ni asignándole un guardia a cada estudiante se podría evitar.

Pero además, contempla acciones de prevención que involucran a toda la comunidad estudiantil, e incluso actividades culturales por aquello de que los estudiantes delinquen o se drogan por falta de opciones para entretenerse.

Con todo lo anterior podríamos decir que el gobierno estatal ya cumplió con su parte. La Fiscalía —desde nuestro punto de vista— actuó con una eficiencia “quirúrgica”, dando información en el tiempo preciso y en la cantidad necesaria, evitando una revictimización mediática que hubiese sido fatal.

El secretario de Gobierno salió también en los momentos necesarios para dar una muestra palpable de que nunca hubo vacío de autoridad. Su gran mérito fue no haber dejado espacio para que la gente se sintiera intranquila con la que se esperaba como “la madre de todas las marchas”. A las 2:45 de la tarde salió a los medios a decir: “saldo blanco en la marcha del 8 de marzo”.

El secretario de Seguridad trabajó hasta muy entrada la noche (nos consta) para evitar que se tergiversara la información sobre el protocolo de actuación policial en manifestaciones.

 Ahora corresponde a la comunidad universitaria resolver su conflicto político, y cuando hablamos de comunidad universitaria nos referimos a los tres grupos en que están divididos los estudiantes: los que apoyan a la rectora, los que quieren que se vaya, y a los que les da igual, ellos sólo desean terminar una carrera.

En ese escenario la gran perdedora se llama Adriana Guadarrama, la todavía presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), que ha quedado en medio del conflicto: la repudian los radicales, a la gran mayoría le da lo mismo si se va o se queda, y el grupo encabezado por Pablo Tamez (presidente del CESA de Contaduría), que lideró la “contramarcha” en favor de la rectora, ayer también la desconoció.

De hecho, estudiantes nos comentan que Adriana llegó al cargo no por su liderazgo sino por circunstancias del destino:

“Adriana estudió Ciencias Políticas en la UAEM; es ahí donde conoce a integrantes de la FEUM cuando el presidente era César Mejía, entablando amistad con algunos, tales como Hannia López, a quien apoyaría en su proyecto de sustituir a Cesar en la presidencia de FEUM, sin embargo, tras causar baja administrativa por inasistencias en sus clases, Hannia quedaría incapacitada para contender por la FEUM, proponiéndole a Adriana tomar su lugar en el proyecto. Es aquí donde la presenta con Alan Dupré, quien la apoya para llegar a la dirigencia estudiantil y después la presenta con la entonces candidata Margarita González Saravia”.

Hoy, Adriana atraviesa por un momento difícil no solamente porque una gran parte del estudiantado le pide que renuncie, sino también porque la alcanzó un desagradable episodio que tiene que ver con la actividad religiosa de su padre, al que incluyeron en “el tendedero” de acosadores el pasado domingo en el zócalo.

De igual forma, el eterno dirigente de los trabajadores académicos, Mario Cortés, también enfrenta un conflicto al interior de su gremio, pero nadie lo dice porque le tienen miedo. Ya lleva 20 años al frente del SITAUAEM, y en octubre se verá si lo ratifican o lo cambian.

La gobernadora Margarita González Saravia es una mujer de lealtades, sin embargo, eso no significa que deba apoyar incondicionalmente al grupo universitario que la ayudó a llegar al cargo pero que cada vez que puede le hace notar que se los debe.

Viridiana León Hernández no debe esperar a que la gobernadora le venga a resolver sus problemas pues ella cuenta con un equipo calificado de asesores, incluyendo un ex presidente de la FEUM y un ex secretario de Educación en la entidad, además de un asesor externo en materia de comunicación que acaban de contratar.

HASTA MAÑANA.