Habrá de disculpar el general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, José Luis Bucio Quiroz, que tengamos nuestras reservas respecto al desempeño de los militares en tareas de seguridad pública, pero las últimas tres décadas hemos tenido bastantes malas experiencias con los mandos castrenses, sobre todo aquellos que ya están cercanos al retiro por edad avanzada.
Esperamos que el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sea la excepción, y que Morelos deje de ocupar los primeros lugares de homicidios y feminicidios, así como la extorsión. Sin embargo, dice el dicho que “la burra no era arisca, la hicieron a palos” y los morelenses hemos tenido muchas razones para desconfiar de los generales.
Recordemos que ya tuvimos a un general de Gobernador, Jorge Carrillo Olea, quien puso en las áreas de Seguridad Pública a sus amigos: los capitanes José Abraham Mejía, Cuauhtémoc Torga Rivera y Juan Manuel Ariño Sánchez. El primero en dejar el cargo fue éste último, acusado de asesinar a sangre fría a un ciudadano de Tepoztlán llamado Marcos Olmedo; los demás se fueron retirando poco a poco hasta que el propio Carrillo Olea terminó pidiendo licencia faltándole dos años para concluir su mandato.
Sergio Estrada no ocupó militares para su gabinete, pero su sucesor Marco Adame Castillo sí lo hizo. Primero ratificó a Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien si bien es cierto no era militar, todo lo que hizo se lo debía a su padre, un general del mismo apellido y, tras la detención de Cabeza de Vaca, Adame nombró (suponemos que por recomendación del entonces presidente Felipe Calderón), al general Gastón Menchaca.
A Menchaca lo recuerdan en la Secretaría de Seguridad Pública como un anciano que se dormía en las reuniones de trabajo y que le gustaba ver telenovelas. Fue sustituido por otro general al que le apasionaban los caballos: Gilberto Toledano.
Graco Ramírez prefirió a civiles para las labores de Seguridad Pública. Primero la abogada Alicia Vázquez Luna y luego el también litigante Alberto Capella, quienes tampoco pudieron hacer mucho por los morelenses.
Así llegamos al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien no quiso meterse en problemas y dejó que el secretario de Marina designara al comisionado del ramo, Antonio Ortiz Guarneros, llenándose las oficinas de Torre Morelos de marinos, la mayoría de ellos veracruzanos. Había un destacamento de elementos de SEMAR comisionados al estado de Morelos, pero en lugar de trabajar por la seguridad de Morelos se dedicaron a extorsionar delincuentes.
Una fuente interna de la SSPC nos confió que los marinos implementaron una estrategia para tratar de que les siguieran dejando esa corporación: apostarle todo a la candidata Margarita González Saravia.
Así, desde que era sólo candidata, recibió trato de gobernadora, y la oficina de Guarneros diariamente le mandaba un reporte de las incidencias, incluyendo cuestiones políticas. Realmente fue una decepción la que nos llevamos con los marinos, pues ciertamente la SEMAR es una de las instituciones con mayor credibilidad en este país.
En esta columna dimos “santo y seña” de cómo se enriquecieron varias personas provenientes de Veracruz, tanto hombres como mujeres, al poner tiendas (casinos le llamaban) en las instalaciones de Torre Morelos y de la Academia de Policía; y pedir “moche” de las gratificaciones que el gobierno les daba por actividades de riesgo.
El primero de octubre del 2024 toma protesta como titular de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (antes Comisión Estatal de Seguridad Pública), el entonces desconocidísimo licenciado en informática Miguel Ángel Urrutia Lozano, recomendado directamente por la presidencia de la República.
Debemos confesar que tomamos con escepticismo su nombramiento, dado que su trayectoria profesional era de oficina, no operativo, además de que no conocía Morelos. Sin embargo, con el paso de las semanas nos sorprendió con sus conferencias quincenales en las que exponía las detenciones realizadas en flagrancia de sujetos generadores de violencia.
También, su capacidad de responder a cualquier pregunta que le hicieran sin perder los estribos, y que siempre atendió a los compañeros corresponsales a cualquier hora que le hablaran.
¿Qué fue lo que hizo mal Urrutia? Se lo escribimos en varias ocasiones en este mismo espacio: cuando tenía información de que alguna persona estaba relacionada con algún jefe de la delincuencia organizada, lanzaba la orden: “Tráiganmelo a como dé lugar”.
Y eso ocasionó que sus elementos, en aras de cumplir sus órdenes, no cuidaran las formas y cometieran errores garrafales. La mayor de sus pifias fue la detención del expolicía municipal apodado “El Belicón”, al que fueron a sacar de su casa a plena luz del día y justificaron su detención con una llamada al 911 que quedó registrada cuando el vendedor de elotes (y hasta un vecino que andaba paseando su perro) ya estaba detenidos.
Urrutia decía con tanto convencimiento que “el belicón” encabezaba las extorsiones y la venta de drogas en todos los tugurios de la Avenida Universidad, que cuando lo soltaron estábamos seguros que pronto lo volverían a agarrar. Pero no, el hombre sigue vendiendo sus elotes, y nunca le pudieron comprobar nada.
Luego vino lo del abogado Froylán Salazar, cuyo caso expusimos ayer miércoles, en el que nuevamente recurren al viejo cuento de que recibieron una llamada de auxilio en el interior de un establecimiento de autolavado ya que había una persona alterando el orden. Que justo cuando llegaban el hombre rompía la cinta amarilla y se ponía a insultar a los uniformados, haciendo la finta de tratar de sacar un objeto de una bolsa de las conocidas como “mariconeras” y es cuando lo someten, haciéndole una revisión hasta encontrarle una pistola, 10 bolsitas de polvo blanco y dos pastillas de metanfetaminas. Eso es todo. No hay ninguna otra prueba ni testimonio que no sea de los tres fulanitos.
La jueza no dio vista al Ministerio Público porque explicó en su resolución que, si bien se ve en el video aportado por la defensa que le meten algo a la bolsa del abogado, tampoco se puede distinguir que sea una pistola y drogas, pero sí fue suficiente para acreditar que los uniformados mintieron, por lo que decretó su absoluta libertad.
La salida de Urrutia está llena de contradicciones, y quizás nunca sepamos qué fue lo que realmente ocurrió. El hecho es que ya no está y que en su lugar llega un general del Ejército que ya demostró que no le gusta la prensa, pues ayer su toma de protesta fue en privado y tampoco aceptó ser entrevistado al finalizar la ceremonia. Mala señal.
HASTA MAÑANA.


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