El de Froylán Salazar no fue el primer caso de un abogado detenido por ejercer su profesión, ni tampoco el único en el que el gremio de los profesionistas del derecho se unió para defenderlo de las autoridades. A finales de 2003, siendo gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez y procurador de Justicia el abogado civilista Guillermo Tenorio Ávila, un litigante de nombre Armando Gutiérrez fue detenido por la Policía Ministerial bajo las órdenes del temible Agustín Montiel López.

El abogado mencionado representaba a una de las partes en un juicio familiar en el que padre y madre se disputaban la guarda y custodia de una menor, pero la señora era amiga del gobernador así que no faltó un agente del Ministerio Público que le propusiera al procurador fincarle el delito de extorsión al litigante.

Raudo y veloz, el famoso jefe de la Policía Ministerial le ordenó a sus elementos que fueran por ese abogado, al que localizaron desayunando en un restaurante del centro de Cuernavaca acompañado de su esposa. Se lo llevaron a empujones hasta subirlo a un coche sin logos ni número económico que utilizaban para “campanear” gente, mientras su esposa —también abogada de profesión— hablaba por teléfono a sus compañeros de generación para narrarles lo sucedido.

Con lo que no contaba Guillermo Tenorio y Agustín Montiel era que Armando Gutiérrez era de la misma generación de la Escuela de Derecho de Carlos de la Rosa Segura, quien se llevó a todo su despacho a intentar rescatar a su compañero de los separos de la Policía, en la antigua Procuraduría de Justicia, ubicada en la avenida Zapata. Ya en las instalaciones se sumaron algunos litigantes movidos por una genuina solidaridad, a sabiendas de que alguna vez ellos podrían ser los detenidos.

Así, una docena de litigantes se dirigieron a la reja principal que permitía el acceso a las oficinas del procurador, subprocurador y jefe de la Policía, donde ya los esperaban dos elementos de la corporación que inmediatamente cerraron la reja corrediza.

En un descuido, Carlos de la Rosa abrió las rejas e intentó meterse al grito de “este es un lugar público”. Pero así como entró así salió, repelido por los dos gorilas que no querían enfrentarse a la furia de su jefe cuando no cumplían sus órdenes.

El sainete fue capturado por la videocámara del reportero Mario Tamez que hacía guardia todos los días en los patios de la Procuraduría, así que la escena fue rápidamente difundida, lo que provocó la indignación del gremio y en general de la sociedad. En ese tiempo Carlos de la Rosa presidía la Barra de Abogados, organización que le dio todo el apoyo, uniéndose a la causa Enrique Paredes del Colegio de Abogados y Cipriano Sotelo, de la naciente Asociación de Abogados Penalistas, entre otras organizaciones.

Sobra decir que el Ministerio Público consignó la averiguación previa, pero ya en terrenos del Poder Judicial, los abogados pudieron convencer al juez en turno de que los abogados sólo cumplen con su trabajo al interponer recursos o buscar una conciliación entre las partes. Armando Gutiérrez salió libre por falta de elementos y actualmente continúa con su actividad jurídica.

Lo que comenzó como un pleito entre abogados y policías, desencadenó en un conflicto político de mayor envergadura. Carlos de la Rosa buscó el apoyo del Congreso Local y el 3 de mayo del 2004 los partidos de oposición representados en la Cámara de Diputados acordaron iniciar el proceso de juicio político en contra del gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

El gobierno panista tuvo que comprar un voto, el del diputado priísta Gustavo Rebolledo, de Zacatepec, para que no se completaran los 20 votos que se requerían para declarar incoado el juicio político. Pero esa es otra historia.

La pugna entre policías y abogados es eterna. Los jefes policiacos se quejan de que los abogados son cómplices de la delincuencia al igual que algunos jueces, pero nunca han podido demostrarlo. Tarde o temprano se van, y los abogados aquí siguen.

El último episodio de este enfrentamiento histórico fue hace algunos días, cuando un litigante de nombre Froylán Salazar fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un autolavado de la Calzada de los Reyes, donde —según la versión inicial— brindaba asesoría jurídica a un cliente durante un operativo.

Días después de la detención, comenzó a circular un video de aproximadamente seis minutos y medio en el que se observa al abogado sometido contra una pared mientras intervienen policías y personas vestidas de civil. Para el gremio, ese material evidenciaba inconsistencias con el informe policial homologado, particularmente en el momento en que se reporta el aseguramiento de un arma y presuntos narcóticos.

La reacción fue inmediata. En conferencia de prensa en Cuernavaca, un grupo de alrededor de 20 abogados penalistas —entre ellos Cipriano Sotelo, Enrique Paredes, Cristian Fragoso y Gibrán Haro— advirtió que el caso podría encuadrar en prácticas de fabricación de delitos.

“Si esto le pasa a un abogado, ¿qué le puede pasar a un ciudadano? Es un montaje policial”, sostuvo en ese momento Víctor Javier Hernández Vega.

Los litigantes señalaron que el informe policial describe un escenario distinto al que se observa en el video: mientras el parte refiere la intervención en una escena del crimen con aseguramiento de droga y arma, las imágenes —según su lectura— muestran al abogado llegando a brindar asesoría y siendo interceptado sin flagrancia.

También apuntaron a la intervención de una persona vestida de civil que manipula una riñonera del detenido antes de que se reporten los objetos asegurados, lo que, a su juicio, sostiene la hipótesis de la siembra de evidencia.

En un hecho sin precedentes, los mismos abogados que participaron en la conferencia de prensa, actuaron como sus defensores particulares en la audiencia de vinculación que encabezó la jueza Yaredi Montes.

Tras 8 horas de debate, la jueza determinó que no hay elementos para sostener los delitos que la Fiscalía le imputa al abogado, por lo que ordenó su inmediata libertad.

Cuestionada por nuestra compañera Tlaulli Preciado sobre este tema en su conferencia de prensa semanal, la gobernadora Margarita González Saravia contestó:

“Bueno yo creo que cuando… este… se pronuncian los abogados pues hay que entender que ellos están en una posición la cual yo no comparto en lo absoluto… y creo que… pues están defendiendo una persona que tiene bastantes elementos delincuenciales…”.

HASTA MAÑANA.