La lamentable coincidencia de que dos mujeres jóvenes que estudiaban en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hayan aparecido muertas con diferencia de tres días, le agrega un ingrediente especial a la conmemoración del ocho de marzo, que debe ser analizada desde diferentes enfoques.
Por principio de cuentas hay un hartazgo generalizado por el asesinato de personas en las últimas dos décadas (algunos le echan la culpa a Calderón, otros a AMLO) y las estadísticas de que hay una disminución no se lo cree nadie, sobre todo porque la llamada Cuarta Transformación es experta en ajustar las cifras a su conveniencia.
Así, los 120 mil muertos del panista, los 156 mil del priísta y los 201 mil de López Obrador, además de los 54.7 homicidios diarios en los primeros meses del nuevo gobierno (con una supuesta reducción del 37%), hacen de este país un cementerio. La mayoría son hombres, pero ese 10% de casos en los que las víctimas son mujeres, causan mayor impacto porque se supone que el género femenino debe ser respetado incluso por los más desalmados asesinos pues “ellos también fueron traídos al mundo por una mujer”.
A ese contexto, agréguele cuando se trata de jóvenes que apenas van comenzando a vivir —casi niñas—, que asisten a una institución de educación superior con la ilusión de terminar una carrera. No nos cabe en la cabeza que haya seres que atentan contra la vida de estas criaturas.
Sin embargo, la realidad es que la sociedad está enferma. Desgraciadamente las drogas están cada vez más cerca de nuestros hijos y son altamente adictivas. Los grupos del crimen organizado, alentados por la política de “abrazos, no balazos”, y la orden de respetar a los delincuentes “que también son seres humanos” terminaron por apoderarse de ciudades enteras, sembrando el terror entre comerciantes y campesinos.
No solamente es lamentable que haya dos estudiantes universitarias asesinadas, es inaceptable que todos los días sepamos de mujeres que aparecen muertas en todos los municipios de la entidad morelense. Saber que en muchos de esos casos se sabe quién fue el autor del feminicidio, y que en algunos —como en el de Kimberly— hay un presunto responsable detenido, no es un consuelo.
Sin embargo, tampoco vamos a resolver nada destituyendo a funcionarias y funcionarios.
Es comprensible el enojo de los jóvenes estudiantes y no estudiantes. Debemos ser tolerantes con sus expresiones cada vez más violentas, pero hay un límite.
Sobre todo, cuando hay personas siniestras que están tratando de sacar raja política o hasta económica con estos lamentables hechos. ¿Qué ganarían con la renuncia de la rectora? Ni con la renuncia de todo el gabinete universitario se les devuelve la vida a estas dos jovencitas.
Ahora bien, con la desaparición de Kimberly y las posteriores movilizaciones de estudiantes, salió a relucir problemas como las inconformidades de alumnas en la Facultad de Medicina, el acoso de profesores en prácticamente todos los centros escolares, la proliferación de vendedores de drogas y hasta indicios de corrupción en la contratación de los servicios de seguridad privada.
Y como si no fuera suficiente con todo esto, estamos a unas horas de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, que tradicionalmente ha servido para que las personas del sexo femenino descarguen todo su coraje en contra de la sociedad.
En los últimos años, en la capital del país y en diferentes ciudades de la República, se ha hecho costumbre que el 8 de marzo las llamadas feministas causen destrozos. Nadie puede estar de acuerdo en que se destruya el mobiliario urbano para protestar por los problemas que aquejan al género femenino.
Y si en condiciones “normales” las manifestaciones del 8 de marzo han terminado con vidrios rotos y monumentos pintarrajeados, ¿qué podemos esperar este domingo cuando las jóvenes tienen dos razones de peso para protestar?
Por eso es por lo que consideramos que todas y todos en este estado tienen una dura prueba enfrente en los siguientes días. Vamos poniéndole nombres: la gobernadora Margarita González Saravia, por su calidad de jefa del Estado y máxima autoridad en el Poder Ejecutiva; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, como responsable de la política interior; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, como el responsable de asesorar a la gobernadora.
Mención aparte merecen el fiscal Fernando Blumenkron, quien ha tenido que enfrentar los reclamos de los familiares y compañeros de las víctimas, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, encargado precisamente de la prevención del delito.
Y en ese orden jerárquico también en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos están a prueba. Ahora se verá de qué está hecha la doctora en Educación, Viridiana León Hernández, su grupo de asesores; también el colegio de directores y líderes sindicales.
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), también estará en la mira para demostrar si tiene la representatividad que dice tener y si su presidenta tiene el liderazgo que presume.
Y hasta las respectivas jefas de prensa, Margarita Estrada y Michelle Onofre, tendrán la prueba de su vida para demostrar si realmente están preparadas para el cargo que les confirieron.
HASTA EL LUNES.
