La asociación civil Morelos Rinde Cuentas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales contrapesos ciudadanos frente al poder público en el estado de Morelos. Su irrupción en la vida pública local no sólo ha incomodado a gobiernos municipales y estatales, sino que también ha evidenciado fallas estructurales en materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, lo que explica en buena medida los constantes ataques mediáticos y políticos que ha enfrentado.

El origen de esta organización se encuentra en el contexto de crisis institucional y desconfianza ciudadana que se profundizó en Morelos durante la última década. Surgió como un centro de investigación y análisis enfocado en el uso de datos públicos, solicitudes de acceso a la información y revisión de cuentas públicas, con el objetivo de vigilar el desempeño de autoridades y generar evidencia sobre corrupción e impunidad. A diferencia de otros colectivos, Morelos Rinde Cuentas apostó desde el inicio por una metodología técnica: cruces de bases de datos oficiales, análisis presupuestal y seguimiento de carpetas de investigación, lo que le permitió ganar credibilidad en medios nacionales y entre organismos especializados.

Uno de sus principales logros ha sido documentar patrones de opacidad en los gobiernos municipales. Desde 2020, la organización evidenció que una gran cantidad de ayuntamientos incumplía con la obligación de publicar información presupuestal y financiera, lo que derivó en investigaciones formales contra más de una veintena de alcaldes por presuntas irregularidades. Este tipo de hallazgos colocó a la asociación como fuente recurrente para autoridades anticorrupción y medios de comunicación, al exhibir que la falta de transparencia no era un problema aislado, sino sistémico.

Otro caso relevante fue la denuncia de irregularidades en el sistema DIF estatal durante la administración pasada. A partir de auditorías federales, la organización documentó la entrega de apoyos a personas fallecidas y otras anomalías en programas sociales, lo que obligó a la devolución de recursos públicos. Este episodio mostró la capacidad del organismo para traducir información técnica en denuncias públicas con consecuencias administrativas.

En materia de justicia, los informes de Morelos Rinde Cuentas han sido particularmente incisivos. Sus estudios revelaron que la Fiscalía Anticorrupción apenas judicializaba una pequeña fracción de los casos iniciados, y que la mayoría permanecía sin resolución, evidenciando un modelo de impunidad estructural. Este tipo de diagnósticos ha sido clave para entender por qué, pese a la apertura de miles de carpetas, las sentencias condenatorias son mínimas.

También ha tenido impacto en el análisis de seguridad pública. La organización ha documentado tanto incrementos como reducciones en delitos de alto impacto, aportando contexto a las cifras oficiales. Por ejemplo, ha señalado momentos en que Morelos ha encabezado indicadores nacionales en secuestro y despojo, o bien ha registrado variaciones en homicidio y feminicidio, contribuyendo a matizar el discurso gubernamental.

Este conjunto de investigaciones ha generado incomodidad en distintos gobiernos, particularmente en la administración de Cuauhtémoc Blanco y en estructuras municipales. La organización no sólo ha cuestionado cifras oficiales, sino que ha señalado directamente la falta de resultados en el combate a la corrupción y la opacidad en instituciones clave como auditorías y fiscalías. Incluso ha acusado a órganos fiscalizadores de contribuir a la impunidad al no transparentar sus resultados.

Ni los medios de comunicación se han salvado. MRC ha sido el único que sigue difundiendo lo que gasta el gobierno en publicidad oficial, destacando que una es la cantidad programada en el presupuesto anual, y otra la que realmente se gasta gracias a las transferencias permitidas por el Congreso Local.

Como consecuencia, Morelos Rinde Cuentas ha sido objeto de descalificaciones en ciertos espacios mediáticos y políticos. Estos ataques suelen centrarse en cuestionar la validez de sus metodologías, insinuar sesgos políticos o minimizar sus hallazgos, especialmente cuando sus investigaciones afectan a actores en funciones. Aunque no siempre documentados de manera sistemática, estos señalamientos forman parte de una dinámica recurrente en la que organizaciones civiles que fiscalizan al poder son desacreditadas para restar impacto a sus denuncias.

Pero el último golpe a MRC nadie se lo esperaba:

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) le quitó el aval como donataria autorizada. A partir de este año, el SAT endureció los requisitos para que las organizaciones de la sociedad civil puedan recibir donativos deducibles de impuestos. Ahora deben conseguir que alguna institución pública relacionada con su labor o temas de investigación y análisis, emita una acreditación sobre sus actividades. Con esto, en muchas ocasiones, la instancia vigilada, debe avalar la existencia de la organización vigilante.

En 2018, la organización consiguió la aprobación como donataria autorizada cumpliendo todos los requisitos. En ese momento, la comprobación de sus actividades se solventó porque formaba parte del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, pero a partir de este año ese registro ya es insuficiente. El SAT pidió un nuevo requerimiento para la renovación de la autorización a partir del 2026: tener el visto bueno, por medio de una carta, de una institución federal, estatal o municipal que acredite sus actividades.

Desde enero de este año, integrantes de Morelos Rinde Cuentas han intentado dar cumplimiento a dicho requerimiento. Al estar registrada como una institución de investigación, acudieron a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para pedir que verificaran sus actividades y les emitieran la carta, pero funcionarios del Área de Vinculación rechazaron tener competencia. El argumento fue que la organización no tiene ningún proyecto inscrito con la Secretaría. Ante la negativa, en febrero solicitaron la acreditación nuevamente, con la misma respuesta de parte de la dependencia.

Si bien es cierto que lo anterior no pone en riesgo su existencia como asociación civil, sí dificulta su financiamiento y disminuye las posibilidades de seguir haciendo investigaciones de largo aliento. Esto, para beneplácito de todos los que se han visto “balconeados” por Morelos Rinde Cuentas.

HASTA MAÑANA.