Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Lunes, 09 Marzo 2020 05:13

El amparo que vino de Sinaloa

“Cuernavaca, Morelos, a cinco de marzo de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio 389/2020 signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa 1237/2019 y su acumulado 1640/2019, que contiene la resolución de fecha veintiocho de febrero del año en curso”.

Así dice el acuerdo firmado por el Juez Tercero de Distrito, Oscar Alejandro López Cruz, mediante el cual da por recibido el amparo promovido por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, específicamente, los realizados por nueve magistrados que autorizaron la desaparición de distritos judiciales en materia penal; la creación de un juzgado en materia mercantil; y la creación del Circuito judicial único en materia penal oral.

Recordemos que Juan Emilio Elizalde sostuvo en su petición de amparo que dicha acción contraviene el derecho fundamental de los justiciables a ser oídos y vencidos en juicio  en el que se hubieren observado las formalidades esenciales del procedimiento y se emita resolución por autoridad competente, toda vez que el tema de competencia de una autoridad para emitir cualquier resolución, constituye un presupuesto procesal de orden público y de interés social, en el que todos los gobernados están interesados en que la autoridad que corresponda conocer, substanciar y dirimir un conflicto, tenga facultades competenciales para ello, aspecto competencial que por su carácter de presupuesto procesal es de orden público y de interés social que obliga incluso a observarse de oficio por la autoridad respectiva.

“Esto es así, porque de la sesión de seis de septiembre del año en curso, ante la falta de condiciones para aprobar los puntos del orden del día presentado por la Magistrada Presidente, dado que no entregó las constancias correspondientes conforme a las que se pretendía sesionásemos, nueve magistrados no contábamos con la información básica para debatir y menos aún para dirimir o resolver cualquier planteamiento de los referidos en la convocatoria respectiva por lo que al parecer sólo estuvieron presentes nueve magistrados, con lo que en términos de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su arábigo 27, no existía quorum para sesionar ni deliberar y menos aún para emitir válidamente alguna resolución ya que para ello se requiere por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados que conformamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, es decir, que si somos dieciséis Magistrados con derecho a voz y a voto y las dos terceras partes de dieciséis son diez punto seis Magistrados, como sólo al parecer estuvieron en sesión ocho Magistrados con derecho a voz y voto, basta una simple operación aritmética para colegir que no se encontraban las dos terceras partes para sesionar, para deliberar, ni para emitir resolución alguna”.

Por tales motivos se estima que la sesión extraordinaria de seis de septiembre del año en curso, así como las deliberaciones, los acuerdos y las resoluciones emitidas por nueve magistrados y no por el pleno carecen de valor jurídico por haber sido emitida por autoridades incompetentes, ya que el único competente para ello lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, el cual se integra con las dos terceras partes de los Magistrados, requisito que no fue cumplimentado, sostenía el magistrado que promovió el recurso.

Pues bien, en su resolución, el juez Jorge Alfonso Castillo Espinoza señala que “en este contexto, se tiene que existe base legal para aseverar que el acuerdo dictado en sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, de seis de septiembre de 2019 (…) no reunió los requisitos que para su integración y poder de decisión establecen los numerales 86, 93 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 27 párrafo segundo, 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 17 de su reglamento.

“En efecto, tales disposiciones legales establecen que el Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, se constituye por su Presidente y magistrados (18); que las sesiones y deliberaciones que se efectúen serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados (12); empero, ello implica no sólo que al inicio de la sesión se haya declarado el quorum sino también que al momento de la votación del acuerdo exista cuando menos las dos terceras partes de los magistrados emitiendo su voto ya sea a favor, en contra o absteniéndose, lo que no se puede comprender de otra forma, ya que aceptar la forma de como la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aprobó el acuerdo combatido de seis de septiembre de 2019, con tan sólo nueve magistrados, pretendiendo que la decisión fue del Pleno del Tribunal, caería en el extremo de que las decisiones de éste, a decisión unilateral de su presidente, se puedan tomar con un quorum no establecido por la ley”.

De esta manera, determina que “al no haberse respetado las formalidades establecidas por la ley (…) procede conceder el amparo y protección solicitados”. Con fundamento en los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se fijan los efectos de la concesión del amparo, para que las autoridades responsables “dejen insubsistentes las actas de sesiones extraordinarias de Pleno celebradas el 6 de septiembre y seis de noviembre del 2019, únicamente en la parte donde determinaron los acuerdos que modifica la actual distritaciónde los Juzgados Penales en Materia de Justicia Oral y se crea un Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, así como un circuito judicial de la misma materia; y, por el que se complementa la circunscripción primera del artículo 2° de dicho acuerdo; y, en su lugar emitan otra en la cual deberán observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución  Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberán no sólo requerir a la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia del quorum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación”.

Hasta aquí la resolución del juez de Mazatlán que es bastante clara y contundente aunque la ley contempla la posibilidad de que ésta sea recurrida ante un tribunal colegiado y la confirmación o revocación estaría dándose más o menos en el mismo tiempo que la actual presidenta termina su periodo.

En caso de que el tribunal de alzada confirmara la sentencia aquí referida, ¿cuáles serían los efectos que tendría éste amparo sobre los actos que se hayan realizado atendiendo a una disposición que ha quedado invalidada por órdenes de la justicia federal?

Consideramos que es momento de que los 17 magistrados piensen en el problema que están metiendo a los justiciables y tomen una determinación más allá de si están con la presidenta o en contra de la presidenta, pues ella se va en dos meses pero los problemas se quedan.

 

Viernes, 06 Marzo 2020 05:35

Desconocimiento y protagonismo

En esta ocasión la presente columna está dirigida a quienes se dedican a la noble profesión del periodismo, ya que este viernes por la tarde está programada una importante reunión convocada por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para que los comunicadores intenten ponerse de acuerdo sobre quién nos habrá de representar en el Mecanismo de Protección para Periodistas (y defensores de derechos humanos) del estado de Morelos.

Primeramente trataremos de explicar qué es el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (ese es el nombre oficial): es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

Y es que el principal problema que tenemos es el desconocimiento de los colegas sobre la función específica de este órgano, pues algunos siguen pensando que es una instancia de apoyo al periodista, y que se debe encargar –por ejemplo- de recabar fondos cuando un compañero está enfermo o ha fallecido. No es así.

A nivel nacional el Mecanismo existe desde el 2012 en que fue publicada la Ley y está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una coordinación Ejecutiva Nacional. Cuenta con un Fondo, que según la Ley de la materia, se destina exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes.

A nivel local el gobierno de Marco Adame Castillo creo el Mecanismo de Protección a Periodistas (no incluyó a defensores de derechos humanos) mediante la publicación de un convenio, es decir, no estaba soportado en una Ley ni tampoco en un decreto. Aun así, el gobierno de Graco Ramírez lo sostuvo y sus acciones se sustentaron más bien en la voluntad de las autoridades y no en una obligatoriedad. Como no había ley, tampoco hubo fondo para medidas de protección.

El 20 de agosto del 2018 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del estado de Morelos (nótese que puso en primer lugar a los comunicadores) y estableció como objetos los siguientes:

a) Establecer el Mecanismo de Protección para Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. b) Reconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. c) Generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. d) Implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola y salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos. e) Establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Aquí se contempla la implementación de un Comité Consultivo, y el Subcomité Técnico de Evaluación. El primero integrado por dos representantes de la Secretaría de Gobierno y uno de la CES, FGE, IMIPE, SS, CEDH, TSJ, tres organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y tres periodistas.

El Subcomité estará integrado por funcionarios de las dependencias ya mencionadas y dos representantes de los defensores de derechos humanos así como “dos personas pertenecientes al foro de periodistas”.

Pues bien, del 20 de agosto del 2018 a la fecha, no nos hemos podido poner de acuerdo en quienes serán los representantes de los periodistas y mucho menos elaborar un reglamento.

Y es que el principal problema es el divisionismo que prevalece en el gremio periodístico. Somos lo más parecido a una cubeta con cangrejos, pues cada vez que alguien hace algo para avanzar, es jalado por los otros que cuestionan “¿Y por qué tu?”

Para empezar, no hemos podido resolver el dilema de quién debe convocar a la asamblea en la que se elegirá a nuestros representantes.  Sabemos que hubo una asamblea celebrada por un número importante de compañeros en la sede del SME, pero no hubo un notario público que diera fe de lo que ahí se acordó.

Cualquier intento por llegar a acuerdos de algunos compañeros se vio frustrado por “tuitazos” de que “ellos no me representan”, así que al gobierno no le quedó otra que publicar una convocatoria como lo establece la ley: a través de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y en cuatro periódicos de mayor circulación.

Aun así, no faltó quien tomara esa convocatoria como una “intromisión” y un intento por controlar al gremio.

Ojalá que acuda el mayor número posible de comunicadores, primero para que sepan de qué se trata y en segundo lugar para que opinen y decidan el mecanismo para elegir a nuestros representantes.

Todos sabemos que nadie está exento de sufrir una agresión, ya no solamente por desempeñar una actividad peligrosa de por sí, sino por la inseguridad que afecta a toda la población. Y ciertamente cuando alguien te quiere hacer algo de muy poco sirven los escoltas o los vehículos blindados, pero si ya está contemplado en la ley pues hay que conocerlo para saber qué hacer en caso de que ocurra.

Pero sin protagonismos.

 

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 05 Marzo 2020 05:30

La intrascendencia de las comparecencias

Después de haber visto pasar unas 10 legislaturas locales, y no menos de una veintena de comparecencias de servidores públicos, ayer refrendamos nuestra opinión de que no hay nada más intrascendente que el hecho de “mandar traer” a un funcionario del gabinete para que conteste las interrogantes de los diputados, generalmente ignorantes del tema y que sólo suben a la tribuna a leer lo que sus asesores les han anotado.

Salvo escasas excepciones, las comparecencias sólo sirven para definir la relación del servidor público con los representantes populares. Generalmente las primeras se caracterizan por la rudeza de los legisladores a la hora de preguntar. Luego viene la petición de favores y las siguientes comparecencias son tersas y hasta con preguntas a modo.

Recordemos que los procuradores son designados por el Congreso a propuesta del gobernador a partir de 1998. El último procurador designado directamente por el mandatario estatal fue Arturo Estrada Carrillo aunque fue sólo por unos meses. Con la caída de Jorge Carrillo Olea (cuyo procurador fue encarcelado por encubrir el homicidio de Jorge Nava Avilés alias “El Moles”) el Congreso reformó la Constitución para que el titular de la Procuraduría fuera electo por mayoría de votos de una terna enviada por el gobernador.

El primero que llegó a través de ese mecanismo fue José Castillo Pombo, priísta que tuvo que negociar con perredistas y panistas para que lo dejaran dos años en la Procuraduría. En ese tiempo, una gran cantidad de vehículos “chocolates” en poder de la Procuraduría terminaron en los sótanos de los diputados, no para ellos, sino para sus ayudantes, de los cuales varios fueron dados de alta como policías judiciales y “comisionados” como escoltas de los legisladores.

Desde entonces los procuradores (hoy llamados fiscales) se han convertido en empleados de los diputados. Se dan el lujo de enviar sus listas de averiguaciones previas (hoy carpetas de investigación) en las que quieren que se le dé celeridad o más bien que se les aplique “carpetazo”.

En algún tiempo los diputados traían un documento firmado por el jefe de la Policía Ministerial (Agustín Montiel) que los autorizaba a portar arma al amparo de la licencia colectiva de esa corporación. A ese grado ha llegado la relación entre la Cámara de Diputados.

A ese nivel ha llegado la relación de complicidad entre procuradores y diputados. Pero al parecer las cosas han ido cambiando.

Se ha dicho muchas cosas del actual fiscal Uriel Carmona Gándara y su relación con los diputados y diputadas. Recuérdese que Uriel fue designado todavía por el Congreso anterior, cuando el jefe de todos ellos era Rodrigo Gayosso, por lo que el nuevo gobierno pretendía quitarlo. Pero el hijo de Uriel y Marinela no es nada tonto, y comenzó a tejer sus redes tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, de tal manera que los días en el cargo que le pronosticaban se convirtieron en meses y ahora ya rebasó el primer año.

En términos generales se puede decir que el notario con licencia salió avante de su comparecencia. Hubo legisladores (hombres y mujeres) que le pusieron preguntas para que se luciera, pero otros y otras se le fueron a la yugular.

La táctica que advertimos fue que Uriel “les dio el avión”. No se confrontó con nadie. Aceptó todos los regaños, dejó que se desahogaran y prometió mejorar.

“Solamente el que no trabaja no se equivoca", contestó cuando le preguntaron sobre el bochornoso tema del cadáver entregado a la familia equivocada. “Pero tiene usted toda la razón, esas cosas no deben de pasar nunca”, dijo con voz lastimera.

En su informe dijo que en el estado se iniciaron más de 20 mil carpetas de investigación. Mil 89 carpetas fueron judicializadas; 511 imputados quedaron sujetos a proceso; y se obtuvieron 87 condenas. En la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, se registraron 38 carpetas de investigación: 26 por feminicidio y12 por homicidio calificado. Se judicializaron 17 carpetas de investigación, con 11 imputados procesados.

En otro rubro, el Fiscal informó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión cuenta con 108 carpetas de investigación iniciadas, 16 carpetas judicializadas, la vinculación a proceso en 38 carpetas de investigación con un registro de 58 detenidos, y 28 fallos condenatorios con un total de 57 sentenciados.

Con ese esfuerzo, la Fiscalía Antisecuestro ejecutó 17 órdenes de aprehensión y consiguió la liberación de 75 personas secuestradas, de los cuales el 75 por ciento fue mediante negociación y el 25 por ciento restante por operativo.

La tarea constante de la PIC permitió el cumplimiento de 260 mandatos judiciales; la detención de 242 posibles imputados por flagrancia y 331 por investigación; 54 operativos, con 41 armas de fuego, mil 335 paquetes de droga decomisados; y la recuperación de 11 vehículos automotores robados.

No obstante, hubo legisladores que subieron a la tribuna “con la espada desenvainada”.

“El informe que usted rinde a esta soberanía es absolutamente oscuro”, fue la frase de bienvenida que le profesó la diputada priísta Rosalina Mazari Espín al fiscal general de Justicia. Y después de considerar insuficientes y engañosos los datos ofrecidos, terminó con un “si no puede con la encomienda es mejor que se vaya”.

 “No estamos aquí para atacar a nadie, estamos aquí para fortalecer a la Fiscalía y a sus trabajadores, porque queremos resultados, porque la gente tiene miedo, y creo que una forma de ayudar al Gobernador del estado es que respetemos a todas las instituciones”, dijo la diputada Tania Valentina Rodríguez.

Señaló que el estado de Morelos está siempre en primeras planas con asesinatos, feminicidios, escándalos de corrupción, por lo que enfatizó que es necesaria la unión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y fortalecer “una Fiscalía que nos necesita”.

Y al parecer quien no tenía qué preguntar y se fue por el comentario fácil fue la diputada panista (plurinominal), Dalila Morales, quien criticó que el secuestro del periodista Adrián Fernández se haya resuelto en cuestión de horas y otros no. Como ya lo hemos comentado en este espacio, la diferencia estuvo en la participación de la ciudadanía al denunciar en forma anónima los posibles hechos delictivos. De pena ajena.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 04 Marzo 2020 05:13

El “complot” contra Carmen

La información llegó a los medios de comunicación locales y nacionales en forma sistemática, como si se tratara de algo muy bien planeado. Algunos lo publicaron casi textual, sin mencionar fuentes, otros –como El Universal- lo atribuyeron a una “investigación surgida desde el seno del Poder Judicial”.

Lo cierto es que la existencia de documentación falsa relativa a la identidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, María del Carmen Cuevas López, cimbró el edificio de Leyva y se convirtió en el tema más recurrente en los pasillos.

“La magistrada falsificó su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, así como modificó su nombre de forma unilateral, lo cual se puede confirmar con el  acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos con fecha 27 de junio de 1962, en la que se inscribió el registro de nacimiento de la C. María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

“Lo anterior, toda vez que el día 20 de mayo de 1999, un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma eCURP la Clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1963, es decir, modificó el año de nacimiento de 1962 a 1963 y se agregó el nombre de Verónica”, dice la información que a leguas se nota que la hizo un profesional de las leyes.

Esta CURP tuvo que haber sido generada de manera indebida, manipulando el sistema, o con un acta apócrifa expedida en favor de la misma, pues en el Registro Civil solo existe una única acta y no constan inscripciones marginales que hayan permitido las modificaciones referidas.

Todo esto surge justo antes de que fuera nombrada juez de primera instancia del noveno distrito judicial con sede en Jiutepec, Morelos, cargo que ocuparía hasta octubre de 2003. “Sospechoso es, que la nueva CURP, haya sido creada por un usuario del mismo lugar donde ella laboraba”, dice el texto anónimo pero contundente, en el que se reconoce que no se sabe con qué objeto se disminuyó un año de edad y se aumentó un nombre.

Ya sólo faltó que le pusieran el “haiga sido como haiga sido”, el hecho es que María del Carmen Cuevas López se ha conducido desde 1999 con un documento que no corresponde a su fecha real de nacimiento y que ha utilizado este documento en al menos 5 instituciones, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Relaciones Exteriores, Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otras.

“Queda de manifiesto que la actual magistrada se conduce con documentos apócrifos o falsos”, concluye la “investigación” que es evidente proviene del grupo de nueve magistrados y magistradas que buscan su salida desde hace mucho tiempo, algunos y algunas de las cuales fueron sus confidentes cuando se aliaron para tratar de derrocar al entonces presidente Ricardo Rosas Pérez.

En este espacio pronosticamos que a la presidenta del TSJ se le avecinaban tiempos difíciles en la recta final de su mandato. Aunque ha tratado de amarrar acuerdos tanto en el poder ejecutivo como en el Legislativo, no le han sido suficientes para soportar las andanadas.

Por si esto fuera poco, acaba de resolverse el amparo promovido por Javier Hernando Romero Ulloa, recientemente destituido como juez penal.

En esa resolución firmada por el Juez Tercero de Distrito, considera que en la sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, emite una serie de consideraciones y, tabla de evaluación, “empero, no se desprende una debida valoración como se determinó en la ejecutoria de amparo, tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo”.

Además, dice que sigue existiendo defecto en su cumplimiento en atención que, por lo que hace al diverso quejoso Miguel Ángel Bahena Santana, en razón a que sí bien refiere y alude hacer un estudio de sus exámenes donde asienta además una tabla de calificaciones de dicho quejoso, cierto también lo es, que hace mención y valuación de cuestiones que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende que no hizo un debido estudio y valoración de lo solicitado en la ejecutoria de amparo, y la forma de resolver en lo que hace a dicho quejoso; dejando de observar la ejecutoria de amparo.

 “Siendo así y de la lectura de su determinación y conclusiones a criterio de quien resuelve, existe un exceso y defecto, es decir está valorando exámenes respecto a personas que no recurrieron al amparo y lo cual excede en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, procede a realizar una tabla de calificaciones, y, a hacer una narrativa de sus calificaciones eliminando a los terceros perjudicados, cuando de la ejecutoria de amparo se señalan los lineamientos a seguir.

“En ese sentido, y con base en las constancias que remitió la responsable, este Juzgador determina que el fallo protector no ha sido cabalmente cumplido. Por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este proveído, deje sin efectos la determinación que emitió para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y proceda a dar cumplimiento total a la ejecutoria en los términos ahí señalados de los cuales no desconoce”.

Con esta resolución, el juez ha estado promocionando un video en las redes sociales en el que critica la actuación de Carmen Cuevas, igual que por su lado lo está haciendo el jurista Héctor Manuel Buenrostro Grimaldi.

Y el pasado lunes los barristas hicieron lo propio. Lo advertimos: “le van a echar montón”.

Ayer se esperaba una reacción de la magistrada presidenta sobre el tema de su acta de nacimiento, pero hasta el momento de redactar la presente columna no llegó.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 03 Marzo 2020 05:23

Una Barra de Abogados dividida

Ayer, un grupo de integrantes de la Barra de Abogados convocó a una conferencia de prensa en la que “agarraron parejo” a todas las instituciones de gobierno y dejaron en claro que “las cosas no están bien”. Llamó la atención que entre los declarantes no estaba su presidente, Cristian Iván Velazco Alcoser, por lo que fue cuestionado por los reporteros.

“No invitamos a nuestro presidente porqué él no está interesado en levantar la voz a nombre de sus representados”, contestó lacónico José Luis Urióstegui Salgado, cabeza visible de esta “rebelión” al interior de la agrupación de abogados más grande en el estado de Morelos.

A su lado, otro ex presidente de la Barra, Alejandro Smith Vázquez; la representante de la agrupación en la zona oriente, Aricela Camacho; el jurista Arnulfo Romero; del otro lado Enrique Arizmendi Sanpedro, Miriam Martínez Bolaños y Reyna Rosales, todos “barristas de la vieja guardia”.

En contraste, el actual presidente Iván Velasco Alcoser, feliz en su muro de Facebook tomándose “selfies” con cuanto funcionario de gobierno encuentra. Eso es lo que le reclaman.

Primero habló Aricela Camacho, quien reprochó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, el estar más preocupada por su problemática interna que por los justiciables. Pidió que los nombramientos de jueces sean por méritos y no por amiguismo o compadrazgo.

Luego hizo uso de la palabra Arnulfo Romero, quien participó en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal allá por el 2006.

Él dijo que Morelos atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema impuesto e inacabado, de procuración e impartición de justicia penal, que lo han hecho débil y corrupto. “Además, confronta a las autoridades responsables de estos grandes rubros, en una dilapidación absurda de lamentos desafortunados, respecto a quién es responsable de tanta liberación a delincuentes, ante la puerta giratoria qué distingue al indómito Sistema Penal Contradictorio Adversarial, implementado con motivo de la Reforma Constitucional del 2008”, agrego.

 Recordó que dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno qué cumpliera con los principios de un régimen democrático y de derecho con presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, control horizontal, privilegiar los derechos de las víctimas, entre otras tantas bondades ofrecidas. “En la actualidad, el funcionamiento de la Justicia penal en México, han sido una Justicia derrotada y simulada y qué nunca será suficiente, por estar descontextualizada con la realidad histórica de nuestro país y siempre será contraria a la necesidad real y posible de nuestro antiguo sistema político, además, contraria a la viabilidad presupuestal y de validación de resultados”.

Enrique Arizmendi Sanpedro, quien alguna vez ocupó el cargo de director de capacitación de la Policía Ministerial y por un tiempo estuvo al frente de la cuestionada corporación, consideró que no obstante los logros y las aportaciones que los diferentes procuradores han realizado, “estimamos que en la cuestión programática existe un rezago, ya que hasta la fecha no conocemos el plan integral de seguridad pública del estado, que debiera presentar el titular de la Secretaría del ramo, que vinculado a los planes estatal y  nacional de desarrollo, nos señale el camino que deben de establecer las áreas de planeación para ir resolviendo los distintos problemas que tiene que enfrentar esta función”.

Tocó el turno a Alejandro Smith Vázquez, quien se refirió al desempeño de los jueces de Distrito, e hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise si todos están cumpliendo con lo establecido en la reforma federal del 2011.

“Nuestra exigencia es a que se califique la calidad  de los criterios del Poder Judicial Federal en cuanto a la garantía que deben de otorgar y a la calidad de las sentencias interlocutorias o definitivas para los justiciables, si el juez de Distrito no está capacitado para entender que ha habido una reforma que transformó al país en 2011 no podemos seguir así”, acotó.

Cerró el ex presidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado, quien expuso el grave problema de la extorsión conocido coloquialmente como “cobro de piso” y que afecta a una gran parte de comerciantes y empresarios.

Ese es un gravísimo problema que afecta al sector productivo, pero sin olvidar delitos como el robo de vehículo, robo a comercio, y últimamente los casos de personas que son asaltadas después de retirar dinero de los bancos, y todo parece indicar que es con el contubernio de los empleados bancarios.

“Levantamos la voz nosotros como barristas y exigimos a las autoridades que hagan la parte que les corresponda a cada una de ellas”, dijo para finalizar.

Todavía no acababa la conferencia de prensa y ya desde su cuentas de redes sociales el aún presidente reclamaba no haber sido invitado y que es falso que no haya alzado la voz para reclamar a las autoridades. Lo cierto es que su muro de Facebook lo delata, pues muestra “selfies” con el gobernador, con la presidenta del Tribunal, con la Fiscal Antisecuestros y, sobre todo, con el fiscal general Uriel Carmona, a quien apoyó para que la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), le entregara este fin de semana la Presea OPEMDE Justice Internacional 2020.

La FIA entregó la presea, “en reconocimiento a su trayectoria profesional estatal y defensor de los derechos humanos y de administración de justicia en el Estado de Morelos, a través de las acciones implementadas para la transformación de la Institución a su cargo, al tiempo de establecer un trabajo que eficientice y priorice el trabajo a favor de las víctimas”.

La evidente escisión en la Barra de Abogados pronostica una candente asamblea mensual programada para el próximo sábado siete en “Los Vikingos”, después de que la última casi termina a golpes entre dos abogadas.

HASTA MAÑANA.

 

El doctor Eduardo Olvera y Sánchez es un ciudadano común que un buen día, mientras esperaba en su auto a que avanzara la fila sobre la calle empedrada de Santa Clara, colonia Acapantzingo, se hizo una pregunta ¿por qué la avenida Ruiz Cortínez no se conecta con la avenida Alta Tensión?

Seguramente muchos de nuestros lectores se han hecho la misma pregunta al circular en sus vehículos sobre la avenida Teopanzolco que después del cruce con Díaz Ordaz se llama Alta Tensión, y que repentinamente se acaba. Sí, ahí si aplica la frase de “topar con pared” pues literalmente hay una barda que impide continuar hacia abajo a pesar de que las líneas de alta tensión sí cruzan por arriba y más abajo vuelven a estar sobre otra avenida que se llama Ruiz Cortinez.

Al hacer una revisión satelital (Google Maps), el doctor Olvera se dio cuenta que hay poco más de 300 metros de una propiedad privada que impiden que estas dos importantes vías de comunicación entronquen y sea la salida perfecta hacia la autopista.

No se advierte que exista un arroyo ni barranca que pudiera ser un límite natural que obligue a las avenidas mencionadas a desviarse. Aquí si aplica al cien por ciento lo que menciona la ley sobre “expropiar por causas de utilidad pública”.

Desde entonces el doctor Eduardo Olvera ha comenzado un peregrinar por dependencias gubernamentales y tribunales federales para que alguien le conteste esa pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué no expropian 300 metros de terreno para que la avenida Teopanzolco desemboque hasta la autopista?

Máxime cuando por arriba cruzan las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y se supone que nadie debe construir bajo esos enormes cables.

“La norma NRF-014-CFE establece un derecho de vía de 16.7 metros en línea de transmisión de 230 kv de dos circuitos en zona urbana con estructura 2410 smp o bien 21.8 metros cuadrados si la línea de transmisión es de 400/230 kv 2/2 circuitos”, explica a este columnista.

Pero no se trata solamente del caos vial que todos los días se presenta, sino por la afectación a la salud de los habitantes de esta zona de la ciudad por la contaminación generada por los vehículos que avanzan a vuelta de rueda y el consabido ruido de los cláxones.

A la primera institución gubernamental a la que le hizo la pregunta fue a la CFE, en el 2016. Ante la falta de respuesta el ciudadano interpuso un amparo (el 668/17 del Juzgado Tercero de Distrito). “La construcción de vialidades no es facultad de esta Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una problemática derivada de la construcción y/o continuación de vialidades de la que no tenemos competencia material ni jurídica para resolver sus pretensiones”.

“No se le estaba solicitando a la CFE en ningún momento construir una vialidad o continuarla, sino el desalojo del área a fin de poder continuar la avenida Teopanzolco. En otras palabras, es como si hipotéticamente le solicitáramos desalojar una superficie de terreno con el objeto de plantar árboles para mejorar el medio ambiente y nos contestara: la producción de árboles para la reforestación no es de su facultad”, comentó el quejoso.

Al gobierno municipal también se le hizo la misma petición, pero también contestó que quedaba fuera de sus facultades. “Esta secretaría no tiene competencia, toda vez que lo solicitado representa la afectación patrimonial de particulares que se encuentran en legítima propiedad de los inmuebles, mismos que al momento de ser constituidos no contaban con el panorama de la carga vehicular que se ha generado a la presente fecha”, le contestó el entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Eduardo Molina Avilés.

La Ley federal de Expropiación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936 y señala en su artículo uno que se consideran causas de utilidad pública:

I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.

No se requiere ser un experto en urbanismo para darse cuenta que estaría totalmente justificada la expropiación de un terreno que se interpone entre una avenida de diez kilómetros y otra de unos tres kilómetros, y que lo único que las separa son 300 metros, además de que hay una franja de propiedad federal que nunca debió ocuparse.

Seguramente algunos lectores tendrán más datos sobre quién es el propietario de ese predio y el por qué la CFE no delimitó el paso de sus líneas de alta tensión. O bien, por qué el Ayuntamiento no ha promovido la expropiación de esa fracción de tierra que al parecer pertenece al Fraccionamiento “Las Quintas”.

El problema del doctor Eduardo Olvera y Sánchez es que está luchando solo contra la burocracia, con el guajiro sueño de que le harán caso, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Todos “lo batean”.

Su demanda es totalmente válida y refleja el sentir de todos los ciudadanos, tanto residentes como todos aquellos que hacen uso de esa vialidad, pero no se ha acercado a alguna agrupación civil que esté dispuesta a hacerla suya.

Difícilmente alguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, motu propio tomará la idea del doctor Olvera. El consejo que le damos es que se acerque a alguno de los personajes que ya andan moviéndose con la intención de buscar la candidatura a presidente municipal de Cuernavaca. Con suerte a alguno le interesa, aunque sólo sea para quedar bien con los futuros votantes.

Y quizás, algún día, cuando la avenida Teopanzolco desemboque en la autopista del Sol sin tener que rodear por la calle Díaz Ordaz, y que la circulación vehicular sea más fluida, alguien se acuerde que hubo un ciudadano “loco” que comenzó a preguntarle a las autoridades por qué no expropian 300 metros siguiendo la línea de alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

HASTA MAÑANA.

Viernes, 28 Febrero 2020 05:31

Jueces sin título

El pasado miércoles, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla separó del cargo al juez Alejandro León Flores del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, después de haber ejercido 30 años sin un título profesional y haber falsificado su documentación para instalarse en el cargo; también se le dio parte a la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de delitos.

Lo interesante del caso es que dicha destitución fue como consecuencia de una investigación periodística que realizó el medio de comunicación denominado Lado B, con recursos de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.

Alejandro León Flores fue nombrado juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses en julio de 1989 por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y desde ese momento no dejó el cargo conferido, pese a no contar con el título de abogado y la cédula profesional, documentos que son obligatorios para el cargo según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.

Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.

El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.

Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despachaba como juez penal de Cholula hasta el pasado miércoles.

En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.

En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.

Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.

Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.

De acuerdo con un trabajador del TSJ —con el que se habló con la condición de reservar su nombre para evitar represalias— tras la petición de información de LADO B se percataron que la cédula era falsa, por ello el entonces presidente del Poder Judicial en el sexenio de Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, ordenó ocultar el documento y responder diciendo que “no existía”.

Su sucesor en la presidencia del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, decidió impulsar una investigación por parte del Consejo de la Judicatura, misma que concluyó que, tal como lo había denunciado el medio de comunicación poblano, el juez incurrió en graves irregularidades administrativas que ameritan su destitución, y remitir el expediente a la Fiscalía para ver si se acreditan delitos.

En Morelos ocurrió algo similar en 1994, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia era Jesús Bello Espíritu. El abogado Luis Barrera Urióstegui interpuso una denuncia en contra de Pedro Mancera Pérez, juez mixto de Xochitepec, quien había presentado documentación falsa para acceder al cargo.

El maestro Bello Espíritu mandó traer al juez, y le preguntó si eran ciertas las acusaciones de Barrera Urióstegui. Pedro Mancera Pérez aceptó que había mentido, pues carecía de título profesional y cédula.

“Señorita, tráigase papel y pluma que el señor va a redactar ahorita mismo una carta de renuncia”, dijo por el interfon el respetado jurista.

Y así –sin procedimiento alguno- dejó de ser juez el abogado sin título, después de haber firmado cientos de sentencias durante años.

A raíz de ese caso el Tribunal Superior de Justicia envió una circular a todos los jueces y secretarios de acuerdos para que presentaran sus títulos y cédulas. Y Barrera Urióstegui adquirió el mote de “El caza-coyotes”.

 

 

Jueves, 27 Febrero 2020 05:45

“Pagan justos por pecadores”

Tradicionalmente la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) ha sido una especie de “caja chica” de los gobiernos en turno, ya que las obras tendientes a proporcionar el vital líquido, o bien el tratamiento de aguas residuales, son la justificación perfecta para realizar obras que proporcionan millones de pesos en “moches”.

Lo anterior es del dominio público, pero casi nunca se puede comprobar. Y lo que es peor, que a veces, para tapar o distraer la atención mientras se realizan los grandes robos, los propios funcionarios inventan denuncias contra los servidores públicos de los niveles más inferiores, haciendo realidad aquella máxima de que “el hilo siempre se rompe por lo más delgado”.

Hoy queremos presentarle el caso del ingeniero José Luis Gallardo Villagómez, supervisor de obra adscrito a la CEAGUA, quien acaba de obtener una sentencia absolutoria en un procedimiento administrativo que le mandó fincar el entonces titular de la dependencia, Juan Carlos Valencia Vargas, pero aplicando el criterio de “primero te corro y después veo si eres culpable”.

Todo comenzó el 28 de agosto del 2017, cuando la Secretaría de la Contraloría dio cuenta con el oficio número CEAGUA/CO/DENUNCIA/006/2017 signado por el contador público Jesús Urióstegui Beltrán, Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua, mediante el cual presentó formal denuncia en contra de los ciudadanos Arturo Barrientos Orozco, en su carácter de supervisor de Obra; Juan Carlos Chevez Labastida, en su carácter de ex subdirector de operación y mantenimiento; Daniel Rodríguez Flores Samayoa, en su carácter de supervisor de obra al igual que José Luis Gallardo Villagómez.

A todos ellos se les imputaron hechos sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la obra denominada “Proyecto, Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tequesquitengo”, a ejecutarse en la localidad del mismo nombre, municipio de Jojutla.

En el caso particular de José Luis Gallardo Villagomez, se le acusaba de que “al revisar la bitácora electrónica de obra pública (BEOP) correspondiente a la citada obra, “se advirtió que el ingeniero José Luis Gallardo Villagómez, en su carácter de residente de la obra –cargo que desempeñó a partir del 9 de febrero del 2015, no registró en la mencionada bitácora la autorización de la estimación dos y tres, misma que se encuentra expresa en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Agrega la denuncia que “el incumplimiento del registro de las estimaciones tuvo como consecuencia una deficiencia en el control y registro en la autorización de pagos de la obra, así como en la transparencia de los mismos”.

Sin embargo, al contestar la denuncia en su contra, el ingeniero Gallardo Villagómez admitió que efectivamente no registró en la bitácora electrónica la autorización correspondiente de las estimaciones número dos  y tres relativas a la obra con número de contrato MOR-CEAPDS-2014-OP- PROTAR/FAFEF-152, en las fechas 09 de abril y 29 de mayo del 2015, pero aseguró que dicha circunstancia “no me es imputable a mi persona”.

Explicó que a partir de la fecha en que fue asignado en el cargo de residente de obra, “me aboqué a realizar el trabajo encomendado, siendo el caso que en la fecha de la asignación de la residencia de la obra y al revisar la bitácora electrónica pude percatarme que la misma con fecha nueve de febrero del 2015  -fecha de mi asignación- había sido cerrada por parte del ingeniero de nombre Daniel Rodríguez Flores Samayoa, quien fungió como residente de supervisión de obra que me antecedió, ignorando el suscrito el motivo por el cual haya determinado el cierre de la misma, pues al revisar el expediente relativo al proyecto pude percatarme que existían trabajos pendientes por practicar, lo cual me impidió actuar o realizar los registros correspondientes a dichos trabajos, pues el acceso era imposible, ya que el programa creado para dicho efecto me lo impide”, afirmó en su contestación.

“Se hace la aclaración técnica, en relación al periodo de ejecución del 01 de diciembre del año 2014 al 08 de abril del 2015, correspondiente a la estimación número dos (…) se da trámite a ésta, por lo que la empresa denominada DAEN S.A. de C.V. por conducto de su apoderado legal, como responsable de la ejecución del proyecto, hace entrega de la estimación mencionada con fecha nueve de abril del 2015 al ing. Daniel Alberto Arámbula, director general de saneamiento y operación para su revisión y autorización respectiva, quien al dar respuesta por escrito a lo solicitado en el oficio número DGSyO/175/2015 de fecha nueve de abril del 2015, le informa que es aprobada y autorizada la estimación correspondiente, tal y como se advierte de los oficios que en copia simple exhibo”.

Con base en lo anterior, el director general de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, emitió una resolución que a la letra dice:

“En tal tesitura, de las consideraciones vertidas a lo largo del presente considerando y el que antecede, permiten a esta autoridad concluir que NO es procedente el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del ciudadano José Luis Gallardo Villagómez. Asimismo, permiten concluir a esta autoridad que es procedente el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de los ciudadanos Daniel Rodrigo Flores Samayoa, Arturo Barrientos Orozco y Juan Carlos Chevez Labastida”.

No omitimos mencionar que la sanción impuesta a los tres funcionarios antes mencionados es de risa: suspensión de su cargo por dos meses.

Sin embargo, el problema es que al ingeniero Gallardo Villagómez lo despidieron desde el momento mismo que se inició el procedimiento administrativo, violando flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia.

Hoy, con toda razón,  el ingeniero Gallardo Villagómez está exigiendo su reinstalación en el cargo que ya no encabeza Juan Carlos Valencia, sino Moisés Agosto Ulloa.

¿Qué sucedió realmente en ese caso en el que pretendieron involucrar al ingeniero Gallardo Villagómez? ¿Cuántos actos de corrupción se habrán hecho al amparo de este tipo de distractores? 

Eso quizás nunca lo sepamos.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 26 Febrero 2020 05:27

Hugo Eric, el anti-político

Antipatía: “sentimiento, generalmente instintivo, de repulsa o rechazo hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento, que provoca encontrar desagradable su presencia, no desear que las cosas le salgan bien” (Deconceptos.com).

Hugo Eric Flores es el más claro ejemplo de lo que es un hombre antipático. Y esa característica no sería mayor problema si fuera un acaudalado empresario o un astronauta, pero es un político, o más bien, un anti-político.

En tres ocasiones lo hemos visto en actos públicos y su comportamiento ha sido el mismo. Llega tarde, no saluda a nadie y se sienta en un rincón poniendo una cara de “a ver a qué horas te das cuenta de mi presencia y me pides que suba al presídium”.

El primer evento en el que advertimos de su presencia fue el 12 de diciembre del 2018, cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco acudió a la misa que los trabajadores del Palacio de Gobierno organizaron en la planta baja del edificio.

Nos dio curiosidad saber qué actitud tomaría el ministro de culto de una organización religiosa (evangélica) al ver al mandatario estatal y casi todo su gabinete en una misa a la virgen de Guadalupe. Subió las escaleras lentamente mirando bajo el hombro a la muchedumbre que cantaba alabanzas a la guadalupana.

La otra ocasión fue en una conferencia de prensa en el C5 a raíz del conflicto entre policías estatales y la municipal de Cuautla. Fue incluido en el presídium porque después de la conferencia tendrían una reunión sobre seguridad (que nunca he entendido por qué asiste un delegado de programas sociales a una reunión en la que nada tiene que ver).

Y la última fue el pasado 29 de enero, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno reinauguraron las instalaciones del Ministerio Público en el Municipio de Yautepec (la primera vez fue con el procurador Francisco Coronato Rodríguez).  Para variar llegó tarde, y metió en un predicamento a los organizadores porque tuvieron que hacerle un espacio a un lado del fiscal Uriel Carmona.

Ayer volvió a ser noticia. La primera vez fue cuando se aventó la declaración de que “Morelos es violento pero no inseguro”. Luego apareció a nivel nacional cuando en una reunión en la que pensaba que nadie estaba grabando, aseguró que el presidente López Obrador le confió que no está contento con su partido y que si siguen igual se va a salir de Morena y les va a exigir que le quiten el nombre.

En su edición de ayer, el periódico Excélsior publicó que “alegando respeto a sus derechos propagandísticos, superdelegados de programas federales en los estados buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales”.

Explica el rotativo que mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los “superdelegados” y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán, “quienes suenan como posibles aspirantes a las gubernaturas de sus estados” (que no es el caso de Hugo Eric Flores).

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales sancionados por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

Ahora, los superdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.

Y en la búsqueda de información sobre Eric Flores en la red de redes nos encontramos una verdadera joya:

Es una declaración del presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD-CDMX), Raúl Flores, en el 2017, cuando la alianza Morena-PES era solamente una broma de mal gusto.

“Lo que tenemos con este nuevo acuerdo político de Morena con el partido de Hugo Eric Flores Cervantes es la unión de un partido cuasi religioso con uno confesional como Encuentro Social, que al igual que el partido de López Obrador fue impugnador de la Constitución de la CDMX por ser el pacto social progresista y de más avanzada de todo el país. Ambos crean un frente oscuro y de secta muy riesgoso, pues tiene como objetivo meter reversa y someter a consulta los derechos humanos y las libertades civiles que hoy, después de años de lucha, son plenamente reconocidos y protegidos en nuestra ciudad”.

Y luego viene la anécdota:

“…durante su paso como asambleísta constituyente, Hugo Eric Flores propuso regresar a la denominación de Distrito Federal para nombrar a la capital del país y no Ciudad de México, asegurando que las siglas CDMX eran “de Satanás”, pues según él y sus supuestas cuentas matemáticas hechas con dicha abreviatura, las letras CDMX están estrechamente vinculadas con el número 666, supuestamente satánico o del Diablo”.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 25 Febrero 2020 05:36

La justicia tarda, pero llega

“Que en términos de lo expuesto en el cuerpo de esta determinación se imponen a José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero las penas de treinta y ocho años de prisión, doscientos días de multa, destitución e inhabilitación por cuatro años para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión públicos”, escucharon estupefactos los dos oficiales del Ejército Mexicano. Era el 13 de febrero del 2020, casi 9 años después de que ocurrieron los hechos.

Fue la resolución final del magistrado federal Mario Roberto Cantú Barajas al resolver la apelación que presentó el abogado Cipriano Sotelo Salgado contra la sentencia del Juez Quinto de Distrito que los había condenado únicamente a 13 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado, Tortura y Desaparición Forzada de Persona, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Jethro Ramsses Sánchez Santana.

La noche del primero de mayo de 2011, elementos de la Policía Federal Preventiva se comunicaron al 21° Batallón de infantería, para informar que  habían detenido a un civil de nombre Jethro Ramsses Sánchez Santana, quien manifestaba pertenecer a una organización delictiva, motivo por el cual salió el teniente de infantería Guerra, con la fuerza de reacción del batallón; acompañado por el teniente de infantería Albañil y el subteniente sub-ayudante de la unidad Aguilar, cada uno de ellos llevaba una camioneta oficial.

Minutos después regresó el personal militar a la unidad, pero en esta ocasión traían al civil, al que trasladaron a la carpintería de la unidad, lugar que con frecuencia utilizan para interrogar a las personas detenidas e involucradas con la delincuencia organizada.

En el interrogatorio participaron  las tres personas que acudieron al llamado y trasladaron al civil al 21° Batallón, así como un tercer teniente de apellido Legorreta,  quienes le propinaron golpes severos que le ocasionaron su muerte  instantánea, aún y cuando un soldado de sanidad le brindó los primeros auxilios nada se pudo hacer al respecto.

En razón de lo anterior, los implicados decidieron trasladar el cuerpo sin vida del civil a bordo de una unidad oficial a un predio externo, donde al final lo inhumaron clandestinamente.

Edwin Raziel Aguilar, con grado de subteniente, narró así lo sucedido:

“El primero de mayo del año en curso yo estaba en servicio en la fuerza de reacción del Vigésimo primer Batallón de infantería con el teniente Albañil, cuando fuimos enterados que debíamos acompañar al teniente Guerra a las instalaciones de la  feria de Cuernavaca, porque había recibido una llamada de la Policía Federal de que al parecer había sido detenidas dos personas ligadas a la delincuencia, por ello solicitaban nuestro apoyo para prevenir alguna eventualidad mayor, así que nos fuimos.

“Al llegar vimos a personal de la Policía Federal que tenía a dos personas que estaban  arrodilladas entre  camionetas de la Policía federal y una malla ciclónica, entonces el teniente Guerra me pide que forme un dispositivo de seguridad  y fue así como los policías federales le entregaron al teniente  Guerra a los civiles detenidos, los subieron a las camionetas que llevábamos, uno de ellos a una y otro a otra unidad.

“Nos tardamos como cuarenta minutos en llegar al Veintiún Batallón de infantería. Al llegar trasladamos a uno de ellos al taller de herrería que se ubica junto al taller de carpintería, el otro joven se quedó afuera en la otra camioneta. Yo no ingresé al taller de herrería  me quedé también afuera.

“Al poco rato  llegó el teniente Albañil con ese civil del taller de herrería  y de pronto se comenzó a desvanecer, entonces le hablaron a un cabo de sanidad para reanimarlo, pero no pudieron. El teniente Guerra le pidió a todos que se fueran  solo nos quedamos el teniente Guerra, Albañil y yo. 

En su declaración ministerial el teniente Guerra narró lo mismo que su subordinado, pero agregó que al darse cuenta que el detenido estaba muerto “fui a buscar a mi Coronel Arias para darle parte de lo sucedido por lo cual movió su cabeza en sentido negativo y se fue caminando rumbo a la comandancia, diciéndome ´tíralo´”.

Según el subteniente Aguilar, “se llamó a tres oficiales y subimos el cuerpo de ese civil a la camioneta y Albañil se subió al volante y salió del batallón con rumbo hacia el norte, manejó  más de una hora y se salió a un terreno boscoso, paró la unidad  y el teniente Guerra nos indicó un lugar  y los oficiales y yo comenzamos a cavar un hoyo como a un metro o metro y medio de hondo y como un metro con setenta centímetros de largo,  con un pico y una pala entre los tres oficiales, e intercambiábamos las herramientas y nos alumbrábamos con una pala, ahí depositamos el cuerpo de ese civil”.

De todo ello tuvo conocimiento el coronel José Guadalupe Arias Agredano, jefe del batallón, y también el general Leopoldo Díaz López, jefe de la Zona Militar número 24, pero ambos dijeron no saber nada del muchacho, mintiéndoles a los jueces de Distrito que pidieron informes vía amparo, y a toda la gente que se manifestó exigiendo que apareciera el joven Jetrho.

Después de meses de tocar puertas, Cipriano Sotelo y el padre de Jetrho lograron que desde la presidencia de la República les quitaran el velo de impunidad que los cubría durante el sexenio de Felipe Calderón y los militares comenzaron a caer uno por uno.

Primero fueron el teniente Guerra y el subteniente Aguilar, luego el coronel Arias, el teniente Legorreta y finalmente, el general Díaz Pérez, quien después de ser casi omnipotente en Morelos, fue despedido y se deslizaba entre las sombras para no ser visto cuando acudía a firmar cada mes al Juzgado Primero de Distrito donde finalmente fue exonerado del delito de encubrimiento.

Al final se volvió a confirmar que “el hilo se rompe por lo más delgado”, pues en este caso fueron los de menor rango los que alcanzaron la pena mayor: 38 años de prisión. En tanto que el coronel Arias permanecerá 13 años y 9 meses en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México.

Sigue pendiente la reparación del daño por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que no debe ser menor a los 20 millones de pesos.

Con ello no se repara en nada el dolor de haber perdido a un hijo, pero sirve como ejemplo de que la impunidad no es para siempre, y que la justicia tarda, pero un día llega.  

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

 

 

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.