La señora llora pero de coraje, de impotencia. Atrás se observan los restos de lo que era su casa, y sus pocas pertenencias, resultado de un operativo para liberar de “paracaidistas” la reserva ecológica de “El Texcal”.

“Silvia (Salazar) aquí vino y nos prometió que nos iba a ayudar a que estos terrenos se legalizaran. Graco Ramírez también vino a vernos…. Tengo unas fotos que yo saqué, nos dieron hasta cachos de lona para que pegáramos en la casa para que los pudiéramos apoyar, ¿y con esto nos pagan?”.

Los habitantes de esta zona irregular también acusan al diputado local por el PRD, Arturo Flores Solorio, de haberlos traicionado. Los tres, el candidato a gobernador, la candidata a presidenta municipal y el candidato a diputado, estuvieron (según los desalojados) en esta zona para pedirles que votaran por ellos.

En esa ocasión no les importó que fueran irregulares, que no tuvieran documentos que avalaran la propiedad y que no estuvieran reconocidos por el Ayuntamiento. Ahora se refieren a ellos como “asentamientos humanos irregulares”.

El boletín que difundió la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno del Estado refirió que “como parte de las políticas públicas encaminadas a la restauración, conservación, y manejo responsable de los ecosistemas para preservar la Áreas Naturales Protegidas en Morelos, el Gobierno de la Nueva Visión, realizó, nuevamente un operativo debido a la solicitud de la Asamblea de los Bienes Comunales de Tejalpa, en el Área Natural Protegida Parque Estatal “El Texcal”.

Dice que personal operativo intervino en un despliegue para retirar los asentamientos humanos irregulares, quienes apoyaron en el resguardo perimetral y seguridad del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y comuneros de Tejalpa que emprendieron acciones para erradicar asentamientos humanos irregulares.

Pero los comuneros también son acusados de haberse beneficiado con la venta ilegal de terrenos.

“Los comuneros aquí vinieron a medirnos, aquí andaban los comuneros, porqué ahora nos vienen a quemas las poquitas cosas que tenemos”, dice otra mujer de mayor edad.

Los granaderos enviados por el gobernador Graco Ramírez destruyeron las chozas construidas por esta gente que asegura no tener dónde vivir. Arrasaron con todo y le prendieron fuego, “hasta niños y mujeres embarazadas estuvieron en riesgo de resultar quemados”, se quejan.

“Con los narcos y los sicarios no se meten porque no pueden con ellos, pero bien que madrean a la gente humilde” grita una mujer entre sollozos.

“Si quieren putazos va a haber putazos”, sentencia un joven desde atrás.

Todo lo anterior quedó registrado en la cámara del noticiario CNM (Cablenoticias de Morelos), y transmitido la noche del 10 de octubre del 2013.

El gobernador Graco Ramírez no lo vio. De hecho, cuando se estaba llevando a cabo el operativo de desalojo, el mandatario ya estaba en Chicago, Illinois, donde realizaba una gira que se prolongaría todo el fin de semana “con el fin de promover a Morelos en los Estados Unidos”.

Doce años después, la devastación continúa.

De acuerdo con comuneros de Santa Catarina, “durante las últimas décadas el conflicto social, económico y ecológico se ha agravado, ya que el proceso de urbanización se ha incrementado de manera ilegal, ocasionando también graves situaciones de inseguridad para los habitantes de nuestra comunidad, por lo que urgimos a que sean debidamente tomadas en cuenta nuestras peticiones”, denunciaron en un documento entregado el pasado 5 de julio a la gobernadora Margarita González Saravia durante su visita a esta comunidad como parte de las “caravanas del pueblo”.

En ese oficio, los comuneros de Santa Catarina recordaron que a partir de la reforma constitucional al artículo 27 constitucional en el año 1992 “lucradores de la tierra empezaron a encontrar argumentos jurídicos para fraccionar terrenos ejidales y comunales del territorio de los pueblos originarios de estas tierras, sin embargo la misma Ley Agraria establece que para cambiar el régimen social de la tierra es necesario que en asamblea donde se encuentren reunidos la mayoría de los comuneros o ejidatarios, ante la presencia de un representante de la procuraduría agraria, y ante votación mayoritaria se decida el cambio de régimen, de lo contrario la tierra sigue cumpliendo su carácter social”.

La comunidad de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, en virtud de su colindancia con los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, se muestra como un jugoso negocio para especuladores de bienes y raíces al abrirse las puertas del “comercio libre de la tierra”. Por eso, desde el 23 de mayo del año 2000, interpusieron oficios solicitando una respuesta del gobierno para asumir el compromiso de intervenir para impedir la destrucción de El Texcal que pertenece a la reserva ecológica, según el decreto firmado por el entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, del 22 de enero de 1937. 

“En Santa Catarina se tiene una tradición de lucha en defensa de las tierras, y por eso hemos logrado preservar la mayor parte de nuestras tierras comunales sin que pase a manos privadas”, dicen los comuneros de Santa Catarina.

En respuesta, ese mismo día la gobernadora Margarita González Saravia anunció que se trabaja en un proyecto integral para detener los asentamientos humanos irregulares dentro del Parque Estatal El Texcal, una importante área natural protegida ubicada en los límites de Jiutepec y Tepoztlán.

“Eso lo hemos planteado desde siempre, que es muy importante. El Texcal es un área natural protegida, como tal no se pueden vender esas tierras”, comentó la mandataria.  “Ya se está haciendo un trabajo a nivel federal, estatal y municipal para poder ponerle un freno a eso, porque el Texcal representa la captación de agua de todo el estado”, agregó.

Ojalá se cumpla esa asignatura pendiente que durante el último sexenio permaneció abandonada, pues Cuauhtémoc Blanco ni siquiera sabía dónde se encuentra El Texcal.

HASTA MAÑANA.