Durante años el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como estatal, recibió el mote de “Ombudsman” (del sueco ombuds que significa defensor y man, hombre); sin embargo, desde hace unos seis años, con eso de la inclusión, ahora es “ombudsperson”, lo que nos mete en un embrollo a la hora de ponerle título a la columna de hoy, pues lo que queremos decir es que los Poderes Legislativo y Ejecutivo ya saben quién es el hombre o la mujer que habrá de ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y sólo falta que hagan el procedimiento establecido por la ley.

Y es que, dada la importancia de esta institución en la vida jurídica del estado, tanto la gobernadora, sus asesores, y los integrantes de la LVI Legislatura (e incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia) no pueden dejar a la deriva al próximo o la próxima “ombudsperson”.

Lo mencionábamos en una columna anterior: La importancia legal de la Comisión radica en que es el único órgano autónomo facultado para interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Recordemos que —bajo la presidencia de Jorge Arturo Olivarez Brito — la CDH le echó a perder a los poderes Ejecutivo y Judicial un acuerdo para beneficiar a magistrados con 20 años en el cargo y su haber de retiro a cambio de impunidad para el exmandatario arriba mencionado.

Y luego, fue la CDH —ya con Raúl Israel Hernández Cruz al frente —, la que interpuso la acción de inconstitucionalidad 170/2023 contra la reforma que amplía el periodo al frente de la presidencia (de dos a cuatro años) al magistrado Jorge Gamboa Olea y le hizo el favor al Congreso para que el máximo tribunal del país resolviera que las dos terceras partes de 20 diputados son 14 y no trece, como el grupo “cuauhtemista” lo pretendía hacer.

¿Ya ven por qué no pueden dejar que “cualquiera” llegue a la presidencia de la CEDH-Mor?

Obviamente todos los servidores públicos involucrados en este proceso saldrán a decir que “seremos cuidadosos de que llegue a la presidencia la persona (hombre, mujer o de la comunidad LGBT) más preparada y que esté comprometida con el estado”, o algo así.

Hoy lunes a las 15 horas termina el plazo para las inscripciones de aspirantes a ese cargo, de acuerdo con la convocatoria publicada el pasado 26 de junio en el periódico oficial y en la página del Congreso.

Los requisitos son “los de cajón”. Llama la atención que sólo requieren nivel licenciatura y no es obligatorio ser abogad@. Treinta años es edad suficiente para ocupar el cargo, y no haber sido condenado o condenada por delito doloso (lo que le beneficia a una que tiene varias carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción).

También viene el acostumbrado y ambiguo requisito de “gozar de buena reputación con reconocido prestigio en la sociedad y haberse destacado por su interés en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal o Municipal, en algún partido político en el año anterior a su designación, así como no haber sido representante popular o candidato a un cargo de elección en la jornada electoral INMEDIATA anterior; y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de secretario o subsecretario de Despacho o Fiscal General del Estado, en el año anterior a su designación.

O sea, prácticamente sólo Uriel Carmona está impedido.

Según la convocatoria mencionada, los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de la primera etapa serán citados a una comparecencia, con los integrantes presentes de la Junta Política y de Gobierno, “con el fin de conocer el perfil del aspirante, su visión sobre la función de la Comisión de Derechos Humanos y su plan de trabajo”.

Posteriormente (sin mencionar fecha exacta), la Junta Política procederá a elaborar y aprobar por mayoría calificada mediante voto ponderado, el dictamen con los aspirantes a ocupar el cargo de la persona titular de la Presidencia que cumplieron con las dos etapas anteriores el cual se presentará al Pleno del Congreso mediante la votación de las dos terceras de los diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Hasta el momento (y dado que no pudimos conseguir la lista oficial) sabemos por diversas fuentes que ya se han registrado como aspirantes:

Nadxieelii Carranco Lechuga, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la CEDH; Adriana Ríos Irra, presidenta de Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos Humanos A.C.; Lucero Benítez Villaseñor, quien ya ocupó el mismo cargo hace seis años; Raúl Alberto Olivares Brito, procurador de derechos académicos de la UAEM y Patricia Bedolla Zamora, integrante de la comunidad LGBT.

Lorena Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, me ha confirmado que este día irá a registrarse al Congreso.

Ella es profesora investigadora del Instituto Nacional de Salud Púbica, con una trayectoria enfocada en la defensa de los derechos humanos desde el ámbito de la salud pública, la equidad de género y el fortalecimiento comunitario. Sus áreas de especialidad incluyen salud de la comunidad como un derecho constitucional, la prevención de la violencia de género, la atención de la salud mental con perspectiva de género, promoción de la salud de toda la población, especialmente en educación y comunicación para la salud y salud comunitaria con perspectiva de género.

En algunos días más tendremos la lista de las y los que pasaron a la siguiente etapa. Aunque -insistimos- (y aquí lo siento por varias amigas y amigos que se inscribieron pensando que había “piso parejo”) la verdad es que ya tienen a la persona que les conviene para trabajar sin contratiempos. Ya hubo acuerdos políticos para que llegue…

HASTA MAÑANA.