Los jueces siempre han estado en medio de todos los conflictos y nunca quedan bien con los protagonistas, sin embargo, en estos momentos se encuentran en una situación particularmente compleja dentro del escenario político del estado. Las presiones están al tope por parte de los poderes tanto formales como fácticos.

La narrativa oficial que acompañó la reforma judicial —acusando a jueces de corrupción, elitismo o falta de sensibilidad social— ha erosionado la confianza pública en el Poder Judicial. Esto genera un entorno de deslegitimación que puede derivar en ataques a la independencia judicial y en un debilitamiento del control constitucional.

Si a eso le agregamos que hubo un reacomodo al interior del Poder Judicial del estado de Morelos a raíz de la salida obligada de Jorge Gamboa Olea y la llegada de Juan Emilio Elizalde Figueroa con la ayuda de los otros dos poderes, entonces llegamos a la conclusión de que los juzgadores deben actuar con mucha cautela si es que quieren conservar el cargo.

Tenemos un nuevo presidente del TSJ pero también tenemos un nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con todo el apoyo de la gobernadora. Aquí el problema es que Miguel Ángel Urrutia no es licenciado en Derecho y se le hace fácil pedirles a los jueces “que se pongan la camiseta” de los buenos y no dejen salir tan fácilmente a los que sus policías detienen.

“Yo sí valoraría que los jueces nos apoyen con la prisión preventiva oficiosa por el bien de la sociedad”, dijo el pasado 4 de julio el titular de la SSPC, tras mencionar un caso en el que jueces estatales dejaron en libertad a una persona en posesión de drogas, y que la Secretaría de Seguridad Federal, (haciendo uso de las nuevas facultades que la ley le otorga) lo volvió a detener y ahora está preso en un penal federal.

Y es que Urrutia Lozano y Gamboa Olea hacían una excelente dupla para combatir a los delincuentes. El entonces presidente del TSJ (maestro en Políticas Criminales por el INACIPE), le pasaba tips al jefe de la Policía de los malosos que iban a salir libres y éste le decía qué jueces recibían moches a cambio de libertades.

Sin embargo, la relación no es la misma con Juan Emilio Elizalde, quien “se mostró sorprendido” cuando los reporteros le dijeron que cada 15 días el secretario de Seguridad se queja de los jueces. “La instrucción que tienen los jueces, no solamente los penales sino también de las otras materias, es actuar ajustados al marco del derecho”, puntualizó.

Quizás también Urrutia piense —como su amigo Gamboa— que el nuevo presidente del TSJ es un “viejo arcaico”, pero quienes lo conocemos sabemos que el ex reportero de Diario de Morelos es un profesionista del derecho que nunca le daría línea a un juzgador para resolver un asunto, en uno o en otro sentido.

Y es que ahora los jueces se enfrentan a un nuevo problema: que la gente quiere la justicia como se anuncian los huevos en los restaurantes: “Al gusto”.

Ayer fuimos testigos de una singular manifestación en la explanada del Tribunal Superior de Justicia. Animalistas calificaron como “indignante y ridícula” la decisión del juez Natanael Subdías, que sancionó a Roberto “N”, agresor del perrito Baileys, únicamente con la compra de cuatro bultos de croquetas.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación al recibir mediante redes sociales una denuncia por golpes contra Baileys por parte de su propietario, en un inmueble de la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Cuernavaca. El procedimiento fue acompañado mediante evidencia fotográfica y video.

El pasado 30 de junio, la Fiscalía Regional Metropolitana obtuvo del juez de control órdenes de cateo y de aprehensión contra Roberto “N”, por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal agravado, previsto en el Código Penal del Estado de Morelos. Debido a ese acervo probatorio, un juez determinó vincular a proceso a Roberto “N” y le impuso prisión preventiva como medida cautelar por los delitos de maltrato y crueldad animal, sin embargo, posteriormente fue dejado en libertad mediante una caución nunca vista: cuatro bultos de croquetas y la condición de que en un año no tenga ninguna otra mascota.

“Eso es vergonzoso y es ridículo. El juez pudo haber aplicado su criterio, para eso es juez, pero qué bueno que al parecer ya vamos a poder elegirlos nosotros”, dijo Vanessa Perbellini, quien encabezó la protesta en la que vertieron croquetas con salsa cátsup simulando sangre alrededor de la estatua de la Diosa Themis.

Más tarde, una comisión de animalistas fue recibida por el presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde, quien les explicó que la actuación del juez Natanael Subdías Aguilar estuvo apegada a las leyes que rigen este tipo de conductas, y que lo que se requiere es trabajar con las distintas autoridades, incluyendo al Poder Legislativo, en acciones que fortalezcan la sensibilización y la protección de los animales.

Y si por esta resolución hubo protestas, esperemos a ver cuál es la reacción de los vecinos de la colonia Lienzo del Charro si es que hoy el juez Cesar Augusto Galán Delgado vincula a proceso por delitos contra la salud o cualquier otro delito a Adrián “El Belicón”, de quien nos referimos ampliamente en una columna anterior.

La versión que se conoce es que los uniformados presuntamente recibieron un reporte mediante el que daban a conocer la presencia de individuos armados a bordo de una camioneta, por lo que se trasladaron al lugar. Al arribar a la zona se dirigieron a un andador de la colonia antes mencionada, poco antes del mediodía del pasado jueves 3 de julio.

Mediante un video se observa a los uniformados cuando arriban al sitio y comienzan a recorrer el lugar, donde había una camioneta estacionada, sin nadie a bordo.

Enseguida preguntaron por el propietario de dicho vehículo, y una mujer les indicó que es de su esposo. Unos momentos después, sin mostrar la orden de cateo, varios agentes se metieron por la fuerza a la casa de Adrián "N" tras romper el candado y forzar la puerta.

De acuerdo con la esposa del ahora imputado, los agentes sometieron y golpearon a "El Belicón", a quien arrestaron por presuntos delitos contra la salud y otros señalamientos. Hoy será la audiencia en la ciudad judicial de Atlacholoaya.

El juez se encuentra “entre la espada y la pared”. Si deja libre al expolicía municipal de Cuernavaca podría provocar el primer conflicto entre el TSJ y la SSPC. Si lo mantiene preso, habrá protestas de la gente que lo conoce. Es evidente que fue un error haber realizado este operativo a plena luz del día y frente a los medios de comunicación, así como vecinos que captaron todo en sus teléfonos celulares.

Seguramente en la siguiente Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz las corporaciones participantes -tanto estatales como federales- tendrán que deslindar responsabilidades, porque este asunto no puede quedar así nada más.

HASTA MAÑANA.