El movimiento por el rescate del Casino de la Selva ha sido paradigmático y ejemplar. En él participaron miles de personas y decenas de organizaciones no gubernamentales que protestaban contra su destrucción y por sus derechos colectivos, ambientales y culturales.
El 7 de julio de 2001, en los inicios del sexenio de Vicente Fox, empiezan las voces de alarma relativas a la venta – por demás sospechosa – del predio del ex Casino de la Selva por parte de la Secretaría de Hacienda al grupo transnacional CostCo, para construir 2 megatiendas con un estacionamiento común de mil 210 cajones.
Ante el absurdo de este proyecto, los miembros del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes de Morelos pidieron la intervención del flamante director del Instituto de Cultura, Alfonso Toussaint, a fin de proteger el patrimonio artístico ubicado en el predio. Éste responde que su tarea se limitaba a “proteger los derechos de autor.”
El 9 de julio, los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos rechazan también la construcción de las dos megatiendas; con ellos y con los guardianes de los árboles conformamos en escasos quince días el núcleo inicial del Frente Cívico pro Defensa del Casino de la Selva.
El 13 de julio, ni tardo ni perezoso, CostCo inicia la destrucción de la obra de Félix Candela con sus murales, provocando actos de protesta por parte de la ciudadanía; ya ahogado el niño y ante la santa indignación de Sara Bermúdez (Conaculta) e Ignacio Toscano (IMBA), el ayuntamiento detiene las obras de demolición, mientras que Sergio Raúl Arroyo, titular del INAH, ordena la suspensión de los permisos de construcción mientras se realizan las exploraciones de los vestigios arqueológicos.
La secretaría de Hacienda calla prudentemente: ¿cómo explicar que hayan vendido en 10 millones de dólares y como terreno baldío un predio que contenía obras de arte evaluadas en más de 500 millones de pesos?
El 9 de agosto, pese a todas las manifestaciones en repudio al proyecto CostCo-Gobierno, el municipio otorga el permiso de demolición y al año, después de que las obras artísticas y arquitectónicas habían sido destruidas por el capitalismo global, concede también el permiso de construcción sobre sus ruinas.
El 21 de agosto de 2002, más de 100 elementos antimotines y otros vestidos de civil fueron enviados por el gobierno de Sergio Estrada Cajigal para desalojar por la fuerza a los opositores al proyecto de construcción en el ex Casino de la Selva. Los manifestantes, entre ellos miembros del Frente Cívico Pro-Defensa del Casino de la Selva, fueron detenidos y enfrentaron acusaciones de sabotaje, motín y otros delitos.
La lista de detenidos, según el informe que presentó la Secretaría de Seguridad Pública de aquellos tiempos, es la siguiente:
Ignacio Suárez Huape, Samuel Jaramillo Salgado, Verónica Jaramillo Salgado, Arnulfo Andrade Fernández, Estela Ramos, Gabriel Rivas Ríos, Omar Barrera Mandujano, Ángel Arias, Francisca Rodríguez Ocampo, Flora Guerrero, Miguel Ángel Guerrero, Alberta Pacheco Sánchez, Lizbeth Terrones Pacheco, Sayra Yamina Terrones Pacheco, Ramiro Flores Solano, Alberto Molina de la Cruz, Charles Pollard Goff, Pietro Ameglio Patella, Plácido Mariano Gerardo, Abraham Gordillo Jaimes, Héctor Meza Camacho, Óscar Menéndez, Jesús Kirkland Colín, Francisco Javier Téllez Segura, Luis Aguirre Mendoza, Adrián Mujica, Argisofia Pérez Moreno, María Sofía Moreno, Abril González Sotelo, María Román Arroyo, Flor Monroy Román, Héctor Eduardo Leyva Olivo y la fotógrafa Nancy Machuca.
Ayer, varios de ellos se reunieron en un homenaje por el décimo aniversario luctuoso de Nacho Suárez Huape. A iniciativa de sus hijos, que hoy son todos unos profesionistas, se plantó un árbol en la plaza de armas; se declamaron poemas, se cantaron canciones y se realizó una ceremonia mística de los pueblos originarios, pero sobre todo se recordó a Ignacio Suárez Huape y su esposa Inés Montaño.
Como se recordará, Nacho y su familia sufrieron un accidente automovilístico sobre la autopista México-Cuernavaca el 20 de mayo de 2015 en el que la pareja murió y sus hijos sobrevivieron.
Hoy, la página Wikipedia dice que “Juan Ignacio Suárez Huape (1960–2015) fue un destacado activista social y político mexicano, originario de Michoacán y criado en Jojutla, Morelos. Estudió la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y se formó ideológicamente en la Teología de la Liberación durante la época del obispo Sergio Méndez Arceo”.
Fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, donde se desempeñó como su segundo presidente estatal. Entre 1997 y 2000 fue diputado local en la XLVII Legislatura, presidiendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En 1998, encabezó el juicio político contra el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea, acusándolo de permitir el crecimiento del crimen organizado en el estado, lo que resultó en la destitución e inhabilitación del mandatario.
Cuando nos enteramos de la fatal noticia (y después de descartar cualquier posibilidad de que el accidente haya sido provocado) sólo pudimos decir: “Qué suerte tuvo Graco Ramírez”. Sí, tenemos la seguridad de que si Nacho no hubiera muerto, seguramente se habría convertido en una “piedrita en el zapato” del polémico gobernante, pues su congruencia era a prueba de cualquier tentación.
Desde este espacio, nuestro abrazo fraterno a Alondra y Mauricio.
HASTA MAÑANA.
