El martes 24 de noviembre de 2020, Guillermo Mejía Santillán, entonces Agente del Ministerio Público de Robo de Vehículos, de la Fiscalía de la Región Oriente del estado, recibió una llamada telefónica.
La voz lo alertaba: “Van para allá, van por el sello, escóndelo”.
Era el Vicefiscal Anticorrupción de Morelos, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien le decía que pronto llegaría un operativo de Agentes de Investigación Criminal para asegurar un sello oficial en posesión de ellos.
Guillermo Mejía junto con el agente del Ministerio Público, Marco Antonio Sosa decidieron alterar el sello y así evitar que éste fuera relacionado con la denuncia en curso de la carpeta de investigación FRV01/1844/2020.
Una agente del Ministerio Público había utilizado dicho sello oficial para dar de baja el reporte de un robo del vehículo, pero no era el único caso había muchos otros que implicaba a una red de corrupción.
Pero esta historia había iniciado la noche del 12 de agosto de 2020, cuando dos hombres, uno de ellos con pistola, despojaron a una mujer y a su hijo, de una camioneta Dodge, Journey 2015, en Cuernavaca.
Parecía que el delito quedaría impune, como muchos otros, pero el propietario de la camioneta resultó ser Uber Abarca, ex director de la Policía Vial de Cuernavaca, quien inició una investigación por sus propios medios.
El exagente policial descubrió una red de corrupción de servidores públicos de la Fiscalía de Morelos vinculada con grupos delictivos del robo de autos. Dos meses y medio después, el 28 de octubre, Uber recibió la noticia de que su camioneta había sido recuperada, pues ya no aparecía como robada en la base de datos de Plataforma México.
Pero al preguntar por el vehículo, un contacto le dijo:
“Tu camioneta no la vas a encontrar, tu camioneta ya la vendieron”, y le confió que personal de la Fiscalía, desde al menos cuatro años, venía trabajando con bandas de robacarros.
Ese no fue el único caso en el que se evidenció que, los encargados de vigilar que no hubiera corrupción en las dependencias de gobierno, eran los principales que incurrían en actos deshonestos.
Existen versiones no comprobables que hablan de cantidades exorbitantes de dinero para no ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Secretarios de gabinete de anteriores administraciones, directores generales, alcaldes, tesoreros, regidores, todos tuvieron que pagar una “mochada” a los fiscales anticorrupción para no ser molestados. Un alto funcionario del gobierno de Graco Ramírez me confió: al ex director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo pagó dos millones de pesos para que le dieran “carpetazo” a su asunto. Y tres años después lo reactivaron y lo metieron a la cárcel.
Otro ciudadano, Oscar Galindo Morales, narró que Juan Salazar Núñez y Edgar Núñez Urquiza lo citaron en las instalaciones de la FECC en Cuernavaca el 28 de junio de 2023, ahí le mostraron los testimoniales listos para firmar y presuntamente fabricarle delitos a tres funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla y en caso de no firmar lo habrían amenazado con ir en contra de su padre.
"Yo les dije: sabes que ni siquiera los conozco (a los servidores públicos), les digo incluso que esto que están haciendo está mal, y me dijeron: si no lo haces vamos contra tu papá, ahí está clarísima la extorsión", mencionó el exmilitar en conferencia de prensa.
Una página de internet con la dirección https://www.juristamx.com fue creada exprofeso para exhibir a Edgar Núñez Urquiza. Además de publicar que fue denunciado por no pagar la pensión alimenticia de su hija, y que su nueva pareja cobra 35 mil pesos mensuales en la FECC sin tener una actividad específica. Aviadora pues.
En los últimos días, el portal mencionado publicó lo siguiente:
Urquiza: El simulador judicial. Cómo fabricar expedientes para blindarse ante el Dr. Leonel
El patrón es claro: Urquiza no investiga delitos, los produce. Cada caso amañado –como el del juez cívico– es un espectáculo montado para el Dr. Leonel. No busca justicia, sino supervivencia: infla estadísticas con procesos viciados, chantajea con falsos resultados y usa la institución como escudo personal. Su estrategia es patética: simular eficacia para que Leonel tema removerlo. Pero la pregunta persiste: ¿cuánto durará la Fiscalía siendo rehén de un simulador que trueca ética por auto-preservación?
Cada vez que es entrevistado por los medios de comunicación (la última vez en la cena del fiscal general con la prensa, el 5 de junio), la pregunta para el nuevo fiscal Leonel Díaz Rogel es siempre la misma: ¿Cuándo se va Edgar Núñez Urquiza?
El ex encargado de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, ayer mandó un comunicado que dice:
Como parte de la reestructuración integral que se efectúa en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el Fiscal Leonel Díaz Rogel agradeció a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza y a Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova la responsabilidad institucional que desempeñaron, respectivamente, como Vicefiscal Adjunto y Fiscal de Delitos Diversos.
Díaz Rogel expresó a Núñez Urquiza y a Gutiérrez Córdova -quienes presentaron renuncias voluntarias a sus respectivos cargos- el mejor de los éxitos en sus futuras actividades profesionales.
El titular de la FECC adelantó que, como parte de las acciones de reestructuración, ya se analizan diferentes perfiles profesionales para nuevas designaciones en diversas instancias de este organismo público.
¿Y las carpetas de investigación que inició el vicefiscal por cuestiones políticas (como la de los magistrados del TSJ) quién las va a dictaminar? ¿Quién será el valiente que aceptará la “rifa del tigre”?
HASTA EL LUNES.
