Después de conocer los datos que proporcionó ayer el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio con capacidad para producir hasta una tonelada mensual de metanfetamina, con un valor comercial estimado en 300 millones de pesos, nos queda claro que eso solamente lo podían mantener con la protección de los tres niveles de gobierno de anteriores administraciones.
Durante la conferencia de prensa de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó sobre un operativo interinstitucional que permitió el desmantelamiento de un narcolaboratorio de alta capacidad en el municipio de Huitzilac, así como la captura de presuntos miembros del grupo delictivo “Los Mayas y/o Los de Siempre”, generadores de violencia con significativa presencia regional.
El operativo fue ejecutado el pasado 17 de junio por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la SSPC Morelos, en una zona agreste del paraje “La Comadreja”, a hora y media de camino de la carretera federal México-Cuernavaca, ya en las faldas del volcán Los Cardos, en los límites con el estado de México. Es decir, en lo más recóndito de Huitzilac.
No sabemos desde cuándo existían estas instalaciones, pero nos hizo recordar que por ese rumbo hace unos 12 años, una camioneta de la embajada de Estados Unidos fue atacada por policías federales, afortunadamente estaba blindada y sólo por eso no hubo una masacre. Ahora todo parece tener sentido.
También por esa zona, específicamente en la comunidad de “Fierro del Toro”, fueron asesinados dos hombres y una mujer, empleados del Instituto de Salud Pública. En ambos casos, pudieron haber sido confundidos y ejecutados para evitar que se conociera la existencia de ese laboratorio clandestino.
En el lugar fueron aprehendidos tres individuos: José Adán “N”, de 18 años, originario de Pinotepa Nacional, Oaxaca; Damián “N”, de 22, de Santiago Tuxtepec, Oaxaca; y Norberto “N”, de 34, de Huitzilac, Morelos. También se aseguraron cinco reactores químicos industriales, veinte costales con sosa cáustica, bidones con ácido tartárico y otras sustancias precursoras, recipientes con droga en proceso, tanques de gas LP y depósitos de agua de gran capacidad.
Como se puede observar, estos cárteles utilizan a jóvenes que reclutan en estados como Oaxaca y Guerrero y se los llevan a estos laboratorios donde están prácticamente privados de su libertad.
Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la indagatoria por tratarse de delitos del fuero federal. Seguramente estos chamacos van a declarar que no saben quién es el dueño de las instalaciones, que ellos sólo conocen al que les va a pagar cada quincena o cada mes, y sólo lo identifican por su apodo. Ya nos la sabemos.
“Este logro representa un debilitamiento estratégico de las estructuras criminales que operan en la zona norte del estado, una región históricamente utilizada como corredor para el trasiego de drogas, armas y vehículos robados entre Guerrero, Morelos y la Ciudad de México”, informó el jefe policiaco, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito.
Lejos de ser un espacio marginal en la discusión nacional sobre seguridad, Huitzilac representa una muestra cruda de cómo la combinación de omisión, corrupción y colusión institucional puede incubar un ecosistema criminal que se perpetúa con impunidad. El bosque, que debería ser sinónimo de vida y conservación, se ha convertido en refugio de delincuentes, cementerio clandestino y ruta de paso para bandas que controlan desde el robo de autos hasta el robo de vehículos.
No es casualidad que Huitzilac haya ganado notoriedad nacional por casos emblemáticos de violencia, como el asesinato de turistas o el hallazgo de cuerpos en caminos forestales. Lo verdaderamente alarmante no es sólo la frecuencia de estos delitos, sino la persistente incapacidad —o falta de voluntad— de las autoridades estatales y municipales para enfrentarlos. Cada trienio, cada sexenio, nuevas administraciones prometen restablecer el orden y garantizar seguridad, pero en la práctica lo que impera es una red de complicidades que permite la operación de grupos criminales sin mayores obstáculos.
La cercanía con la Ciudad de México convierte a este municipio en un punto estratégico para múltiples economías ilegales. Desde la tala clandestina hasta el tráfico de drogas, armas y personas, la región opera bajo una lógica de control territorial que ningún gobierno ha intentado desmantelar de raíz. El paso constante de vehículos robados hacia el Estado de México o Guerrero es sabido por todos, pero enfrentado por nadie. Las barreras comunitarias de silencio son alimentadas por el miedo, sí, pero también por una amarga certeza: denunciar en Huitzilac equivale a ponerse en la mira, sin que haya garantía alguna de protección oficial.
Quizás por eso mataron a nuestro amigo y colega, Alejandro Mancilla Cueto, al igual que a su hermano José Luis, ambos ex presidentes del Comisariado Comunal.
El caso de Huitzilac evidencia un fenómeno más amplio: la construcción de un orden paralelo donde el Estado convive con estructuras criminales, permitiendo que estas administren el miedo, el territorio y la vida cotidiana. Es un fracaso institucional de largo aliento, no producto del azar, sino del abandono sistemático de las funciones más básicas del gobierno: proteger, investigar, castigar.
Hoy, la pregunta que se impone no es si se puede pacificar Huitzilac, sino si existe la voluntad política para desmantelar las redes de protección que lo mantienen como un enclave delictivo. Mientras eso no ocurra, cada homicidio, cada desaparición y cada acto de violencia en ese municipio no será un hecho aislado, sino una consecuencia lógica de un pacto de impunidad al que todos —autoridades, criminales y sociedad— nos hemos acostumbrado demasiado.
Acciones como éstas se deben reconocer en su justo valor. Ya vimos que cuando las tres gobernadoras (Margarita, Delfina y Clara), se reunieron para firmar el convenio de colaboración, estaban hablando en serio.
Sin embargo, ahora falta asegurarnos de que las investigaciones lleguen hasta los niveles más altos que sea posible, y no sólo estos mozalbetes que cuidaban el laboratorio vayan a recibir todo el peso de la ley. Tenía toda la razón Andrés Manuel López Obrador cuando decía que el presidente debe estar enterado de todo lo que ocurren en el territorio que gobierna.
Y si el gobierno federal estaba enterado, con mayor razón el estatal y el municipal. Esperemos que el brazo de la ley los alcance.
HASTA MAÑANA.
