Todo parece indicar que estamos frente a un nuevo paradigma en la relación de Poderes que conforman un estado. En las últimas semanas hemos sido testigos de acontecimientos que reflejan que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial llevan una excelente relación entre ellos.

Recuerdo que en aquella simulación de “asamblea informativa” sobre la reforma judicial que se llevó a cabo en el zócalo de Cuernavaca el 20 de julio del año pasado, subió al templete un diputado federal que dijo llamarse César Cravioto que comenzó a hacer ese ejercicio populista tan utilizado por la Cuarta Transformación y que consiste en hacer preguntas al público para que las respuestas sean por aclamación.

“¿Debe haber armonía entre los tres poderes, o queremos tres poderes peleados entre sí?”, cuestionó. A lo que la muchedumbre contestó al unísono: “¡Siiiii!“

Me quedé pensando que eso sería lo ideal para cualquier gobernante (el Plan C, le dicen), pero en las escuelas de Derecho de todo el mundo durante siglos los catedráticos nos han hablado de la obra de Montesquieu.

Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, fue un pensador clave de la Ilustración francesa, reconocido por obras como Cartas persas (1721), una sátira social y política, y El espíritu de las leyes (1748), donde formuló su célebre teoría de la separación de poderes.

Montesquieu advertía que “todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él”. Por ello, dividir el poder entre diferentes órganos impide su concentración en una sola persona o institución. Según su lógica, solo una clara división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial puede impedir la tiranía y el abuso de poder.
Para Montesquieu, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir bajo leyes justas y estables. La libertad política existe cuando los poderes están separados y cada uno actúa como freno del otro. Esto asegura que ninguna autoridad actúe arbitrariamente, y que los derechos de los ciudadanos estén protegidos. Cada poder (legislativo, ejecutivo, judicial) debe controlar y al mismo tiempo ser controlado por los otros.
Al reservar la interpretación y aplicación de la ley a un poder independiente (el Judicial), Montesquieu pretendía asegurar juicios imparciales, alejados de la influencia del poder ejecutivo o del legislativo. Esto fortalece el Estado de derecho, entendido este como el principio fundamental del gobierno democrático que establece que todas las personas, instituciones y autoridades —públicas o privadas— están sujetas y subordinadas a la ley, la cual debe aplicarse de forma justa, equitativa e imparcial.

Pero ¿Qué ocurre cuando desde la conferencia matutina de la presidenta de la República se da línea a magistrados y jueces sobre cómo resolver los procesos legales so pena de ser sancionados a través de un Tribunal de Disciplina conformado por pura gente ligada al partido Morena?

Es en ese lugar donde una sola persona (el presidente, hoy presidenta), decide en qué casos se exhibe a un ciudadano como delincuente y en cuáles se exigen “pruebas” para someterlo siquiera al escrutinio popular, e incluso se decide qué medio de comunicación es confiable y cuál responde a intereses ajenos al pueblo.

Volviendo al tema de Morelos, a muchos nos causó beneplácito al ver reunidos en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia a los representantes de los tres poderes del estado el pasado 10 de junio intercambiando elogios después de semanas de parálisis judicial, sobre todo después de que el último sexenio poco faltó para que el poder Ejecutivo y el Legislativo resolvieran sus diferencias a golpes (de hecho, Cuauhtémoc Blanco sí retó públicamente a un “tirito” a Agustín Alonso).

También, resulta loable que por fin, después de 12 años de pleitos estériles, gobierno del estado y Ayuntamiento de Cuernavaca estén trabajando juntos en temas tan importantes como es seguridad, infraestructura y desarrollo urbano.

Sin embargo, no podemos quedarnos callados ante hechos en los que evidentemente hay una violación a la Constitución y a los principios fundamentales del Derecho. ¿Dónde se había visto que sean los diputados quienes elijan al presidente del Tribunal Superior de Justicia?

Luego, en una sesión nocturna, la LVI Legislatura Local aprobó por mayoría de votos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como por el que se reforman diversas disposiciones y se adiciona el artículo 14 Bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en materia de representación efectiva, equitativa y proporcional.

Posteriormente, el Congreso aprobó el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en el acceso al cargo de ayuntamientos en el estado de Morelos.

En la misma sesión y emanado de la misma Comisión, fue aprobado el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 23-D de la Constitución Política del Estado de Morelos, que daba sustento al organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.

Hay que aclarar que, para dar cumplimiento al artículo 147 de la Constitución Política del estado de Morelos, las reformas aprobadas serán enviadas para su votación a los ayuntamientos instituidos como Constituyente Permanente, pero será suficiente con que 19 Cabildos de igual número de municipios lo aprueben para aplicar la “afirmativa ficta” y publicarlo en el periódico oficial para que entre en vigor.

En términos coloquiales, lo anterior significa que ahora habrá 30 diputados en lugar de 20; que 11 municipios deberán postular sólo mujeres para el próximo proceso electoral, pero exceptúan a Cuernavaca; y la desaparición del Instituto de la Mujer que era un órgano autónomo que tenía 20 años funcionando y que de un plumazo lo desaparecen sólo porque “así viene la línea desde la Federación”.

Entonces, ¿quemamos los libros de Montesquieu en los que habla de la auténtica separación de poderes?

HASTA MAÑANA.