El asesinato de Sarah Olivia Rendón Parra representa la prueba más dura para el fiscal general del Estado, Édgar Maldonado Ceballos, recientemente designado por el Congreso Local en sustitución de Uriel Carmona Gándara, por tratarse de la hija de una expresidenta municipal de Cuernavaca, y sobrina de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia, pero sobre todo, porque se trata de la familia de una colaboradora directa del funcionario.
El hecho ocurrió exactamente a 24 horas de que el fiscal rindió su informe de los primeros tres meses y 10 días en el que resaltó que “la justicia ya no puede ejercerse desde la simulación ni el aislamiento. Por ello, estos primeros 100 días marcan un punto de inflexión: de la inercia al acompañamiento, del silencio a la acción, de la simulación al compromiso con resultados”.
Es como si el hampa le hubiese jugado una broma macabra, al convertir en víctima mortal a la hija de una persona muy querida en todos los sectores de la población, y que actualmente se desempeña como directora del Centro de Atención a las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General del Estado.
¿Con qué cara va a ver todos los días a su colaboradora al llegar a su oficina sabiendo que el hombre que le quitó la vida a su hija sigue en la calle quizás matando a otras personas?
La prueba es también para el equipo más cercano del fiscal, porque -como lo mencionábamos en una ocasión anterior-, Édgar no es policía ni agente del Ministerio Público, así que ahí varios que fueron ratificados en el cargo van a tener que demostrar que están en el puesto por su capacidad para dar resultados y no por recomendaciones.
Nos referimos específicamente a Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), y el coordinador de la Agencia de Investigación Criminal, Jorge Antonio Hernández Narez, entre otros.
Porque a los abogados que ayer manifestaron su indignación por el fatídico hecho, en poco tiempo se les va a olvidar, pero a Sara Olivia Parra difícilmente se le quitará de la memoria ese minuto que cambió su vida cuando vio a su hija muerta en el interior de la camioneta.
“Como Barra de Abogados, no callaremos, no miraremos hacia otro lado y no cesaremos en nuestra exigencia hasta ver resultados reales”, escribió Adela Manzanares, la presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, a la que también pertenece Sara Olivia Parra.
La sociedad también exige resultados lo más pronto posible. No queremos que se repitan casos como el de la diputada Gabriela Marín, que al parecer ya a nadie le importa quién la mandó matar, ni siquiera a su familia. Es un caso pendiente que nos dejó como herencia Uriel Carmona, y que se esperaba que fuera de los primeros en resolver, pero nada.
Hasta ahora, la hipótesis más fuerte que se maneja es que se trató de un intento de robo de su camioneta. Hay varios factores que nos hacen pensar en esa posibilidad: el robo de vehículos con violencia está a la orden del día, además de que dos mujeres -una de ellas muy mayor- a bordo de una camioneta de lujo, representaba una enorme tentación para los delincuentes comunes.
Al parecer, se trata de una banda de delincuentes que operan en esa zona con el mismo modus operandi: amagar a las conductoras (mujeres casi siempre) para obligarlas a que entreguen los sensores de las camionetas y se bajen del vehículo.
Si fue así, esos ladronzuelos deben estar consientes de que no habrá rincón en este planeta donde puedan esconderse, y que se lamentarán toda su vida el haberse intentado apoderar de esa camioneta Mazda. Desde ayer ha comenzado una verdadera “cacería” en contra de bandas de robacoches que operan en la capital del estado.
Está bien que se maneje la hipótesis del asalto como el móvil “oficial” del crimen de Sarah Olivia Rendón. Sin embargo, los policías profesionales saben que no pueden descartar ninguna línea de investigación. En criminología enseñan que quien paga una ejecución lo hace pensando en que “parezca un accidente o asalto” para evitarse problemas. El crimen perfecto es el que deja suficientes pistas falsas para que las autoridades no descubran el móvil verdadero.
Sara Olivia Parra se ha desempeñado en cargos muy peligrosos como la coordinación del sistema penitenciario en el sexenio de Marco Adame, y durante ese tiempo recibió un buen número de amenazas por parte de la mafia del Penal de Atlacholoaya. De hecho, estuvo a punto de volver a ocupar el mismo cargo en la presente administración, se encargó de la entrega recepción de esa área, pero pudo más la propuesta del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia.
Por otro lado, la joven Sarah Olivia ya comenzaba a tener su propia trayectoria dentro de la administración pública. Estuvo un tiempo en el sistema DIF durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, luego en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y últimamente en el Instituto de la Defensoría Pública que depende de la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo con una carta escrita por su mamá y publicada en su muro de Facebook, fue en esta institución donde a Sarah Olivia no le fue muy bien.
“…no la paso bien los últimos meses, porque entró a trabajar a un lugar donde no la valoraron, cuando ella dio todo y más para apoyar a una persona que no conoce la palabra gratitud, no la trató bien, lo que la llevo a renunciar, y me dijo mamá me siento muy bien y tranquila, ya no podía más estar en un lugar tóxico, y con malos tratos”.
Todo parece indicar que se refiere a la actual directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, Everest Alejandra López Romero, de quien ya habíamos recibido quejas con anterioridad. Ella se quedó después de que la propuesta original, Paola Cruz Torres, fue designada tesorera del partido Morena a nivel estatal.
Y bueno, aunque parece una posibilidad muy lejana, no se debe perder de vista que la hoy occisa, era hija de Jorge Rendón Montealegre, hermano de la magistrada Bertha Leticia, de los mismos apellidos, una de las más críticas del Tribunal Superior de Justicia que hoy cumple nueve días en conflicto.
HASTA MAÑANA.
