Maciel Calvo

Maciel Calvo

La medida, hasta que el Poder Judicial federal legitime su nombramiento.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, llamó a Rubén Jasso Díaz a frenar cualquier nombramiento de colaboradores hasta que su designación como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea resuelta por los tribunales federales.

Recordó que la legalidad de la elección de Jasso Díaz como titular del TSJ está en duda, al haber sido ungido en una sesión solemne de Pleno que fue realizada sin contar con el quórum legal, de al menos 12 magistrados, como lo establece la ley.

Subrayó que son cuestionables los nombramientos de sus primeros colaboradores, al designar como contralor del TSJ a Rodolfo Barrios Morales, esposo de la magistrada Elda Flores León, quien además es integrants de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

“Nombró al esposo de la magistrada Elda como contralor, pero a su vez la magistrada forma parte de la junta de administración y, entonces, difícilmente va a auditar a su esposa”, subrayó.

Otro nombramiento cuestionado fue el de Alma Patricia Salas -quien fuera asesora de presidencia durante la gestión de María del Carmen Cuevas López- como juez de primera instancia, control, juicio oral y ejecución de sanciones, ya que se realizó sin evaluación y sin auscultar el perfil para desempeñarse en la función jurisdiccional.

“Recordemos que el nombramiento del magistrado Rubén Jasso se dio no habiendo el quórum legal que la ley estipula. Como consecuencia de ello, se lleva un juicio que se está ventilando en los juzgados de distrito y evidentemente en tanto no se resuelva esta situación, todos los demás nombramientos que se puedan dar  son nulos de pleno derecho.

“Entonces, el llamado es que se abstenga de hacer nombramientos en tanto el Poder Judicial de la Federación no resuelva sobre lo ilegal o legal de su designación”, sostuvo.   

 

 

 

Cada grupo sigue con nueve integrantes; el nuevo presidente enfrenta ya dos denuncias de sus adversarios.

En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no hay visos de reconciliación, al mantenerse el bloque opositor de magistrados y las querellas iniciadas contra quienes apoyaron la asunción de Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente.

El pasado viernes, Jasso Díaz se integró como representante del Poder Judicial de Morelos a la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 organizada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), que se realizó de manera virtual debido a las restricciones y medidas preventivas adoptadas durante contingencia sanitaria por el covid-19-

De acuerdo con un comunicado del TSJ, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio la bienvenida y reconoció a Rubén Jasso como representante del Poder Judicial de la entidad.

Durante su intervención en la sesión virtual de la Conatrib, el magistrado presidente coincidió con sus homólogos en la necesidad de realizar una reforma federal que garantice la verdadera autonomía financiera a los tribunales de justicia estatales

“En el estado de Morelos llevamos nueve años con esta reforma, sin embargo no se ha cristalizado esta independencia financiera. La mayoría de los tribunales apoyaron la moción de la secretaria de Gobernación para que esta reforma sea a nivel nacional y ya contemos (verdaderamente) con nuestra autonomía financiera”, dijo.

Pero al interior del TSJ las posturas siguen divididas y hasta el momento no hay visos de que pudiese existir una reconciliación entre los dos grupos de magistrados. De un lado, se encuentran los nueve magistrados que en la sesión del 5 de mayo, sin el quórum de al menos 12 magistrados previsto en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial Estado de Morelos prevé para sesionar, decidieron consumar la sesión solemne de Pleno para erigir a Jasso Díaz como magistrado presidente.

Este bloque de magistrados defiende la legalidad de la designación, por considerar que el resto de sus homólogos fueron debidamente convocados a la sesión y fueron ellos quienes voluntariamente decidieron no acudir a sesionar y, ante la ausencia injustificada, optaron por sesionar y decidir sobre la representación del TSJ.

El bloque de magistrados disidentes refuta la designación e insiste en que hubo vicios en la convocatoria y que tanto la sesión como la elección son ilegales, por no haberse cumplido con el quórum legal previsto en la ley, cuyo criterio ha sido confirmado por los tribunales federales.

Incluso, el pasado 22 mayo, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Emilio Elizalde Figueroa, interpusieron una segunda denuncia penal contra Rubén Jasso Díaz, a quien el bloque de nueve magistrados desconoció como titular del TSJ.

En esta segunda querella iniciada ante la Fiscalía General del Estado, Jasso Díaz fue acusado del presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público,  por ocupar un cargo de manera ilegítima, “toda vez, que su ejercicio deviene de la ilícita designación que se le realizó en fecha 05 cinco de mayo de 2020 dos mil veinte, donde de manera dolosa, nueve magistrados sin reunir un quorum legal, le designaron como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado”.

 

 

La actuación incluye los casos de la comunidad LGTTTBQ

Alerta por posible brote de coronavirus entre la población interna.

La alarma se desató nuevamente en el penal de Atlacholoaya, pero la causa no fue una riña ni un motín, sino un posible brote de coronavirus entre la población interna. Oficialmente, hay un reo que murió por la enfermedad y por la negligencia de las autoridades penitenciarias, que se resistieron a darle atención médica de inmediato durante los primeros síntomas.

En el monitoreo y supervisión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a centros penitenciarios de 14 entidades del país en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19 ya aparece el caso de Isidro Rodríguez, quien hace unos días falleció presuntamente por coronavirus, pues presentó todos los síntomas pero el resultado de la prueba está pendiente.

En las últimas horas, internos y personal han denunciado la presunta muerte por covid-19 de una custodia y otro más en la cárcel distrital de Cuautla. Hasta el momento, la coordinación de reinserción social que encabeza Israel Ponce de León Borquez, mantiene su acostumbrado hermetismo, en un intento por esconder lo que sucede en el interior de penal más grande de Morelos, que alberga a más de dos mil 300 personas privadas de su libertad.

Familiares de los internos lanzaron los primeros pedimentos de auxilio y denunciaron que la dirección del penal restringió la atención médica a los internos que presentan síntomas de enfermedad respiratoria y dificultad para respirar.

“Por favor, las personas privadas de su libertad se están muriendo de covid, ya son 80 personas las infectadas, en especial las del dormitorio 1, del 1 a la celda 10 y 12 están muy graves ya, ya hay internos que no tienen ni modo ya de respirar, no pueden caminar ya por el dolor de sus articulaciones, tienen fiebre muy alta, tienen vómito y dolor de cabeza, temperatura de 40 grados”, dijo la madre de un interno, que pidió el anonimato y que aseguró que es lo que su hijo le narró vía telefónica.

“Recibí una llamada por parte de un familiar que tengo recluido en el penal de Atlacholoaya, en el Estado de Morelos para hacerme del conocimiento de que tenía síntomas de que aparentemente parecían del covid, se veía muy preocupado, decía que no podía respirar, que tenía mucha tos”, dijo José Patricio Guadarrama, familiar de otro interno, quien se quejó de las autoridades penitenciarias y la deficiente atención médica.

Pero el caso que ha puesto en vilo la situación que se vive en el penal de Atlacholoaya es el de Isidro Rodríguez Sánchez, interno que falleció este martes con síntomas de covid-19 y cuyo caso ya aparece en las estadísticas de la CNDH.

El abogado de la familia de Isidro, Ricardo Sánchez Bautista, adelantó que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y una denuncia penal contra la directora del penal de Atlacholoaya, Lluvia Bartolo Oregón, por su responsabilidad en el deceso de Isidro, al negarle la atención médica oportuna.

“Vamos a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también una denuncia penal por las irregularidades en las que incurrió la directora del centro penitenciario. Primero, al no prestarle la atención médica a la que está obligada a cualquier interno y, dos, al no acatar un mandato judicial en la cual la juez le ordenaba que trasladara al interno Isidro Rodríguez Sánchez a un hospital particular, para su atención”.

Narró que desde que la víctima presentó los primeros síntomas de covid-19 se pidió a las autoridades penitenciarias el traslado al hospital para que se le practicara la prueba y se le diera tratamiento adecuado, sin embargo, la directora del penal rechazó la petición y la familia tuvo que recurrir a un juez.

Fue así que la directora del penal, Lluvia Bartolo Oregón, fue apercibida por la juez oral Yaredy Montes Rivera, quien ordenó llevar a Isidro al hospital, pero en dos ocasiones la funcionaria penitenciaria simuló el traslado y se negó a llevarlo al hospital particular.

Hasta que la juez sancionó a Bartolo Oregón fue cuando finalmente se logró el traslado a un nosocomio, pero él ya estaba grave y finalmente falleció.

Isidro compartía la celda con otros 14 internos, razón por la cual se solicitó a la autoridad penitenciaria practicarles la prueba del covid-19, ya que algunos han presentados síntomas como tos y fiebre.

“El día de ayer solicitamos a la juez de nueva cuenta que autorizara que se realizara el examen, incluso de manera particular lo pagaban los familiares, a los demás internos que ahí se encuentran, porque están probablemente infectados, han tenido síntomas, han tenido tos, han tenido calentura, nos lo han dicho, pero también nos han dicho que tienen bastante temor de dar a conocer esto por lo que sucede en los penales”, expuso el litigante.

Debido a los testimonios de familiares de internos que están preocupados ante un posible brote de coronavirus dentro del penal de Atlacholoaya y otros centros penitenciarios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos solicitó informes a las autoridades penitenciarias, quienes a más tardar el lunes deberán de responder la petición de información del organismo.  

Las autoridades penitenciarias, quienes han sido cuestionadas en los últimos meses por la violación de derechos humanos y su falta de pericia para mantener el control de las cárceles locales, mantienen silencio sobre el tema y los familiares no tienen certeza del estado de salud de muchos de los internos. Sobre la salud de los custodios, tampoco hay certidumbre.

 

 

 

Quienes incurran en esta conducta podrán ser sancionados hasta con prisión.

La venta de bebidas alcohólicas sin contar con permiso expedido por la autoridad municipal quedó tipificado como delito en el Código Penal del Estado del Estado de Morelos y quienes incurran en esta conducta podrán ser sancionados hasta con prisión.

Con su reciente publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la adición que el Congreso de Morelos realizó a la legislación penal de la entidad, luego de que en los último tres años se han detectado establecimientos que operan ilegalmente para vender bebidas de dudosa procedencia y  que expenden  licor a menores de edad.

De acuerdo con el legislador, para poder llevar a cabo las actividades reguladas sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Morelos, como son la venta, consumo y/o distribución de bebidas alcohólicas, se debe contar obligadamente con licencia o permiso otorgado por la autoridad municipal, previo cumplimiento de los requisitos que marca la propia ley y el pago de derechos.

La reforma estableció que la proliferación de establecimientos clandestinos y que operan al margen de la ley se ha convertido en problema grave en todos los municipios, ya que fomenta el consumo indiscriminado de alcohol y genera problemas de salud y de seguridad.

“La venta y/o distribución indiscriminada de bebidas alcohólicas, sin previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos ocasionan problemas sociales verdaderamente preocupantes, pues con mucha facilidad se enajenan y distribuyen bebidas alcohólicas sin ningún tipo de supervisión tanto en su calidad como en su distribución a cualquier tipo de persona y en cualquier horario y lugar, ocasionando con ello, problemas de inseguridad y de salud, en donde en muchas de las ocasiones se derivan por el consumo de bebidas alcohólicas ilegales o adulteradas.

“El problema social se agrava cuando existen casos de intoxicación severa por alcohol, pues uno de los factores que genera esta problemática es precisamente la venta clandestina de vinos y licores en nuestro estado”, justificó.

Por tal razón, adicionó el artículo 211 sextus del Código Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de tipificar como delito la venta o distribución de bebidas alcohólicas sin permiso o licencia expedida por la autoridad.

En consecuencia, “a quien venda o distribuya bebidas alcohólicas sin contar con la licencia o el permiso emitido por la autoridad correspondiente, se le impondrá de tres a dieciocho meses de prisión y multa de 100 a 500 veces el importe del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (equivalente a 8,688 a 43,440 pesos) al momento de la comisión del delito”.

Pero la adición legislativa matiza: “Se considera que se tiene permiso, aún y cuando este se encuentre pendiente de ser refrendado por la autoridad municipal competente o corresponda a un domicilio distinto al que se encuentra en el mismo, siempre y cuando se encuentre dentro del municipio de que se trate”.

El caso más reciente de venta y distribución de bebidas alcohólicas sin permiso municipal, quedó al descubierto el pasado 10 de mayo en la zona oriente, cuando un grupo personas ingirió un refino adulterado de venta a granel  durante una convivencia en la comunidad de Telixtac, municipio de Axochiapan. Hasta el momento, 21 personas fallecieron por la intoxicación y varias permanecen hospitalizadas.

 

 

 

Afirman que no es magistrado presidente porque en su elección se violó la legalidad.

La mitad de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desconoció a Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente, por no haberse cumplido con los requisitos legales y constitucionales para su designación. En tanto, el nuevo representante del Poder Judicial advirtió que todos los magistrados están obligados a cumplir con sus deberes y aseguró que buscará el diálogo con sus homólogos disidentes.

A través de un comunicado firmado por los magistrados Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Ángel Garduño González, Rocío Bahena Ortiz, Luis Jorge Gamboa Olea, Nadia Luz María Lara Chávez, Carlos Iván Arenas Ángeles y Bertha Leticia Rendón Montealegre, ese grupo fijó su franca postura de no reconocer a Jasso Díaz.

En su comunicado, los magistrados disidentes insisten en que la sesión solemne de Pleno del pasado 5 de mayo, convocada para elegir al relevo de la hoy magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López (quien enfrenta tres denuncias penales por presunta uso falso de documento y alteración de identidad) se realizó fuera de la ley.

Señaló que la cuestionada sesión se realizó en medio de la contingencia sanitaria por el covid-19; se efectuó en un día marcado oficialmente como día inhábil y no contó con el quórum legal que prevé la ley y cuyo criterio ha sido ratificado por jueces federales con respecto a que, para sesionar y tomar decisiones, deben estar presentes al menos 12 magistrados y en la sesión solo acudieron nueve magistrados.

Advirtieron que hay violaciones a los artículos 91, 94 y 128 de la Constitución local y a los artículos 27, 29 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y responsabilizaron a la ex titular del TSJ de poner en grave riesgo la labores jurisdiccionales en aras de imponer a su sucesor.

“Todo ello con el fin de impedir el cumplimiento de los principios democráticos y jurídicos que rigen la elección a presidente o presidenta; y además de manera primordial, intentando depositar ilegalmente y de facto la representación y conducción del tribunal, colocando en grave riesgo toda la labor jurisdiccional y administrativa, ante la evidente nulidad que acarree todas las acciones o decisiones que emerjan de una persona que carece de facultades jurídicas.

“Ante este nuevo atropello a la democracia y a la legalidad, es claro que para que el Pleno del tribunal hubiere podido designar al presidente, debía encontrarse en principio debidamente integrado, lo que dejó de suceder así precisamente al ausentarse 9 de los 18 magistrados del TSJ, de ahí que a la agrupación de los restantes 9 magistrados, incluida la magistrada presidenta del TSJ, la legislación no les reconoce la calidad de pleno ni les otorga expresamente facultades para tomar los acuerdos en franca contravención a las disposiciones Constitucionales y legales, por ende, carecen de toda validez establecida por la ley”, expresó.

De manera tajante, los nueve magistrados desconocieron a Jasso Díaz como nuevo titular del TSJ: “No reconocemos a Rubén Jasso Díaz como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, porque no lo es, y hacemos responsable directamente a la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López o María del Carmen Cuevas López de todos los daños y perjuicios que se hayan producido y se produzcan en todas las instancias jurisdiccionales y administrativas del tribunal, por haber utilizado un mecanismo espurio que busca malograr el que el Tribunal Superior de Justicia cuente con la representación que, a través de la presidencia, legal y legítimamente corresponde.

“Y en el mismo tenor hacemos también directamente responsable al magistrado Rubén Jasso Díaz, por todos aquellos actos y decisiones bajo las cuales se ostente falsa e ilegalmente como titular de la presidencia del tribunal superior de justicia, en unión del resto de los magistrados que se prestaron y se sigan prestando para incurrir en dichas anomalías”, señaló el grupo inconforme, que subrayó que combatirá la designación por todas las vías jurídicas posibles.

Ya en su primer día en funciones, el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, anunció el nombramiento de Rafael Jiménez Jiménez como nuevo Secretario General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina el Poder Judicial.

Más tarde, realizó una entrega simbólica de cubrebocas al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos. Ahí, reiteró que buscará dialogar con sus homólogos inconformes y lograr la cohesión al interior del TSJ.

Defendió su designación y consideró que los puntos de vista del grupo disidente son solo diferencias de criterio e insistió en que pugnará por la buena marcha de la administración de justicia, pues la ley obliga a todos los magistrados y funcionarios judiciales a cumplir con su deber.   

 

 

 

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Cristian Iván Velasco Alcocer, fue denunciado penalmente por los presuntos delitos de daños y amenazas.

De acuerdo con el denunciante, Adrián Flores Barranco, alrededor de las 11 noche del pasado sábado el líder barrista y su prima Daysi, madre de sus hijas, llegó a su casa a recoger a las menores, pero ambos tenían fuerte aliento alcohólico y por la hora, decidió que no era conveniente que se las llevarán.

El abogado y su prima habrían montado en cólera, comenzaron a insultarlo, a amenazarlo y a golpear con unos tubos su puerta, los vidrios y hasta un medidor de energía eléctrica.

Señaló que los hechos de violencia fueron presenciados por las menores, de quienes tiene legalmente la guardia y custodia.

Por tal razón, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia de hechos por los daños y amenazas perpetradas por Velasco Alcocer y su prima, aunque lamentó que la autoridades le hayan negado la implementación de medidas de protección, ya que teme que el líder de la Barra de Abogados cumpla con sus amenazas.

 

La acusa de usar un documento falso y alterar su identidad.

Abre FGE carpeta de investigación por decesos por la misma causa en municipios del oriente de Morelos.

La Fiscalía General del Estado colabora con su homóloga poblana para indagar si hay vinculación entre los decesos ocurridos en ambos estados por el presunto consumo de alcohol adulterado.

A través de un comunicado, la fiscalía morelense informó que abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de varias personas en la región oriente de Morelos tras ingerir alcohol adulterado y “ha establecido una comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, para determinar si el producto o la mezcla alcohólica es procedente de aquella entidad, toda vez que se registraron en días recientes decesos en los Municipios poblanos de Chiconcuautla y Xochitlán Todos Santos, por consumo de bebidas adulteradas”.

De acuerdo con información de los Servicios de Salud de Morelos, se confirmó la muerte de 18 personas de entre 15 y 71 años de edad, originarias de los municipios de Axochiapan, Jonacatepec y Tepalcingo, quienes habrían ingerido mezcal durante una fiesta el domingo 10 de mayo. Seis personas más se encuentran todavía hospitalizadas.

En Chiconcuautla, Xochitlán Todos Santos  y Huaquechula,  en el estado de Puebla, ocurrieron más de 20 decesos confirmados por autoridades de esa entidad, donde también se inició una investigación para deslindar responsabilidades.

En el estado de Jalisco también se registró el pasado 12 de mayo otro caso en el que fallecieron 33 personas, quienes también habían consumido refino adulterado en los municipios de Ajijic y Chapala.

La FGE detalló que cumplió una orden de cateo en un inmueble ubicado en el barrio de San Francisco de Jonacatepec, donde aseguró garrafas de plástico con capacidad de 19 litros, tres botellas plásticas, una jarra, un embudo plástico y diversas notas de venta. El líquido alcohólico será analizado para determinar su composición.

Adicionalmente, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, originarios del municipio de Jonacatepec, a quienes se les practicó la necropsia y se concluyó que la causa de muerte fue por intoxicación alcohólica.

 

 

 

Jueves, 14 Mayo 2020 04:06

Se agudiza fractura en Pleno del TSJ

Jueces orales apoyan a Rubén Jasso Díaz.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron una denuncia penal contra nueve de sus homólogos, por la presunta comisión del delito de coalición de servidores públicos, al realizar sin quorum legal la sesión de Pleno Solemne del 5 de Mayo para elegir como magistrado presidente a Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la denuncia de hechos iniciada ante la FGE por los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Juan Emilio Elizalde Figueroa, la todavía titular del TSJ, Carmen Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, magistrado presidente electo, y los magistrados María Idalia Franco Zavaleta, Elda Flores León, Valentín González García, Miguel Ángel Falcón Vega, Manuel Díaz Carvajal, Carmen Aquino Celis y Leticia Taboada Salgado, así como Paulina Toscano Vera y Leodegaria Murias Guzmán, oficial mayor y secretaria general del tribunal, habrían incurrido en una conducta ilícita.

Los denunciantes insistieron en que abiertamente sus homólogos violentaron no solo la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino las cinco sentencias dictadas por los juzgados de distrito Segundo, Tercero y Séptimo, en las que se sostuvo el criterio de que para que el Pleno del TSJ sesione y tome decisiones debe contar con un quórum de dos terceras partes de sus integrantes, es decir, de al menos 12 magistrados.

“Por lo tanto, aún y a sabiendas que para realizar la sesiones y deliberaciones se requieren, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las dos terceras partes de los magistrados, aun sin existir quorum legal continuaron en dicha reunión y determinaron designar como presidente a Rubén Jasso Díaz a quien a sabiendas de la ilegalidad de dicho acto desplegó una conducta consistente en protestar un cargo que proviene de un hecho ilegal”, detalló el documento presentado ante la fiscalía estatal.

Los magistrados denunciantes recalcaron que “existen indicios suficientes que hacen presumir la existencia de un hecho delictivo siendo este el de coalición de servidores públicos” y la “ilegalidad que no es desconocida para los 09 magistrados que de manera activa” participaron en la polémica sesión del 5 de mayo.

El magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, señaló que hay una evidente violación legal e indicios de un delito, por lo que en cumplimiento del deber que impone la ley a quienes tienen conocimiento de un hecho ilícito, se interpuso la denuncia en contra de los nueve magistrados y dos funcionarias del TSJ.

Reiteró que la designación de Jasso Díaz es ilegal e insistió en que se promoverán las acciones legales necesarias para combatir el proceso de elección.

 

JUECES ORALES APOYAN A JASSO

 A través de un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, la Asociación de Jueces Orales del Estado de Morelos dio su apoyo a Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente del TSJ,  quien entraría en funciones a partir del lunes 18 de mayo.

“La Asociación de Jueces Orales del Estado de Morelos por este medio reconoce la elección del magistrado Rubén Jasso Díaz como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y espera que las controversias suscitadas en el proceso de designación sean dirimidas ante las autoridades correspondientes, respetando en todo el momento el resultado de su determinación.

“Deseamos se tiendan los puentes de comunicación necesarios para generar unión y el fortalecimiento que requiere el Poder Judicial, en harás (sic) de beneficio de la sociedad morelense”, estableció la misiva firmada por la comisión designada por la asociación integrada por los jueces Nancy Aguilar Tovar, Ramón Villanueva Uribe y el polémico Daniel Rodríguez Apac.

 

 

 

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