Maciel Calvo

Maciel Calvo

Paralizó mediante un amparo el proceso para elegir a su sustituto

Cuernavaca, Morelos.- Un juez de distrito paralizó la designación de un nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), tras conceder la suspensión provisional al magistrado de la Segunda Sala Orlando Aguilar Lozano, a quien el Congreso pretende relevar del cargo.

La semana pasada comenzó la pasarela de aspirantes a la magistratura ante los diputados integrantes de la Junta Política y Gobierno del Congreso de Morelos, luego de que el pasado mes de diciembre los diputados lanzaron la convocatoria para elegir al magistrado del TJA relevaría a Aguilar Lozano.

De acuerdo con el juicio de amparo 219/2018, promovido por el titular de la Segunda Sala del TJA, el Juzgado Segundo de Distrito le concedió la suspensión provisional para evitar que el Congreso concluya el proceso de designación y toma de protesta del nuevo magistrado.

“La suspensión se concede únicamente respecto a la etapa conclusiva relativa al procedimiento de selección para ocupar el cargo de magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esto es, para paralizar la emisión del (sic) declaratoria o nombramiento correspondiente de magistrados y, por ende, la expedición del nombramiento, pues no existe aún derecho afectado, sino expectativa de derecho a la designación correspondiente y, en esa tesitura, no podrán causar daños y perjuicios de difícil reparación a dichos terceros (los aspirantes)”,  dice la resolución del juez federal Carlos Anuar Jaimes Torres.

Esto significa que el proceso de selección podrá continuar, pero por el momento no se podrán concretar la designación y tomar protesta. En los próximos días, el juez federal deberá determinar si concede la suspensión definitiva.

Esta es la segunda ocasión en que el Congreso de Morelos intenta, sin éxito, relevar al magistrado, Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.

La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo pero Aguilar Lozano no sólo se  mantuvo en el cargo sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo y emitió una nueva convocatoria.

El magistrado de la Segunda Sala alega a su favor que, con la reciente reforma constitucional que extendió a 20 años el periodo de todos los magistrados del Poder Judicial local y elevó de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso, debe permanecer como magistrado hasta el 29 de octubre de 2019, cuando cumple la edad límite.

 

La presidenta del órgano denunció la violación de preceptos constitucionales con la reforma constitucional aprobada en enero pasado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional promovida por la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, contra la reforma legal aprobada el 19 de enero que extinguía a este órgano especializado.

Aun cuando hace cuatro días el Congreso de Morelos reculó en la intención de extinguir el TUJA, la titular del este tribunal ya había iniciado el proceso de impugnación ante el máximo tribunal del país para evitar lo que juristas y organizaciones civiles llamaron un “grave error técnico” que ponía en riesgo, no sólo la justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley, sino violaba preceptos constitucionales como el interés superior de los niños y adolescentes y el debido proceso.

De acuerdo con los estrados electrónicos, la presidencia del SCNJ dio trámite a la controversia constitucional 51/2018 y la turnó a un ministro instructor, para que se pronuncie sobre la admisión o no del medio de control constitucional y, en su caso, la implementación de medidas cautelares.

La controversia constitucional fue promovida por el TUJA por dos razones fundamentales: la primera, porque la reforma que pretendía la extinción del tribunal fue completamente unilateral al no haber sido consultada ni con los integrantes del órgano de justicia, ni con especialistas; y, la segunda, porque atentaba contra la Constitución federal y tratados internacionales que velan por una justicia especializada y protectora de los derechos humanos de los menores en conflicto con la ley.

Sala Regional revocó la multa impuesta al Partido Humanista.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sí tiene facultades para iniciar de oficio Procesos Ordinarios Sancionadores (POS) y revocó la multa impuesta al Partido Humanista.

Al resolver el juicio electoral 2/2018, promovido por el Impepac, y el juicio de revisión constitucional 5/2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF declaró fundados los agravios expuestos por los quejosos contra la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en el recurso apelación TEEM/RAP/79/2017-3.

En dicho recurso, el Partido Humanista (PH) se quejó de la multa que le fue impuesta por el Impepac por afiliar como militante a una persona sin su consentimiento. El TEE recalificó la falta de grave a mediana y redujo la sanción económica impuesta al partido por el Impepac, mediante el desahogo de un POS.

Adicionalmente, en su resolución, el TEE pidió al Consejo Estatal Electoral del Impepac “respetar las pretensiones de los ciudadanos y a no iniciar de oficio los POS cuando la legislación vigente aplicable no lo contempla”. 

En lo referente a la inconformidad del Impepac, la Sala Regional consideró que el órgano administrativo sí tiene la facultad para iniciar de oficio dichos procedimientos sancionadores, porque el instituto tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la norma electoral.

“Se estima fundado los agravios del Impepac, ello, en razón de que en términos de la normativa constitucional y legal, es un organismo público electoral que, entre otras atribuciones, cuenta con las de ser autoridad en la materia, contribuir al desarrollo de la vida democrática y consolidar el régimen de partidos políticos, situación que implica un deber de vigilancia respecto del cumplimiento de las normas que tutelan los principios del derechos lectoral.

“Así entonces, se estima que la facultad de iniciar un procedimiento administrativo sobre irregularidades o faltas, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia. En ese sentido, se considera que el Impepac al iniciar de oficio un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una falta, no sólo está ejerciendo en sus facultades, sino que además está obligado a realizar tal actividad como órgano administrativo garante de vigilar el apego a los principios rectores de la materia electoral”, se estimó en la resolución federal y ordenó dejar sin efecto la restricción impuesta por el TEE.

En cuanto al reclamo del Partido Humanista, la Sala Regional determinó revocar la resolución respecto de la recalificación de grave a mediana, de la sanción impuesta por el Impepac por la afiliación de una persona, sin que ésta lo haya consentido.

Para el TEPJF, el TEE no valoró la voluntad del instituto político para esclarecer y corregir la afiliación no autorizada, y la comprobación de que no hubo lucro o beneficio. Por lo tanto, el TEE deberá emitir una nueva resolución respecto a la individualización de la sanción, tomando en cuenta los argumentos expuestos por el instituto político.

Cuernavaca, Morelos.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) impugnó la restricción que fue impuesta por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).

El órgano electoral administrativo promovió el juicio electoral SCM-JE-2/2018 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inconformarse con la resolución del TEE, en el recurso de apelación TEEM/RAP/79/2017-3, con respecto a la facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de iniciar de oficio los procedimientos ordinarios sancionadores.

En el recurso de apelación, el Partido Humanista se quejó de la multa que le fue impuesta por el Impepac por afiliar como militante a una persona sin su consentimiento. El TEE recalificó la falta de grave a mediana y redujo la sanción económica impuesta por el Impepac al partido, mediante el desahogo de un POS.

Adicionalmente, en su resolución, el TEE pidió al Consejo Estatal Electoral del Impepac “respetar las pretensiones de los ciudadanos y a no iniciar de oficio los POS cuando la legislación vigente aplicable no lo contempla”. 

En respuesta a esta restricción, la representación del órgano administrativo electoral recurrió la resolución ante el TEPJF.

Piden saber si habrá de publicarse o se derogará o abrogará.

Cuernavaca, Morelos.- Un grupo de magistrados y consejeros de la Judicatura llamó al Congreso del estado a definir si habrá promulgación de la reforma constitucional que modifica la estructura y la operatividad del Poder Judicial, o si optará por una abrogación o derogación.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles expresó que la reforma permanece en el limbo, tras haber sido emitida la declaratoria constitucional por el Poder Legislativo, pero congelada para su promulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Explicó que la inconformidad de un grupo de magistrados y consejeros con la reforma legislativa tiene sustento en la discusión que existe en el Senado de la República respecto de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal, que propone no sólo mantener sino fortalecer los Consejos de la Judicatura y ampliar su integración.

Arenas Ángeles dijo que en el ámbito local, el Congreso decidió extinguir el Consejo de la Judicatura para sustituirlo por órganos administrativos, mientras que en el ámbito federal se planteó la modificación al artículo 116, fracción III, para fortificar a los consejos estatales y establecer que su integración será desde cinco hasta siete miembros.

Detalló que, en contraste con lo que hizo el Congreso de Morelos, la iniciativa de reforma en debate en el Senado surgió del análisis y consenso previo entre especialistas, académicos, organizaciones civiles y representantes de los tres Poderes del Estado, en el marco de los foros denominados “Diálogos por la Justicia Cotidiana”.

Por lo tanto, los diputados morelenses no sólo legislaron de manera inadecuada la restructuración del Poder Judicial estatal, sino que ignoraron y pasaron por encima de todo un proceso de debate y consenso realizado en el ámbito federal.

Lamentó que haya silencio en torno a la reforma constitucional local y se mantenga incierta su promulgación, luego de las inconformidades manifestadas por un grupo de magistrados y consejeros y la titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes, por la extinción de este órgano para convertirse en sólo una sala del Tribunal Superior de Justicia, la desaparición del Consejo de la Judicatura, entre otros temas.

Afirmó que la propuesta impulsada por este grupo es que el Congreso del estado opte por la derogación o abrogación de la reforma constitucional para que el debate regrese al Congreso y se recule o, en su caso, de inmediato se promulgue para que puedan presentarse los juicios de amparo y las controversias constitucionales con el fin de impugnar dicha reforma ante la justicia federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más de 140 organizaciones y ciudadanos se constituyeron en el colectivo “Diálogos y Libre Reflexión”.

Cuernavaca, Morelos.- El colectivo de organizaciones civiles “Diálogos y Libre Reflexión” pedirá a los próximos candidatos de todos los partidos políticos que, como mínimo, se comprometan a reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato y que firmen su compromiso, con la advertencia de que el incumplimiento ameritará el reclamo de la sociedad.

Más de 140 organizaciones y ciudadanos se constituyeron en este colectivo con el propósito de generar un debate plural en torno al desarrollo del proceso electoral y los proyectos de los próximos candidatos, así como generar propuestas ciudadanas que incidan en las políticas públicas.

El médico y vocero de “Diálogos y Libre Reflexión”, Álvaro Vázquez Morales, señaló que por encima de las diferencias ideológicas o políticas, quienes se sumaron a este colectivo coincidieron en que era necesario generar una agenda que ayude a generar propuestas que incidan y ayuden a resolver los grandes problemas que enfrenta la sociedad morelense.

“Si logramos definir eso, tal vez estemos en posibilidades y así lo haremos después de la veda (electoral), convocar a los candidatos, escucharlos y que nos escuchen. Y yendo más allá, a que se comprometan, y se comprometan a través –quizá– de alguna figura jurídica”, detalló.

Explicó que existe expectación no sólo por conocer los proyectos de los aspirantes a un cargo de representación popular, sino por saber cómo, cada uno de ellos, enfrentará y resolverá los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, desigualdad, corrupción, violación constante de la ley y muchos otros pendientes en la agenda ciudadana.

Por ello, dijo, las organizaciones integrantes del colectivo se reunirán cada ocho días para debatir y definir una agenda común, que luego será planteada a los candidatos. Sin embargo, adelantó que hay una propuesta que ha sido apoyada por todas las agrupaciones y que está debidamente apuntalada: pedir a los aspirantes que se comprometan a reincorporar a la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana la figura de revocación de mandato.

“¿Qué es lo que queremos pedir inicialmente? Que se comprometan a la revocación de mandato… No puede seguir ningún gobernante gobernando sin ese compromiso; no pueden nada más decirlo en campaña para entusiasmar el voto y luego olvidarlo”, subrayó.

Las organizaciones, que coincidieron en que la revocación de mandato debe revivir como figura de participación ciudadana, señalaron que sólo así los representantes populares cumplirán con lo que prometen en las contiendas y, en caso contrario, existirá un mecanismo de sanción que la sociedad podrá usar para combatir la irresponsabilidad, la ilegalidad y la impunidad.

La afectada promovió una denuncia ante la FGE.

Cuernavaca, Morelos.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FCAP) llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar la violencia política ejercida en contra de la síndica municipal de Cuernavaca, Denisse Arizmendi, y demostrar que no habrá impunidad.

El presidente de la FCAP, Alejandro Smith Vázquez, indicó que los ataques sufridos –la semana pasada– por la funcionaria municipal (a quien en mantas se le acusó de salir con un hombre casado) no sólo invaden su esfera privada, sino que atentan contra su dignidad y sus derechos humanos.

Reprobó que, en vísperas del inicio de las campañas electorales, se dé este tipo de ataques “que pueden ser calificados de misóginos, de retrógradas, y que de una u otra manera no sólo lesionan los derechos de la síndica, sino los derechos de todas las mujeres”.

Smith Vázquez lamentó que haya personas que se atreven a ejercer la violencia política, sobre todo cuando “las cuestiones personales no debieron inmiscuirse en cuestiones políticas. Esto es un acto vil, un acto infame, pero además es un acto que lesiona y vulnera la participación de las mujeres en la política, que de por sí es escasa, y que la sociedad ha luchado para que haya mayor participación”.

Luego de que la afectada promovió una denuncia ante la FGE y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Alejandro Smith consideró que la autoridad está obligada a investigar y llevar a la justicia a quienes perpetraron “tan vil agresión”, para no dar lugar a la impunidad ni a la repetición de acto.

“Es una gran oportunidad para la autoridad para demostrar su capacidad, su imparcialidad y capacidad de servicio a la sociedad. Hay que revisar, como sociedad civil, que el no avance de estos casos, la no manifestación ante situaciones graves en donde la autoridad es la primera que debe resolver, pues también es un signo de alerta y un hecho que debe ser analizado por la sociedad a la hora de tomar decisiones”, sostuvo.

Gustavo García Aragón consideró necesario que haya una definición inmediata sobre la reforma constitucional.

Cuernavaca, Morelos.- El Frente Social Morelense “Rodolfo García Aragón” consideró necesario que haya una definición inmediata sobre la reforma constitucional que modifica la estructura y la operatividad del Poder Judicial, es decir, la promulga o veta el Poder Ejecutivo.

El abogado y presidente de la asociación civil, Gustavo García Aragón, lamentó el impacto de la reforma, especialmente en el sistema de justicia para adolescentes, con la desaparición del tribunal especializado y creación de una sala dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Además –señaló– existe incertidumbre sobre qué va a pasar con los procedimientos y los casos en curso en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), ante el titubeo sobre la promulgación o no de la reforma constitucional.

García Aragón consideró que hay dos escenarios que pueden dar certeza al asunto y terminar con cualquier especulación. El primero es que se publique la reforma para que comiencen a correr los plazos para las impugnaciones, ante la inconformidad manifestada por algunos magistrados y jueces respecto de las modificaciones. El segundo consiste en que el Poder Ejecutivo ejerza sus derechos al veto y que el debate regrese al Congreso.

“El Poder Ejecutivo puede revocarla, vetarla, sin mayor problema; pero ya se tiene que pronunciar, no puede estar ahí siempre”, dijo el abogado, quien insistió en que no puede haber incertidumbre, sobre todo en el sistema de justicia especializado en adolescentes, donde hay expectación sobre en qué términos desaparece el TUJA y funcionará la nueva sala.

La magistrada presidenta Carmen Cuevas afirma que hay buena disposición de ambas partes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial buscarán zanjar el conflicto que arrastran desde hace dos años, al iniciar las primeras pláticas para negociar aumento salarial y la revisión del convenio de las condiciones generales de trabajo correspondientes al año 2018.

La titular del TSJ, Carmen Cuevas López, afirmó que hay disposición –tanto de la parte patronal como la representación sindical– para lograr acuerdos que permitan concretar una mejora en las remuneraciones de trabajadores con base en la disposición presupuestal de la institución.

Indicó que durante las primeras pláticas se planteó la posibilidad de zanjar diferencias y dar por concluido el litigio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), que fue iniciado por el sindicato hace más de un año, ante la imposibilidad del TSJ de atender sus demandas.

Cuevas López consideró que pese a las limitantes financieras del TSJ (debido a que la institución por cuarto año consecutivo no recibió incremento presupuestal), hay posibilidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia sindical para acordar un aumento salarial para este año y compensar los incrementos que los trabajadores no recibieron en 2016 y 2017.

“Me parece que parte de las pláticas que tenemos en este momento son con la finalidad de que tratemos de salvaguardar todos esos problemas que habíamos tenido y ver cuál es la mejor solución. Una de las pláticas que tenemos es que si llegamos a un acuerdo con el aumento salarial, busquemos la mejor forma de que solucionemos los conflictos anteriores”, dijo.

Carmen Cuevas agregó que hay buena disposición de la dirigencia sindical y de los delegados para llegar a un convenio favorable con base en los escenarios presupuestales de la institución.

El conflicto con el sindicato surgió debido a que el TSJ, como parte patronal, propuso eliminar varias cláusulas del convenio laboral de 2016 por “obsoletas y excesivas”, como la obligación de otorgar bonos por días de la madre y del niño a los trabajadores.

En enero de 2016, el sindicato promovió alrededor de mil 200 demandas laborales ante el TECA y posteriormente realizó varias protestas, lo cual mantuvo tensa la relación entre las partes.

El presidente del TJA explica que las sanciones por desacato se aplicarán sobre los individuos que hoy encabezan ayuntamientos o integran los cabildos; señala que no tienen forma de eludir la ley o heredar responsabilidades a sus sucesores

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Jorge Alberto Estrada Cuevas advirtió a los presidentes municipales y a sus cabildos que no hay forma de burlar las sentencias de este tribunal y que las sanciones por desacato los perseguirán aún cuando hayan dejado el cargo.

Afirmó que todos los escenarios jurídicos acorralan a los servidores públicos que piensan que su salvación es dilatar y heredar los conflictos a las siguientes administraciones, pero la contumacia y el aplazamiento puede llevarlos, incluso, a enfrentar cargos penales.

De acuerdo con los artículos 11 y 91 de la nueva Ley de Justicia Administrativa, promulgada en junio de 2017, el Pleno y a los magistrados del TJA tienen facultades para decretar la destitución e inhabilitación hasta por seis años de los servidores públicos, cuando estos reiterada e injustificadamente se nieguen a cumplir las sentencias del TJA.

Luego de que el TJA ordenó el cese e inhabilitación de ediles y funcionarios de Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango, estos muncipios promovieron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)para impugnar la legalidad de ambos artículos, por considerar que la norma es excesiva e invasiva, al permitir la destitución de funcionarios electos mediante el voto ciudadano, ya que su remoción es potestad exclusiva del Congreso local.

Estrada Cuevas explicó que los ayuntamientos  pueden recurrir a la controversia constitucional como medio de defensa para prorrogar el cumplimiento de una la sentencia y heredarlo a la siguiente administración, como sus antecesores lo hicieron con ellos.

Sin embargo, señaló, “el problema aquí es que la sentencia los va a perseguir donde anden, no importa que lo hayan pasado a la siguiente administración, la sentencia los va a perseguir. ¿Por qué? Porque es la destitución y la inhabilitación, y probablemente ya no estén en el cargo de presidentes municipales, pero van a estar inhabilitados y van a estar en el sistema como servidores públicos inhabilitados. De momento van a resolver el problema pero  en lo futuro no.

Recalcó que, si por alguna razón la SCJN se pronunciara por la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 91, entonces el escenario sería más complicado para los ediles y sus cabildos, porque la ejecución de las sentencias sería por la vía del juicio de amparo.

“Entonces es otro el trámite, porque no solamente los va a perseguir para después de que se vayan como presidentes municipales sino que los van a poner a disposición de un juez federal por los delitos que hayan cometido por el incumplimiento, ya no de la sentencia de nosotros, sino de la sentencia del amparo. Entonces, de todos modos, para el futuro, estos servidores públicos que están pensando que con esto van a burlar el cumplimiento de la sentencia, no lo van a lograr, porque la sentencia los va a perseguir hasta después de sus cargos”.

Recalcó que la Ley de Justicia Administrativa ofrece muchas oportunidades para que los servidores públicos cumplan con las resoluciones de este tribunal, porque prevé una serie de medidas de apremio que permiten dar cumplimiento gradual o, en su caso, justifiquen la imposibilidad.

“Si está justificado no lo podemos destituir, porque está justificado el incumplimiento, pero si no hay justificación tenemos que hacerlo, porque la sentencia no es cualquier cosa, en la sentencia se juega todo un sistema democrático”, subrayó.

 

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