Maciel Calvo

Maciel Calvo

Miércoles, 14 Noviembre 2018 05:35

Anuncian más vigilancia policiaca por el Buen Fin

La CES reforzará los patrullajes en centros comerciales, tiendas departamentales, bancos y cajeros.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) reforzará la vigilancia y patrullaje en centros comerciales, tiendas departamentales, bancos y cajeros para prevenir actos delictivos y dar seguridad a los consumidores durante el llamado “Buen Fin”.

Del 16 al 19 de noviembre las corporaciones policiacas tendrán mayor presencia en zonas comerciales de los 33 municipios, debido a que se espera gran afluencia de consumidores por los descuentos en productos y servicios que se ofrecerán durante este fin de semana.
El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que ya se estableció coordinación con los 33 municipios con el propósito de proteger a los consumidores que visiten corredores comerciales.
“El objetivo es evitar que las personas sean víctimas de la delincuencia. Para ello desplegaremos las Bases de Operaciones Mixtas en puntos estratégicos y se extenderá la vigilancia en recorridos pie tierra en la periferia de instituciones bancarias”, indicó, y sostuvo que también el helicóptero de la CES hará sobrevuelos sobre territorio morelense. 

Recomendó a los consumidores que al salir de compras utilicen cajeros automáticos que se encuentren dentro de sucursales bancarias o plazas comerciales y, en caso de registrarse algún incidente, reportarlo al número de emergencias 911.

El “Buen Fin” es un programa implementado por el gobierno federal en coordinación con la iniciativa privada, que busca incentivar las economías nacional y local por medio del consumo, ofreciendo a las personas descuentos en bienes y servicios.

 

En sesión de Pleno, seis de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar facultades a las fuerzas armadas para participar en labores de seguridad pública, hasta ahora reservadas para autoridades civiles.

Los ministros José Ramón Cossío, Norma Lucía Piña, Eduardo Medina Mora, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, fijaron su postura en contra del proyecto presentado por su homólogo Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien proponía avalar parcialmente la legislación aprobada por mayoría enfast track” en diciembre de 2017 en el Congreso de la Unión e impugnada a través de la acción de constitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, presentadas por 183 legisladores federales, entre otros actores.

Los argumentos centrales de los ministros para pronunciarse por la inconstitucionalidad de la ley, fueron que se incorporaron temas de Fuerzas Armadas que impugnan su propia naturaleza; que el Congreso federal no tiene competencia para legislar sobre seguridad interior porque es esfera del Poder Ejecutivo Federal y se restaría responsabilidad a las autoridades civiles; que la ley representó un fraude a la Constitución porque se dice que regula sobre una materia y en el fondo se regula el rubro de seguridad pública.

Además, se resaltó que hubo vicios en el procedimiento legislativo y que se pretende regular la participación de las Fuerza Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública.

Para decretar la inconstitucionalidad de la ley se requiere una mayoría calificada de ocho votos y, por lo pronto, ya seis ministros han fijado postura y en la sesión de jueves continuará la discusión en el Pleno de la SCJN.

 

El trámite tiene su origen en la recién aprobada jurisprudencia de la SCJN.

Un despacho jurídico presentó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alrededor de 200 solicitudes de morelenses para obtener la autorización para el uso lúdico de cannabis o marihuana, con base en la recién aprobada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ricardo Altamirano Sánchez, abogado del despacho Ingrid Tapia S.C., explicó que tras la convocatoria lanzada por redes sociales para emplazar a los consumidores a iniciar las trámites legales para obtener la autorización de la Cofepris, de inmediato hubo una copiosa respuesta de jóvenes millenials y hasta de personas de la tercera edad, a quienes es más fácil legalmente buscar la autorización del consumo lúdico de la marihuana que para fines médicos, porque se requiere una larga lista de requisitos y peritajes.

Señaló que ya fueron presentadas 45 solicitudes a la Cofepris y, el resto, entre este lunes y martes, ya estarán tramitadas ante la dependencia federal, en espera de que la comisión responda en un plazo no mayor a 60 días hábiles si otorga la autorización, si no autoriza o no contesta cada una de ellas.

En caso de que la solicitud sea rechazada o no contestada, entonces procederá la presentación de los amparos contra el acto de autoridad. Y de acuerdo con la jurisprudencia emitida hace unos días por la SCJN, que determinó la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta para el consumo recreativo de marihuana en México, los juzgados de distritos y tribunales colegiados estarían obligados a conceder la protección de la justicia federal.

Consideró que buscar la despenalización del consumo del cannabis traerá beneficios para el país y el estado, esencialmente en materia de seguridad y corrupción, pues la marihuana ya no estará bajo el monopolio del narcotráfico, ni los consumidores estarán a expensas de la mafia, ni de las autoridades que piden “mordidas” para evitar ser molestados o arrestados.

“Consumir cannabis, en cualquiera de sus presentaciones, está penado como si uno fuera un secuestrador, un delincuente, un asesino. Esto no es justo, dado que no merece tales penalidades y yo creo que (la despenalización y regulación del consumo y comercialización de la marihuana) sí bajará la delincuencia, dado que ya no estará en manos de la mafia ni del crimen organizado”.

Además, dijo, “la propuesta es para el autocultivo, es vitalicia y es personal; no aplica para la venta. Es decir, no podrá haber venta ni comercialización de los productos, esto permitirá que cada quien consuma lo propio con la calidad y que no haya delincuencia”.

Señaló que para solicitar la autorización a la Cofepris y, en su caso, tramitar un amparo, sólo se requiere ser mayor de 18 años y presentar su identificación oficial; por dos mil pesos el despacho jurídico tramita la solicitud de autorización ante Cofepris y, en caso de que se requiera ir al amparo, el costo será de 6 mil pesos. “La idea es hacerlo accesible a toda la sociedad y a todos los mexicanos y que nos salga mejor estar amparados que estar pagando mordidas, actos de extorsión o estar al margen de la ley”, dijo.

Celebró la iniciativa de ley presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero para despenalizar y regular el consumo, cultivo y comercialización del cannabis, pese a que pudiera tener algunos puntos debatibles.

Expresó que no hay una cifra exacta del número de consumidores de cannabis en México o en Morelos, pero la cantidad es más de los que se pudiera imaginar. 

 

Reclaman a diez ayuntamientos por la contaminación de la cuenca y exigen el inmediato saneamiento

La justicia federal admitió la demanda de amparo promovida por un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles en contra de diez ayuntamientos,  a los que reclaman la contaminación de la cuenta del río Apatlaco y exigen el inmediato saneamiento.

Luego de que la demanda de amparo colectiva fue desechada por el Juzgado Cuarto de Distrito, un tribunal colegiado ordenó su admisión para dirimir el reclamo de los ciudadanos, quienes iniciaron está acción colectiva que permitiría a otros interesados adherirse a la demanda.

En el juicio de amparo se demandó a los ayuntamientos de Cuernavaca, Huitzilac, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Zacatepec, Tlatizapan, Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla, así como a sus respectivos sistemas locales de saneamiento y agua potable, por considerar que los municipios abandonaron su responsabilidad de realizar acciones para prevenir y remediar la contaminación que por años sufrió el río Apatlaco, y de continuar la omisión podría ocasionar un grave daño ambiental.

La cuenca del río Apatlaco se ubica al noroeste del estado de Morelos, cubre un área de 746 kilómetros cuadrados, de los cuales 656 se encuentran en el territorio morelense, y el resto en el Estado de México y el Distrito Federal.

Abarca diez municipios del estado de Morelos y desde 1924 fue declarada la propiedad nacional del río Apatlaco. El uso y control de sus aguas  se rige por el Artículo 27 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

Las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca son utilizadas principalmente para el suministro de agua potable, para el riego, para la industria y los servicios (recreación), así como uso ambiental.

Pero el crecimiento urbano y poblacional, los asentamientos urbanos, la sobreexplotación de la cuenca, las descargas industriales y domésticas de aguas residuales, el depósito de basura dentro y orillas del cauce, la descarga de desechos de rastros municipales y otros factores, contribuyen a la contaminación  del río Apatlaco.

Pese a algunos esfuerzos por rescatar la cuenca, hasta ahora no se ha logrado frenar ni aplicar medidas efectivas de remediación y saneamiento. 

La SCJN determina que los litigantes deberán exhibir cédula profesional y otras evidencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que para reclamar el pago de honorarios por servicios de defensa o representación legal, los abogados deberán acreditar ante los tribunales su carácter de profesionales del derecho con su cédula profesional y otras evidencias.

A propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala de la SCJN resolvió la solicitud planteada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de sustitución de la jurisprudencia 6/2018, respecto de la tesis 1ª./J. 16/2005 de rubro: “Honorarios. La acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho”.

La Primera Sala consideró que la acción de pago de honorarios, derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho u otras evidencias que generen al juzgador la convicción de que dicha cédula se expidió al profesionista.

La acción de pago de honorarios derivada del contrato, tiene como elemento esencial que la parte actora esté autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que para su procedencia es necesario que el actor acredite fehacientemente, que tiene tal calidad.

Dicha circunstancia debe probarse de manera idónea a través de la cédula profesional o a partir de otros medios de prueba que generen en el juzgador suficiente convicción de que se expidió al actor la respectiva cédula profesional, como lo serían, por ejemplo, la inscripción del profesionista en el “Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito”.

También, a través de las evidencias que demuestren que una persona fue reconocida por un juzgador como autorizada por una de las partes en un juicio de garantías, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, previa acreditación de encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

De este modo se aprobó la sustitución de la tesis por la de rubro: “Honorarios. La acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho u otras evidencias que generen al juzgador la convicción de que dicha cédula se expidió al profesionista”.

 

 

Magistrado presidente llama a la toma posesión de alcaldes en armonía y concordia.

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) responsabilizaron a los diputados de la pasada legislatura de los problemas que hoy enfrentan los presidentes municipales electos, por una reforma electoral “mal hecha” y que mantendrá en vilo la gobernabilidad de los municipios.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que no hay causal para someterlos a juicio político, como amenazó un grupo de regidores electos, y sostuvo que ante la falta de reglas claras para la distribución de regidurías en los municipios, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, el Pleno del tribunal realizó una interpretación de la ley privilegiando la preservación de la gobernabilidad, al resolver las impugnaciones por la distribución de regidurías que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (que determinó para ese efecto contabilizar a los integrante del Cabildo, incluyendo edil y síndico).

El TEEM decidió que sólo debía tomarse en cuenta a los regidores y con ello permitir que el presidente municipal tuviera mayoría en el cuerpo edilicio, para mantener la gobernabilidad.

“Consideramos que la interpretación que nosotros realizamos, en la que interpretamos, porque desafortunadamente ni el artículo 115, en su Fracción VIII, de nuestra Constitución Política Federal, ni el párrafo cuarto del artículo 18 (del código electoral local), establecen reglas que nos pudieran indicar cómo debemos o cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta”, dijo, y sostuvo que “si hubiera reglas claras, con el debido respeto de nuestro legislador, de la anterior legislatura, no estaríamos teniendo estas dificultades de interpretación”.

Incluso, destacó que en la normatividad electoral de la Ciudad de México, el legislador fijó reglas claras y privilegió la gobernabilidad como criterio para la asignación de concejales en las 16 alcaldías capitalinas y, gracias a su diseño, las impugnaciones ya fueron concluidas y las autoridades electas están en espera de la toma de protesta.

La magistrada Martha Elena Mejía secundó a su homólogo, al señalar que el artículo 112 de la Constitución local no establece de manera clara qué criterio debe atenderse para asignación de regidurías, sin embargo, en la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura se adicionó un párrafo cuarto al artículo 18 del código electoral local, en el que se estableció que se tendría que replicar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales en la asignación de regidurías, y “ese es el párrafo que causó todo este enredo, y de ahí que consideramos que el 112 remite a solamente que para la asignación de las regidurías, no habla de integrar al presidente y al síndico, por lo tanto, en nuestra interpretación de la Constitución nosotros resolvimos de esa manera, en cuanto que al partido ganador tendría que asignársele un regidor”.

Además de que el artículo 116 de la Constitución federal y la constitución local no establecen si se tiene o no que contemplar la totalidad de los integrantes de los cabildos para el reparto de las regidurías.

Sostuvo que todavía está en suspenso el criterio definitivo que aplicará la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, pues dependerá si, en el resto de las impugnaciones, las partes plantean o no el tema de inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 18 del código local, pues en los casos de Tepalcingo y Totolapan resueltos por la máxima autoridad electoral, no se planteó esta litis y, por ello, el TEPJF resolvió que específicamente en ambos municipios debe tomarse en cuenta al edil y síndico en la asignación de regidurías.

Francisco Hurtado Delgado, también magistrado del TEEM, señaló que el entuerto fue provocado por la reforma mal hecha por la anterior legislatura, que lo único que hizo fue “revolcar el agua, dejó muy turbio todo, toda esa imprecisión lo único que causó fueron problemas”.

Destacó que dicha reforma rompió con las formas en que se hacía la distribución de regidurías en otros procesos electorales, y todo prevalece en incertidumbre, ya que en la Sala Superior hay división de criterios sobre el tema.

Por lo pronto, los magistrados electorales hicieron un llamado a los distintos actores políticos y autoridades electas a que inicien su periodo el 1 de enero próximo bajo las base de cordialidad y que acaten los fallos que emita la máxima autoridad electoral del país.

También adelantaron que hay pláticas con los diputados para trabajar en la mesa para la reforma del Estado y la reforma política electoral, para subsanar la larga lista de irregularidades y vacíos legales de las modificaciones realizadas por los legisladores anteriores, con el fin de tener reglas claras.

 

 

Sala Superior confirmó el criterio de asignación de regidurías aplicado por el Impepac en dos municipios, en los que los alcaldes y síndicos electos enfrentarán una mayoría opositora en los cabildos.

La Sala Superior del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio de asignación de regidurías aplicado por el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en dos municipios, en los que los alcaldes y síndicos electos enfrentarán una mayoría opositora en los cabildos.

En sesión de Pleno, la Sala Superior resolvió los recursos de reconsideración 1614 y 1615, interpuestos por el Partido Nueva Alianza y otros ciudadanos; y el recurso y 1741, promovido por Aldo Fabián Ortiz Valero, en contra de la resoluciones emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, que revocó las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) relacionadas con la asignación de regidurías de los ayuntamientos de Totolapan y Tepalcingo.

Por unanimidad de votos, confirmó la resolución de la Sala Regional y la asignación original de regidores que realizó en el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), tomando en cuenta a los presidentes y síndicos electos en la distribución para determinar los límites de sub y sobrerrepresentación

Este criterio del Impepac, basado en los artículos 16, 17 y 18 del código electoral local (que establecen que para la asignación de regidurías debe aplicarse la misma fórmula para la distribución de diputaciones plurinominales, que contabiliza la totalidad de los integrantes del Congreso), fue impugnado por los alcaldes y síndicos electos que, por los menos en los casos de Totolapan y Tepalcingo, perdieron la batalla jurídica.

Durante la sesión, varios magistrados coincidieron en que, a diferencia de otras entidades donde se ha fijado un criterio y jurisprudencia diversa en el tema, el caso de Morelos es particular, porque específicamente existe una disposición en la norma local –derivada de la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura- que ordena aplicar los límites de sobre y subrrepresentación en los ayuntamientos.

Además, de que en estos dos casos no se planteó un agravio de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, y deberá ser un análisis posterior en la resolución de otras impugnaciones.

En su intervención, el magistrado Indalfer Infante González expresó que la normatividad del estado de Morelos establece, de manera expresa, que sí se deben tomar las mismas reglas que establece el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución y esto es así, porque en el sistema electoral de Morelos el cargo de presidente municipal y de síndico son de mayoría relativa y todos los demás regidores son de representación proporcional.

Por lo tanto, para establecer proporcionalmente cuál es la votación, cuál es la integración que se debe tener en el cabildo, es necesario integrar también al presidente municipal y al síndico, y esta sería la única forma de que exista una verdadera representación entre los votos que obtuvieron cada partido político y las asignaciones de regidores que les corresponden en los ayuntamientos.

Consideró comprensible la inquietud generada porque hay algunos ayuntamientos muy pequeños, que se componen de cinco miembros: el presidente municipal, el síndico y tres regidores, y “entiendo que la inconformidad puede estar un poco en aducir que podría no haber gobernabilidad, es decir, que el partido que haya ganado en la mayoría solamente tenga dos miembros en un ayuntamiento, en este caso el presidente y el síndico y los otros, los regidores sean de partidos de oposición”.

“Sin embargo, creo que en el tema de gobernabilidad tampoco se afecta porque lo que se requiere, me parece, en este tipo de sistemas electorales es que estos cuerpos colegiados sepan llegar a acuerdos, no que impongan su voluntad a través de la mayoría que tienen, sino que logren las políticas públicas a través de los consensos con las demás fuerzas políticas”.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente de los casos Tepalcingo y Totolapan, señaló que “en dado caso si se pensara que hay un problema de gobernabilidad sería derivado de la aplicación de la regla, regla que tenemos que aplicar en tanto que no se encuentra justamente atacada respecto de su inconstitucionalidad y convencionalidad ni esta resulta manifiesta en principio. Entonces, pues simple y sencillamente es el diseño que libremente ha elegido el Estado de Morelos para dar a sus ayuntamientos”.

En tanto, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, apoyó la resolución pero acotó que “la gran diferencia es que en la libertad configurativa que tienen todas las entidades federativas el legislador del Estado de Morelos tomó otra determinación y nos obliga, en efecto, la aplicación de la norma más aún de que esta per se no es impugnada”.

“Por ende, la observancia de la misma y en efecto, me uno al tema de una supuesta, en caso de que la hubiese, gobernabilidad por tomar en cuenta justamente al momento de hacer la sub y sobrerrepresentación al presidente municipal y al síndico, no es un tema impugnado aquí en cuanto a la constitucionalidad de la norma, y no es un criterio que nosotros podamos emitir en una sentencia si no se hace valer el tema”.

Esto significa que todavía permanece en suspenso cómo resolverá la Sala Superior el resto de los asuntos relacionados con el tema, porque en los casos Totolapan y Tepalcingo no fue invocado algún rasgo de inconstitucionalidad y, por lo tanto, los magistrados no entraron a la discusión del fondo del asunto y se centraron en la aplicación de la norma. 

 

 

El magistrado Francisco Hurtado Delgado afirma que no hay razones para que los integrantes del Pleno del tribunal electoral sean sometidos a juicio político, como lo piden regidores electos inconformes con las resoluciones del órgano.

El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, consideró que no hay causal para pretender someterlo a juicio político y sostuvo que las sentencias del tribunal, que fueron apegadas a la ley, están todavía bajo el escrutinio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no han alcanzado definitividad.

Luego de que un grupo de regidores electos amenazó con iniciar acciones legales en su contra por supuesto conflicto de intereses e intervenir a favor de algunos partidos por el tema de la asignación de regidurías, consideró delicado que haya juicios adelantados y que se pretenda incoar un juicio político contra los magistrados del TEEM, cuando aún no culmina la cadena impugnativa.

Recalcó que el TEEM emitió resoluciones apegadas en derecho en tiempo y forma, y los magistrados cumplieron con la responsabilidad de resolver todas y cada una de la impugnaciones, que actualmente están en revisión en la Sala Superior.

Dijo que el que acusa está obligado a acreditar con pruebas, y “no aprecio ninguna razón para presentar este juicio ante el Congreso de la Unión. Además violarían el artículo 116 de la Constitución Federal (que habla) de la independencia y autonomía del órgano jurisdiccional”.

Además, señaló que la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las consideraciones o criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales locales en sus resoluciones, no pueden constituir parte de un procedimiento de juicio político.

Advirtió a quienes pretenden enjuiciarlos, que “lo único que se está generando es un costo que tendrán que pagar los impugnantes a los abogados que los representan de manera innecesaria, y son los únicos beneficiados”.

Insistió en que el debate sobre la asignación de regidurías en los municipios es un tema de legalidad que tendrá que resolver la Sala Superior y no el Congreso de la Unión.

 

Regidores electos consideran que incurrieron en conflicto de intereses al reunirse con representantes del TEPJF para defender su postura en la asignación de regidurías.

Regidores electos de más de 10 municipios esperan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme el criterio de asignación de regidurías del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para garantizar la pluralidad en los cabildos. Además, anunciaron que promoverán juicio político contra magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEEM) por cabildear a favor de partidos.

La semana pasada, un grupo de alcaldes y síndicos electos refutaron el criterio del Impepac -que hace unos días fue confirmado por la Sala Regional Ciudad de México- por considerar que, al contabilizar a la totalidad de los miembros de los cabildos para la distribución de las regidurías por el principio de representación proporcional, se les coartaba la posibilidad de contar con regidores afines  y se les colocaba en una posición de desventaja numérica y política que podría provocar problemas de gobernabilidad en los municipios.

En contraste a esta postura, ahora regidores electos de los municipios de Totolapan, Tepalcingo, Zacatepec, Tlalnepantla, Emiliano Zapata, Ayala, Huitzilac, Atlatlahucan, Ocuituco y Yecapixtla defendieron la asignación que realizó el Impepac, porque consideran que el criterio adoptado por el instituto materializó la participación y representación de las fuerzas políticas minoritarias en los cabildos.

Lamentaron que los magistrados del TEEM, al resolver las impugnaciones, hayan modificado el criterio del Impepac y ordenado una redistribución de regidurías, pero sin contabilizar a los ediles y síndicos electos, en detrimento de otras fuerzas políticas y la pluralidad que debería existir en los cabildos.  

“Consideramos ilegal y desproporcionado el criterio utilizado por los magistrados locales, ya que de manera arbitraria determinan no tomar en consideración los índices de sobre y sub-representación que deben de observar al momento de integrar  los órganos de gobierno, situación que resulta benéfica para los partidos mayoritarios, ya que en muchos de nuestros municipios  el control del ayuntamiento lo tendría un solo municipio y podrían tomarse decisiones y determinaciones sin el consenso político de las demás fuerzas políticas”, señalaron en un pronunciamiento conjunto y en compañía de sus representantes legales.

Los regidores electos esperan que la Sala Superior del TEPJF confirme sus designaciones “en beneficio del pluralismo y la participación política de todas las fuerzas con grado de representación en los municipios”.

También anunciaron que promoverán ante el Congreso de la Unión un juicio político contra los magistrados del TEEM y, particularmente, contra Francisco Hurtado Delgado, luego de que se reunieron con magistrados y funcionarios de la Sala Superior del TEPJF para defender su criterio de asignación de regidurías, a pesar de existir un evidente conflicto de intereses y favorecimiento hacia algunas fuerzas políticas.

Precisaron que en el caso de Totolapan, cuya resolución fue puntera en el TEEM en el tema de regidurías, Hurtado Delgado se excusó de conocer el asunto por su familiaridad con la representante del Panal, Kenia Lugo Delgado. Sin embargo, el 1 de noviembre, él y sus compañeros Carlos Alberto Puig Hernández y Martha Elena Mejía acudieron a la Sala Superior, a persuadir a los magistrados de la Sala Superior y defender su criterio en este caso y el resto de las impugnaciones, con el que pretenden dar mayoría en los cabildos a los ediles. 

 

Miércoles, 07 Noviembre 2018 05:42

Temporales, últimos nombramientos de jueces: TSJ

La magistrada presidenta no confirma si se reactivará el concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que es legal y temporal la designación de ocho jueces, pero dejó en el limbo la reactivación del concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

Reconoció que en el TSJ hay esposas e hijos de magistrados trabajando en el TSJ, pero que no ingresaron en su administración y con el tiempo obtuvieron carrera judicial; y en el caso de la designación reciente de ocho jueces, no se tomó en cuenta su familiaridad, sino su experiencia, y aseguró que la decisión fue apegada a la ley.

“No hay ningún impedimento legal para ello. Desde mi gestión se ha respetado la carrera judicial. La ley establece que debemos designar primeramente a los jueces menores, y después los jueces menores tienen el derecho de ser de primera instancia”.

“Sólo se está cubriendo temporalmente (las vacantes de juez) por una contingencia que hubo al interior del Poder Judicial y todos, la mayoría de las personas que se privilegió, son funcionarios que tienen más de 17 años, 25 años, a los cuales antes no se les tomaba en consideración”, dijo.

Sin abundar y dar argumentos de la selección de los perfiles de los recién nombrados jueces de manera interina, Cuevas López evadió responder por qué se mantiene trunco el concurso de oposición para la designación de 13 juzgadores de primera instancia y menores, y dejó en el limbo el proceso que se inició el año pasado. “En su momento les haremos de su conocimiento qué es lo que prosigue con las convocatorias”, dijo parca, tras acudir a Palacio de Gobierno para cabildear su proyecto de presupuesto para 2019.

Agrupaciones como la Barra de Abogados y el Foro Morelense de Abogados protestaron contra las designaciones, por considerar que se privilegió la familiaridad y los amiguismos, y se discriminó a personal del TSJ con vasta carrera judicial y a litigantes que cubren el perfil para impartir justicia.

Además de que pusieron en tela de juicio el congelamiento del concurso de oposición que en el 2017 la misma Cuevas López convocó para designar a jueces, en el que se gastaron más de 600 mil pesos que fueron gestionados por el TSJ y triangulados con los hermanos Omar y Orlando de Lassé Cañas. 

 

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