Maciel Calvo

Maciel Calvo

Pobladores y representantes de Bienes Comunales de Tepoztlán realizarán una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Segunda Sala debatirá este miércoles el proyecto de resolución propuesto por el ministro Eduardo Medina Mora que propone amparar al empresario José Antonio Zorrilla Ducloux y al consorcio “Pirámide y Convento S.A. de C.V.”, asociados al fallido proyecto inmobiliario Club de Golf “El Tepozteco”.

De acuerdo con los asuntos enlistados, la Segunda Sala tiene previsto votar el proyecto de amparo directo en revisión 40/2017, en el que el ministro Medina Mora propone a sus homólogos amparar a Zorrilla Ducloux y el consorcio, para efecto de que el Tribunal Superior Agrario anule la sentencia del 12 de mayo de 2016 a favor de la comunidad de Tepoztlán y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva para determinar la posesión de 280 hectáreas en el municipio de Tepoztlán, con base una serie de consideraciones contenidas en el proyecto.

En la propuesta de resolución se plantea analizar de nueva cuenta los alcances jurídicos de los oficios administrativos 163603, 163605, 161960, 162190, 160854 y 160856, emitidos en 1962 y 1963, en los que se aduce que la superficie en litigio es propiedad privada, y se determine si éstos efectivamente demuestran la exclusión de ciertos predios de las tierras comunales, sin que pueda tomar en cuenta para tal efecto lo previsto en el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.

También se estipula que el Tribunal Superior Agrario tendrá libertad de jurisdicción para determinar si los elementos de prueba y argumentos que fueron hechos valer durante el juicio agrario por ambas partes -comunidad tepozteca y empresarios- permiten arribar o no a la conclusión de que se actualizó una “privación ilegal” de los predios que son materia de litigio.

Otra de las consideraciones previstas es que, en caso de que el tribunal determine que procede la restitución de las tierras a la comunidad, analice si es procedente y, en su caso, se pronuncie si es dable o no citar a todos los vecinos de Tepoztlán para que comparezcan en juicio.

A pesar que en diversos momentos e instancias las resoluciones han sido favorables para la comunidad tepozteca, el empresario y el consorcio alegan que los predios les pertenecen desde hace décadas, pues los obtuvieron de manera legal y estuvieron en posesión de ellos de manera pacífica y continua, además de que se duelen de presuntos omisiones y vicios en las sentencias previas. En tanto que los Bienes Comunales defienden que esas hectáreas son propiedad de la comunidad por decreto presidencial desde 1929 y forman parte del corredor ecológico bajo protección Ajusco-Chichinautzin y el Parque Nacional “El Tepozteco”.  

A unas horas de que el caso sea discutido en la SCJN, pobladores, comuneros y ambientalistas anunciaron que realizarán este miércoles una manifestación a las afueras de la sede del máximo tribunal del país, en espera de que los ministros voten con conciencia y rechacen amparar al empresario y el consorcio.

También hicieron un exhorto a las organizaciones sociales a unirse al movimiento de defensa de la tierra y un llamado a la unidad a la comunidad. “Estamos llamando a la población tepozteca a que sea crítica, analítica y que al final de cuentas esta es la lucha que dieron nuestros papás, que dieron nuestros abuelos, y estamos llamando a esa unión que en 1994 (cuando se activó el proyecto del Club de Golf) mostró el pueblo tepozteco y ésta sigue siendo su lucha”, indicó Angélica Ayala, joven habitante del municipio de Tepoztlán.

 

La ONG Morelos Rinde Cuentas señala que se ignora el destino de los donativos de empresas, así como datos de las constructoras y casas de materiales que atienden los trabajos.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas lamentó la opacidad y la deficiente información generada por el gobierno estatal, en relación a más de 7 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción de las zonas devastadas  por el sismo 7.1 en la escala de Richter, ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

En rueda de prensa, representantes de la organización, conformada por académicos y empresarios, destacaron que realizaron un ejercicio de búsqueda y análisis de información sobre los fondos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas, pero constaron que la información es poca y deficiente en el ámbito estatal y nula por parte de los ayuntamientos.

La búsqueda se realizó a través de la Plataforma Fuerza México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el organismo descentralizado Unidos por Morelos, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos y diversos ayuntamientos.

Juan Cintrón Patterson -presidente del Consejo del Directivo de Morelos Rinde Cuentas- señaló que la deficiente información, la opacidad, la falta de claridad en las cifras tanto del número de recursos aplicados como en el número de beneficiarios y la cuantificación de daños, no permite que los ciudadanos tengan certeza del desempeño gubernamental en la atención del siniestro.

Roberto Salinas Ramírez, director de la organización, dijo que la información estatal y federal analizada, así como las aportaciones privadas para atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas, son variadas y no permiten apreciar con certeza que haya una aplicación adecuada de los recursos económicos.

Por ejemplo, hay dos bases de datos que integraron los gobierno federal y estatal por separado, en el que el primero reportó 15 mil 800 beneficiarios del Fonden; y, el segundo, reportó a través de Unidos por Morelos, 15 mil 245 beneficiarios del apoyo para la reconstrucción de los daños parciales o totales que sufrieron las viviendas.

Incluso, se reportó que hubo al menos 22 personas que recibieron 175 mil pesos de apoyo por daños totales a su vivienda, cuando se supone que el tope del apoyo era de 120 mil pesos.

Se detectó también que las dependencias no informaron del costo de los materiales o insumos para atender la contingencia, la información es escasa o nula respecto a qué empresas les fueron asignadas obras de reconstrucción, los montos de inversión, la ubicación, los plazos de ejecución y los avances de cada una de ellas, a un año del sismo.

Morelos Rinde Cuentas también cuestionó la falta de información sobre las aportaciones en especie y económicas realizadas por fundaciones y empresas. Por ejemplo, el grupo Averanda aportó al Fondo de Reconstrucción una donación de 4.2 millones de pesos, los cuales fueron depositados el 15 de febrero pasado en una cuenta bancaria de Banorte a nombre del Gobierno de Morelos, pero –revela la documentación pública- seis días después fueron retirados y no hay información sobre el destino de esos recursos.

En el número de planteles educativos dañados también hay inconsistencias, pues mientras el gobierno federal reportó mil 345 edificios afectados, la Secretaría de Obras de Morelos registró mil 193.

Ante las dudas sobre el destino de los fondos tanto públicos como privados, y el vacío de información gubernamental, Aida Alanís -integrante del Consejo Directivo- dijo que Morelos Rinde Cuentas consideró necesario hacer cuatro propuestas.

La primera, que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía, de forma inmediata, completa y en formato de datos abiertos, la información sobre el censo, los beneficiarios y el listado de obras públicas, relacionando los datos federales y locales.

La segunda, que se  publique toda aquella información que permita conocer la asignación de recursos y el uso de cada peso para la reconstrucción, que incluya estados de cuentas, transferencias, cheques, auxiliares contables, etcétera.

La tercera, que se explique qué asuntos y trámites quedarán pendientes relativos al sismo en el cambio de administración. Y la cuarta, que se concentre información de todas las dependencias estatales y municipales sobre acciones y recursos destinados a la reconstrucción.

 

Piden a Cuauhtémoc Blanco incluir a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Agrupaciones de abogados conformaron un bloque para solicitar a la nueva legislatura la derogación de diversas reformas aprobadas por los anteriores legisladores y someter a revisión los decretos de varias “jubilaciones doradas”, así como exhortar al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo a que incluya a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Jaime Castera Toscano, a nombre de al menos 11 organizaciones de litigantes, solicitó a los miembros de la LIV Legislatura reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato que sus antecesores derogaron pese a la oposición de la sociedad civil.

Condenó la aprobación exprés de la anterior legislatura de al menos 180 “pensiones doradas” a empleados de primer nivel y familiares de altos funcionarios sin que, al parecer, cumplieran con requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil.

Por ello “estamos solicitando se lleve a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes y, en su caso, sean iniciadas las denuncias a que dé lugar y, en su momento, se abroguen los decretos de jubilación en los que existan irregularidades”.

Las organizaciones de abogados se pronunciaron contra la nueva Ley del Notariado del Estado de Morelos y la asignación de patentes de notaría a personas que no cumplen con el perfil.

Pidieron la derogación de la normatividad que permite, de manera discrecional, la enajenación de inmuebles públicos; la reforma que extendió el periodo de los magistrados de 14 a 20 años; la concesión del estadio “Agustín Coruco Díaz”; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que estipuló que su titular durará en el encargo nueve años, así como la revocación de la designación por siete años de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción.

Los litigantes se pronunciaron por que los anteriores legisladores y el gobernador saliente sean sometidos a un juicio de responsabilidad política, por los agravios cometidos en contra de la sociedad y como parte de la cultura de combate a la corrupción.

Exhortaron a los diputados a que pongan a disposición de los profesionales del derecho los proyectos de ley que generen, con el propósito de aportar comentarios, observaciones o propuestas.

De igual forma, realizaron un llamado al  gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para que incluya entre sus colaboradores y miembros de gabinete a profesionistas morelenses, pues en las condiciones en las que recibirá el estado es imprescindible que cuente con personas no sólo capaces y que tengan el perfil profesional, sino que conozcan a la gente y sus necesidades.

El pronunciamiento fue respaldado por Abogados Unidos por México, Amigos de Cuauhnáhuac, Asociación de Licenciados en Derecho, Colegio de Mediadores del Estado de Morelos, Consejo Estatal de Abogados, Desarrollo Gradual Directo, Barra de Abogados, Jueces Jubilados del Estado de Morelos, Federación de Asociaciones Civiles y el Cuerpo Diplomático de los Derechos de Niños, Mujeres y Hombres. 

 

Son los varones quienes generalmente eluden esa obligación

Hasta cinco años de prisión y el embargo de bienes pueden recibir quienes se resistan a cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos. Son los varones quienes generalmente eluden esa obligación, con el argumento de que tienen una segunda familia o “dudan” de que las madres hagan buen uso del recurso.

Antonio Pérez Ascencio, titular del Juzgado Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recalcó que la resistencia o el incumplimiento de la asistencia alimentaria es un delito que puede ser sancionado con la prisión por un periodo no mayor a cinco años o con una sanción pecuniaria.

“Por lo regular los hombres no quieren que la solicitud de pensión se envíe a sus áreas de trabajo, que se les descuente el porcentaje de las prestaciones o utilidades laborales, bajo el argumento de que no confían en que la mamá de sus hijos utilice el dinero de manera adecuada”, explicó.

Detalló que la resistencia para cumplir con este derecho que tienen los hijos se debe también a que los padres de familia alegan que tienen otra familia que mantener o la ausencia de oportunidades de trabajo.

“Nos damos cuenta de que los hombres tienen pendiente una pensión cuando se presentan ante el juzgado y refieren que tienen una segunda familia que mantener y lo establecen como argumento defensivo para que la pensión que se fije sea menor, por la responsabilidad que ya tienen”, dijo.

Estimó que, tan sólo en su juzgado, se registra un 10 por ciento de demandas de pensión alimenticia, pero la cifra puede aumentar con las nuevas tendencias sociales.

“Es importante que con el mismo amor que decidieron procrear a sus hijos, subsista procurar el pleno desarrollo de ellos en las etapas de la niñez, la infancia y la adolescencia; procurarlos y educarlos para que tengan un oficio y en la edad adulta sean personas de bien”, recomendó.

Recordó que la ley establece que, en caso de que el padre o la madre no cumplan con la pensión alimenticia, se puede hacer la ejecución de embargo de bienes, el remate de los mismos y obtener la liquidez para que cumplan con el pago de este derecho.

El juez indicó que se han registrado casos en que un obligado puede tener dos, tres o más responsabilidades de pensión alimenticia.

La empresa debió construir un tramo carretero en el municipio de Cuautla

La Secretaría de Obras del gobierno de Morelos rescindió el contrato a la empresa Edificación y Desarrollo Inmobiliario Coyer S.A. DE C.V. e hizo a efectiva la garantía a favor del Poder Ejecutivo, por el incumplimiento en la construcción de un tramo carretero en el municipio de Cuautla, la cual debió ejecutarse desde el 2016.

El 8 de noviembre 2017, Caminos y Puentes Federales (Capufe) denunció el incumplimiento de la obra y fue hasta entonces que la Secretaría de Obras, a petición de la dependencia federal, inició el procedimiento administrativo y realizó el 1 de diciembre de 2017 una supervisión en la zona, donde levantó una acta circunstanciada y notariada en la que se hizo constar que la obra no se ejecutó en tiempo y forma, y la constructora literalmente abandonó la obra pública.

El 29 de agosto de 2016 la empresa y el gobierno estatal firmaron el contrato, en el que se estableció que el consorcio culminaría la obra en 150 días naturales y debería entregarla el 27 de enero de 2017.

La construcción de la carretera tendría un costo de 14 millones 345 mil 238 pesos con 99 centavos, pero al incumplirse la ejecución de la obra en los términos estipulados en el contrato, la Secretaría de Obras estatal hizo efectiva la garantía, fijada al 10% diez por ciento del importe total contratado, mediante póliza de fianza otorgada por ACE Fianzas Monterrey, S.A. por un monto de un millón 434 mil 523 pesos con 89 centavos.

En la resolución del procedimiento de rescisión de contrato, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el área jurídica de la Secretaría de Obras detalló que la empresa constructora fue emplazada a presentar pruebas y alegatos a su favor, pero sus representantes nunca comparecieron.

 

Lo que requiere el organismo es más presupuesto para cumplir con sus responsabilidades legales, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, recalcó que el órgano no necesita más comisionados, sino más presupuesto para ampliar el equipamiento y personal para continuar con el avance de la ley general y estatal en materia de transparencia y protección de datos personales.

Precisó que a petición de la nueva legislatura, el viernes pasado fue suspendida la sesión extraordinaria del Pleno del IMIPE en la que se tenían previstos cambios al reglamento interno del instituto para incluir a los dos nuevos comisionados y asignarles ponencia.

Explicó que -por escrito- el Congreso les solicitó frenar cualquier modificación a la normativa interna porque había en curso un juicio de amparo contra la designación exprés realizada por los anteriores legisladores, lo cual fue comunicado de inmediato a los nuevos comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez.

Señaló que espera la notificación oficial del Congreso respecto a la revocación realizada ayer de ambos nombramientos, pero el instituto continuará con las labores habituales con sus actuales comisionados y estará atento de las definiciones que sobre el tema hagan los legisladores.

Ratificó su postura de que el IMIPE no necesita más comisionados y que los tres en funciones son suficientes, y consideró que lo que sí necesita el órgano garante es más presupuesto para atender todas sus responsabilidades legales, dar continuidad o concretar programas y proyectos, así como evolucionar con las plataformas tecnológicas a 15 años de la fundación del instituto.

Adelantó que el proyecto de presupuesto del instituto para 2019 prevé una solicitud de presupuesto de entre 28 y 30 millones de pesos, es decir, 15 millones más que en 2018, justamente para cumplir con todas la exigencias del sistema nacional de transparencia.

 

Viernes, 14 Septiembre 2018 05:19

El TSJ busca ejercer 850 millones en el 2019

De la suma solicitada, casi el 20% sería destinado al pago de pensiones adeudadas a trabajadores en retiro.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó casi 850 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, de los cuales, casi el 20% sería destinado al pago de pensiones adeudadas a trabajadores en retiro.

La magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, afirmó que la petición presupuestal fue basada en la reforma constitucional que otorga al Poder Judicial la autonomía financiera, que equivale a obtener como mínimo el 4.7% del presupuesto estatal anual programable.

Señaló que el proyecto de presupuesto fue presentado al todavía titular del Poder Ejecutivo, pero se volverá hacer la petición a Cuauhtémoc Blanco Bravo, una vez que entre en funciones como gobernador, después del 1 de octubre.

Explicó que inició el cabildeo con los integrantes de la nueva legislatura para obtener el presupuesto propuesto para satisfacer las necesidades del Poder Judicial, incluyendo una partida para el pago de trabajadores jubilados y una adicional para los trabajadores en retiro en espera del pago de sus pensiones, tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estamos contemplando en este presupuesto de manera responsable cuál es lo que nosotros necesitamos de acuerdo con las controversias constitucionales que ganamos en la Corte. Es una situación totalmente independiente porque todas estas controversias fueron ganadas antes de la reforma a la autonomía del Poder Judicial, financieramente hablando. Entonces, nosotros ya hemos hecho un estudio, el cual ya presentamos de cuánto asciende el gasto para pagar a cada uno de los jubilados”, dijo.

De acuerdo con el TSJ, el proyecto de presupuesto contempla la petición de 844 millones 766 mil 955 pesos y, en el capítulo de transferencias, se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, el tribunal solicitó  166 millones 38 mil 46 pesos, casi el 20% del presupuesto solicitado, para hacer frente a los decretos que fueron resueltos por la SCJN.

 

La funcionaria también obstaculiza la entrega de apoyos a familias dolientes, denuncian.

Por segunda ocasión, representantes de colectivos y familiares de víctimas arremetieron contra la titular de la Comisión Estatal de Atención y Reparación de Víctimas (CEARV), Nadxieelii Carranco Lechuga, a quien acusaron no sólo de trato inhumano, sino de obstaculizar la entrega de apoyos a familias dolientes.

Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo “Regresando a Casa” Morelos, señaló que desde el 8 de agosto se le exigió a Carranco Lechuga la liberación de recursos para apoyar a las familias de víctimas, pero la funcionaria insistió en que no hay recursos ni para ayudar con el pago de gastos funerarios.

Incluso, dijo que a una mujer de origen humilde, cuyo hijo fue localizado sin vida, se le negó el apoyo económico para pagar el entierro, porque según la titular de la CEARV, no tiene recursos porque sólo la comisión recibió dos millones de pesos.

Explicó que Carranco Lechuga sugirió a los colectivos canalizar sus reclamos a la Secretaría de Hacienda, porque la CEARV no puede ayudar económicamente a las víctimas.

Rodríguez Monroy precisó que –a la fecha– la CEARV no ha pagado los honorarios de especialistas cuya labor permitiría realizar los dictámenes que se utilizan en los procesos penales, lo cual ha provocado que por la falta de estos instrumentos jurídicos de prueba, quedaran libres presuntos culpables.

Dijo que la CEARV rechazó apoyar a dos familias que tuvieron que solventar de manera urgente los gastos funerarios de sus familiares, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida y, “en general, consideramos que el trato y la actitud del personal de la CEARV es apático y no está comprometido con el dolor y el sufrimiento de las víctimas, lo cual no sólo es inhumano e indignante, sino que también deviene en una práctica que obstaculiza el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño”.

Durante una rueda de prensa, recalcó que en caso de prevalecer esta situación, las familias y colectivos de víctimas iniciarán acciones jurídicas ante la indolencia e incumplimiento de las responsabilidades legales de Carranco Lechuga.

Agregó que han recibido la solidaridad de más de 50 organizaciones, colectivos y activistas de todo el país, quienes están al tanto de la situación que prevalece en la entidad.

 

 

En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

 

Comisariado de Bienes Comunales rechaza desde décadas atrás el proyecto de construcción de un complejo inmobiliario y un club de golf.

El Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán expresó su rechazo al proyecto de resolución de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) en el que se pretende amparar a la empresa Pirámide y Convento, que disputa desde los años sesenta la propiedad de 280 hectáreas, donde se pretendía construir un complejo inmobiliario y el club de golf más grande de América Latina.

En rueda de prensa, integrantes del comisariado tepozteco aseguraron que hace unos días, la Segunda Sala de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia en el que -al parecer- se pretende beneficiar al consorcio (integrado -a su vez- por empresarios y corporativos influyentes) al proponer ampararlos.     

“El proceso judicial ha pasado diversas instancias y ninguna ha emitido sentencia en contra de la comunidad. Sin embargo, hace unos días la SCJN hizo público el proyecto de sentencia que sería votado por su Segunda Sala y, para sorpresa de muchos, propone amparar a la empresa sin considerar la contundencia de la resolución presidencial, su acta de posesión y deslinde y su plano, documentos que jamás fueron impugnados”.

Ante la presunción de que la SCJN pretende inclinarse a favor de los inversionistas es que los tepoztecos se encuentran sumamente molestos, y desde aquí le dicen a dichas autoridades que sí creen ellos en la justicia, pero que no intenten "pisarle la cola al tigre porque ya lo conocen”, dijo Agustín Rojas Cuevas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del municipio de Tepoztlán, en alusión a la lucha que dio la comunidad a mediados de la década de los sesenta cuando el consorcio KS pretendió instaurar el club de golf más grande de Latinoamérica en el ahora Pueblo Mágico, y cuyo proyecto fue frustrado por los tepoztecos con manifestaciones y barricadas.

Recordó que desde 1999 el pueblo y la comunidad agraria decidieron acudir a los tribunales para defender esas tierras, y advirtió que en caso de que los ministros aprueben el proyecto de resolución y favorezcan los intereses empresariales, recurrirán a los tribunales internacionales e impedirán que se concrete el proyecto de “desarrollo” que amenaza el medio ambiente y pretende despojar a la comunidad de varias decenas de hectáreas. 

 

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