Maciel Calvo

Maciel Calvo

Hay una partida de 15 millones de pesos para otorgar incentivos a los policías municipales cuyos ayuntamientos hayan convenido con el Poder Ejecutivo estatal el Mando Coordinado y tengan salarios inferiores a los 10 mil pesos mensuales.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) emitió las nuevas Reglas de Operación para la Implementación del Incentivo a Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, incluidos dentro del marco del convenio de Mando Coordinado.

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2121, el Congreso local autorizó, por segunda ocasión consecutiva, una partida de 15 millones de pesos para otorgar incentivos a los integrantes de la Policía Municipal, cuyos presidentes municipales hayan convenido con el Poder Ejecutivo estatal el Mando Coordinado y tengan salarios inferiores a los 10 mil 10 pesos brutos mensuales.

Las reglas establecieron que el incentivo no constituye una obligación, indemnización, prestación social adicional o de nueva incorporación, permanente o futura que constriña al Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos, debido a que el recurso corresponde a una subvención que se otorga a los elementos previstos en el Convenio del Mando Coordinado que cumplan con los requisitos previsto en este instrumento de colaboración.

El recurso se entregará en cuatro ministraciones trimestrales y, en caso de existir remanente respecto al presupuesto etiquetado, se asignará en partes proporcionales a todos los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal que recibieron el pago del incentivo en el cuarto trimestre, como un pago único.

Adicionalmente, los municipios deberán comprobar en tiempo y forma, conforme reciban las transferencias, la entrega del incentivo a los efectivos municipales, de lo contrario, no podrán recibir la siguiente ministración del recurso hasta que se haya comprado administrativa y fiscalmente la anterior.

 

 

 

Litigantes exigen que se digitalicen los procedimientos, al igual que ya se hizo en otras entidades; protestan por parálisis de tribunales.

Cuestionan que magistrados cobren íntegro su salario sin trabajar.

El Foro Morelense de Abogados se sumó a las presiones para que los tribunales locales avancen en la digitalización de la administración de justicia y exigió que el funcionamiento de los juzgados sea considerada como actividad esencial.

Pedro Martínez Bello, presidente del foro, lamentó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) planee extender la suspensión de labores hasta el 1 de marzo, ante la proyección de que Morelos se mantendría por un mes más en color rojo por el alto riesgo de contagio de covid-19.

“Sin embargo, esta parálisis jurisdiccional impide el acceso a la justicia, los ciudadanos y los litigantes advertimos que el Tribunal Superior de Justicia y su titular, Rubén Jasso, no están comprometidos con la sociedad morelense. No les interesa reanudar las actividades jurisdiccionales, al no promover acciones digitales que desde hace tiempo son ya una necesidad”, dijo.

Como líder del Foro Morelense de Abogados, propuso la creación de un tribunal virtual que cuente con la infraestructura y recalcó que “la justicia no puede ser detenida, debe considerarse una actividad esencial”.

Además, pidió la digitalización de las demandas para que puedan ser consultadas vía electrónica por los ciudadanos y los abogados, y duplicar la recepción del número de expedientes.

Subrayó que “los tribunales brindan un servicio esencial y, por ello, su funcionamiento no puede depender del desplazamiento físico de funcionarios y usuarios. En suma, el Poder Judicial debe modernizar la administración de justicia”.

Martínez Bello señaló que el TSJ del estado de Puebla ya cuenta con normatividad interna que regula el funcionamiento de los “tribunales electrónicos”, lo que permite el desarrollo de audiencia virtuales y que los litigantes puedan promover demandas vía electrónica.

Expresó su preocupación por la parálisis judicial, porque no hay certidumbre de cuánto tiempo más se prologará la pandemia y existe el riesgo de que los ciudadanos opten por tomar la justicia por su propia mano ante la pobre respuesta institucional.

“¿Qué han hecho durante casi un año de parálisis jurisdiccional? ¿Qué han implementado? No basta con un portal de citas. Los ejemplos están muy claros, en el estado de Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, la justicia sigue avanzando porque han entendido desde hace mucho tiempo que se tiene que modernizar.

“El llamado es para que el presidente del TSJ retome las actividades jurisdiccionales y ya no se prorrogue más la inactividad procesal, como lo tiene previsto hasta el 1 de marzo. Esto implicaría que en el 2021 ya sumarían tres meses de inactividad”, afirmó.  

Recriminó que mientras los funcionarios y personal del Poder Judicial cobran sus salarios completa y puntualmente sin realizar trabajo ni home office, los litigantes y los justiciables ven truncado el derecho constitucional de acceso a la justicia.

 

 

Uno de los policías municipales implicados en la desaparición de un empresario gasero y su ayudante fue detenido e imputado por un juez de control, por el presunto delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado estaría por ejecutar otras órdenes de aprehensión contra otros elementos involucrados.

Al concluir la audiencia de formulación de imputación, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva al policía municipal de Yautepec, identificado con las siglas J.F.S.R, por su probable responsabilidad en la desaparición del empresario Román Martínez García y su ayudante, Luis Salgado Ogazón, ocurrida la tarde del pasado 16 de enero.

El juez también notificó a las partes sobre la celebración de la audiencia de vinculación a proceso el próximo viernes 29 de enero a las 9:00 horas.

Hasta el momento ha trascendido que la FGE estaría por ejecutar por lo menos cinco órdenes de aprehensión más, en contra de igual número de policías municipales presuntamente implicados en la desaparición.

De acuerdo con la familia y amigos de las víctimas, la tarde del sábado 16 de enero, Román Martínez y su ayudante viajan en una camioneta, cuando en la colonia Tabachines habrían sido interceptados por una patrulla del Mando Coordinado y detenidos por elementos de la corporación adscritos al municipio de Yautepec.

Desde entonces se desconoce su paradero y los familiares de las víctimas han realizado varios actos de protesta para presionar a las autoridades para detener al total de elementos policíacos implicados, así como para la búsqueda y localización del empresario y su ayudante.

 

Ofrecen líneas de denuncia y plataforma digital para iniciar querellas.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electoral de la Fiscalía General del estado (FGE) llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier presunta conducta ilícita a través de las líneas de denuncia y de la plataforma digital de la fiscalía.

La fiscal especializada Belem Mejía Godínez destacó  que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrá una sanción de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión por delitos penales cometidos  por cualquier persona, por acciones como votar sin cumplir requisitos de ley, votar más de una vez en la misma elección, obstaculizar o interferir el desarrollo de las votaciones, escrutinio y cómputo; introducir o sustraer boletas electorales, introducir boletas falsas, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o sentido del voto.

También está penado recoger una o más credenciales para votar, retener durante la jornada electoral una o más credenciales, solicitar votos a cambio de dinero o mediante violencia o amenaza, presionar a cualquier persona para asistir a eventos proselitistas o votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido o coalición.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acción con apariencia de delito a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, acudir ante el Agente del Ministerio Público o iniciar denuncia en línea a través de la plataforma de la Fiscalía General del Estado https://fiscaliamorelos.gob.mx/denuncia/.

Recordó que, de acuerdo a los ordenamientos legales, el Instituto Nacional Electoral estableció para el estado de Morelos el proceso de precampañas iniciado el 23 de diciembre del año 2020 y que concluirá el próximo 31 de enero del presente año, lo que representa 40 días de labores.

Las intercampañas sumarán 62 días considerados del 1 de febrero al 3 de abril. Las campañas durarán 60 días comprendidos del 4 de abril al 2 de junio, para dar paso al periodo de reflexión (veda electoral) que abarcará del 3 al 5 de junio y finalmente la jornada electoral a realizarse el 6 de junio de este 2021.

Resaltó que, de las entidades federativas, las Fiscalías del Estado de Morelos y de Tamaulipas cumplieron con los reglamentos y marcos legales establecidos por la Junta General Ejecutiva del INE, para ser consideradas dentro del modelo de distribución de tiempos oficiales para el pautado y difusión de campañas, tomando en consideración al resto de las autoridades electorales en las entidades federativas.

 

 

 

Resolución de juicios de amparo promovidos por el legislador podría demorar varios meses.

Un juez federal otorgó la suspensión definitiva al diputado Marco Zapotitla Becerro, para evitar que el Congreso emita una resolución sobre la solicitud de desafuero promovida en su contra por la Fiscalía General del Estado (FGE), para someterlo a proceso penal por el presunto delito de violación.

Dentro del juicio de amparo 1251/2020 y su acumulado 1251/2020, radicados en el Juzgado Quinto de Distrito, el legislador solicitó a la justicia federal frenar el desahogo del juicio de precedencia incoado en su contra a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana de la FGE, quien busca imputarlo ante un juez por la presunta agresión sexual cometida en agravio de una mujer.

El juez federal determinó que “no procede otorgar la suspensión de la sustanciación de dichos procedimientos, en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano y, por ende, se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo”.
Sin embargo, concedió la medida cautelar para efecto de “que las autoridades responsables continúen con el procedimiento de declaración de formación de causa en contra del quejoso, hasta antes de que se dicte la resolución definitiva, es decir, únicamente deberán abstenerse de emitir la determinación que ponga fin al procedimiento” hasta que la justicia federal resuelva de fondo los juicios de amparo.

En su demanda de amparo, Zapotitla Becerro refutó la legalidad del desahogo del juicio de procedencia, desde la recepción de la solicitud en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, hasta del emplazamiento a través de edictos para que el legislador se apersonara al juicio.

El juez acotó que la medida suspensiva no surtirá efectos en el caso de que la resolución definitiva en el procedimiento de declaración  de causa ya hubiese sido emitida, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles.

El 22 de septiembre de 2020, los abogados de la víctima solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializar la carpeta de investigación, ante la existencia de suficientes datos de prueba y la declaración de la víctima, para imputar como presunto responsable del delito de violación al otrora diputado de Partido Encuentro Social (PES).

Un día después, el fiscal metropolitano, Carlos Andrés Montes Tello, presentó la solicitud de juicio de procedencia, con el propósito de que el Congreso retire el fuero al legislador para que enfrente un proceso penal por supuesta comisión de un delito sexual y, en su caso, sea sujeto a medidas cautelares (prisión preventiva) por parte de un juez.

Sin embargo, el desahogo del procedimiento no tuvo agilidad legislativa, a pesar de que la representación legal de la víctima solicitó a los diputados dictaminar el asunto antes del 15 de diciembre (fecha en que concluyó el periodo de sesiones) o, en su caso, convocar a un periodo extraordinario exprofeso.

Ante la suspensión definitiva concedida por un juez federal, el Congreso no podrá resolver sobre la procedencia o no del desafuero, hasta que se resuelvan los juicios de amparo, lo cual llevaría varios meses.

 

 

 

Uno de los policías municipales implicados en la desaparición de un empresario gasero y su ayudante fue detenido e imputado por un juez de control, por el presunto delito de desaparición forzada de personas; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) estaría por ejecutar otras órdenes de aprehensión contra otros elementos involucrados.

Al concluir la audiencia de formulación de imputación, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva al policía municipal de Yautepec identificado con las siglas J.F.S.R., por su probable responsabilidad en la desaparición del empresario Román Martínez García y su ayudante, Luis Fernando Ogazón Ariza, ocurrida la tarde del pasado 16 de enero.

El juez también notificó a las partes sobre la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, el próximo viernes 29 de enero a las 09:00 horas.

Hasta el momento ha trascendido que la FGE estaría por ejecutar por lo menos cinco órdenes de aprehensión más, en contra de igual número de policías municipales presuntamente implicados en la desaparición.

De acuerdo con la familia y amigos de las víctimas, la tarde del sábado 16 de enero, Román Martínez y su ayudante viajaban en una camioneta cuando en la colonia Tabachines habrían sido interceptados por una patrulla del Mando Coordinado y detenidos por elementos de la corporación adscritos al municipio de Yautepec.

Desde entonces se desconoce su paradero y los familiares de las víctimas han realizado varios actos de protesta, para presionar a las autoridades para detener al total de elementos policiacos implicados, así como para la búsqueda y localización del empresario y su ayudante.

Extienden hasta el 15 de febrero la vigencia del acuerdo temporal por el que se permite la operación, hasta el 25% de su capacidad y con los protocolos sanitarios oficiales, de negocios con venta de comida y micronegocios de venta en general  

Se espera que al inicio del siguiente periodo de sesiones en el Congreso se resuelva sobre la procedencia o no del desafuero del diputado.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó otorgar las medidas cautelares solicitadas por el diputado Marco Zapotitla Becerro y ordenó remitir su caso a la Mesa Directiva del Congreso de Morelos.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Regional consideró correcta la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dentro del expediente TEEM/JDC/51/2020-2, promovido por el legislador, quien alegó ser víctimas de violencia política de género por las expresiones en su emitidas por un grupo de ocho diputadas durante la sesión del pasado 7 de noviembre.  

Lo anterior, porque no era posible conocer los hechos controvertidos a través de un medio de defensa en materia electoral, ya que la expresión de las ideas de las diputadas locales en el contexto parlamentario forma parte de su actuación dentro del órgano legislativo, lo cual atañe exclusivamente al Poder Legislativo.

Sin embargo, ordenó modificar la sentencia del TEEM únicamente para efecto de que el expediente sea remitido a la Mesa Directiva del Congreso, cuya instancia es competente para conocer de los reclamos de Zapotitla Becerro.  

Pese a que el diputado insistió en su petición de medidas cautelares bajo el supuesto de que le ha sido impedido el ejercicio del cargo, la Sala Regional consideró improcedente la solicitud, ya que en este caso no se está en presencia de actos que impliquen una afectación a la vida, integridad o libertad del legislador.

El diputado alegó también que ocurren actos diversos que eventualmente podrían privarlo del cargo y llamar a su suplente para relevarlo, sin embargo, la resolución previó que, sobre hechos posteriores, está a salvo el derecho del actor para presentar en un futuro nuevas demandas.

En el mes de septiembre, Carlos Andrés Montes Tello, Fiscal Regional Metropolitano de la FGE, a través del oficio FGE/FRM/1815/2020, presentó la solicitud de declaración de procedencia o formación de causa en contra Marco Zapotitla Becerro, en virtud de la integración de la carpeta de investigación en la cual es acusado como presunto responsable del delito de violación en agravio de una mujer.

El 7 de noviembre de 2020, durante el desarrollo de la Sesión Plenario del Congreso del Estado de Morelos, un grupo de diputadas, desde la tribuna parlamentaria, realizó manifestaciones contra su homólogo porque supuestamente cometió un delito sexual, lo obligaron a abandonar el recinto y le advirtieron que no le permitirían la entrada a ninguna sesión de trabajo.

Posteriormente, por edictos, Marco Zopotitla fue emplazado por el Congreso para apersonarse al procedimiento iniciado en su contra, y se espera que al inicio del siguiente periodo de sesiones se resuelva sobre la procedencia o no del desafuero.

 

 

 

En el presupuesto estatal se previó una partida de ocho millones de pesos para ejercerse a lo largo del ejercicio fiscal 2021 en el rubro.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) emitió nuevos lineamientos para que los deudos de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber puedan cobrar sus apoyos, ya que su entrega fue cancelada luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto 2020 del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con la CES, al quedar sin vigencia el Presupuesto de Egresos 2020, que contemplaba una partida de ocho millones de pesos para fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en cumplimiento de su deber, el comité encargado de operar y administrar los recursos, suspendió la entrega de los apoyos, al estar imposibilitado presupuestal y legalmente para continuar con su otorgamiento, ya que en el presupuesto 2019 (que prevaleció por resolución del SCJN en los últimos 34 días del año anterior) no fue previsto este rubro.

Pero en el nuevo paquete económico aprobado por el Congreso, se previó nuevamente la partida de ocho millones de pesos para ejercerse a lo largo del ejercicio fiscal 2021 y, en consecuencia, la CES tuvo que emitir nuevos lineamientos, vigentes a partir de este 21 de enero.

Por cada elemento policial caído se asignará la cantidad de 300 mil pesos, que serán entregados o repartidos al o a los dependientes económicos, del elemento policial fallecido únicamente –recalca el documento- en cumplimiento de su deber durante su horario de servicio.

La ayuda será entregada a los dependientes económicos de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.

El pasado mes de septiembre, el Congreso del Estado reformó y adicionó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al año fiscal 2020, para crear el fondo de ayuda a los familiares de los policías fallecidos, pues a pesar de que los elementos cuenta con seguro de vida, el proceso del cobro de la póliza ante las compañías de seguros suele durar meses y hasta años.

De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), de los 19 elementos caídos en el 2019, al mes de septiembre de 2020, únicamente se había logrado concretar el pago del seguro de vida de un elemento.

 

 

 

Los ayuntamientos, las dependencias estatales y la Fiscalía General del Estado son los sujetos con el mayor número de peticiones.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) recibió en el 2020 casi 11 mil solicitudes de información dirigidas a los 181 sujetos obligados incorporados en la ley estatal de transparencia, siendo los ayuntamientos, las dependencias estatales y la Fiscalía General del Estado los sujetos con el mayor número de peticiones.

La comisionada presidenta del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, detalló que durante el 2020 se recibieron 10 mil 903 solicitudes de información, de las cuales el 28% se realizaron a los ayuntamientos y el 24% a dependencias del Poder Ejecutivo, que en suman representaron el 52% del total de las solicitudes.

Detalló que las instituciones del Poder Ejecutivo descentralizado recibieron el 14% de las solicitudes de información, y los organismos autónomos el 15%, mientras que los sujetos obligados menos concurridos por los solicitantes fueron los organismos municipales descentralizados, como son los sistemas de agua potable con un 6%; el Poder Legislativo con un 5%; el Poder Judicial con 4%; y en un mínimo porcentaje a los sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos.

Resaltó que otros de los sujetos obligados con un número considerable de solicitudes de información fueron la Fiscalía General del Estado con 537 solicitudes; el SAPAC con 520; y el ayuntamiento de Cuernavaca con 494.

Los rubros más preguntados fueron las nóminas, viáticos, gastos, sueldos, salarios, u horarios, así como los presupuestos destinados a la seguridad pública.

 

 

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