Maciel Calvo

Maciel Calvo

El presidente de la Barra de Abogados dice confiar en que la SCJN anule la ampliación del periodo de los magistrados aprobada por los anteriores diputados.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echará abajo las disposiciones por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El dirigente de los abogados barristas, Cristian Velasco Alcocer, dijo que están a la expectativa de lo que discutan este lunes los ministros en el Pleno del SCJN y esperan que anulen la ampliación del periodo de los magistrados.

“De manera personal estoy a favor de que sean sólo 14 años, porque la gente que tiene carrera judicial y que aspira a esos cargos tendrían que pasar (a ocupar esos cargos) y si se dejan los 20 años, entonces tendrían que esperar seis años más para aspirar a una magistratura, aunado que creemos que en su momento la anterior legislatura no tomó la opinión y sentir de la sociedad”, recalcó.

Insistió en que los magistrados no deben tener una permanencia vitalicia, porque hay que oxigenar al Poder Judicial y permitir que esos espacios sean ocupados por persona que se han preparado para trascender en el ámbito de la administración de justicia.

Indicó que una vez que la Corte dé su fallo, podrá regresar la estabilidad al Poder Judicial, ante la crisis que atraviesa actualmente. 

 

  

El proceso fue convocado en 2017 para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Un tribunal colegiado ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial destrabar el concurso de oposición que en 2017 convocó el extinto Consejo de la Judicatura para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión 171/2019, confirmó el amparo que concedió el juez Noveno de Distrito a uno de los aspirantes a juez y que ordenó a la hoy extinta Comisión Transitoria del Poder Judicial del Estado para que en el plazo de tres días publicara la lista de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa y dar continuidad al proceso hasta concluir con la designación.

El criterio de la justicia federal es que la autoridad responsable (primero el extinto Consejo de la Judicatura, luego la Comisión Transitoria y actualmente la Junta de Administración, que sustituyó a las anteriores) ha sido omisa en la continuación y terminación del concurso de oposición, que desde diciembre de 2017 quedó varado sin aparente justificación.

Pese a los reclamos tanto de los aspirantes como organizaciones de abogados por mantener congelado este proceso de designación, la magistrada presidente del TSJ, Verónica Cuevas López, en noviembre de 2018 designó de manera directa a un bloque de ocho jueces “interinos” menores y auxiliares, la mayoría familiares y colaboradores de funcionarios y magistrados afines a ella.

 

 

La Corte delimitó facultades de estados y municipios en materia de tránsito y transporte

Domingo, 22 Septiembre 2019 07:28

No hay fondos para pensiones en TSJ

El Congreso aún no autoriza ampliación presupuestal para ejecutar últimas sentencias de SCJN; se agotaron 80 millones etiquetados en Presupuesto 2019

Viernes, 20 Septiembre 2019 05:04

Noé Sandoval seguirá en prisión

El exdirector de Transporte acumula un nuevo proceso por la venta de permisos para taxi.

El ex director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), Noé Sandoval Morales, enfrentará un tercer proceso penal por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión, al expedir y vender permisos de circulación ilegales.

Por una denuncia presentada por un particular, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formuló imputación ante un juez a Sandoval Morales por el delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público, ya que el ex funcionario vendió al denunciante un permiso de transporte público por 50 mil pesos, de los cuales recibió 30 mil como adelanto.

Debido a que el permiso expedido carece de validez y no se encuentra reconocido por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos  -porque sólo el gobernador tiene la facultad de otorgar concesiones del transporte público- la víctima interpuso la denuncia contra el ex funcionario.

De acuerdo con la FECC, el juez de control otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso.

Además, en audiencia diversa, fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex director de Transporte, quien ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones por el mismo delito y tiene abiertas otras carpetas de investigación en la fiscalía anticorrupción. 

 

 

El 90 por ciento de los casos están relacionados con las disputas entre grupos de la delincuencia organizada en el territorio estatal: CES.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que los ciudadanos no corren riesgos, sino sólo aquellas personas que están implicadas en actividades y organizaciones delictivas. Además, señaló que la CES resguarda al ex edil de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, quien antes del ataque al parecer “andaba celebrando algo”.

Reconoció que se mantiene constante la incidencia de los homicidios dolosos, pero insistió en que la mayor parte de las víctimas está vinculada a grupos criminales que se disputan territorios para el narcomenudeo o, en el mejor de los casos, asociados a riñas por consumo de alcohol.

“No podemos negar que existen homicidios dolosos, que son los que llaman más la atención, pero en realidad los ciudadanos normales, los que se dedican a hacer su trabajo no están en riesgo. Los homicidios dolosos son entre bandas, un noventa por ciento.”

“Hay homicidios que tienen que ver con rencillas, muchas de ellas provocadas por el alcohol, pero lo que más nos está afectando son homicidios dolosos que se provocan las bandas por la lucha del lugar, por el tráfico, por el narcomenudeo que existe aquí en Morelos”, explicó.

En cuanto al cuarto atentado que sufrió el ex presidente municipal de Amacuzac, Noé Reynoso Nada, señaló que la Fiscalía General del Estado será la que revele cuáles son las principales líneas de investigación y el posible móvil, lo único que sabe la CES es que antes de la agresión se le vio al ex edil “muy contento” conduciendo su camioneta.

“Él andaba celebrando algo, se le vio en un camioneta con la música muy alta, el parte médico lo tienen que dar los médicos, pero pues se le notaba algo alegre, creemos que andaba celebrando algo”, aunque no explicó la relación entre la conducta de la víctima y el ataque de que fue objeto, pero sostuvo que se mantendrá la protección a Reynoso mientras rinde su declaración ministerial para identificar a sus agresores y hasta que la familia solicite el retiro de la custodia.

Recordó que la gestión del ex edil fue polémica, pues nos sólo sufrió varios atentados sino que fue mencionado en varias narcomantas y se le asoció al grupo criminal Guerreros Unidos, organización rival de “Los Rojos”.

Por lo pronto, Ortiz Guarneros informó que, junto con la 24ª. Zona Militar, la Policía Federal y la Guardia Nacional se reforzó la estrategia de seguridad en Cuernavaca, Jiutepec y el surponinete de la entidad, por ser las zonas donde hay mayor actividad delictiva y donde los hijos de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” y otrora líder de “Los Rojos”, han colocado mantas en las que aseguran que su papá sigue “presente”, pese a estar detenido en el penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco, y enfrentar cuatro procesos penales por delincuencia organizada, extorsión y secuestro.

 

 

Viernes, 20 Septiembre 2019 05:15

Se avecina un fallo adverso a Cuevas López

El proyecto de la Suprema Corte propone invalidar decreto que aumentó a veinte años el periodo de los actuales magistrados de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaría las reformas por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, aumentó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso y eliminó la ratificación.

Luis María Aguilar, como ministro ponente de acción de inconstitucionalidad 20/2017, propuso al Pleno la invalidez del decreto 1613, publicado el 24 de febrero de 2017, en lo relativo a la derogación del párrafo segundo de la fracción XXXVII del artículo 40; reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto, sexto, décimo y la derogación de los párrafos tercero, octavo y noveno; así como reforma al artículo 109 bis, párrafos sexto, octavo y derogación del párrafo séptimo, y reforma al artículo 109 ter, párrafos tercero, quinto y derogación del párrafo cuarto, todos de la Constitución política local, así como del artículo tercero transitorio del decreto.

La invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos fueron las propuestas discutidas este jueves en el Pleno de la SCJN, en virtud de que el pasado 10 de septiembre fue promulgado el decreto por el que el Congreso expidió el acuerdo que revirtió la extensión de los periodos.

Algunos ministros, como Eduardo Medina Mora y Mario Pardo Rebolledo, consideraron procedente sobreseer las disposiciones respecto a la ampliación de los nombramientos de los magistrados, en virtud de que han cesado sus efectos por la vigencia del nuevo decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 10 de septiembre, aunque –advirtió Medina Mora- “puede que haya problemas respecto de esos nombramientos, pero, en todo caso esos habría que ver si los afectados lo combaten en amparo”.

En contraste, el ministro presidente, Arturo Zaldívar expresó su disenso, porque consideró que, pese al nuevo acto legislativo, permanece vigente el artículo tercero transitorio del decreto de reforma del decreto 1613, porque no fue derogado, y “adelanto que no estoy a favor del sobreseimiento del tercero transitorio, me parece que claramente sigue surtiendo sus efectos y que un acto concreto, decreto que lo deja sin efectos, con una, pues, muy poco disimulada intención de lograr precisamente que no se analice la constitucionalidad de esta reforma, no puede llevarnos precisamente a ese sobreseimiento”.

El lunes continuará el análisis del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad, al cual el ministro ponente incluirá algunas observaciones de sus homólogos.

En el proyecto de esta acción de inconstitucionalidad también se propone invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación de la ratificación. En caso de invalidarse, tendría un impacto inmediato en la estructura del Poder Judicial.

Por ejemplo, en caso que el periodo de los magistrados se reduzca nuevamente a 14 años, quedaría inmediatamente vacante la magistratura de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Cuevas López, y en mayo quedarían vacantes las magistraturas que actualmente ocupan Roció Bahena y Miguel Ángel Falcón, quienes han promovido sendos juicios de amparo.

De igual forma, concluiría el periodo de los magistrados Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).  Por edad, tendrían que retirarse del cargo los magistrados del TSJ, Valentín González García y Ángel Garduño.

En caso de regresar la ratificación al culminar su primer periodo de seis años, tendrían que ser sujetos a evaluación los magistrados del TSJ, Manuel Díaz Carbajal, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Elda Flores León, para aspirar a un segundo y último periodo de ocho años.

La acción de inconstitucionalidad que estudia la SCJN fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a petición de organizaciones civiles y particularmente de organizaciones de abogados, por calificar la reforma realizada por la LIII Legislatura al Poder Judicial como “indebida, inmoral e ilegal” porque no sólo no garantizaría una administración de justicia imparcial e independiente, sino que arbitrariamente eternizaría las magistraturas sin evaluar el desempeño de quienes las ocupan y sin escrutinio público.

 

DIFERIDA AUDIENCIA DE CUEVAS LÓPEZ

El Juzgado Octavo de Distrito difirió la audiencia incidental en que se pretendía resolver si mantenía o no de manera definitiva la polémica suspensión concedida a la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, por la cual permanece en el cargo, pese a que los magistrados del bloque disidente insisten en que la medida cautelar no surte ese efectos porque su cese fue consumado con la vigencia del nuevo decreto legislativo del 10 de septiembre.

Hasta ayer se desconocían las razones del diferimiento y la nueva fecha para su realización, sin embargo, todos los magistrados y los representantes de los tres Poderes del estado están a la expectativa de lo que resuelva la SCJN, por el posible impacto a la estructura judicial.

 

 

El exalcalde amacuzteco sobrevivió y está resguardado por la Policía.

El ex alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, sobrevivió al cuarto atentado perpetrado contra él por un grupo armado la noche de este martes y se encuentra bajo protección policíaca en un hospital de la región sur, con un pronóstico médico reservado pero estable.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que inició las pesquisas para identificar y localizar a los presuntos responsables, que llegaron hasta el domicilio del ex edil en la cabecera municipal de Amacuzac e intentaron privarlo de la vida.

La víctima recibió un balazo en la cabeza y otro en el hombro y, de acuerdo con el último reporte médico difundido por los Servicios de Salud de Morelos (SSM), se encuentra estable y permanecerá internado en un hospital en el que también estará bajo la vigilancia y protección policial para salvaguardar su integridad física.

Noé Reynoso Nava fue presidente municipal de Amacuzac durante el periodo 2012-2015, pero durante su mandato sostuvo fuertes rencillas con su predecesor en la alcaldía y rival político, Alfonso Miranda Gallegos, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel federal bajo proceso penal acusado de delincuencia organizada y secuestro, delitos que –según la acusación- habría  perpetrado como integrante del cártel de “Los Rojos”, que encabezaba su sobrino - también detenido- Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” o el “El Señor de los Caballos”.

El primer atentado que sufrió el ex edil ocurrió al asumir el cargo en enero del 2013,  y en ese mismo mes fue asesinado el mayor Justo Buenaventura Jaimes, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio.

El segundo atentado ocurrió en agosto de 2015, cuando se disponía a salir de su rancho, ubicado en la comunidad de Miahuatlán. El tercero, ocurrió un mes después, cuando se encontraba reunido con  algunos de sus colaboradores.

En las tres ocasiones anteriores resultó ileso.

 

 

Miércoles, 18 Septiembre 2019 05:12

Revés a María del Carmen Cuevas

Juez rechaza petición de iniciar un incidente por presunta violación a suspensión  provisional por parte de la disidencia del TSJ.

El Juez Octavo de Distrito rechazó la petición de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, de iniciar un incidente por presunta violación a una suspensión  provisional, en contra del grupo de magistrados que la desconocen como representante del Poder Judicial.

La semana pasada, nueve magistrados consideraron que la suspensión provisional otorgada por el juzgado de distrito no surtía efectos a favor de Cuevas López porque era un hecho consumado la terminación de su periodo, tras la publicación del decreto por el que se expidió el punto de acuerdo legislativo para reducir de 20 a 14 años el periodo de los juzgadores de segunda instancias.  

Por ello, el magistrado decano, Andrés Hipólito Prieto convocó a sesionar cuando menos en dos ocasiones para elegir a quien cubriría el periodo restante de Cuevas López al frente de la presidencia.

Sin embargo, sobrevino el choque de interpretaciones y la magistrada afirmó que la suspensión que le fue concedida era para conservar su investidura y la representación del Poder Judicial, por lo que procedió a denunciar ante el juez federal que sus homólogos y opositores violaban la suspensión al pretender suplirla en la presidencia.

El argumento esencial del  juzgado  federal es que no son autoridad responsable los magistrados del TSJ y por tanto no había lugar a tener por denunciada la repetición del acto reclamado ni dar vista al agente del Ministerio Público Federal.

Por lo pronto, los tres Poderes del estado y los sectores vinculados a la administración de justicia se mantienen a la expectativa sobre la audiencia que se realizará este 19 de septiembre, en la que se definirá si se mantiene o no la suspensión definitiva a Carmen Cuevas.

 

 

Miércoles, 18 Septiembre 2019 05:11

Magistrados mantienen rechazo a Cuevas López

Crisis en Poder Judicial afecta a plantilla laboral; hay presuntas represalias contra trabajadores, señala grupo disidente.

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se declararon “en pie de lucha por la defensa del estado de derecho”, reiteraron que desconocen a Carmen Cuevas López como magistrada presidenta y denunciaron que ella arremetió contra los trabajadores al aplicar una sería de “castigos” que van desde el cambio de adscripción a  zonas lejanas hasta el despido.

Los nueve magistrados que forman parte del grupo disidente fijaron una postura en grupo en torno a lo que ocurre en la operatividad de la administración de justicia y que afectó ya directamente a la base trabajadora, pero también confirmaron su desconocimiento a Cuevas López y llamaron al resto de sus homólogos a sumarse para impedir que se continúen las acciones ilegales de Cuevas López.

“No reconocemos a la Ciudadana María del Carmen Verónica Cuervas López como Magistrada y menos aún como Presidenta del Tribunal, porque el plazo de catorce años a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Local, ya concluyó.

“Insistiremos en que los demás Magistrados colaboren a fin de que el Tribunal cuente con Presidente o Presidenta; y cese la administración del erario público y los demás actos que al margen de la legalidad viene realizando la ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose indebidamente como Magistrada y Presidenta de este Tribunal. 

“Entre todos los Magistrados y de cara a la sociedad, se abra un debate respetuoso y sincero, a fin de que se corrijan y terminen diez problemas fundamentales, cuya desatención ya resulta insostenible”, instó el grupo de magistrados disidentes.

En el documento dirigido a la opinión pública y firmado por los magistrados Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Nadia Luz Lara Chávez, Bertha Rendón Montealegre, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González y Rocío Bahena Ortiz, se reveló una serie de problemas que apuntalaron la crisis que vive el TSJ.

De acuerdo con los magistrados, son atribuibles a la gestión de Carmen Cuevas una serie de represalias emprendidas contra los trabajadores, que van desde la reducción del salario, el cambio abrupto del lugar del trabajo a sitios lejanos, el cobro por la capacitación que reciben del tribunal, la ausencia de nombramientos definitivos pese a la antigüedad y otras formas de castigo e intimidación ilegal hacia los trabajadores del Poder Judicial que, en caso extremos, han terminado con el despido.

También señalaron que desde la asunción de la magistrada presidenta, ésta permanente se niega a cubrir la pensión de los trabajadores, arriesgando su sobrevivencia y la de sus familias.

Además, recalcaron que existen “amenazas al personal obligándolos a incurrir en conductas ilegales, so pena del despido” y realizó “la designación directa de jueces y otros funcionarios, y amenaza con privarlos de sus derechos, a fin de que actúen sumisamente”.

A esto se suma el uso del erario judicial “para remodelar lujosamente oficinas y atender asuntos personales, cuando existen prioridades urgentes, como la creación de otros juzgados, debido a la enorme saturación de trabajo”.

Los magistrados coincidieron que existe una fuerte resistencia para lograr la modernización de la normatividad que rige al Poder Judicial, para terminar con las viejas y nefastas conductas de autoritarismo.

 

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