Maciel Calvo

Maciel Calvo

El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, contra cualquier orden de presentación, detención o aprehensión.

De acuerdo con la resolución publicada en los estrados del Poder Judicial de la Federación, la exfuncionaria durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, en diciembre pasado inició el juicio de amparo 2035/2018 en contra de actos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que la actual administración estatal promovió una cascada de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del erario, asignación de contratos y ejecución de obras.

Aun cuando el pasado 12 de diciembre el juez federal le otorgó la suspensión provisional con el pago de una garantía de ocho mil pesos, recientemente las partes fueron notificadas de la negativa de la suspensión definitiva contra actos del fiscal anticorrupción del Estado de Morelos y otras autoridades.

Por el momento, la fiscalía anticorrupción mantiene sigilo sobre el curso de la integración de varias carpetas de investigación iniciadas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para investigar presuntos irregularidades durante la gestión de su antecesor. 

 

Dice que la Fiscalía no probó las acusaciones contra Crispín Gaspar Cortés, a quien la administración anterior ligó con un cartel, pero al que sólo acusó de narcomenudeo.

La jueza de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Primer Distrito Judicial, Gabriela Acosta Ortega, rechazó favorecer a delincuentes y sostuvo que la información que circula en redes sociales en la que se cuestiona su calidad profesional y la legalidad de sus resoluciones, pone en riesgo su seguridad. En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, sostuvo que es de cobardes acusar a los jueces y no presentar ni denuncia ni pruebas.

En rueda de prensa, la jueza rechazó cualquier nexo con organizaciones delictivas, luego de que a través de redes sociales se difundieron acusaciones en su contra tras decretar la no vinculación a proceso de Crispín Gaspar Cortés, a quien autoridades del gobierno anterior señalaron como presunto líder de una organización criminal.

La jueza desmintió la información y aclaró que el hombre fue imputado sólo por el presunto delito de narcomenudeo y no por los delitos de secuestro, extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y es la primera vez que conoce del caso, que le fue asignado por turno.

Afirmó que tiene las manos limpias y en sus 26 años de carrera judicial no ha incurrido en actos de corrupción, pero insistió en que las acusaciones sin fundamento ponen en riesgo no sólo su seguridad y la de su familia, sino pone en entredicho al sistema de justicia.

“No podemos hacer afirmaciones que dañan a la gente, incluso se debe atender que estas afirmaciones me ponen en peligro a mí como juez, ponen en peligro a mi familia, porque sabemos y es público, que si hay un cártel, también hay otro cártel. Y si ese cártel considera que yo estoy ligada con una cártel, me pone en peligro y a mi familia, e incluso pone en peligro a la sociedad, porque si empezamos a desconfiar de los jueces, entonces a dónde vamos a llegar, si los jueces son la última opción para verificar la legalidad de las cosas que se ponen en consideración de nosotros”, dijo.

Explicó que dictó la no vinculación a proceso y libertad de Gaspar Cortés porque su abogado defensor desvirtuó con pruebas, como videos y testimonios, las imputaciones formuladas por la fiscalía.

Recordó que los partes inconformes en un juicio tienen el derecho de apelar las resoluciones de jueces y son los magistrados del TSJ los responsables de revisar si fueron emitidas conforme a la ley y, en su caso, confirmarlas, modificar o revocarlas.  

 

Cobardía, acusar sin probar: Cuevas López

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, respetó el derecho de los jueces de refutar las acusaciones en su contra y consideró una cobardía acusar sin denuncia y probar, y hacerlo en anonimato.

“Creo que como en todo juicio, los jueces también tienen el derecho de hablar, de expresar, de lo que acontece con los asuntos y además (defender) el principio de presunción de inocencia. A mí no me gustaría decir que todas esas personas (presuntos delincuentes) que dicen que quedaron libres fueran responsabilidad del Poder Judicial, y que tampoco fueran actos de corrupción, porque quien se atreve a denunciar un acto de corrupción es porque tiene los elementos y las pruebas para hacerlo”.

“Quien lo omite y solamente lo dice a través de denuncia anónima, me parece que es una cobardía. Si yo denuncio y tengo conocimiento de que hay corrupción, pues yo soy el primero en denunciarlo porque si no me convierto en omiso o cómplice”, dijo en alusión al caso de la jueza, al integrarse a la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz instalada por el gobierno de Morelos.  

Cuestionada sobre el número de quejas promovidas por los justiciables contra jueces y personal del TSJ, informó que el año pasado se atendieron alrededor de 200 y fueron cesadas 10 personas, entre ellas dos jueces.

Las principales causas de queja fueron: impuntualidad en el inicio de audiencias; retraso constante para la atención de personas como abogados o las partes de un juicio; e ineficacia en el desempeño jurisdiccional. 

 

La Policía Federal no registró en Morelos ningún incidente en las gasolineras este fin de semana e informó que mantendrá presencia en las estaciones de servicio hasta que pase la contingencia por la escasez de combustible en la Ciudad de México y otras entidades durante la lucha del gobierno federal contra el llamado “huachicol”, o robo de combustible, a Pemex.

Desde el viernes, habitantes de la capital del país arribaron a gasolineras de Cuernavaca y Huitzilac, principalmente, para cargar combustible, razón por la cual la Policía Federal implementó un operativo de vigilancia para prevenir cualquier altercado entre los consumidores o agresiones hacia el personal de las estaciones.

El comisario de la PF en Morelos, Jorge Alberto Plascencia, señaló que es indefinida la presencia y monitoreo a las estaciones de abasto de combustible, porque dependerá de cómo el evolucione el asunto a cargo del gobierno federal.

“Será una medida emergente en tanto no pase esta situación. De alguna manera, es un trabajo que realizan continuamente los elementos que patrullan las carreteras federales y no está por demás que se den una vuelta en la gasolineras aledañas y hagan presencia policías, lo cual sirve de una manera de disuasión”, dijo.

Recordó que por disposición de la Coordinación Estatal de Protección Civil, sólo está prohibida la venta de combustible en garrafas o bidones, y señaló que por el momento no han detectado irregularidades en el abasto o venta ilegal de gasolina. 

 

 

 

Ordena reconocer la elección y sustitución mediante usos y costumbres de los miembros del órgano; llama al diálogo y reconciliación.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) validó la destitución de David Montes y ordenó reconocer la elección y sustitución mediante usos y costumbres de los miembros del Concejo Municipal de Hueyapan, así como llamó a los habitantes al diálogo y la reconciliación.

En cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, -por unanimidad- el Pleno del TEEM invalidó la asamblea del 21 julio (por no reunir los requisitos legales) y validó las asambleas comunitarias de 8 de julio, 26 de agosto y 9 de septiembre del 2018, donde el órgano máximo de la comunidad aprobó las sustituciones de los ciudadanos David Montes Rosales, Maribel Pérez Rodríguez, Fernando Domínguez Lavana y Baudelio Pérez Flores.

Esto significa que el Concejo Municipal que estará en funciones será el que fue avalado en asamblea por la población del nuevo municipio indígena y que quedó integrado con 10 miembros propietarios y suplentes, que representan a los cinco barrios que integran la localidad.

Por lo tanto, el Concejo Municipal quedó integrado por Santos Artemio Rodríguez Aragón, Pablo Alonso Rodríguez, Elizabeth Castillo Ariza, Guadalupe Ariza Pérez y Erock Germán Monterio como propietarios; y Berenice Soberanes Pérez, Abigail Bravo Medina, Jesús Manuel Pérez Martínez, Jorge Enrique Pérez Meléndez y Eleno Villalba Sandoval como suplentes.

Sin embargo, la sentencia del tribunal local puede ser nuevamente impugnada por las partes ante el TEPJF.

Ante la tensión que el asunto generó entre los habitantes del municipio indígena, los magistrados del TEEM, Carlos Puig Hernández, Martha Elena Mejía y Francisco Hurtado Delgado hicieron un llamado al diálogo y la reconciliación.

“Esperamos que con esta resolución los habitantes de la comunidad entiendan que finalmente las diferencias se tienen que ir resolviendo conforme a la ley y que para eso hay instancias como este tribunal para resolver las diferencias”.

“Esperamos que con esta sentencia, los habitantes entren en un camino del diálogo y en un camino de reconciliación del pueblo y de atención a todos sus problemas. Es una oportunidad histórica que tiene el municipio de Hueyapan”, dijo la magistrada ponente, Martha Elena Mejía, quien insistió en llamar a la población a mantener la calma, el diálogo, la paz y evitar cualquier ruptura entre la comunidad y las familias.  

De igual forma, el magistrado Francisco Hurtado pidió a los habitantes de Hueyapan “privilegiar el diálogo, el respeto, el orden y la no violencia. Sabemos de algunas acciones que se han ejercido, sin embargo, considero que no es bueno ni para la propia comunidad, ni para el municipio, ni para el estado, ni para este país, que la violencia sea uno de los elementos que identifiquen a cualquier comunidad, sobre todo de grupos originarios o mejor conocidos como grupos indígenas”.

El conflicto tuvo su origen en la existencia de dos consejos, el que fue integrado y reestructurado en asambleas bajo el método de usos y costumbres, y el que fue reconocido por el Congreso bajo el liderazgo de David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, pese a que había sido destituido por la asamblea como vocal del concejo, pero que fue nombrado por el Congreso local como titular del Concejo Municipal.

Ambos bandos se disputan el control del Concejo Municipal, órgano que será responsable de la administración del 1 de enero de 2019 al 31 diciembre de 2021. Sin embargo, en su resolución, el TEEM reconoció a la asamblea comunitaria como máximo órgano de decisión y refrendó el derecho a la libre autodeterminación del municipio indígena. 

 

 

Señalan que en seis años no tuvieron aumento salarial y sí una depreciación de sus emolumentos  

El Poder Judicial del estado descartó disminuir las remuneraciones de los magistrados, porque en un sexenio no tuvieron aumento salarial y sí una depreciación importante de sus emolumentos.

Luego de que hace una semana los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron una reducción voluntaria del 25% a sus remuneraciones, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Carbajal, sostuvo que no es comparable la situación del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado de Morelos.

“No se puede hacer una comparación a rajatabla, así de manera ligera, de lo que es el Poder Judicial o lo que es el Tribunal Superior de Justicia y lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial de la Federación. Tenemos realidades distintas en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a condiciones presupuestales, en cuento a ejercicio jurisdiccional. Creo que para analizar la situación de nuestro estado, pues tenemos que atender a cuestiones particulares de nuestra institución”.

Defendió las remuneraciones que reciben los magistrados locales y argumentó que desde enero de 2013 mantienen las mismas percepciones. “Simplemente, si consideramos que la inflación ha sido de un 3.5% en promedio anual y si los magistrados nominalmente siguen recibiendo las mismas remuneraciones, pues una simple operación aritmética nos lleva a la conclusión de que se ha perdido un poder adquisitivo de por lo menos un 18% en las percepciones de los magistrados”.

Destacó que el TSJ en los últimos seis años tampoco ha tenido incremento en su presupuesto y se han tenido que implementar medidas de austeridad para hacer frente a las cargas de trabajo.

De acuerdo con el tabulador de salarios vigentes, la titular del TSJ obtiene una percepción mensual bruta de 111 mil 127 pesos con 28 centavos, y el resto de los magistrados, 100 mil 128 pesos con 95 centavos.

Sólo un deceso y un lesionado se registraron durante el operativo implementado por la Policía Federal en las carreteras de Morelos durante el asueto de invierno.

De acuerdo con la PF, durante las vacaciones decembrinas se reportó en la entidad un aforo de más de 800 mil automóviles y un saldo de sietes accidentes, donde una persona resultó lesionada y otra perdió la vida.

En comparación con el operativo invernal de 2017, los elementos de la Policía Federal incrementaron las atenciones a la ciudadanía, al pasar de siete mil 353 a ocho mil 325 servicios. Además, realizó 116 labores preventivas del operativo Cinturón y 37 del operativo Casco Seguro para inhibir la tasa de accidentes.

También, la Policía Federal en Morelos realizó la detención de 15 personas, de las cuales seis fueron por portar permisos de circulación apócrifa, cuatro por encontrar dentro de sus pertenencias algún tipo de droga, uno por transitar con un vehículo con reporte de robo y otra más por manejar una unidad con placas sobrepuestas.

En colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se llevó a cabo el operativo 30 Delta, en el cual se realizaron pruebas toxicológicas, de glucosa y de alcoholimetría a conductores del servicio público federal y transportistas de unidades pesadas.

La Policía Federal en Morelos reconoció a la ciudadanía por su colaboración y respeto a las indicaciones viales durante esta temporada vacacional y reiteró su compromiso para fortalecer la seguridad dentro de la entidad.

Promueve una controversia constitucional contra el Congreso de Morelos para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El Poder Judicial del estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra el Congreso local para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Carvajal, informó que este mismo miércoles la representación del Poder Judicial promovió el recurso de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera de la publicación del presupuesto de este año en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Tras la aprobación de las leyes de ingresos y egresos 2019 en medio de la polémica y división entre los diputados, señaló que si bien el presupuesto será oficial hasta su publicación, de manera extraoficial se sabe que el monto asignado a la administración de justicia no es el que prevé la Constitución local. 

“No sabemos en qué términos se haya aprobado, los que sí sabemos es que no se asignó al TSJ el monto presupuestal que constitucionalmente le corresponde”, dijo, y recordó que -por mandato constitucional- al Poder Judicial le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Afirmó que al no respetar el Congreso dicho porcentaje, este mismo miércoles fue promovida ante la SCJN la controversia constitucional para que le sean asignados al Poder Judicial los recursos que le corresponden.

Precisó que este presupuesto servirá para sostener no sólo los gastos de operación, sino para continuar con la modernización de la administración de justicia e impulsar -por ejemplo- el centro de mediación, los juicios orales en materia familiar y mejorar las áreas penal y mercantil. 

Acotó que esta partida presupuestal del 4.7%, es independiente del tema de pensiones de los trabajadores jubilados, en cuyo rubro hay un pronunciamiento de la SCJN respecto a que deben asignarse partidas financieras específicas y, por lo tanto, los legisladores estarían obligados a etiquetar recursos exprofeso.

 

 

Mediante el recurso, la institución reclamaría el total de los recursos económicos contemplados en su autonomía financiera.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no descartó promover un juicio de amparo para reclamar el total de los recursos económicos que le corresponden conforme a su autonomía financiera, pero manifestó conformidad con la decisión del Congreso de duplicar el presupuesto de la institución.

El titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, expresó que los diputados -en la aprobación del presupuesto 2019- autorizaron aproximadamente 776 millones de pesos para la Fiscalía, que equivalen a poco más del doble que en el 2018.

Expresó que -conforme a la autonomía financiera de la que fue dotada la institución por la anterior legislatura- constitucionalmente le correspondería un presupuesto de más 900 millones de pesos, y por ello queda abierta la vía jurídica para reclamar los recursos faltantes.

Señaló que el aumento presupuestal será para cubrir las necesidades operativas de la Fiscalía y un aumento salarial únicamente para los trabajadores, porque altos mandos “estamos razonablemente pagados”.

Ante la posibilidad de iniciar acciones legales para obtener el total del 7% del presupuesto estatal que le corresponde, Carmona Gándara dijo que la situación será evaluada una vez que la Ley de Egresos 2019 sea publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y si la situación financiera de la fiscalía lo amerita, pero advirtió que no es intención de la FGE entrar en confrontación con el Congreso.

“No es un tema de que seamos adversarios, es un tema que vamos a valorar, pero no como una contradicción con la legislatura, sino simplemente si vemos que nos faltó presupuesto, primero que nada vamos a entrar en un diálogo, vamos a entrar en coordinación y, si fuera el caso, la promoción del recurso en la vía jurídica, lo haremos con mucho respeto”.

“Pero hasta este punto la fiscalía está contenta. El personal está contento, porque desde hace más de 15 años no recibía un presupuesto mejorado. Entonces, reconocemos el esfuerzo que hizo el Poder Legislativo. Estamos muy respetuosos de las determinaciones del Congreso y, sobre todo, estamos trabajando muy de la mano del Poder Ejecutivo para trabajar en lo que nos toca en la seguridad pública y, por supuesto, en la procuración de justicia”, afirmó.

En el 2018 fue autorizado a la FGE un presupuesto de 370 millones 330 mil pesos, pero -en julio pasado- la anterior legislatura aprobó la autonomía financiera de la Fiscalía, para que se le otorgue anualmente un presupuesto equivalente al 7% de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos estatal. 

 

Verificarán que cumplan con los requisitos legales para su funcionamiento y el personal capacitado para prestar el servicio.

Más de un centenar de empresas de seguridad privada que operan en Morelos serán sujetas a un programa de revisión para verificar que cumplan con los requisitos legales para su operación y personal capacitado para prestar el servicio.

Como parte de la estrategia y coordinación en materia de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) harán verificaciones a las 134 empresas de seguridad privada, de la cuales nueve cuentan con licencia para la portación de armas de fuego.

El titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, afirmó que “no se trata de cancelar, se trata de verificar que funcionen bien, verificar que el reclutamiento que se haga del personal que opera en ellas esté capacitado, que en realidad esas empresas les den la verdadera seguridad a quienes contratan”.

Dijo que en coordinación con la CES, se implementará este programa de inspección para verificar que las empresas de seguridad privada operen conforme a la reglamentación establecida y quienes operen de manera irregular, serán sujetas a las amonestaciones o sanciones previstas en la ley.

Precisó que de las empresas que tiene permisos para la portación de armas, cuatro ya fueron verificadas satisfactoriamente y en breve se hará lo mismo con las cinco restantes. 

 

 

Incluso, realizan remodelaciones a sus oficinas.

Mientras los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) accedieron voluntariamente a reducir sus salarios como medida de austeridad, en el Poder Judicial del estado de Morelos no se tiene prevista ninguna medida similar, y hasta en los últimos días se han realizado remodelaciones a las oficinas de varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Pleno de la SCJN acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 por ciento, respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018.

Los emolumentos de los ministros se reducirán de 269 mil 215 pesos que recibían netos mensualmente cada uno en el año pasado, a 201 mil 911 pesos, más prestaciones.

Además, la presidencia de la SCJN, que ahora encabeza el ministro Arturo Zaldívar, y el Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación -conforme a lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo.

“Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. También, se tomarán medidas para asegurar la independencia de magistrados, jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros poderes”, sostuvo la SCJN a través de un comunicado oficial.  

Recalcó que si bien los artículos constitucionales 94 y 123 establecen que no pueden ser disminuidas sus remuneraciones y que a trabajo igual debe corresponder salario igual, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece.

En contraste, en el Tribunal Superior de Justicia y la representación del Poder Judicial estatal no se tiene contemplado tomar medidas de austeridad similares.

De acuerdo con fuentes judiciales, hasta ahora no está en la agenda del Pleno del TSJ replicar el ejemplo de la SCJN y, aun cuando se alega rigor en el manejo de los recursos y se solicitó al Congreso aumento presupuestal para concretar proyectos y cumplir obligaciones laborales con magistrados y trabajadores jubilados, en los últimos días se han realizado remodelaciones a oficinas de algunos magistrados.

 

 

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