Maciel Calvo

Maciel Calvo

Hay cuatro denuncias por presunto homicidio culposo de recién nacidos en dicho nosocomio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el deceso de varios recién nacidos en el Hospital José G. Parres y no descarta ninguna hipótesis. Por lo pronto, realizó la exhumación y necropsia a los cuerpos de al menos cuatro bebés para identificar en cada caso la causa de muerte.

Luego de que la semana pasada un grupo de madres afectadas denunció públicamente que en el nosocomio ocurrieron presuntamente 10 decesos de bebés recién nacidos, surgieron varias suposiciones sobre las causas de los decesos, que van desde la negligencia médica y un contagio bacteriano, hasta posibles malformaciones congénitas.

Cuestionado sobre el tema, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara confirmó que fueron presentadas cuatro denuncias por presunto homicidio culposo (derivado de una negligencia médica), y se ordenó la exhumación de los cuerpos de los neonatos para practicarles la necropsia y determinar la causa de fallecimiento en cada caso.

“Hemos estado recibiendo denuncias ya concretas de estos hechos, incluso ya se han desahogado varias exhumaciones de los cuerpos de los bebés y ya estamos en la investigación, en el tema de las necropsias para ver qué fue lo que pasó y en ese aspecto vamos a llegar al fondo de cada asunto, porque las causas de la muerte no necesariamente tienen que ser las mismas, estamos advirtiendo que pueden ser diversas”, dijo.

Indicó que se tienen los resultados preliminares de las necropsias y, tentativamente, apuntan a que en al menos en uno de los cuatro casos en investigación la causa del deceso fue un problema de nacimiento.

“Los resultados preliminares de algunas de las necropsias no son coincidentes las causas de la muerte. Me han hecho estos reportes de manera verbal, no tengo todavía los reportes firmados por los médicos legistas porque los están elaborando. Pero tenemos en el caso de un bebé de Cuautla, que por respeto a la familia omito nombre y apellidos, que la causa de muerte fue un tema de una malformación congénita que no tiene nada que ver con estas bacterias o virus”, explicó.

Carmona Gándara afirmó existe la posibilidad de más denuncias y sostuvo que hasta que estén los informes oficiales de los médicos y se integren a las carpetas de investigación todos los documentos requeridos a las autoridades del hospital, se podrá tener datos concluyentes.

Precisó esta semana comparecerá a declarar ante el agente del Ministerio Público personal del hospital, incluyendo sus directivos, y se espera recibir a la brevedad los expedientes clínicos de cada caso.

Agregó que pese a la carga de trabajo de la fiscalía, este caso será prioridad y ha girado instrucciones para avanzar en las investigaciones, con el fin de esclarecer si ocurrió o no una negligencia médica, si los bebés murieron a causa de una bactería nosocomial, si hubo contaminación del área de neonatos por falta de higiene o la fuga de aguas negras, o si uno o varios bebés nacieron con malformaciones congénitas.  

Pidió cautela en la información que se disemina para evitar conclusiones adelantadas o infundadas, pues a partir de los resultados técnico-jurídicos y forenses se podrá tener certeza sobre lo ocurrido. 

 

Destaca titular mejoras en infraestructura y en condiciones laborales de abogados de oficio.

La titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, afirmó que entregará a la siguiente administración estatal una institución consolidada, con finanzas sanas y hasta ahorros que permitirán continuar con mejoras al personal.

Indicó que desde el inicio de la administración se planteó la realización de un proyecto integral que al paso del tiempo permitió mejorar la infraestructura del instituto, que logró tener nuevas instalaciones y mejorar las condiciones laborales de los abogados de oficio.

Además, destacó que la defensoría pública estatal se encuentra en los primeros cinco lugares del ranking nacional de las instituciones mejor capacitadas en atención temprana y ejecución penal.

Entre los logros, destacó las mejoras laborales de los abogados de oficio, al pasar de una percepción mensual de cuatro mil 800 pesos, a salarios que oscilan actualmente entre 11 mil y 17 mil pesos.

Remontó también el rezago del sistema penal tradicional, al pasar de poco más de 10 mil asuntos en el 2012, a menos de 500 en el 2018, que quedarán en sentencia de primera instancia y pendiente de desahogar las siguientes etapas de los procesos.

Con la especialización de abogados de oficio en el área de ejecución penal, señaló, se logró que 105 personas privadas de su libertad obtuvieran beneficios legales y su libertad anticipada.

Precisó que ejerció responsablemente el presupuesto de 19 millones 573 mil pesos que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2018, y estimó que dejará a la siguiente administración un superávit de alrededor de 800 mil pesos, derivado de los ahorros y una administración disciplinada que permitirá generar programas de apoyo al personal. 

 

Alegan que Rosalina Mazarí Espín y Dalila Morales Sandoval no deben estar en el próximo Congreso porque rompen la paridad de género.

Las disputas por regidurías acaparan los recursos presentados ante el tribunal electoral.

El Tribunal Estatal Electoral recibió poco más de 60 impugnaciones postelectorales, derivadas de la distribución de las regidurías para la integración de los Cabildos y las diputaciones plurinominales.

De acuerdo con el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, en la mayor parte de los juicios de protección de los derechos políticos electorales presentados, prevalece la disputa por la distribución de las regidurías en los 33 ayuntamientos, pero también han sido impugnadas varias elecciones municipales como en los casos de Jonacatepec, Ocuituco, Jiutepec, Cuautla y Tetela del Volcán.

También fue presentada una impugnación de la elección a gobernador presentado por el candidato independiente Fidel Demédicis Hidalgo y un recurso más contra los resultados de la elección a diputado del Distrito I.

Surgieron también dos inconformidades contra la distribución de las diputaciones plurinominales bajo el principio de paridad de género, promovidas por Carlos Rebolledo Pérez del PRI y Gustavo Lezama Rodríguez del PAN, quienes ocupaban el segundo lugar en las fórmulas de diputados de representación proporcional de sus partidos.

Ambos, por separado, presentaron sendos recursos por considerar que no hay paridad de género en la integración de la próxima legislatura, ya que 14 de los 20 escaños legislativos serán ocupados por mujeres.

Consideraron que, con base en los precedentes sobre paridad de género, tocaría a ellos, y no a sus compañeras Rosalina Mazarí Espín y Dalila Morales Sandoval, ocupar las diputaciones plurinominales.

De acuerdo con el calendario electoral, a más tardar el 10 de agosto el TEEM deberá resolver todas las impugnaciones relacionadas con la elección de diputados; el 5 de septiembre los recursos vinculados a los comicios para gobernador y el 15 de octubre las inconformidad relacionadas con la integración de los ayuntamientos. 

 

Las modificaciones legales suprimen los fideicomisos y presupuestos para la promoción turística y competitividad

A pesar de la inconformidad del sector empresarial, fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” las reformas exprés que suprimen los fideicomisos y presupuestos para la promoción turística y competitividad, para “reorientar” recursos a la Fiscalía General del Estado, el engrose de la nómina del Tribunal de Justicia Administrativa y enfrentar el aumento de los “gastos institucionales” del Poder Ejecutivo.

Este sábado entraron en vigor las reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y el Presupuesto de Egresos del Gobierno  estatal 2018, así como la abrogación de la Ley del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

Las reformas legislativas incluyen la eliminación  del Fideicomiso Turismo Morelos; el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo; Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; y el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, que impacta también a los fondos destinados a la reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El presupuesto de los fondos y fideicomisos extintos fue “reorientado” por los diputados para costear el aumento de los “gastos institucionales” del Poder Ejecutivo estatal, la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado, la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y los salarios de la recién nombrada titular del órgano de control interno, Adriana Ariza Cuéllar, esposa del diputado Edwin Brito.

De acuerdo con el decreto legislativo, el nombramiento de la contralora interna requirió la asignación de 500 mil pesos adicionales al TJA y seis millones de pesos más para sostener la nómina de dos nuevos magistrados, en vías de designación.  De esta manera, el presupuesto del TJA para el 2018 se incrementó de 35 millones a 41 millones 500 mil pesos.

Para concretar la recién otorgada autonomía financiera de la Fiscalía General del Estado, aumentó la asignación presupuestal 370 millones 330 mil pesos, a  784 millones 587 mil pesos.

Según los diputados, la duplicación del presupuesto 2018 para la FGE está justificada, debido  a que, en las reformas a la legislación de la fiscalía realizadas hace unos días, también se adicionó a su estructura la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, la administración de los centros de asistencia social, y el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos.

Los diputados, en la extinción de los fideicomisos y reorientación de fondos, consideraron necesario asignar presupuesto a la administración estatal, “dados los compromisos adquiridos para la operación ordinaria de las Secretarías, Dependencias y unidades responsables de gasto respectivas, se advirtió la necesidad de incrementar el fondo relativo a los gastos institucionales del citado Poder identificado bajo el rubro de “Institucionales” por la cantidad de $97´000,000.00 (Noventa y siete millones de pesos 00/100 M.N.). Para tal efecto, se proyecta realizar los ajustes pertinentes en la partida destinada al Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)”.

Ante el inminente procedimiento de entrega recepción, el Congreso creó el Fondo de Transición con recursos etiquetados hasta por 300 mil pesos.

En suma, resaltó el decreto, las propuestas de reforma al Presupuesto de Egresos 2018 representan un impacto económico de 509 millones 817 pesos.

Aun cuando representantes empresariales pidieron detener vigencia de las reformas y reconsiderar la permanencia de los fideicomisos destinados a la promoción turística y competitividad económica (cuyos fondos provenían de contribuciones del sector privado), tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo decidieron ignorar la petición.

Las cámaras empresariales analizan combatir por la vía del juicio de amparo tales reformas. 

Autoridades escolares llegan a condicionar la entrega de documentos, el mismo servicio educativo o, incluso, prohibir la participación en ceremonias de graduación a cambio de cuotas económicas o en especie, alerta la CDHEM.

Llaman a intervenir a los comités de participación ciudadana  para evitar abusos.

La Comisión de Derechos Humanos de Estado Morelos (CDHEM) llamó a los padres de familia a denunciar el condicionamiento de la entrega de documentos o del servicio educativo a cambio de cuotas económicas o en especie.

El organismo señaló que en el fin de ciclo escolar es frecuente que autoridades educativas del nivel básico recurran a prácticas que violentan los derechos humanos de la niñez, en especial, los relativos al derecho a la educación,  a través de la retención o condicionamiento de la entrega de documentos oficiales e, incluso, la prohibición de la participación en ceremonias de graduación,  ante la negativa o imposibilidad de los padres de familia de pagar las cuotas exigidas.

Expresó que los comités de participación ciudadana, integrados por padres y madres de familia, están obligados a trabajar para evitar que estas prácticas se repliquen, pese a que los acuerdos de aportaciones se generan desde los mismos comités en coordinación con autoridades escolares.

“Sin embargo, observamos que se encuentran ausentes en esta tarea, promoviendo que se violente el derecho a la educación gratuita y en condiciones de igualdad para la niñez”.  

El organismo detalló que recibió en el presente sexenio sólo 28 quejas por el cobro de cuotas escolares, que derivaron en violación al derecho a la educación, negativa o inadecuada prestación de los servicios públicos en materia de educación y violación a los derechos de la niñez.

En el primer semestre del 2018, la CDHEM no tiene ninguna queja relacionada con el tema, pero prevé que en el mes de agosto se presenten las primeras inconformidades, para lo cual la Dirección de Quejas está preparada para realizar las gestiones correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños.

Llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de malas prácticas que prevalecen en el sector educativo, y recordó que la CDHEM SE encuentra abierta las 24 horas todos los días del año para la presentación de quejas, ya sea vía electrónica, vía telefónica o de manera presencial.

 

Exigieron mejorar la infraestructura judicial, aplicar la ley a quienes hayan ejercido un mal gobierno, mejorar la seguridad pública y esclarecer homicidios de litigantes ocurridos en este sexenio.

Durante la conmemoración del “Día del Abogado”, organizaciones de litigantes exigieron mejorar la infraestructura judicial, aplicar la ley a quienes hayan ejercido un mal gobierno, mejorar la seguridad pública y esclarecer homicidios de litigantes ocurridos en este sexenio.

En el marco del festejo, rindió protesta la nueva mesa directiva de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, encabezada por Cristian Velasco Alcocer, quien expresó la disposición del gremio de coadyuvar con las instituciones para que se aplique ley de manera justa, igualitaria y sin margen para la impunidad.

También pidió mejorar la infraestructura judicial y mayor capacitación, pues es “la exigencia a nuestras autoridades judiciales, en lo que a la modernización de infraestructura se refiere, es una de las demandas más sentidas de la Barra de Abogados”.

En una ceremonia alterna, en la que estuvo como invitado el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió el próximo titular del Poder Ejecutivo cumplir con su promesa de campaña de someter a juicio a todos los malos servidores públicos.

Llamó a las autoridades electas a frenar la inseguridad y presentó un listado de actos que, desde su punto de vista, deben ser revisados y corregidos.

“Ya no queremos más muertes violentas de los abogados… pero tampoco queremos feminicidios, extorsiones, secuestros, desaparecidos. Se requiere un cambio urgente en el gabinete de seguridad pública”, dijo, y consideró que la agenda pública del gobierno estatal electo debe encaminarse también a revertir la reforma que permitió las magistraturas vitalicias y la enajenación de bienes del gobierno estatal sin permiso del Congreso.

 

Viernes, 13 Julio 2018 05:22

Frenan entrega de magistraturas

Un juez federal ordena al Congreso suspender el nombramiento de dos plazas en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta que se resuelva el juicio de amparo solicitado por un litigante que también busca ser magistrado.

Un juez de distrito frustró la intención del Congreso local de concretar la designación, por la vía exprés, de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El abogado y aspirante a magistrado Jaime Castera Toscano promovió un juicio de amparo, que fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, por los vicios en la convocatoria emitida con premura por los diputados.

El litigante básicamente impugnó que la convocatoria estuviese vigente por unas horas y se exigiera a los aspirantes una serie de documentos y un ensayo jurídico-científico, imposibles de presentar en los términos de la convocatoria exprés.

Ante ello, el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, para efecto de que el Congreso continúe con el desahogo del proceso establecido en la convocatoria emitida y cerrada el 9 de julio, pero se abstenga de concluirlo y hacer las designaciones.

“Así con fundamento en los artículos 128, 131, 138 fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para estos efectos: Se continúe con el proceso de selección establecido en la convocatoria de 9 de julio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5610, por el cual se pretende elegir a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero se abstengan las autoridades responsables de concluir el procedimiento, esto es, no emitan la declaratoria correspondiente al nombramiento y designación de magistrados a que refiere dicha convocatoria”, estableció el juzgador federal.

Esta no es la primera vez que el Congreso, por malos procedimientos legislativos e insistencia de nombrar juzgadores allegados a los legisladores, enfrenta este tipo de obstáculos. Después de ceder la jubilación como magistrado a Orlando Aguilar Lozano (para dejar la vacante) y revocar el nombramiento de Guillermo Arroyo Cruz como su sucesor, éste último promovió sendos recursos de amparo que impidieron a los diputados concretar la designación. 

 

Después de seis años, finalmente fue emitida y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la declaratoria de reforma constitucional que otorga al Poder Judicial su autonomía financiera.

La iniciativa de reforma fue propuesta por ex gobernador panista Marco Adame Castillo y en el 2012 fue aprobada por la Quincuagésima Primera Legislatura, que tras conseguir la aprobación del Constituyente, congeló la declaratoria por razones políticas y con el argumento de que la fragilidad financiera del estado no permitiría cumplir con la reforma, que proyectaba otorgar al Poder Judicial el 4.7% del presupuesto estatal total programable.  

Después de un sexenio, en el ocaso de la Quincuagésima Segunda Legislatura, finalmente los diputados decidieron emitir la declaratoria para validar la reforma constitucional, que permitirá programar el porcentaje previsto para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Egresos del Gobierno de Morelos del 2019.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecerán las bases para la distribución interna entre los tribunales que conforman al Poder Judicial, respecto del presupuesto de egresos que anualmente reciba dicho poder representado por el Tribunal Superior de Justicia.

El decreto entrará en vigor a partir de este viernes, tras la difusión y publicación de la declaratoria en el órgano oficial de difusión del gobierno de Morelos. 

 

Magistrado electoral conmina a alcaldes del Panal a resolver los conflictos por la vía legal y no con el cierre de vialidades.

Tras la jornada electoral, surgieron los primeros visos de impugnación por la distribución de regidurías en los cuatro ayuntamientos ganados por el Partido Nueva Alianza (Panal), cuyos ediles electos acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para plantear su inconformidad.

Hasta la sede jurisdiccional llegaron los presidentes municipales electos -por el partido turquesa- de Totolapan, Omar Livera Chavarría; de Tlalnepantla, Rigoberto Espíndola González; de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, y de Zacatepec, Oliva Ramírez Lamadrid, así como diversos candidatos a regidor.

En una breve reunión con el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, los alcaldes expresaron su preocupación por una posible distribución inequitativa de las regidurías para la integración de los cabildos.

Hurtado Delgado explicó que será a través de los recursos de inconformidad que las instancias jurisdiccionales resolverán sus inquietudes, de acuerdo a cada caso específico y con el recurso de impugnación correspondiente, y no con la toma de carreteras ni con protestas es como se resolverán los reclamos.

Llamó a tener confianza en las instituciones y aseguró que el tribunal electoral local resolverá sus recursos con apego a la legalidad, transparencia y objetividad.

El magistrado pidió a los representantes populares electos que sean sus abogados quienes integren sus inconformidades de acuerdo al procedimiento electoral y a los medios de impugnación establecidos en la ley de la materia.

Hasta el momento, los consejos municipales y distritales no han remitido al TEEM ningún recurso de inconformidad, pero se espera que este fin de semana comiencen a llegar los primeros casos para su análisis y resolución, ya que por la ley vigente existen casos donde el ganador de la alcaldía no logra obtener regidores para su partido, o estos son pocos en comparación con los que harán oposición.

 

 

Miércoles, 11 Julio 2018 05:59

Diputados, al borde de la destitución

La Suprema Corte amenaza con aplicarles los artículos 105 y 107 de la Constitución por incumplir al menos seis sentencias de amparo relacionadas con la jubilación de trabajadores del Poder Judicial, para cuyo pago debe dotar de presupuesto; la ley señala que se debe notificar la conducta al ministerio público federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amenaza a los diputados locales con aplicarles la destitución por incumplimiento de las sentencias asociadas a los decretos de jubilación y disposición de presupuesto para el pago de las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Según los acuerdos publicados en estrados, pese a que se le ha dado tiempo al Congreso de Morelos para dar cumplimiento a diversas controversias constitucionales, vinculadas al tema de las pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, ha incurrido en constante inobservancia en lo ordenado por el máximo tribunal del país.

“Visto el estado procesal del expediente, atento a que ha transcurrido el plazo que le fue otorgado al Poder Legislativo de Morelos, mediante proveído de 31 de mayo de 2018, y en razón de que con el escrito y anexos presentados por el delegado de la referida autoridad el 13 de junio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, no se da cumplimiento al fallo dictado en este asunto”.

“Debe decirse que la sentencia fue notificada al Poder Legislativo del Estado de Morelos el 22 de enero de 2018, de conformidad con la constancia que obra en autos, además, mediante proveídos de 15 de enero, 20 de febrero y 31 de mayo de 2018, se le requirió a efecto de que informara sobre el cumplimiento a la ejecutoria, sin que éste se haya acreditado”.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y túrnese el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, puntualizó la SCJN.

El artículo 105 establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito.

“Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En los listados recientes de la SCJN aparecen al menos seis acuerdos idénticos, en los que se advierte la contumacia de los diputados locales, quienes están obligados a etiquetar recursos para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores en retiro del TSJ.

Cabe destacar que los diputados pretenden hacer nuevas designaciones de funcionarios de alto nivel, que incluyen dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que implicaría disparar el presupuesto de este órgano de 35 millones a casi 60 millones de pesos, sin contar que al magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano no ha recibido el pago de su jubilación porque los legisladores, en su prisa por vaciar y ocupar la vacante magistratura, por causa incierta no etiquetaron presupuesto para el pago.

Algunos trabajadores en retiro del TSJ cuestionaron que los diputados estén más concentrados en hacer designaciones que les beneficien, que atender el urgente tema de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial. 

 

Página 1 de 410
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.