Maciel Calvo

Maciel Calvo

Los afectados exigen el pago completo de su pensión, pues sólo reciben una parte, y con rezago.

María Ramos Galván tiene 92 años, es viuda del ex combatiente zapatista Manuel Gómez Martínez y es una mujer que a su edad literalmente la Revolución no le hizo justicia.

Vive sola en la colonia Gabriel Tepepa, en el municipio de Cuautla, vende dulces en la calle y es una vecina quien está al pendiente de ella. A pesar de que anualmente en el presupuesto estatal se etiqueta una partida de 550 mil pesos para 10 viudas y un ex combatiente revolucionario, tres de los cuales murieron este año, ella sólo recibe 800 pesos mensuales que, pese a ser una cantidad ínfima, no siempre le son depositados puntualmente.

El abogado de María y otras viudas zapatistas, Pedro Martínez Bello, acusó que no sólo hay una irregularidad en el pago de la pensión que reciben sino que alguien, que no es de los beneficiarios, se queda con parte de esa partida presupuestal, ya que actualmente el gobierno de Morelos sólo les deposita 800 pesos al mes, cuando la cantidad que deberían recibir es de cuatro mil 375.

“El gobierno del estado contesta nuestra solicitud dando cuenta con un presupuesto de 525 mil pesos anual(es) para la pensión de dichas viudas, por lo cual a cada viuda le corresponderían la cantidad de cuatro mil 375 pesos mensuales y no de 800 pesos como actualmente les están depositando, es decir, alguien en el gobierno del estado se está robando el dinero que les corresponde a las viudas zapatistas”, dijo el abogado, a unos días de conmemorarse el 109 aniversario de la Revolución Mexicana y de ser el 2019 el Año de Emiliano Zapata.

El padrón actual de beneficiarios es de nueve viudas y un ex combatiente de entre 85 y 95 años de edad, quienes necesitan comprar medicamentos y atender sus necesidades como adultos mayores.

Recordó que el Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911, en su artículo 8 estableció las indemnizaciones a las viudas y huérfanos, y lamentó que los recursos no lleguen a los beneficiarios de manera correcta y completa

En rueda de prensa, el historiador y bisnieto de Emiliano Zapata, Edgar Castro Zapata -quien heredó de su abuelo Mateo Zapata la responsabilidad de cuidar a las viudas de los revolucionarios que formaron parte del Ejercito Libertador del Sur- junto con el litigante, exigió a las autoridades depurar el padrón de beneficiarios, pagar los gastos de marcha tras el fallecimiento de varias de ellos y actualizar las pensiones conforme al presupuesto etiquetado.

 

 

 

Miércoles, 13 Noviembre 2019 05:18

Respalda Guarneros a Ponce de León Bórquez

Gestiona CES traslado de reos peligrosos a penales federales.

Mientras que el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, dio su espaldarazo a Israel Ponce de León Bórquez para que se mantenga al frente del sistema penitenciario estatal, paralelamente la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) realizan sus indagatorias sobre los actos de violencia ocurridos en el penal de Atlacholoaya. Además, se gestiona la reubicación de un grupo significativo de reos.

Pese a que tres funcionarios fueron cesados tras el motín y los enfrentamientos entre grupos de internos rivales que culminaron con un saldo de siete muertos, Ortiz Guarneros defendió al responsable de las cárceles en la entidad, por considerar que hace bien su trabajo y que logró mantener la certificación estadounidense del penal, que a la vez permite a Morelos a acceder a recursos y capacitación de la Iniciativa Mérida.

A pregunta expresa sobre el tema, señaló que Ponce de León Bórquez “va a permanecer en el cargo, lo hemos estado capacitando. Miren, el penal, sobre todo el de Atlacholoaya, tiene una certificación por parte de Estados Unidos que él ha sido capaz de mantenerla y eso nos ha permitido que Iniciativa Mérida nos siga invitando  a cursos que no tiene costo para el estado.

“Esto qué significa, que él está haciendo un buen trabajo de mantener la certificación. Él no estaba cuando pasó todo esto, pero estuvo al pendiente y ya analizando la situación vimos que es conveniente que él siga”, afirmó.

Ortiz Guarneros señaló que se logró trasladar a un grupo pequeño de internos “conflictivos” a penales federales, pero planteó al gobierno federal la necesidad de reubicar en cárceles de máxima seguridad a por lo menos 200 reos más, que actualmente están en el penal de Atlacholoaya pero que enfrentan procesos o sentencia por delitos federales.

Indicó que esto ayudaría disminuir la sobrepoblación penitenciaria,  que es del 27 por ciento, y evitar el hacinamiento. “La forma de vivir hacinados, 12, 15, en un solo dormitorio son condiciones que nosotros no deberíamos de permitir, (y) que se permiten porque no tenemos otra, más mientras no nos autoricen los traslados a otros penales”.

Precisó que los 28 internos trasladados el lunes a penales federales pertenecían al grupo identificado como “Los Chilango” que “cobraban piso” a los internos. Además, insistió que la CES mantiene el control de las cárceles estatales y no los internos, “esa palabra de autogobierno no la acepto, porque nosotros tenemos el control”, aseguró.  

 

 

 

Miércoles, 13 Noviembre 2019 05:10

Esposa de Navarrete Conde busca trato de favor

Fiscalía anticorrupción rechaza llegar a un acuerdo con Denya Flores Rendón, quien busca la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local y ex candidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía, un juez de control negó la solicitud de suspensión condicional del proceso que pretendía obtener la imputada por el presunto delito de fraude procesal.

A través de su abogado, la ex funcionaria propuso reparar el daño con el pago de 48 mil pesos diferido a varios meses, cuando hasta el momento ha cobrado 293 mil 592 pesos.

La propuesta fue rechazada tanto por el agente del Ministerio Público adscrito a la FECC, como por la asesora del Congreso de Morelos.

“Ante los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, respecto a que la reparación del daño que planteaba la defensa no cubría ni en un 15 por ciento lo que hasta el momento Denya “N” ha recibido con su pensión obtenida de manera ilegal, el juez determinó que debe continuar el proceso en contra de la imputada”, recalcó la FECC y sostuvo que la imputada pretendía obtener un beneficio legal, pero en ningún momento su defensa indicó la posibilidad de que la imputada renunciara a la pensión por la que recibe 17 mil 270 pesos mensuales.

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde, una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

Pero en una revisión de 70 decretos de “pensiones doradas”, la actual legislatura detectó irregularidades graves en la mayoría de los casos y abrogó un primer bloque de 24 decretos pensionarios.

Uno de los decretos abrogados fue el de Denya Flores y, según la investigación realizada por los actuales diputados, no sólo el expediente de la exfuncionaria estaba viciado de origen, sino que se detectó la integración de documentación dudosa y no se acreditó que efectivamente hubiese laborado al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión concedida por la anterior legislatura.

 

La Corte determina que esas medidas no violan el principio de igualdad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las legislaciones burocráticas que prevén una diferencia en los años de servicio que se le exige a una mujer y a un hombre para obtener su jubilación no violan el principio de igualdad.

Tras su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, se implantó como obligatoria la tesis jurisprudencial expedida por la Segunda Sala de la SCJN, quien resolvió la contradicción de tesis en la que se analizaron los criterios diversos aplicados por tribunales colegiado de Morelos, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León.

En el caso del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, algunos tribunales colegiados habían fijado como tesis que el artículo 16 de la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Morelos, así como el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado,  daban un trato diferenciado entre mujeres y varones en los años requeridos para obtener la jubilación y fijar su monto, lo cual violaba los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género.

Estos criterios adoptados por los tribunales colegiados en Morelos, obligaron al Congreso local anular y emitir decenas de nuevos decretos de pensión en favor de burócratas varones que reclamaron tener el mismo derecho las mujeres.

Sin embargo, la SCJN fijó un nuevo precedente en la materia, al determinar que estas diferencias no violentan el derecho a la igualdad. Es decir, no existe discriminación ni desigualdad en el hecho de que -por ejemplo- el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establezca que las mujeres pueden jubilarse a partir de los 18 años de servicio con una pensión al 50%, mientras los hombres a partir de los 20 años con un monto equivalente; o un tope máximo de 28 años de servicio con una pensión al 100% para las mujeres, mientras que los hombres deben cumplir 30 años de servicio.  

La tesis expedida por la Segunda Sala y de aplicación obligatoria a partir de este 11 de noviembre recalcó que esta diferencia en las leyes burocráticas está plenamente justificada, pues “resulta acorde con las diferencias que corresponden a cada uno, pues en la mayoría de los casos la participación de la mujer durante su vida laboral activa implica la coexistencia con la maternidad y la subsecuente crianza de los hijos, lo cual trae como consecuencia una mayor ocupación, así como desgaste físico y mental para el desarrollo de las actividades laborales.

 “Además, el hecho de que los roles sociales entre mujeres y hombres hayan evolucionado a fin de superar las diferencias existentes, no es razón para suponer que el trato diferenciado actualmente sea discriminatorio en perjuicio de los hombres, ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse en su totalidad en forma sustantiva, pues la igualdad de género en el trabajo no es real, y el mercado de trabajo está diseñado en una estructura económica y de relaciones laborales jurídicas en las que la vida familiar de las personas no está incluida”. 

“Consecuentemente -fijó la Segunda Sala- esa asimetría en los años de servicio exigidos para la obtención del porcentaje máximo de una pensión entre mujeres y hombres –en favor de las primeras– no viola el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que "La mujer y el hombre son iguales ante la ley", pues el privilegio que se otorga aspira a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos.

“Asimismo, las legislaciones burocráticas referidas tampoco violan el principio que recoge la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el cual se otorga la pensión, ya que el trabajador queda en condiciones de aspirar al porcentaje máximo de esa prestación de seguridad social, pero para ello debe acumular más años de servicios que la trabajadora”.

 

Martes, 12 Noviembre 2019 05:12

Reubican a reos peligrosos

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad.

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad, luego de protagonizar un motín y varios enfrentamientos entre grupos antagónicos dentro del penal de Atlacholoaya que pusieron en jaque al sistema penitenciario estatal.

A través de un boletín de prensa, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que en medio de un operativo coordinado con las fuerzas federales, el grupo de 28 presos que habían sido trasladado provisionalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec fue reubicado en diversos penales federales de máxima seguridad en otras entidades.

“Derivado de los operativos y medidas de seguridad que se han adoptado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, fueron llevados a la cárcel distrital de Jonacatepec, donde permanecieron algunos días en tanto se concretaron los procesos jurídicos para su cambio a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

 “De esta manera, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron las medidas de seguridad y custodiaron el vehículo en el que fueron trasladadas las persona privadas de su libertad, respetando en todo momento sus derechos humanos”, reafirmó el comunicado.

El traslado se realizó la mañana de este lunes y fuentes no oficiales señalaron que la mayor parte de este grupo lo formaban internos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era liderado en Morelos por Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”, quien fue brutalmente asesinado el pasado 30 de octubre durante el motín y el enfrentamiento entre los bandos que se disputaron el control de penal de Atlacholoaya, el cual quedó dominado por reos asociado al grupo criminal de “Los Rojos”.

 

 

Se les redujeron recursos para destinarlos al pago de pensiones del TSJ.

Por lo menos tres secretaría estatales verán afectados sus presupuestos, luego de que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo restarles recursos para reunir los 26 millones de pesos que se tienen que entregar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales jubilados. 

De acuerdo con el decreto legislativo 502 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el cual fue reformado el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos 2019, el Congreso autorizó reorientar recursos de las Secretarías de Turismo y Cultura, de Educación, y de Desarrollo Económico y Trabajo, así como de la partida correspondiente de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, para reunir la cantidad a entregar al TSJ. 

En el artículo tercero transitorio del decreto, los diputados que votaron a favor de la modificación presupuestal establecieron que “en caso de no ser suficiente la reorientación de recursos al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se autoriza al Ejecutivo que con cargo a ingresos excedentes de libre disposición programe sus pagos en función de su disponibilidad”. 

La modificaciones presupuestales realizadas por el Congreso, obedecieron al apercibimiento realizado por la SCJN de que, en caso de incumplir con el pago del último bloque de sentencias de las controversias constitucionales resueltas en favor del TSJ –para que el Poder Legislativo autorizara una partida financiera para el pago de pensiones- , incurriría en desacato judicial y se ordenaría iniciar los procesos legales para aplicar la destitución a las autoridades responsables.

 

 

Lunes, 11 Noviembre 2019 05:31

Busca SAT a diputado

El Sistema de Administración Tributaria pretende cobrar una multa impuesta por la SCJN.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) busca al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, para hacer efectiva la multa ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La multa impuesta al representante del Poder Legislativo derivó del incumplimiento de una información requerida por el Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 121/2018, que promovió el Ayuntamiento de Cuernavaca para impugnar un decreto de jubilación autorizado por el Congreso a favor de un trabajador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). 

Derivado de ello, la SCJN impuso una multa al diputado -cuya cantidad no fue especificada- pero no ha sido cobrada por el SAT debido a que Sotelo Martínez ha sido ilocalizable para la institución. 

La autoridad tributaria informó a la Corte que, a través de su delegación en Morelos, realizó las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa pero sin éxito todavía.

“Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y anexos suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, mediante el cual informa sobre las acciones tendentes al cobro de la multa impuesta a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la Mesa Directiva en Morelos, mediante proveído de fecha 11 de julio de 2019, refiriendo que dicho contribuyente no ha sido localizado, sin embargo manifiesta que continuará realizando las gestiones pertinentes a fin de realizar el cobro de la multa de referencia. 

“Atento a lo anterior, requiérasele al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, a través del Servicio de Administración Tributaria para que una vez ejecutada la multa en comento, lo informe a este Alto Tribunal y exhiba las constancias que lo acrediten”, se estableció en el acuerdo exhibido la semana pasada en los estrados por la SCJN.

 

 

Domingo, 10 Noviembre 2019 08:03

Registran diez feminicidios al día en el país

La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que de enero a septiembre de este año, se registran casi tres mil feminicidios y homicidios de mujeres en México

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.

 

 

Viernes, 08 Noviembre 2019 05:16

Integra CDHEM queja por violencia en penal

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

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