Maciel Calvo

Maciel Calvo

Fue ilegal su reubicación en cárceles distritales de Cuautla y Jojutla, establece.

Un juez de control determinó que fue ilegal la reubicación de un grupo de internas del penal femenil de Atlacholoaya a las  cárceles distritales de Cuautla y Jojutla.

En audiencia de ratificación de traslado involuntario, el juez escuchó a las partes y concluyó que no fueron sólidos los argumentos de la Coordinación de Reinserción Social para justificar el traslado involuntario de 77 mujeres privadas de su libertad, el pasado fin de semana.

De acuerdo con la autoridad penitenciaria, la reubicación temporal del grupo de mujeres a las cárceles distritales fue para terminar con los trabajos de remodelación en algunas áreas del penal de Atlacholoaya y evitar un riesgo sanitario.

Sin embargo, el juez de control determinó que no quedó debidamente demostrado el riesgo para justificar el traslado involuntario, puesto que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los supuestos de excepción a los traslados.

En consecuencia, el juez fijó un plazo de tres días para el retorno de 67 mujeres al penal femenil. Solo diez de las 77 internas, manifestaron su conformidad con la reubicación y quedaron excluidas del fallo judicial.

 

 

Miércoles, 03 Marzo 2021 05:19

Cuestionan permanencia de magistrados del TSJ

Rosete Flores asegura que nueve superaron el tiempo para el que fueron nombrados; también ataca con un amparo indirecto la convocatoria para elegir a seis juzgadores.

Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, exigió una revisión jurídica integral a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que al menos nueve de los 14 magistrados en funciones no habrían sido ratificados por el Congreso local y sus periodos habrían fenecido. En respuesta, algunos magistrados aludidos refutaron el planteamiento del líder barrista.

En rueda de prensa, Rosete Flores informó que envió un oficio al Congreso para la revisión de los nombramientos de los magistrados y promovió un juicio de amparo indirecto donde, además de cuestionar la permanencia de los juzgadores de segunda instancia, impugnó la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del TSJ y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Aseguró que, si bien en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en la acción de inconstitucionalidad 20/2017 para invalidar el periodo único de 14 años en el cargo de los magistrados y que eliminó el proceso de evaluación y ratificación, el Congreso local no emitió ningún acuerdo o decreto modificatorio para dar sustento legal a las designaciones de los magistrados, en virtud de la sentencia del tribunal constitucional.

De acuerdo con el análisis del líder barrista, Juan Emilio Elizalde, Elda Flores León, Carmen Aquino Celis, Jorge Gamboa Olea, Bertha Rendón Montealegre y Manuel Díaz Carvajal ya concluyeron su primer periodo de seis años y, conforme a las condiciones legales de su designación original, debieron ser sujetos de evaluación y ratificación o, en su caso, el Poder Legislativo debió emitir un nuevo decreto basado en la resolución de la SCJN de  julio del año pasado, para dar respaldo jurídico a las y los magistrados, pero eso no ocurrió.

También refutó la permanencia en el cargo del magistrado, Andrés Hipólito Prieto, quien ejerce jurisdicción desde mayo del año 2000, en virtud de que en 2009 ganó un amparo, cuya ejecutoria quedó firme y no le fue aplicable la reforma constitucional de julio de 2008 relativa al Poder Judicial, por lo que conservó la inamovilidad en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad.

Sin embargo, Rosete Flores alegó que el magistrado lleva más de 20 años en el cargo, y no sólo la inamovilidad ya no existe sino que excedió el periodo único de 14 años validado por la SCJN.

También objetó la permanencia en el cargo de Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, quienes antes de ser magistrados del TSJ ocuparon magistraturas en el extinto Tribunal Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicias Administrativa) y Tribunal Estatal Electoral. El primero, ejerció como magistrado administrativo tres años y, el segundo ocho años como magistrado electoral.

El litigante barrista consideró que no es dable mantenerse en el ejercicio jurisdiccional por encima de los periodos legales, con el argumento de pertenecer a uno y luego a otros tribunales. En el caso de Norberto Calderón Ocampo, señaló que también su cargo estaría por fenecer, ya que también su nombramiento original como magistrado supernumerario tampoco ha sido modificado.

Por ello, dijo que envió un oficio al Congreso local y promovió un juicio de amparo para impugnar la permanencia de los funcionarios judiciales y la convocatoria para designar a seis nuevos magistrados.

“Esta es una afectación grave a los morelenses, porque está en riesgo la seguridad y la certeza jurídica. Los actos pudieran estar llenos de nulidad por esta cuestión de nulidad”, por ello, “el día de ayer presentamos al Congreso un escrito informándoles, por si lo desconocían, la situación que prevalece en el TSJ y, de la misma forma, de manera responsable, presentamos un amparo indirecto contra la presentación de la convocatoria por estar plagada de ilegalidad y de nulidad. Creo que hoy es momento para renovar el TSJ en beneficio de las y los morelenses”.

 

MAGISTRADOS RESPONDEN

Para los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Jorge Gamboa Olea la postura del líder de la Barra de Abogados es cuestionable, infundada y sin sustento jurídico, ya que existen criterios legales que sustentan sus cargos.

Arenas Ángeles, recordó que ha sido un férreo defensor de que se respete la Constitución y estuvo en contra de la ampliación del periodo de los magistrados, además de que no existe disposición normativa que prohíba ser magistrado del TSJ por haber ejercido el mismo cargo en otro tribunal.

“Si aplicáramos el criterio del abogado Rosete equivaldría a aseverar que ninguna diputada o diputado local puede ser para el siguiente periodo diputado federal, porque ya fue diputado local. Es incorrecta su aseveración”, dijo.

Incluso, recordó que específicamente su caso ya fue revisado en tribunales federales y la resolución fue que, el tiempo ejercido en otro tribunal, no se computa con el periodo del cargo que actualmente ostenta en el TSJ.

Consideró que las afirmaciones de Rosete Flores están fuera de contexto y plagadas de desconocimiento, ya que existen resoluciones judiciales federales y hasta en la SCJN que validan sus nombramientos y los periodos de sus encargos.

También el magistrado aludido, Jorge Gamboa Olea,  lamentó que se pretenda desestabilizar al Poder Judicial y consideró que la declaración del litigante está plagada de desconocimiento legal, pues sus cargos no solo se sustentan en criterios emitidos por la Corte, sino que es aplicable la “afirmativa ficta”, que significa que al no haber sido sujetos a evaluación y ratificación –cuyo proceso fue eliminado del marco legal y validado por la SCJN- su encargo sigue vigente, y no existe ningún riesgo tanto para el ejercicio de sus funciones como para la resoluciones emitidas.

 

 

 

Un hombre murió baleado previo a la incursión violenta de pobladores en el palacio municipal.

La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre, lo que presuntamente habría sido la causa por la que un supuesto grupo de pobladores del municipio de Huitzilac incendió las instalaciones de la presidencia municipal y causo daño a un vehículo oficial.

A través de un comunicado, la institución informó que la madrugada de este martes se reportó un vehículo baleado sobre la carretera federal Cuernavaca-México, a la altura del poblado de Fierro del Toro, pero sin nadie al interior.

Tras el incidente, un grupo supuesto pobladores llegó a la presidencia municipal, lanzó piedras y roció con gasolina la fachada, para después prenderle fuego. También vandalizó y quemó un vehículo oficial del DIF.

Alrededor de las 8:00 horas, hubo una llamada de auxilio médico en un domicilio del poblado de Tres Marías, donde un hombre, identificado como Javier “N”, de 51 años, perdió la vida como consecuencia de una herida por arma de fuego.

La fiscalía indicó que se estableció colaboración con autoridades de la Ciudad de México, para esclarecer los hechos, ya que no existe certeza sobre si el deceso del hombre se debió a un enfrentamiento entre criminales o con fuerzas del orden, como trascendió en una primera versión.

“Las autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos, establecieron la coordinación institucional con el Batallón de la Guardia Nacional destacamentado en el Poblado de San Miguel, perteneciente a la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

 “Adicionalmente, se realizará la coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para establecer si se trató de algún enfrentamiento entre fuerzas del orden con algún grupo delictivo o bien se trató de agresiones entre grupos antagónicos y será en las próximas horas cuando concluyan las periciales, iniciándose al momento la carpeta de investigación correspondiente”, indicó.

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de presuntos criminales viajaba en un auto sobre la carretera federal Cuernavaca-México y, al toparse con un convoy de la Guardia Nacional, habría ocurrido un enfrentamiento. Presuntamente, este hecho motivó el ataque a las instalaciones de la alcaldía de Huitzilac.

 

 

 

Hay 52 detenidos.

Un juez de control concedió la ampliación del plazo para el cierre de investigación del caso de 52 personas, que fueron aprehendidas tras realizar una violenta manifestación a las afueras de Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) para exigir la liberación de un grupo de los llamados “tomacasetas”.

De acuerdo con información oficial, el Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión solicitó más tiempo para concluir con la investigación complementaria, en virtud de que todavía falta extraer la información de 21 equipos celulares que fueron asegurados a los imputados durante su detención el pasado mes de octubre.

El juez de control otorgó a la fiscalía dos meses más para el cierre de investigación, dentro de la causa penal JC/1216/2020 que se sigue en contra de 54 personas, que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por el presunto delito de secuestro agravado y asociación delictuosa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, de forma extraordinaria y por el número de imputados, esta diligencia se desahogó en el Salón de Plenos del TSJ, con las medidas de seguridad e higiene necesarias para salvaguardar la salud de todos los intervinientes en la audiencia.

La noche del miércoles 21 de octubre, un grupo de personas se manifestó afuera de las instalaciones de la UECS, bloqueó el acceso al inmueble y a la autopista Cuernavaca-México, agredió a policías y dañó varias patrullas de la policía estatal, para exigir la liberación de las 78 personas detenidas la tarde del 20 de octubre, que mantenían tomada la caseta de peaje de Alpuyeca, exigían dinero a los automovilistas y tenían secuestrados a tres choferes y varios autobuses de transporte de pasajeros.

 

 

Martes, 02 Marzo 2021 05:19

Nombran a nueva juez menor en TSJ

Eréndira Jaime Jiménez toma el lugar que deja Katia Vargas Robles, separada de su cargo hace unos días.

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos designó a una nueva juez, en sustitución de Katia Vargas Robles, quien fue separada del cargo luego de ser descubierta paseando en un destino de playa en horario laboral.

De manera temporal e interina le fue tomada la protesta a Eréndira Jaime Jiménez como juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), quien de inmediato inició sus funciones.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, reconoció la carrera judicial y trayectoria de la nueva juez, a quien exhortó a ejercer su labor jurisdiccional con total probidad, honorabilidad y apego a la legalidad.

Derivado de que el TSJ reactivó sus actividades administrativas y en juzgados solo con el 30 por ciento de su personal de manera presencial, y el 70 por ciento restante en la modalidad home office (en sus domicilios), la Junta de Administración implementó, a través de la Visitaduría, un monitoreo de las actividades de los funcionarios y empleados, con la finalidad de verificar que realicen sus funciones conforme a su horario laboral.

 

 

 Los movimientos continuarán: CES

Viernes, 26 Febrero 2021 05:15

Restringen acceso a El Tepozteco

La finalidad es prevenir incendios forestales y evitar la devastación de la flora y fauna del lugar.

El Ayuntamiento de Tepoztlán anunció que quedó restringido el acceso a la zona natural protegida del Parque Nacional El Tepozteco, con la finalidad de prevenir incendios forestales y evitar la devastación de la flora y fauna del lugar.

La comuna pidió la colaboración de los habitantes y los visitantes, ya que durante la temporada de estiaje quedará prohibido el acceso a los cerros de Tepoztlán, para proteger las áreas forestales y evitar siniestros provocados por la actividad humana, como  ocurrió en años anteriores.

Recordó que durante la temporada de calor aumenta el riesgo de incendios forestales y, en consenso con grupos cívicos y promotores culturales ambientales del municipio, se tomó la decisión de implementar la restricción.

“En esta temporada los mantos acuíferos del municipio disminuyen considerablemente su capacidad pues comienzan la temporada de ‘secas’ teniendo como consecuencia: deshidratación de los animales, pastizales secos, incremento de uso de agua para las actividades cotidianas y una alarmante probabilidad de incendios en nuestros cerros.

 “El Ayuntamiento de Tepoztlán en coordinación con los grupos cívicos forestales y los promotores culturales ambientales del municipio de manera conjunta tomaron la decisión de suspender cualquier actividad turística en el Área Natural Protegida El Tepozteco, por lo que en esta temporada de estiaje queda prohibido el acceso a los cerros de Tepoztlán”, comunicó.

 El siniestro más reciente provocado por la actividad humana ocurrió el 20 de mayo de 2020, cuando una joven turista que realizaba malabares con fuego para subir el video a sus redes sociales, perdió el control y provocó un incendio que tuvo como saldo la devastación de alrededor de 60 hectáreas de bosque. Gracias a la pronta actuación de grupos cívicos forestales del municipio y brigadistas, se logró sofocar el siniestro y evitar daños mayores.

 De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en los últimos tres años se registraron en Morelos 422 incendios forestales, de los cuales 93 ocurrieron dentro de las áreas naturales protegidas Parque Lagunas de Zempoala, Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Chichinautzin, con una afectación de casi mil 500 hectáreas.

Las principales causas de los incendios forestales sieguen siendo las quemas agrícolas descontroladas; las actividades ilícitas como tala ilegal y vandalismo; los fumadores y la realización de rituales y fogatas.  

 

 

El 30 por ciento del personal labora en modalidad presencial.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina mantiene bajo observación a funcionarios y empleados judiciales, para constatar que  cumplan con sus jornadas laborales en la modalidad de  “home office” o presencial.

Luego de que una juez menor civil y mercantil del Primer Distrito Judicial, que debía estar en funciones, fue sorprendida vacacionando en un destino de playa, señaló que corrieron falsos rumores de que presuntamente otros miembros del personal judicial se habrían ausentado de sus laborales, “pero afortunadamente con algunos tenemos la posibilidad de llamarles al momento y comparecen para demostrar lo que están diciendo (sobre abandono laboral)”.

Indicó que la juez presentó su renuncia al cargo y la Junta de Administración dio por cerrado el caso, pero a través de la Visitaduría se implementaron acciones para constatar que todos los funcionarios judiciales y trabajadores cumplan con su horario laboral, ya sea en home office (en sus domicilios) o en las oficinas administrativas y juzgados.

“Estamos al pendiente de esta situación, incluso nuestra Visitaduría acude a los lugares para saber quién está en juzgado, quién está en casa trabajando”, dijo al señalar que se ha corroborado que todo el personal realiza sus labores desde los lugares asignados y el asunto de la ahora ex juez es el único caso.

El pasado 15 de febrero, al cambiar el color del semáforo epidemiológico de rojo naranja, el TSJ reactivó actividades con el 30 por ciento de su personal en modalidad presencial y el 70 por ciento con labores desde sus domicilios, como lo marcan los protocolos sanitarios.

 

 

Miércoles, 24 Febrero 2021 05:18

Impugnan TSJ y TUJA su presupuesto 2021

Nuevo intento del Poder Judicial para reclamar legalmente el 4.7% del presupuesto estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su autonomía financiera e impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso local para el ejercicio 2021. 

Esta vez el recurso de control constitucional 15/2021 fue promovido conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ostenta la representación del Poder Judicial estatal, y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), quien en ocasiones anteriores intentó por su cuenta impugnar el presupuesto asignado.  

De acuerdo con la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2021, al Poder Judicial le fue asignado un monto de 549 millones 34 mil pesos (equivalente al 2 por ciento del presupuesto estatal), de los cuales 449 millones 34 mil pesos fueron etiquetados la operatividad del TSJ; 75 millones para pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos que enfrenta este tribunal y 25 millones de pesos para el TUJA.

Sin embargo, ambos tribunales reclamaron ante la SCJN que el presupuesto asignado no solo fue insuficiente, sino que no corresponde al del 4.7% del presupuesto programable estatal, cuyo porcentaje fue establecido en la Constitución local al otorgar autonomía financiera al Poder Judicial del Estado de Morelos.

El nuevo recurso fue promovido luego de que, el pasado 26 de noviembre de 2020, la SCJN invalidó el Presupuesto de Egreso del Estado de Morelos 2020 y, en consecuencia, sobreseyó la controversia constitucional 42/202 interpuesta por el Poder Judicial para reclamar la modificación a su proyecto de presupuesto y la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable.

 

 

 

Exigen respeto a usos y costumbres del municipio indígena.

Un grupo de habitantes del municipio indígena de Hueyapan realizó varios actos de protesta en la capital morelense, inconformes con el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), que declaró subsistente la integración de Consejo Municipal e invalidó las asambleas realizadas en enero pasado para destituir a los miembros del órgano de gobierno.

El primer punto fue la sede del TEEM, donde el grupo inconforme lanzó consignas contra los magistrados, exhibió pancartas en las que repudió al Consejo Municipal y alegó respeto a los usos y costumbres del municipio indígena.

Por razones de seguridad, el acceso a las instalaciones del tribunal fue cerrado y vía telefónica, los inconformes tuvieron comunicación con la magistrada presidente Martha Elena Mejía, quien escuchó los argumentos y llamó al diálogo a los manifestantes.

Los inconformes expresaron que existe un clima de tensión y divisionismo en el municipio, que ha llegado hasta las amenazas de violencia y muerte entre los grupos que se disputan el control del Consejo Municipal.

Posteriormente, el grupo, conformado por cerca de 50 personas, trasladó su protesta al Palacio de Gobierno, donde exigió la intervención de la autoridad estatal en el conflicto.

A través de un comunicado, el TEEM expresó que la sentencia emitida dentro de juicio ciudadano TEEM/JDC/06/2021-3, en la que ratificó en su cargo a los integrantes del Consejo Municipal de Hueyapan y declaró la nulidad de las asambleas de enero pasado por las que se pretendió destituirlos, fue apegada al marco del derecho electoral, se basó en los documentos probatorios aportados en el expediente y en los argumentos que cada uno de los grupos en conflicto ofreció a través de audiencias virtuales con los magistrados.

Recalcó que la sentencia del tribunal local no es definitiva y que los inconformes tienen la posibilidad de impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que llamó a los pobladores del municipio indígena a agotar las vías institucionales y legales.

“Respetuosamente el Pleno hace un llamado para a los habitantes inconformes de la comunidad (sic) de Hueyapan, a recurrir al diálogo, a la paz y a la unidad social, agotando todas las instancias jurisdiccionales, para preservar el orden constitucional en el marco del derecho electoral”, exhortó.

 

 

 

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