Maciel Calvo

Maciel Calvo

La directiva del Poder Judicial analizará el presupuesto aprobado y publicado para analizar si se ajusta a las expectativas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, afirmó que el Poder Judicial fijará una postura hasta analizar con detalle el presupuesto que le fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

Luego de que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5687, fue publicado el Decreto 76, por el que el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y asignó al Poder Judicial sólo 523 millones de pesos, señaló que primero se hará un análisis legal y en breve se determinará qué seguirá.

Recordó que hay una controversia en curso promovida por el Poder Judicial antes de que se aprobara el presupuesto, en la que se planteó que le correspondía a la administración de justicia –con base en la autonomía financiera- el 4.7% del presupuesto estatal programable.

“Nosotros ya tenemos una controversia establecida y, bueno, nada más terminaremos de analizar el presupuesto para que en breve les estaremos informando lo que vamos a hacer jurídicamente”, dijo.

Señaló que hay varios proyectos pendientes de modernización y mejoramiento para el Tribunal Superior de Justicia, pero su realización dependerá de los recursos con los que se cuente. 

 

 

El fiscal anticorrupción y exfuncionario de Graco Ramírez asegura que esta empresa y la comunicadora deberán hacer sus alegatos ante el juez.

La nota que informa de la decisión del juez Edie Sandoval Lomé de no vincular a proceso a Alejandro Vera, la causa.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, informó que promovió una demanda contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo para solicitar su derecho de réplica (que le fue concedida desde el pasado martes), respecto a la nota publicada el 8 de marzo de 2019 sobre la revocación de la vinculación a proceso dictada por un juez de control a favor del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

En la nota que causó molestia al fiscal, el abogado Cristian Fragoso Velázquez informó que, al revocar el juez local el auto vinculación a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el ex rector y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como de su esposa y catedrática universitaria María Elena Ávila Guerrero, quedaron zanjados dos de los tres procesos penales  que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le inició durante el gobierno anterior.

En la nota, el representante legal del ex rector afirmó que la justicia federal consideró que toda la información financiera de la pareja fue obtenida de manera ilícita por la Fiscalía Anticorrupción, ya que no fue requerida mediante procedimiento judicial y se violentaron tanto los procedimientos como los derechos de los acusados.

Sin embargo, desde el 11 de febrero la reportera Maciel Calvo acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a solicitar una entrevista con su titular, Juan Salazar Núñez, específicamente para abordar el tema de Alejandro Vera, en virtud de que ese mismo día, otro de los representantes legales del ex rector, Sergio Parra González, había informado a este medio de comunicación sobre el amparo concedido por la justicia federal.

La mujer, quien dijo ser la secretaria de Juan Salazar Núñez, anotó la petición de entrevista de la periodista y dijo que, en cuanto tuviera respuesta, se comunicaría vía telefónica. La llamada nunca llegó.

En cambio, tras la nota publicada el 8 de marzo sobre el mismo tema, el fiscal Salazar Núñez envío un sendo oficio a La Unión de Morelos, en el que prácticamente hizo una amenaza velada de actuar legalmente contra la reportera y esta casa editorial, exigiendo el derecho de réplica.

En ese documento Salazar Núñez anexó una carta aclaratoria que fue publicada el pasado martes 19.

Ayer, en un acto convocado y encabezado por Juan Salazar Núñez en sus oficinas, la reportera solicitó personalmente al fiscal la entrevista, y éste contestó que no había constancia de que se hubiese solicitado la entrevista con él, por ello demandó derecho de réplica y le informó que inició acciones legales en contra de ella y La Unión de Morelos, así como advirtió que actuará de la misma forma en contra de quienes hagan aseveraciones falsas sobre el trabajo de la fiscalía.

“Está en curso la demanda que interpuse en contra de tu medio de comunicación por el derecho de réplica. Vamos a hacerlo así en todos los casos en los que se hagan aseveraciones que sean falsas”, dijo.

-Pero en la nota nunca se le acusa a usted, es una declaración de un abogado-, recalca la reportera en respuesta al fiscal.

-Bueno, este, será una cuestión de que usted lo diga, su medio lo diga, ante el juez de distrito que está conociendo del asunto y, en su caso entonces, al abogado será a quien nosotros le demandemos lo pertinente porque esta fiscalía no siembra pruebas, que es lo que nosotros estamos pidiendo se aclare-, respondió Salazar Núñez.

En la nota que causó escozor, en ningún momento se mencionó el nombre de Juan Salazar Núñez, ni tampoco se hizo ninguna referencia ofensiva, ni que la fiscalía “sembró pruebas”, sólo, con base en la información expresada por el abogado Cristian Fragoso, se hizo una narrativa de procedimientos jurídicos en torno al caso del ex rector Alejandro Vera. 

 

 

 

El Pleno de la Sala Superior del TEPJF ratificó que no alcanzó el porcentaje mínimo previsto en la ley para mantenerse como instituto político.

El Partido Encuentro Social (PES) perdió oficialmente su registro, luego de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no alcanzó el porcentaje mínimo, previsto en la ley, para mantenerse como instituto político.

Por unanimidad, el Pleno confirmó el retiro del registro al PES, partido de centroderecha que fue encabezado por Hugo Erik Flores Cervantes, actual representante del gobierno federal en Morelos, al no haber tenido al menos tres por ciento de los votos emitidos en la última elección federal.

En sesión pública fue  aprobado el proyecto del recurso SUP-RAP-383/2018, en el que se consideró que el partido no cumplió con lo que marca el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución federal, que señala que el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

El PES presentó más de 200 medios de impugnación, la mayoría de forma extemporánea, argumentando que sí debía conservar el registro con una interpretación más amplia del artículo 41 constitucional, y que se debía considerar su representatividad política con base en el porcentaje de los representantes populares de su partido en la Cámara de Diputados y el Senado. 

La Sala Superior consideró que esa interpretación no es aplicable, al ordenar la Constitución umbrales mínimos de manera explícita.

El magistrado presidente del TEPJ, Felipe Fuentes Barrera, subrayó que el tribunal actuó con autonomía, sin presiones políticas y al margen de las especulaciones en los medios de comunicación.

“Analistas y comunicadores ya hablaban sobre una supuesta sumisión de este Tribunal a diversos sectores del poder público, la cual queda en una mera suposición ante la decisión que hoy habremos de tomar”, señaló el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera.

“En este asunto la verdad numérica es también la verdad legal. Si un partido, como el PES, no obtiene al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales, pierde el registro”, secundó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora presentaron un voto concurrente y un voto razonado, respectivamente, pero apoyaron el proyecto que oficializó la extinción del PES, quien en Morelos se alió con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para lanzar la candidatura del ex futbolista y hoy gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

 

 

Así lo determinó la Suprema Corte; el bloqueo es un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información.

Los servidores públicos no deberán bloquear en sus cuentas de redes sociales a ciudadanos o periodistas que realicen críticas a sus labor, fue el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 1005/2018.

En una sentencia inédita, la Segunda Sala ordenó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, desbloquear de su cuenta en la red social Twitter @AbogadoWinckler al periodista Miguel León Carmona, quien en octubre de 2017 fue bloqueado por el servidor público e inició un litigio por la vía del juicio de amparo, en el que alegó que la acción del funcionario le impidió conocer datos de interés general vinculados al ejercicio del cargo público.

En la resolución, se sostuvo que el bloqueo correspondió a un acto de autoridad que implicó una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista.

La Segunda Sala observó que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general. Además de que fue el propio funcionario quien, voluntariamente, utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal.

Al hacerlo, subrayó la Segunda Sala, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.

La resolución no determinó que el derecho a la privacidad de los servidores públicos deba ser limitado en todos los casos, ya que existe un contenido mínimo de este derecho que debe ser respetado.

En el caso particular, el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad, ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo por parte del periodista.

Por lo tanto, dice la resolución, la orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas.

Adicionalmente, el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad.

Los efectos de la sentencia están dirigidos a ordenar al servidor público que permita el acceso del periodista a su cuenta de Twitter, y sentó el precedente para que los ciudadanos y periodistas puedan recurrir a los tribunales cuando servidores públicos los bloqueen en redes sociales sin aparente justificación.

En la sentencia, también se estableció que pueden existir casos donde el bloqueo sea válido, siempre y cuando represente una amenaza a la integridad física del funcionario; pero también acotó que los comentarios o críticas severas no deberán ser considerados como comportamientos abusivos.

 

 

El ayuntamiento ixtleco sigue prestando servicios a la comuna indígena, el argumento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión al Ayuntamiento de Puente de Ixtla que pedía congelar la ministración de recursos a Xoxocotla, con el argumento de que el ayuntamiento ixtleco sigue prestando servicios a la comuna indígena.

Luego de que el máximo tribunal del país admitió la controversia constitucional sólo por cuanto a la impugnación contra disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria y el acuerdo por el que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2019, el ministro instructor, Jorge Mario Pardo Rebolledo, determinó negar la medida cautelar.

“Atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de lo impugnado, sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la medida cautelar por lo que hace la suspensión de la norma y el  acuerdo impugnados”.

“Lo anterior, debido a que, como se señaló, la suspensión de la norma podrá otorgarse  y se señaló, la suspensión no podrá otorgarse respecto de normas generales, como en el caso lo constituye la Ley de Coordinación Hacendaria de Morelos y el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2019 pues atento a las características esenciales de la norma controvertida y del acto administrativo impugnado, a saber, abstracción y generalidad, se hace imposible paralizar sus efectos, pues ello implicaría que perdieran su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica”, determinó el ministro instructor.

De acuerdo con el ayuntamiento demandante, el municipio indígena de Xoxocotla –que se escindió de Puente de Ixtla- no cumplió con los requisitos legales previstos en el decreto de creación, “ni siquiera tiene un territorio determinado, pues no se ha cumplido con lo establecido por el decreto de creación y tampoco brinda certeza y seguridad jurídica el censo que ahí se señala, pues data desde el año 2010, de tal suerte que: sin lugar a dudas existe un peligro inminente de afectación para la población del municipio indígena de Xoxocotla, incluso por que ambos municipios se verían materialmente impedidos para solventar el gasto operativo, entendido este como los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como en los servicios generales tales como luz, agua y teléfono, y en mayor medida el municipio de Puente de Ixtla, pues es quien actualmente brinda los servicios para ambas comunidades”. 

 

 

Salda gobierno estatal 30 por ciento de partida presupuestal pendiente con la institución desde el sexenio pasado.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que poco a poco se notan las mejoras en la institución, con la entrega gradual de 250 millones de pesos que quedaron pendientes de entregar el año pasado.

Luego de la firma del convenio entre la FGE y el Poder Ejecutivo estatal para garantizar que el personal de la fiscalía quede inscrito bajo la modalidad 10 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fiscal señaló que de los 250 millones de pesos que le adeudaba el gobierno anterior a la institución, la actual administración saldó casi el 30%.

“Ya se está avanzando y hemos empezado a sentir los cambios en la fiscalía. Ya estamos mejorando, ya hemos adquirido material para Semefos (sic) y ahí van las cosas mejorando”, dijo.

De acuerdo con las previsiones de la FGE, con estos recursos y el presupuesto incluido en la Ley de Egreso estatal para el 2019, podrán realizarse mejoras en la infraestructura de procuración de justicia, remuneraciones del personal y la apertura de plazas en áreas esenciales. 

 

 

Ayuntamientos cuentan con los medios para detectar las descargas domésticas, industriales y derivadas de actividades agropecuarias que son vertidas a las cuencas, así como para contener su contaminación, expone el fallo de juzgado federal.

El mandato es para los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla.

Un juez federal ordenó a los ayuntamientos de diez municipios detectar y clausurar de inmediato todas las descargas residuales domésticas e industriales que contaminan la cuenca del río Apatlaco y sus barrancas.

En una acción inédita e histórica, la juez cuarto de distrito, Griselda Sáenz Horta, decretó la aplicación de medidas cautelares dentro de la acción colectiva 17/2016, promovida por la colectividad “Habitantes del Estado de Morelos”, en las que ordenó a los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

De acuerdo con el documento, que ya fue notificado desde la semana pasada a miembros de la colectividad, las medidas decretadas tienen como finalidad evitar el daño progresivo e irreversible, en tanto se llega a una sentencia.

Las medidas precautorias ordenadas por la juez federal tienen un sustento sólido y exponen que los ayuntamientos sí cuentan con los medios para acatar las medidas y frenar la contaminación del río Apatlaco.

Los informes rendidos por el Organismo de la Cuenca del Balsas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) al juzgado federal, evidenciaron que los ayuntamientos sí cuentan con la información suficiente para detectar las descargas domésticas, industriales y derivadas de actividades agropecuarias que son vertidas a las cuencas, así como para contener su contaminación.

Y es que Morelos, hasta el 2012, tenía una cobertura de drenaje a nivel estatal de 95.8 %, y actualmente cuenta con un padrón de 48 plantas municipales tratadoras de agua construidas por el gobierno estatal, de las cuales 14 están fuera de operación y dos colapsadas por desbordamientos fluviales.

Las 32 restantes se encuentran en operación, pero sólo ocho maniobran por arriba del 80%, y las demás funcionan a una capacidad menor al 60% o ínfima.

Adicional a las plantas tratadoras municipales se encuentran ocho más en operación (algunas de ellas privadas), pero tampoco funcionan al total de su capacidad.

Pese a ello, las condiciones de las plantas de tratamiento son de buenas a regulares, lo que significa que “los organismos municipales de saneamiento del agua cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el servicio previsto en la Ley Estatal de Agua Potable, en la cual, además, se aprecia que las dependencias demandadas, específicamente los organismos de agua potable de los ayuntamientos, tienen la obligación de prestar los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de agua, así como de mejorar los sistemas de saneamiento, incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, rehúso de las mismas y manejo de lodos”.

La autoridad federal recordó que de acuerdo con la Ley Estatal de Agua Potable, los organismos municipales operadores -en sus tarifas o cuotas- cobran a sus usuarios los conceptos de suministro de agua potable y alcantarillado; y  tratamiento, saneamiento y manejo de lodos.

Con base en los argumentos legales y los informes oficiales respecto a las capacidades de los municipios, decretó las medidas cautelares para “efecto de restablecer provisionalmente a la colectividad en el goce de los derechos dañados, mientras se dicta sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible”.

En consecuencia, la juez federal dio una plazo de 15 días (contados a partir de la notificación) a los organismos municipales de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla, “para identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desemboquen en el Río Apatlaco o sus afluentes, elaborando los planos donde se advierta dicha identificación”.

Concluido este plazo, fijó otros 30 días “para realizar las acciones necesarias para efecto de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje o alcantarillado, a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas”.

La juzgadora federal, en su resolución, afirmó que los ayuntamientos implicados tendrán la obligación de vigilar que sus organismos operadores de agua cumplan con las medidas precautorias.

En caso contrario, apercibió, se impondrá a los titulares de las alcaldías y sistemas operadores de agua una multa hasta por el equivalente a 30 mil unidades de medida y actualización (equivalente a dos millones 534 mil 700 pesos), cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado.

Lo anterior, “en la inteligencia de que el dictado de las anteriores medidas concedidas no causen más daño a la colectividad, ni una afectación ruinosa a las demandadas, puesto que como ha quedado precisado en este acuerdo, los organismos operadores de agua recaudan contribuciones por concepto de alcantarillado y saneamiento, y es su obligación brindar tales servicios, además de que cuentan con las plantas tratadoras suficientes para tratar las aguas residuales, las cuales cuentan con una situación actual de infraestructura en su mayoría buena, o, en su caso, regular.

“Y en caso de no dictarse estas medidas, se seguiría generando una grave amenaza para la salud pública, además de la degradación del sistema ecológico, construyendo perjuicio y molestia a la vida y el bienestar humano, así como a la flora y fauna cuya subsistencia depende del Río Apatlaco, originando consigo la degradación de la calidad del agua, e incluso de la tierra y del aire, generando y prolongando un entorno potencialmente nocivo, para la funcionalidad  del ecosistema involucrado, así como para la salud de la colectividad”.  

Esta es la tercera acción colectiva iniciada en México por daños al medio ambiente. Sólo le preceden la promovida en 2015 por la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa contra Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, por ocasionar daños ambientales en aguas del Golfo de México, tras la explosión en marzo pasado en la plataforma petrolera Abkatun-Alfa, ubicada en la sonda de Campeche; y la iniciada en 2018 por la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa, contra la minera Grupo México, por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, que generó graves daños a la salud de la población y a la flora y fauna de la zona.

Sin embargo, es la primera que se promueve en el estado de Morelos, en busca de frenar y remediar el daño causado a lo largo y ancho de los 659 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Apatlaco, que representa el 13.29% de la superficie total de la red hidrológica estatal.

Incluso, los ciudadanos interesados en participar pueden todavía adherirse a la acción legal como parte de la colectividad que pide frenar y resarcir el daño ambiental al río Apatlaco. 

 

 

La Comisión Estatal de Seguridad solicita a la ASF fiscalizar y, en su caso, fincar responsabilidades al extitular de la dependencia por presuntas irregularidades en el manejo de más 27 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la seguridad en Morelos.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar y, en su caso, fincar responsabilidades a Alberto Capella Ibarra, actual secretario de seguridad pública del estado de Quintana Roo, por presuntas irregularidades en el manejo de más 27 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la seguridad en Morelos.

El pasado 13 de marzo, la CES acudió ante el órgano de fiscalización para advertir de  las irregularidades detectadas en el manejo, administración,  aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y  del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública   (FASP),  correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, relacionados con la adquisición de material e impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y certificación de policías.

En el documento, la CES señaló ante la ASF como probables responsables de las irregularidades al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra,  que desde el 6 de enero de 2014 y hasta 13 de septiembre de 2018 fungió como comisionado estatal de seguridad pública de Morelos; Fernando Aldape Salas, director de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos; Juan Carlos Peniche Payen, coordinador de Desarrollo y Vinculación; y quien o quienes resulten con responsabilidad administrativa. 

“La intervención solicitada para el efecto de fincar las responsabilidades correspondientes a los ex funcionarios públicos y determinar bajo Auditoría Técnica Especializada, la cantidad total del desvío de los recursos federales y del perjuicio a la Hacienda Pública Federal y al Patrimonio del Estado Libre y Soberano de Morelos”, se señaló en el documento oficial.

En diciembre de 2018 el titular de CES, Antonio Ortiz Guarneros, reveló que su antecesor y actual secretario de seguridad de Quintana Roo pagó a una empresa 27 millones de pesos, proveniente de fondos federales, para capacitación y adiestramiento de elementos, pero en una revisión se descubrió que más de 400 policías recibieron certificados, pero en realidad nunca acudieron a los supuestos cursos que se impartieron en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos. 

 

 

Viernes, 15 Marzo 2019 05:17

Despliegan fuerzas federales en Morelos

Inició el despliegue de 200 policías federales, 70 elementos estatales y mil 800 soldados por todo el territorio estatal, con mayor atención en colonias conflictivas.

La Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo del despliegue de las fuerzas federales y estatales en todo el estado, pero con mayor presencia en Cuernavaca y Cuautla y sus zonas metropolitanas, donde se ha registrado mayor conflictividad criminal.

El general Armando Gómez Mendoza, comandante de la Vigesimocuarta Zona Militar, aseguró que la estrategia de coordinación adoptada hasta ahora ha tenido resultados con la disminución de los índices de violencia, aun cuando la percepción de algunos ciudadanos es distinta.

Señaló que se inició el despliegue de los 200 policías federales que llegaron como refuerzos, junto con 70 policías estatales y mil 800 soldados por todo el territorio estatal, con mayor presencia en colonias conflictivas.

“La política para hacer el despliegue se basa en la inteligencia que tenemos sobre todas las colonias de diferentes municipios que tienen más problemas de delincuencia”, dijo, y afirmó que habrá despliegue en todo el estado, pero se focalizará en algunas zonas donde hay mayor incidencia de delito como robo de vehículos, robo de motocicletas, robo a cuentahabientes, entre otros más.  

Indicó que la presencia de los refuerzos de la Policía Federal será indefinida hasta que el gobierno federal dé nuevas instrucciones; pero, por el momento, el despliegue de las fuerzas estatales y federales estará a cargo de la 24 Zona Militar, en estrecha coordinación con los mandos de la PF y la CES.

Insistió en que la coordinación ha sido fundamental para revertir poco a poco la inseguridad. “Tomemos en consideración en que ellos vienen como refuerzo (los elementos de la PF). Nosotros hemos realizado desde el principio de la administración un trabajo intenso en donde se ha reducido la violencia. En ocasiones escuchamos a gente que dice que Morelos tiene mucha violencia, y yo les puedo decir que ha bajado la violencia. Hay focos rojos en diversos municipios, no en todo el estado, en donde sí se necesita mayor presencia de policías”. 

 

 

Viernes, 15 Marzo 2019 05:00

Exfuncionario de Graco teme ser detenido

Se trata del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Jerónimo Bernal Soliveras, ex director general del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante la administración de Graco Ramírez, busca el amparo de la justicia federal ante la posibilidad de que se emita una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con información de los estrados electrónicos, el juez cuarto de distrito del Decimoctavo Circuito, el pasado 5 de marzo el ex funcionario inició el juicio de amparo 290/2019 contra cualquier acto u orden privativa de la libertad expedida por un juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien tiene a su cargo decenas de denuncias iniciadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco, en contra de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en distintas áreas gubernamentales durante la gestión anterior. 

Aunque inicialmente al ex funcionario se le otorgó la suspensión provisional y fijó una garantía de cinco mil pesos, finalmente el juzgado federal determinó no conceder la suspensión definitiva.

De manera escalonada, las diferentes áreas de la administración pública estatal han promovido decenas de denuncias por el presunto mal uso de recursos materiales y económicos de ex funcionarios ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien está en proceso de integración de las carpetas de investigación y, de acuerdo con el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, hasta el momento ya se han judicializado tres o cuatro de ellas. 

 

 

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