Maciel Calvo

Maciel Calvo

Iván Arenas Ángeles y Juan Emilio Elizalde advierten a abogados que la decisión invadió la esfera del Poder Legislativo y cuestionan nombramiento del presidente del TSJ.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) advirtieron de la ilegalidad de la sesión de Pleno del 12 de julio y la aprobación del acuerdo para realizar notificaciones electrónicas en los procedimientos judiciales y administrativos, como un intento de paliar los efectos en la administración de justicia de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Juan Emilio Elizalde, por separado, alertaron a los abogados y justiciables de la ilegalidad de ambos actos y el riesgo de que se generen litigios debido a la falta de sustento legal para realizar electrónicamente las notificaciones.

Ambos coincidieron en que las sesiones de Pleno son ilegales porque son convocadas por Rubén Jasso Díaz, cuya designación como presidente del TSJ no reconocen al no haberse cumplido los requisitos legales para ser “electo”, ya que la sesión solemne del pasado 5 de mayo no contó con la asistencia y votación de las dos tercera partes de los magistrados (12).

Pero advirtieron que lo más grave es que, los magistrados que aprobaron el acuerdo para las notificaciones electrónicas no sólo violaron la ley sino que invadieron competencia del Poder Legislativo federal.

“En clara violación a la división de poderes, asumieron facultades legislativas, invadiendo la competencia del Poder Legislativo; ya que mediante un acuerdo establecieron un mecanismo de notificación no previsto en las Leyes Procesales Civiles. Y es que de un estudio simple se indica que un acuerdo no puede por orden de jerarquía estar por encima de un Código Procesal.

“El acuerdo en comento se encuentra fundado y motivado de manera ilegal e inconstitucional, porque si bien en sus considerandos primero y segundo menciona las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia con las que justifica su proceder, citando las fracciones IX y XXIV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, también es cierto que la facultad conferida es de carácter administrativo más no legislativo”, subrayó Arenas Ángeles.

Consideró que, desde su punto de vista como perito en derecho, dicho acuerdo “ocasionaría la clara posibilidad de recurrir las consecuencias generadas por las actuaciones que se deriven de las notificaciones realizadas”.

El magistrado Juan Emilio Elizalde consideró que es su deber legal, moral, ético y profesional advertir que el acuerdo –que obtuvo mayoría con el voto de calidad del magistrado presidente y cinco votos en contra- es “una flagrante trasgresión a las facultades constitucionales de que gozan cada uno de los tres poderes del Estado, al caso, al Poder Legislativo Federal”.

Y atizó: “Por ende, publicitar medidas a sabiendas de su origen fuera del marco legal, con mero fin mediático, no solo resulta un ardid soterrado, sino un deleznable engaño  a quienes, específicamente como abogados postulantes, exigen la reactivación procesal, en representación de quienes claman justicia, no  solo en esta lamentable circunstancia sanitaria que vive la humanidad, sino más aún, cuando campean condiciones normales, en las cuales, como evidencian inatendidas quejas y denuncias, servidores públicos desleales, a su profesión, al cargo y la investidura que ostentan, hacen alarde de abulia, dilación y rapante corrupción”, recalcó.

En tanto, Arenas Ángeles remató: “desafortunadamente el actuar del Pleno se estima que es ilegal e inconstitucional, quedando expedito el derecho procesal constitucional para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo lo puedan hacer valer en la vía de la controversia constitucional y los particulares a través del amparo”.

 

 

 

La Corte resolverá sobre la validez o no de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos de 14 a 20 años.

En suspenso se mantiene la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez o no de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos de 14 a 20 años.

Este jueves, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales presentó el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 20/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el que propuso sobreseer varias reformas a disposiciones de los artículo 40, 89 y 19 TER de la Constitución local, así como validar el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, publicada en 24 de febrero de 2017, en la que se estableció que, por única ocasión, se ampliaría de 14 a 20 el periodo de los actuales magistrados.

Este proyecto es totalmente contrario al presentado por primera vez por el ministro Aguilar Morales en la sesión de Pleno del 19 de septiembre de 2019, donde se discutió sobre si debía invalidarse o sobreseerse la ampliación del periodo de los magistrados, en virtud de que el 10 de septiembre de 2019 fue promulgado el decreto por el que el Congreso expidió el acuerdo que revirtió la extensión del periodo.

El asunto no fue votado en ese entonces porque los ministros coincidieron en que habría que hacerse ajustes al proyecto de resolución, para fundamentar por qué debía ser invalidado o, en su caso, sobreseído, por lo que el tema fue retirado de la sesión.

En este nuevo proyecto, el ministro propuso declarar parcialmente procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad, sobreseer varias disposiciones relacionadas con la supresión de la evaluación y ratificación de los magistrados por parte del Congreso local, así como reconocer la validez del polémico artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada mediante el decreto 1613, publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno de Morelos del 24 de febrero de 2017.

El debate del Pleno, realizado vía remota, se enfrascó sobre si algunas disposiciones impugnadas no debían sobreseerse sino analizarse de fondo y declarar su invalidez o no, ya que deben estudiarse el caso como “parte de un sistema”. 

Además, parte de la controversia está vinculada al decreto legislativo del 10 de septiembre de 2019, por el cual Congreso emitió el acuerdo por el cual revirtió la ampliación del periodo de 14 a 20 de los actuales magistrados. El lunes, el Pleno de la SCJN continuará con el asunto.

De la resolución del Alto Tribunal dependerá que permanezcan en el cargo o no los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Carmen Cuevas López, Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón, así como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz, quienes ya cumplieron su periodo original de designación por 14 años y que, en caso de validarse la reforma en cuestión, estarían seis años más en el cargo.

 

  

También se tramitarán por internet actas de extravío de documentos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) implementará el Sistema Electrónico para la presentación de Denuncias y Querellas en línea (SEDyQ), como medida temporal ante la contingencia derivada por la pandemia causada por COVID-19.

La FGE emitió el acuerdo 09/2020, por el que estableció las bases y lineamientos del sistema electrónico de “denuncia en línea”, y la solicitud de emisión de actas especiales por extravío de documentos y objetos, de conformidad con el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como un medio de comunicación entre las personas denunciantes y el Ministerio Público.

La fiscalía detalló que con esta acción se busca “implementar mecanismos suficientes y bastantes, a fin de que la población pueda al mismo tiempo, observar las medidas sanitarias que son necesarias y congruentes para salvar la vida de todos; y, por otro lado, denunciar la comisión de actos ilícitos que atentan contra su libertad, propiedades, posesiones o derechos”.

Detalló que con el SEDyQ se podrá realizar la denuncia a través de internet con el uso de la Firma Electrónica Avanzada y, en caso de no disponer de ella, se podrá generar una cita para su formalización.

Únicamente podrán ser susceptibles de la presentación de denuncias o querellas a través del SEDyQ los delitos  cometidos sin violencia, como  abuso de confianza, daño, fraude, robo, abigeato, sustracción o retención de menores e incapaces, suplantación de identidad, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en agravio de acreedores, despojo, inseminación artificial sin consentimiento, peligro de contagio, privación ilegal de la libertad de personas, incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria, discriminación, amenazas y asalto. 

En caso de que, de la revisión de los hechos denunciados se advierta que se trata de algún delito cometido con violencia, se le comunicará inmediatamente a la persona denunciante que se presente en las instalaciones de la Fiscalía General a efecto de que de manera directa presente su denuncia.

En el caso de actas especiales por extravío de documentos u objetos, la fiscalía regional competente deberá informar a la persona denunciante el inicio de su trámite y el número de acta correspondiente, señalando la fecha y hora para que acuda a firmarla y recogerla, dentro del plazo de 12 horas.

 

 

 

La construcción de la Universidad Benito Juárez forma parte del proyecto educativo del gobierno federal.

Después de fuertes disensos entre comuneros, finalmente se hizo entrega al Ayuntamiento de Tepoztlán y al Comité Estudiantil del predio que ocupará la Universidad Benito Juárez, que formará parte de proyecto educativo del gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En una ceremonia en el lugar, a la que personal del ayuntamiento, comuneros y representantes del Comité Estudiantil de la futura universidad asistieron con cubrebocas, el Comisariado de Bienes Comunales, representado por Lucio Cuevas Romero, hizo entrega del predio ubicado en el paraje de Monte Castillo, con una superficie de 31 mil metros, para la ejecución del proyecto educativo.

Los asistentes agradecieron el apoyo al gobierno federal y consideraron el acto como hecho histórico para Tepoztlán, ya que es un paso gigantesco para los habitantes del municipio y porque se gesta un proyecto que permitirá a los jóvenes de la región estudiar en su lugar de origen y cursar carreras profesionales encaminadas a la producción de alimentos saludables y la protección de los recursos naturales.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Lucio Cuevas Romero, detalló que el pasado 28 de junio, en asamblea, los comuneros ratificaron el acuerdo del 12 de enero del 2020 por el que se aprobó la donación del predio para la construcción de la Universidad del Bienestar, y se dio por concluido el debate sobre la presentación del comisariado.

El alcalde, Rogelio Torres Ortega, dijo que “es un evento muy importante donde se acaban los dimes y diretes” y sostuvo que “no es lucha decir ‘me opongo a todo’, eso no sirve, se nos olvida que solo somos de paso”, por lo que la misión de las autoridades es impulsar el proyecto, que forma parte del desarrollo responsable del municipio.

Por el momento, no se dio a conocer cuándo comenzará la construcción del plantel y el monto de la inversión, sin embargo, las autoridades municipales, estudiantiles y comunales confiaron que el proyecto se concretará pronto, después de dos años de lucha y gestión.

 

 

 

 

 

 

 

El TEPJF falla contra lo que dice el video divulgado en una página de información sobre Cristina Xochiquetzal Sánchez.

Miércoles, 08 Julio 2020 05:11

Crece malestar de abogados

Decenas de profesionales del Derecho protestaron ante la sede del Poder Judicial; exigen la reanudación de los procedimientos.

Profesionales del derecho agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales y la implementación de medidas para avanzar en los procesos judiciales, que quedaron paralizados por la pandemia del covid-19.

Los litigantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto porque -a diferencia de los burócratas judiciales, que gozan de un salario seguro- los abogados y los justiciables se quedaron sin ingresos y en espera de que sus casos se reactiven algún día, cuando el Poder Judicial retorne a sus actividades en la “nueva normalidad”.

“La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, establecieron.

 Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que se sumó a esta protesta, lamentó que, después de tres meses de suspensión de actividades en los juzgados, las autoridades del Poder Judicial hayan decidido retornar a sus labores hasta el mes de agosto.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún  acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Resaltó que muchos despachos cerraron sus puertas o despidieron personal ante la insolvencia económica, producto del confinamiento y la suspensión de labores gubernamentales como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19, así como muchos litigantes  tuvieron que dejar temporalmente el ejercicio de la profesión para dedicarse a otras actividades, como el comercio.

A través de un comunicado, se informó que el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, se reunió con un grupo de abogados, para explicar cuáles son las acciones que se realizan para la reapertura de los juzgados, entre ellas la nueva logística para ingresar a las sedes judiciales y las medidas de desinfección de las instalaciones y  de protección para los trabajadores.

Del retorno a las actividades jurisdiccionales, luego de que Morelos pasó en el semáforo epidemiológico a color naranja, el titular del Poder Judicial en Morelos dijo que levantar la suspensión de labores en el TSJ depende de diversas circunstancias externas y lo que determinen las autoridades de la Secretaría de Salud.

 

 

 

Martes, 07 Julio 2020 05:13

Airado reclamo a magistrados del TSJ

Abogados les reprochan por mantener paralizada la impartición de justicia; Foro de Abogados los reta a no cobrar mientras no haya actividades jurisdiccionales.

El dirigente de la organización llamada Foro Morelense de Abogados criticó la falta de empatía de los magistrados y jueces con los justiciables, al prolongar la inactividad en el Poder Judicial por la contingencia sanitaria, y los retó a renunciar a sus salarios hasta que retornen a sus actividades jurisdiccionales.

Pedro Martínez Bello consideró que el “Portal de Citas” para la recepción de demandas en materia civil, familiar y mercantil es una medida simuladora, porque en nada atiende ni resuelve la exigencia de justicia de la sociedad.

“Al Foro Morelense no nos hacen tontos con una propuesta paliativa en donde abren un portal para recibir demandas, pero de qué sirve si únicamente se tienen archivadas, es decir, a partir de ahí (de la recepción) no hay notificaciones, no hay ninguna diligencia”, dijo.

Expresó que la parálisis que atraviesa el Poder Judicial es consecuencia de desestimar las propuestas de los litigantes, pues recordó que años atrás el Foro Morelense de Abogados propuso la digitalización de los servicios en la administración de justicia y, si entonces se hubiese atendido la petición, hoy no se enfrentaría el estancamiento de los procesos judiciales.

Martínez Bello criticó que a pesar de los efectos económicos y sociales provocados por el confinamiento, el Pleno del TSJ haya ampliado la suspensión de labores y aprobado un periodo vacacional que se prolongará hasta el 3 de agosto.

Por ello, retó a los magistrados y jueces a renunciar a sus salarios hasta que retornen a sus actividades jurisdiccionales, porque hasta ahora solo han mostrado falta de empatía con el gremio de los abogados y con los justiciables.

“El Foro Morelense de Abogados lanza el reto a los magistrados y jueces para que renuncien a su salario, tal cual lo estamos haciendo los litigantes y, entonces, les aseguro que van a encontrar la manera para que para que regresen y retomen las actividades jurisdiccionales.

“Que, además, tiene que verse como una actividad esencial, porque se trata del derecho que rige a las sociedades, de lo contrario, nos encontraremos ante las vindictas privatas como lo dicta el derecho italiano, la venganza privada, venganza en mano propia.

“El tema es que los jueces y magistrados no empatizan, porque no es lo mismo el confinamiento con un salario quincena con quincena, a un confinamiento en el que todos los días tienes que buscar el sustento. El reto es entonces que renuncie(n) a su salario”, recalcó.

Afirmó que luego del periodo vacacional, que defendieron los magistrados como “un derecho laboral”, vendrán días inhábiles, días festivos y hasta navidad, y así culminará el año con largos periodos de inactividad en el Poder Judicial y con una larga de fila de asuntos en espera de justicia.

Insistió que las medidas tomadas hasta ahora en el Poder Judicial de Morelos son meramente paliativas y lamentó que los impartidores de justicia se posen en su zona de confort porque, a diferencia de los litigantes y los justiciables que tienen que salir a ganarse el sustento, ellos cuentan un salario seguro y no les importa lo que ocurre con la sociedad.

 

 

El barrista acusa a José Luis Urióstegui de usurpar ese cargo.

Cristian Iván Velazco Alcocer afirmó que sigue siendo presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos y acusó a José Luis Urióstegui Salgado -quien se ostenta como presidente interino- de usurpar la representación e incumplir con los requisitos para dirigir la organización.

Luego de la asamblea convocada este sábado por Urióstegui Salgado en la que se realizó el cambio de miembros de la Comisión de Honor y Justicia y se debatió la posible expulsión de la organización de Velazco Alcocer, este desconoció esos acuerdo y afirmó que sigue siendo el presidente de la Barra de Abogados, hasta que se pueda realizar el proceso de elección, el cual fue truncado por la contingencia sanitaria por el covid-19.

“Sigo siendo Presidente de la Barra de abogados del Estado de Morelos A.C. porque en tiempo y forma se emitió la convocatoria y un acuerdo firmado por 7 de 11 integrantes de la mesa directiva, donde ampliamos el término de la directiva, debido a  la pandemia del covid-19, no se ha podido llevar a cabo la instalación del consejo electoral, depuración del padrón y elección del nuevo Presidente con su Consejo Directivo, que reúna los requisitos establecidos en el estatuto que son como mínimo el 80% de asistencias en las asambleas ordinarias de los últimos dos años.

“Lo cual –insistió- la persona que  dice ostentarse como presidente Interino tiene solo seis asistencias, (por lo tanto) no reúne ese requisito básico, ya que con los acuerdos que emite la directiva, son válidos de pleno derecho porque están legalmente establecidos en nuestros estatutos.

“Es incongruente que el que se dice presidente interino, figura que ni siquiera existe en los estatutos, reconoció la investidura de nuestra Comisión de Honor y Justicia, pero ahora porque no convenía a sus intereses los desconoce y en un acto arbitrario los destituye a dos de ellos”, dijo en un escrito enviado a medios comunicación.

Reiteró que todos los actos realizados por Urióstegui Salgado y sus colaboradores del consejo interino son nulos de pleno derecho, ya que de raíz viene viciado esa designación.

Señaló que, contrario a lo señalado por sus detractores, fue él quien promovió sendas quejas ante la Comisión de Honor y Justicia contra los integrantes del consejo interino, cuyo proceso sigue su curso.

También rechazó las acusaciones respecto a que usa la representación barrista para para obtener favores. “No tengo necesidad alguna de pedir favores a la Fiscalía del Estado o al Tribunal Superior de Justicia, ya que me dedico a litigar desde hace trece años, nunca he buscado candidaturas políticas, ni he sido servidor público y todo lo realizo conforme a derecho en los asuntos que representó los intereses de los justiciables”, dijo.

El conflicto y las fricciones entre ambos bandos, que se acusan de usurpar la representación de barristas, hasta el momento han quedado en descalificaciones verbales a través de los medios de información y en redes sociales.

El bando de Velazco Alcocer pospuso hasta el mes de agosto su asamblea para planear el proceso de designación de la nueva dirigencia, mientras que el grupo que dirige Urióstegui Salgado ha previsto para el mes de octubre realizar la elección de la nueva Mesa Directiva.

 

 

 

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, robo de vehículos, narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la creación de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), que fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, el robo de vehículos y narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Al publicarse el acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedó instaurada la FIDAI que dirigirá la fiscal antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, cuya designación fue adelantada por el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, el pasado 24 de junio durante un acto oficial, aun cuando el acuerdo establece que, posterior a la creación de la nueva fiscalía, tendrá 45 días para hacer el nombramiento.  

La súper fiscalía fue definida en el acuerdo como la “unidad administrativa de investigación élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.

A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional  y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General.

Con la creación de la nueva fiscalía, fue derogado el Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delegaba a los titulares de las Fiscalías Regionales y Especializadas, la facultad para realizar requerimientos a los concesionarios de telecomunicaciones, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática.

Lo anterior, debido a que estás facultades serán exclusivas de la nueva fiscal, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, los titulares y agentes del Ministerio Público de cada una de las fiscalías y unidades adscritas a la FIDAI deberán de cumplir con la normatividad local y federal, conforme al ámbito de su competencia de investigación.

También se adicionó el nivel 102-A al Tabulador de Sueldos, fijado en el  Acuerdo 05/2019 del Fiscal General del Estado de Morelos publicado el 10 de abril de 2019 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para incluir al Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto como categoría única y la percepción mensual que determine la Coordinación General de Administración con base en la suficiencia presupuestal.

 

 

 

Dirigencia alterna designa a nuevos integrantes de la Comisión de Honor y Justicia 

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