Maciel Calvo

Maciel Calvo

Subsidios estarán vigentes hasta el 29 de noviembre.

La Secretaría de Hacienda estatal emitió un acuerdo por el que otorga un subsidio fiscal al pago de derechos por la realización de diversos trámites ante la Dirección General de Registro Civil, lo que permitirá a los ciudadanos obtener documentos sin costo.

De acuerdo con el documento expedido y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el objetivo es apoyar a las personas que se encuentren en condiciones vulnerables y que requieran obtener o regularizar la documentación oficial que les proporcione identidad y certeza jurídica para el pleno ejercicio de sus derechos.

El subsidio fiscal en el pago de los derechos aplicará para los trámites de: aclaración o rectificación de actas; constancia de inexistencia de registros; búsquedas de registros de nacimiento, matrimonios, defunciones y otros; copias certificadas de actas del estado de Morelos y de otras entidades del país, cuando se expidan en las oficinas del Registro Civil.

Las personas que deseen obtener el beneficio deberán presentar solicitud por escrito a través del Módulo Móvil con el que cuenta la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos o directamente en las áreas correspondientes en que se deba llevar a cabo el trámite solicitado.

El acuerdo de la Secretaría de Hacienda está vigente desde este martes y hasta el 29 de noviembre.

Persiste disputa en tribunales entre municipios de origen y de nueva creación.

La disputa legal entre municipios de origen y de nueva creación no para y esta vez el Ayuntamiento de Tetela del Volcán impugnó el acuerdo modificatorio que expidió hace unos días la Secretaría de Hacienda estatal para asignar presupuesto a los municipios indígenas recién instaurados.

El ayuntamiento promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 256/2019, a través de la cual pretende reclamar la invalidez del acuerdo publicado el 25 de junio, por el que fue modificado el acuerdo de 15 de febrero de 2019 y se dio a conocer el calendario de entrega, así como los nuevos porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables y las aportaciones estatales que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019.

En el acuerdo impugnado, la Secretaría de Hacienda estableció la redistribución de recursos que corresponderán a los municipios de origen y a los de reciente creación, lo que propició que los primeros tuviesen una reducción de recursos.

Los montos totales determinados que les corresponde para el ejercicio 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos son: para Miacatlán, municipio de origen, serán 30 millones 882 mil pesos, mientras que para el territorio escindido y fundado como municipio indígena de Coatetelco, serán 20 millones 220 pesos; para Puente de Ixtla, 49 millones 104 mil pesos, mientras que para Xoxocotla, 29 millones 599 mil pesos; para Tetela del Volcán, 29 millones 355 mil pesos, mientras que para Hueyapan, 16 millones 18 mil pesos.

Dado el impacto financiero para Tetela del Volcán es que, a través de la síndica municipal, Mirella Castro Mendoza, el ayuntamiento decidió impugnar el acuerdo de redistribución presupuestal por la vía de la controversial constitucional.

Proceso judicial está detenido y víctima solicita protección oficial.

Un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) fue acusado por su ex pareja de violencia familiar y de usar sus armas de cargo para cometer la agresión, así como de gozar de protección oficial para evitar enfrentar a la justicia.

Abigail Castro Román, acompañada de su abogado, dio una rueda de prensa frente a la ofrenda a víctimas del delito en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para hacer público su caso y su temor a ser nuevamente agredida por su ex pareja y padre de su hijo menor.

De acuerdo con la víctima, el pasado 14 de abril el presunto agresor y agente antisecuestros en activo, Ángel Olivo Ramírez, acudió a su domicilio, donde la insultó y la humilló, la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo.

“Él se atrevió a agredirme con sus herramientas de trabajo, que fue con un bastón retráctil en mis piernas, donde todavía tengo una marca visible, y las lesiones internas que no son visibles, por las cuales yo sigo acudiendo a terapia física”, dijo y aseguró que el elemento policiaco utiliza su cargo para conseguir protección institucional, al grado de que en dos ocasiones el médico legista de la fiscalía estatal aseguró en sus dictámenes que sus heridas fueron leves y que sanarían en menos de 15 días.

El abogado de la víctima, Luis Ignacio Reyes Andraca,  informó que fue judicializada la carpeta de investigación CJM/524/2019 por las agresiones que sufrió Abigail el 14 de abril, pero existen diversas irregularidades en la integración de la carpeta, ya que el agente del Ministerio Público omitió incluir pruebas y declaraciones de testigos de los hechos

Por ejemplo, señaló, el vigilante del lugar donde vive la víctima, “junto con otros vecinos, pidió la ayuda de la Policía, llegaron, hasta donde tengo conocimiento, dos patrullas estatales y dos patrullas municipales, y este cuate (el presunto agresor) se identificó como miembro de la UECS (otrora unidad antisecuestro) y los policías dijeron ´no podemos hacer nada porque es compañero, hablen a C-5, a la UECS, a ver que pueden hacer’ y no lo detuvieron”.

La mujer acudió a la Cruz Roja a recibir atención médica pero el presunto agresor ingresó hasta la camilla donde se encontraba Abigail e impidió que el médico revisara sus lesiones, por lo cual se dio vista al Ministerio Público ante la evidencia de que Abigail había sido víctima de violencia.

Criticó la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a la cual recurrió Abigail el 24 de mayo pasado para solicitar ayuda, porque ahí la emplazaron a conciliar con su agresor, lo cual rechazó de inmediato, ante el riesgo a su integridad física y su vida.

Señaló que el médico legista de la fiscalía insistió en calificar las lesiones como leves, pero han trascurrido dos meses de la agresión y no sólo no han sanado sino que la víctima requiere de terapias de  rehabilitación.

Sin embargo, pese a ello en la fiscalía hay una resistencia por proceder contra el agente antisecuestro por los delitos cometidos en agravio de su ex esposa y madre de su menor hijo.

Insistió en que la carpeta  de investigación no ha sido integrada debidamente ni cumple con las normas ni protocolos para la protección de víctimas, para el acceso a las mujeres a una vida de libre de violencia, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales, razón por la cual la víctima decidió hacer público su caso.

Pidió la intervención del gobierno de Morelos, la fiscalía estatal y la misma titular de la UECS, Adriana Pineda Fernández, para que se le proporcione las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida y la de su hijo, así como para que el proceso judicial prospere y su agresor enfrente a la justicia por los delitos de que se le acusa.

El litigante agregó que el agente antisecuestro está implicado en dos carpetas de investigación más y su grado de violencia lo hace un sujeto peligroso.

 

     

Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

 

    

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Reformas al Código Penal también castigan con rigor el uso de armas de juguete para cometer delitos y el desvalijamiento y venta de partes de automóvil.

El TSJ reportó la tendencia en un 30 por ciento en el primer semestre del año

El secretario municipal afirma que han visto las dificultades que enfrentan los nuevos municipios indígenas.

El secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, José Alfredo Escalona Arias, afirmó que no hay condiciones para la división del municipio y la creación del municipio indígena de Tetelcingo, debido la escasez de recursos y las enormes deudas heredadas.

Afirmó que ya está enlistado para su análisis y resolución el proyecto de sentencia de la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la creación del municipio indígena y, cual sea el fallo, el ayuntamiento lo acatará.

Indicó que entre la población prevalece la polémica debido a que varios de los promotores de la división y creación del nuevo municipio indígena han cambiado de opinión, por los problemas financieros y administrativos que presentan los otros tres municipio de reciente creación.

“Muchos ciudadanos se han acercado a nosotros para manifestarnos que no están de acuerdo con la división del municipio de Cuautla, porque han visto como en los municipios  que se crearon no ha habido esa paz social o esa tranquilidad ni ese progreso que se iba a tener. Sin embargo, así como hay ciudadanos que están a favor, hay ciudadanos que están en contra, y es muy respetable la opinión de cada uno de ellos y el ayuntamiento de Cuautla lo que están (sic) haciendo es darle seguimiento a la controversia, que ya se encuentra en la SCJN y está por decidirse”, explicó.

Indicó que el ayuntamiento no tiene intención de desistirse del recurso de control constitucional, porque –insistió- no existen condiciones para la división de Cuautla y la fundación de una nueva demarcación, “por la falta de recursos que se tiene, creemos que sería importante mantener a la ciudad hasta sanear los recursos en general, y entregar una verdadera división, en su momento, sana”.

 

Viernes, 12 Julio 2019 05:12

Aprehendido, perito de FGE

Está acusado de sustraer armas de fuego y cambiar evidencias con armamento viejo.

Un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue aprehendido por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, tras ser señalado como responsable de sustraer armas de fuego aseguradas del cuarto de evidencias y cambiarlas por armamento viejo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través de un comunicado, informó que la Policía de Investigación Criminal (PIC) ejecutó la orden de aprehensión girada por un juez de control contra el perito identificado como Orlando “N”, cuando caminaba sobre la calle Constitución del 57, en el centro de la cabecera municipal de Jojutla.

El servidor público está implicado en la carpeta de investigación FECC/104/2019, iniciada por personal de la propia FGE, que se percató de  la ausencia de armamento asegurado y resguardado en el cuarto de evidencias de la fiscalía regional de la zona surponiente, el cual habría sido sustraído y sustituido dentro de los embalajes por objetos y armas de fuego en mal estado.

El perito fue ingresado a la cárcel distrital de Jojutla, en espera de que un juez de control defina su situación jurídica.

Este caso toma relevancia, luego de que el mismo fiscal general, Uriel Carmona Gándara, reveló en mayo pasado que el arma usada por el joven Maximiliano “N” para asesinar en pleno zócalo de Cuernavaca los líderes sindicales, Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón, habría sido  sustraída de uno de los cuartos de evidencia de la fiscalía.

Desde 2014 se han practicado supuestas auditorías en los cuartos de evidencia de la fiscalía, pero los últimos tres titulares, incluidos Carmona Gándara, no han hecho públicos los resultados ni han abundado sobre la gravedad de la sustracción, pérdida y alteración de evidencias, especialmente de armas de fuego.  

 

 

Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

 

 

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