Maciel Calvo

Maciel Calvo

Ya son cinco personas las implicadas en el plagio y homicidio del hermano del exgobernador Marco Adame Castillo.

Marisol “N” y Roxana “N”, ambas de 24 años de edad, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención de dos mujeres más, como presuntas implicadas en el secuestro y homicidio de Humberto Adame Castillo, hermano del exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Marco Antonio Adame.

De acuerdo con la FGE, este domingo en Cuernavaca se detuvo a Janet Marisol “N”, y en el municipio de Mazatepec a Roxana “N”, ambas de 24 años y residentes del municipio de Puente de Ixtla, quienes al momento de su captura llevaban consigo parte del dinero exigido a los familiares por el rescate de la víctima.

De inmediato fueron puestas a disposición de un juez de control, quien decretó la legal detención, y la representación social formuló imputación a ambas por el presunto delito de secuestro agravado.

Por lo pronto, Marisol y Roxana permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso. Con esta detención, suman cinco las personas aprehendidas y puestas disposición de un juez por su presunta implicación en el crimen.

El pasado 3 de mayo, la víctima fue vista por última vez por sus trabajadores al salir de su centro de trabajo, en el municipio de Mazatepec. Posteriormente, sus familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se exigió el pago del rescate.

El 15 de mayo fue cuando los primeros tres presuntos implicados fueron detenidos durante un operativo conjunto de la FGE y fuerzas federales, y la tarde del jueves 16 de mayo fue localizado el cuerpo de Humberto Adame en un paraje del poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec.

 

Vecinos de Amilcingo exigen que se esclarezca el crimen.

Un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo, del municipio de Temoac, e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) bloqueó el acceso principal de la Fiscalía General del Estado y el paso de vehículos sobre la avenida Emiliano Zapata para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes.

Los manifestantes realizaron pintas, pegaron carteles en la barda perimetral de la fiscalía e impidieron la salida de vehículos oficiales. “¡Queremos al fiscal, queremos al fiscal!”, fue una de las consignas de los inconformes, quienes exigían ver a titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, ante la falta de avances en el caso Samir, a tres meses de su asesinato.

En la lectura de un comunicado, los habitantes de la comunidad reprocharon a la fiscalía su desdén hacia el caso Samir, pues mientras los responsables del crimen del luchador social permanecen impunes, en otros casos, como en el ataque ocurrido el 23 de abril en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla, el asesinato de dos líderes sindicales en el zócalo de Cuernavaca y el secuestro y homicidio de Humberto Adame, hermano del exgobernador y diputado federal panista, toda la institución se movilizó para reunir evidencias, avanzar en las investigaciones y detener a implicados.

“Nosotros no cuestionamos ¿cómo es que en estos casos avanzan tan rápidamente las investigaciones, mientras que con las investigaciones de nuestro hermano Samir Flores no hay avance alguno? ¿Qué es lo que obstaculiza la investigación? ¿Hacia dónde se quiere desviar la atención, cuando el señor Hugo Erick se jacta de decir que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores tiene que ver con el crimen organizado? ¿A quiénes protege? ¿Por qué la fiscalía general se niega atraer el caso?”, cuestionaron.

De acuerdo con la versión oficial, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero, alguien tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Atendió su madre, quien detrás de la puerta escuchó la voz de un hombre, quien pedía ver a Samir para pedirle un anuncio en la radio comunitaria donde laboraba.

Sin mayor sospecha, Samir salió a atender, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. La pareja de Samir y su padre permanecieron en el interior, pero su tranquilidad fue allanada cuando escucharon disparos y salieron para encontrar a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec pero pereció.

La FGE abrió seis líneas de investigación. La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.

Sin embargo, a tres meses del crimen no hay ningún detenido como presunto responsable material o intelectual del asesinato de Samir, quien era apreciado en la zona y conocido por su aposición al Proyecto Integral Morelos (PIM).

 

 

El exceso de trabajo en segunda instancia lo requiere, aseguran; proponen que la Sala Auxiliar cambie de nombre y se reasigne Tercer Circuito

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia propusieron cambiar la denominación de la Sala Auxiliar y adscribir al Tercer Circuito una sala más, ante el incremento considerable de asuntos que se reciben en segunda instancia.

La semana pasada, durante la sesión de Pleno, un grupo de magistrados planteó la necesidad de trasladar a ese circuito, con sede en Cuautla, una de las cuatro salas que se encuentran adscritas al Primer Circuito, con la finalidad de atender la sobrecarga de trabajo.

El tema tuvo consenso, pero hubo diferencias en cuanto al tema de los viáticos que reciben algunos magistrados que han estado en salas foráneas. El magistrado Valentín González, dijo que los ocho mil pesos que recibe mensuales no le alcanzan y hasta sugirió un incremento a la magistrada presidente, Carmen Cuevas López.

En tanto, la magistrada María Idalia Franco, consideró que los viáticos son un concepto que se debe suprimir porque hay austeridad y la adscripción de los juzgadores no debe estar supeditada a que se reciban recursos extras.

En tanto, la magistrada Bertha Rendón Montealegre, adscrita a la Sala del Tercer Circuito y quien renunció a recibir viáticos, señaló que es un hecho que se necesita el apoyo de otra sala y sostuvo que, si por razones presupuestales o de otra índole fuese imposible este años  trasladar otra sala a Cuautla, podría posponerse para que opere a partir de enero de 2020.

A propósito de este tema, el magistrado Norberto Calderón Ocampo propuso cambiar la denominación de la Sala Auxiliar  y, de así proceder, adscribirla a Cuautla.

“Si se va incorporar cualquier sala, voy a presentar un proyecto en donde este Pleno no sólo reconozca los derechos y obligaciones que les corresponden a los magistrados que integran esta sala (Sala Auxiliar) sino que ésta sea la Cuarta Sala y, que en esa medida, entre al proyecto de cómo se va asignar la sala que se adscriba a Cuautla.

“No sé si se hará por insaculación o si es individual o por ponencia, pero si es por sala, que la Sala Auxiliar cambie de denominación formalmente a través de un acuerdo del Pleno como la Cuarta Sala”, recalcó.

Un juez decretó como legal su detención y los someterá a proceso por violación a las leyes de inhumación y secuestro agravado

Viento, lluvias y la disminución de los incendios forestales dispersaron la capa de humo que cubría a Cuernavaca y el área conurbada; emisiones contaminantes están por debajo de los límites establecidos en la norma.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado suspendió la contingencia extraordinaria por la calidad del aire, provocada principalmente por los incendios forestales en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Debido al viento y la llegada de las primeras lluvias, se dispersó la capa de humo que cubría la capital morelense y el área conurbada, y que generó molestias a los habitantes como irritación de ojos y de vías respiratorias.

“Gracias a las condiciones meteorológicas y la disminución de los incendios forestales, la calidad del aire mejoró este sábado y las emisiones se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles”, anunció la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Pese a ello, las autoridades mantuvieron el llamado a la población a tomar todas las medidas posibles para evitar incendios forestales, quemas agrícolas sin control o quema de basura que puedan causar no sólo daños a la flora y fauna de la región, sino provocar daños ambientales y a la salud de la población.

La dependencia estatal señaló que mantendrá estrecha vigilancia en la calidad del aire del estado, así como en la atención de los incendios forestales que pudieran presentarse.

También llamó a los municipios a estar alertas ante cualquier conflagración y solicitar el apoyo a las autoridades cuando sea necesario. 

 

 

Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas promovidas por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas de amparo promovidas por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala iniciadas contra la consulta convocada por el gobierno federal para poner en funcionamiento la termoeléctrica, el acueducto y el gasoducto, que forman parte del denominado Proyecto Integral Morelos (PIM).

En vísperas de la consulta realizada el 23 y 24 de febrero en todo Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala, los Juzgados Primero y Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales del Sexto Circuito, con sede en la capital poblana, desecharon los juicios de amparo 199/2019 y 209/2019 que pretendían frenar e invalidar la consulta convocada por el gobierno federal.

Al resolver la queja 62/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que los demandantes sí tienen legitimidad jurídica para la promoción de la demanda de garantías, pues “no se actualiza una causal manifiesta e indudable que lleve al desechamiento de plano de la demanda de amparo; sino que se requiere darle trámite y, en su oportunidad, al contar ya con los informes justificados y las pruebas que se puedan acompañar a éstos, y las que aporten las demás partes en el juicio, se estará en condiciones de resolver en la sentencia lo que proceda en derecho”.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver la queja 55/2019  contra el desechamiento, consideró fundado el recurso, porque “con la realización de la consulta de mérito y su resultado aprobatorio por la mayoría de los encuestados, se abre la puerta a la inminente concreción del Proyecto Integral Morelos, con lo que es patente que se estaría modificando de manera unilateral, la situación jurídica de los quejosos, respecto de su derecho a que se les dote como pueblos y comunidades indígenas, de una protección especial, en la que se garantice su participación efectiva en las medidas administrativas que se lleven a cabo dentro de su territorio que puedan llegar a impactar su entorno o hábitat, como es la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y gasoducto.

“Además, la determinación del a quo en cuanto a una la falta de afectación a la esfera jurídica de los quejosos con la consulta reclamada, no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues aquel supuesto constituye una cuestión de fondo que no puede ser analizada al presentarse la demanda”.

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, afirmó que “los criterios erróneos emitidos por los jueces Primero y Cuarto de Distrito con sede en Puebla, permitieron la realización de la consulta ilegal de Obrador y se suman a los emitidos en sentido semejante por los jueces tercero y sexto de Puebla, así como Noveno de Morelos, lo que deja ver una consigna de los juzgados federales de negar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas afectados por el PIM y que en esta nueva administración no existe independencia de poderes.

“Ahora los jueces primero y cuarto están obligados a darle trámite a los amparos y se encuentran pendientes de resolver otra media docena de quejas sobre desechamientos de amparo, admisiones parciales, negativas de suspensión y suspensiones de plano insuficientes”.

 

 

Fueron capturados en la Ciudad de México en un operativo antisecuestro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó que los presuntos policías detenidos durante un operativo antisecuestro en la Ciudad de México, pertenezcan a la institución, pero expresó su disposición para colaborar en cualquier requerimiento de información de su homóloga capitalina.

Luego de que en diversos medios de comunicación trascendió que entre los detenidos durante el operativo de rescate de una víctima de secuestro, que culminó en enfrentamiento que cobró la vida de un oficial antisecuestro y uno de los plagiarios, se encontraban dos presuntos elementos de la fiscalía morelense, informó que ninguno de los hombres aprehendidos como responsables del delito pertenece a la institución.

“Esta institución afirma que los identificados en dichos actos, de acuerdo a lo publicado, como se mencionó a través de diversos medios y plataformas, como Alan René Cruz Ponce y Jordán Fernando Téllez Arce, que resultaran lesionados en las acciones operativas encabezadas por la Fiscalía Antisecuestro de la capital del país, así como un fallecido identificado como Mario Cortés Hernández, no pertenecen, ni han pertenecido a ninguna área operativa o administrativa en la Fiscalía General del Estado de Morelos”, recalcó mediante un comunicado.

Precisó que -hasta el momento- su homóloga de Ciudad de México no ha requerido ningún tipo de colaboración por este caso relacionada con detenidos y presuntos responsables del delito de secuestro, sin embargo, expresó su disposición para colaborar con la información que le sea requerida para el esclarecimiento de los hechos. 

 

   

Miércoles, 15 Mayo 2019 05:02

Someten a proceso a juez acusado de cohecho

En medio de un insólito sigilo, un juez y un oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

Aunque la audiencia se desarrolló este lunes, fue hasta este martes, en el marco de la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuando la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, leyó un comunicado en el que se dio a conocer la vinculación a proceso del juez del TSJ identificado con la siglas R.B.L., y el oficial judicial J.A.M.D.

Según el comunicado, “De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio”.

El juez responsable de la vinculación a proceso dictó prisión preventiva para el oficial judicial, no así para su homólogo, porque supuestamente no había argumentos para dictar tal medida cautelar.

Sin embargo, la escueta información de la UECS generó más dudas que certezas sobre el caso, debido a que el juez de control que estuvo a cargo de la audiencia ordenó a las partes mantener todo bajo estricto sigilo, apercibiendo a la representación social con imponer medidas de apremio en caso de ventilar públicamente información al respecto.

Incluso, decretó como privada la audiencia y ningún medio de comunicación tuvo acceso. De acuerdo con juristas consultados, fue un exceso la restricción impuesta por el juez de la causa a la representación social, pues existe jurisprudencia en la que se estableció que la secrecía total se aplica únicamente en casos de agresiones sexuales, para proteger a las víctimas.

Además, según especialistas, se violenta el principio publicidad del sistema de justicia adversarial, poniendo en entredicho y generando suspicacias de complicidad, pero será el agente del Ministerio Público quien deba de apelar estas restricciones en segunda instancia.

El antecedente del caso se remonta al 4 de abril, cuando el TSJ suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

Incluso, versiones no confirmadas indican que el juez estaría ya bajo la medida de prisión preventiva por un juicio penal relacionado con el delito de secuestro y, por ello, en la vinculación a proceso por cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos no se le impuso tal medida.

Pero la información contrasta, porque el oficial judicial que fue vinculado a proceso junto con el juez, ya se encontraba preso por su presunta implicación en el caso Tona; sin embargo, las especulaciones sobre el caso son producto del inaudito hermetismo del Poder Judicial.   

 

Más jueces en la mira

En la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, se le preguntó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, si existen otros jueces bajo sospecha de actuar al margen de la ley o incurrir en corrupción. 

El encargado de la política interna respondió que “la corrupción no será permitida en ningún Poder del Estado, en ninguno de los órdenes ni niveles, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción.

“Si hay otros jueces que están siendo motivo de investigación y cuando se tengan elementos suficientes para presentar las denuncias se harán y se actuará con todo el peso de la ley”. 

 

Analizan FGE y CES secuencias de foto y video sobre los hechos del 8 de mayo.

La Comisión Estatal de Seguridad reitera que ese vehículo es el más usado para cometer homicidios y hace un llamado a los diputados.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) llamó al Poder Legislativo a unir esfuerzos para regular el uso de motocicletas para frenar la ola de homicidios dolosos, ya que este tipo de vehículo es el principal medio de transporte utilizado por los delincuentes para cometer el delito y huir.

El secretario técnico de la CES, Mario Isaac Vargas Santomé, señaló que de diciembre a la fecha se han revisado más de 80 mil motocicletas y, en el marco de la mesa interinstitucional de coordinación para la paz y la seguridad, se observa que prevalece el uso de este vehículo para cometer ilícitos.

Indicó que de acuerdo con estadísticas oficiales, en el rubro de homicidios dolosos -por cada 100 mil habitantes- Morelos está en el quinto lugar, pero en el ranking nacional oscila entre el 10 y el 12.

“En la actualidad se han revisado más de 80 mil inspecciones a motociclistas desde diciembre a la fecha. Producto del estudio de esta mesa de coordinación se determinó que un gran porcentaje de los homicidios dolosos que se cometen en el estado es el mismo modus operandi: dos motociclistas que llegan, uno se baja y ejecuta”, dijo.  

Explicó que quienes utilizan este modus operandi para privar de la vida a las personas, generalmente son integrantes de alguno de los cinco cárteles locales y nacionales que operan en el territorio estatal.

Cuestionado sobre los constantes  homicidios, señaló que “es algo que no se puede prevenir, la realidad es que en el estado de Morelos operan esos cuatro cárteles, y operan de la misma manera. ¿Cuál es el modus operandi de estos? Son motocicletas, son motociclistas, tenemos que actuar sobre las causas”.

Por ello, insistió en que la autoridad requiere de la participación del Poder Legislativo para regular este tipo de transporte, que ha servido a los delincuentes no sólo para ejecutar un asesinato, sino para evadir la acción de la justicia.

Incluso, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, adelantó que el Poder Ejecutivo elabora su propia iniciativa de ley y en breve será presentada, en la que se aprovecharán las mejores prácticas internacionales y experiencias de otros países, como Colombia, que han padecido el mismo fenómeno delictivo.  

 

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