La FGE está obligada a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la ejecución de una familia en 2017 a manos de policías de la CES, señala Marcos Zapotitla Becerro.

El ex comisionado estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra debe ser llamado a cuentas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el caso de la masacre registrada en contra de una familia en Temixco, el 30 de noviembre del 2017, afirmó el diputado Marcos Zapotitla Becerro. 
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió tarde las recomendaciones al gobierno morelense por los hechos registrados en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que desde que sucedieron se advirtieron irregularidades por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
Sin embargo, refirió que ahora que el organismo defensor de los derechos humanos se pronunció al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación por el caso, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.
"El alcance que tiene esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con que se genere la sanción respectiva y eso puede ser por responsabilidad administrativa, civil o penal", agregó. 
El legislador del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que es momento de que el fiscal Uriel Carmona Gándara pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador perredista Graco Ramírez y a sus ex colaboradores, sino que está para hacer justicia.
"El fiscal tendrá que demostrar si sigue con Graco Ramírez o sí finalmente acepta enjuiciar a estos elementos, pero sobre todo integrar debidamente esa responsabilidad. En nada ayuda al gobierno que se señale que hay impunidad, que hay encubrimiento", manifestó. 

Fue necesario corregir asuntos pendientes que dejó la administración pasada y negociar para evitar demandas.

Preparan denuncia por el egreso de recursos públicos no justificados; hay al menos dos casos en 2016.

Presumen millonario desvío de recursos del fideicomiso creado para reconstrucción tras el sismo de septiembre del 2017.

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

Rescatan 100 millones de pesos para ampliación y equipamiento del Hospital Meana; la obra fue obstruida por la Secretaría de Salud de la administración anterior.

Jojutla.- El proyecto de torre médica de especialidades en el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” de este municipio, para el que había casi 100 millones de pesos, fue saboteado por la administración estatal anterior, por ello no se construyó, pero se pudieron rescatar los recursos, que ahora se invierten en equipamiento y ampliación del inmueble.

Tras un recorrido realizado ayer por el secretario estatal de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, y la diputada local Rosalina Mazari, la legisladora reconoció que hace tres años, cuando fue diputada federal, gestionó 98.5 millones de pesos para construir una torre médica, con áreas de especialidades, pero la anterior secretaria de Salud, Patricia Mora González, obstruyó el proyecto para realizar los trámites necesario y no se materializó.

De hecho, reveló que tanto la secretaria, como el director del Seguro Popular e incluso el director del Hospital Meana, de la pasada administración, aseguraron que no era necesario un hospital de ese nivel en la región sur.

“Esa torre no fue bien vista por el anterior gobierno… Se entorpeció el proyecto, por la mala fe y corrupción que en su momento se generó de la anterior administración. Cuando hay obstruccionismo de un gobierno, que dice que no se haga, la obra no se hace”, comentó.

Sin embargo, dijo que logró salvar el recurso, aunque ya no para el propósito original. Ahora, de esos 98.5 millones de pesos, 21.5 se invertirán en la ampliación del hospital y el resto –66 millones 784 mil pesos– para equipamiento, que de hecho ya se adquirió y está bajo resguardo del nosocomio.

Destacó que en la parte de la ampliación se construirá un área de terapia intensiva, lo que convertirá al Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” en el tercero en el estado que cuenta con esta sala, lo que lo eleva a la categoría de un hospital resolutivo. Además de áreas de consulta y un auditorio nuevo.

El inmueble es actualmente objeto de reconstrucción y ampliación y se espera que se pueda terminar en diciembre de este año.

“Estamos en espera de que se concluya la obra pera que se pueda ir utilizando”, señaló la diputada.

Israel Hernández Cruz se deslinda del exgobernador Graco Ramírez.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, pidió ser juzgado por sus actos y omisiones como ombudsman, y expresó su respeto a quienes cuestionan su nombramiento.

Al realizar el acto protocolario de entrega-recepción del organismo, rechazó haber sido impulsado por el exgobernador Graco Ramírez, y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales para ocupar al cargo, a pesar de que no acreditó experiencia en el tema.

Cuestionado sobre los amparos que presentarán al menos cinco de los 22 aspirantes que compitieron por la presidencia de la comisión, afirmó que respetará las acciones legales que emprendan quienes disientan de la decisión del Congreso del estado sobre su designación, y acatará las resoluciones judiciales que se pronuncien al respecto en el momento oportuno,

Se desmarcó del exmandatario perredista y aseguró que no sólo ejerció como notario, sino que durante su trayectoria profesional laboró en los tres Poderes del Estado, incluso, durante la gestión del gobernador panista Marco Adame, y conoció la actividad administrativa de la entidad, incluyendo –dijo- la defensa de los derechos humanos.

Insistió en que respeta las opiniones que descalifican o desestiman su trayectoria, pero pidió ser juzgado por sus actos y omisiones al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“Respeto todas las posiciones, lo único que pido es que se me juzgue con lo que haga o deje de hacer durante mi trayectoria y en mi paso en esta comisión, y no por apreciaciones subjetivas que se tendrán que demostrar”, recalcó.

Aclaró que es falsa la ficha y orden de aprehensión con el formato de Plataforma México que circula en redes sociales, pues aseguró que fue “fabricada” y difundida hace tres años por una persona que pretendió afectarlo.

Señaló que cubrió los requisitos legales para ser ombudsman y que entre la documentación presentada al Congreso local están las constancias de antecedentes no penales y de no inhabilitación tanto a nivel local como federal.   

Agregó que al tomar las riendas del organismo dará continuidad a lo que ha funcionado, trabajará con las organizaciones civiles e impulsará iniciativas de ley para que haya un buen andamiaje legal para la defensa de los derechos humanos.

Ayer, al igual que otros días, transportistas de la zona oriente desquiciaron el tránsito a su paso por diversos municipios hasta llegar a Cuernavaca, donde se entrevistaron con los integrantes de la Comisión Legislativa del Transporte. Aunque entregaron un pliego con diversas peticiones, la realidad es que sólo buscan hacer presión para obtener más concesiones.

Habrá una por el desvío de más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador.

El asesor anticorrupción de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez de Ita, dio a conocer que en breve presentará una denuncia más por presunto desvío de recursos por más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Este miércoles, el funcionario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en representación del gobierno del estado, a presentar dos denuncias por la posible comisión de delitos.  

La primera se refiere a la contratación del cantante Marco Antonio Solís "El Buki", por cuya presentación en el estadio Coruco Díaz, de Zacatepec, se reportó un pago por más de 22 millones de pesos. No obstante, que habitualmente el artista cobra ente cuatro y seis millones de pesos por una presentación de este tipo.

En lo que se refiere al área de Salud, Becerra Chávez expuso que desde el pasado 8 de mayo se presentó una denuncia por presunto desvío de recursos en dicha área, relacionada con un fondo de ahorro de trabajadores, y este miércoles se entregó otra relativa a documentación presuntamente falsa entregada por un ex servidor público de los Servicios de Salud que fungía como comisario en ese organismo.

También adelantó que iniciarán más denuncias derivadas de las auditorías a los créditos por dos mil 806 millones de pesos autorizados al gobierno de Graco Ramírez, que indican un posible quebranto de más de mil 806 millones de pesos.