Miacatlán. - En revisión la situación jurídica del rastro construido en el ejido del Llano en este municipio, que fue construido en la Administración de Graco Ramírez y nunca fue certificado como Tipo Inspección Federal (TIF) al incumplir con las medidas reglamentarias para obtener el distintivo, aunado a que nunca ha funcionado, aseguró Juan Román Reynoso, director general de Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado.

Entrevistado durante su visita a la región sur, el funcionario estatal dio a conocer que a la fecha sobre el rastro TIF construido en el municipio de Miacatlán se está revisando el estatuto legal del inmueble a través de la Dirección Jurídica, que determinará en qué tiempo se podrá abrir y bajo qué condiciones, además de que se tendrá que valorar las instalaciones para definir el tema de la certificación TIF.

"No tenemos la certeza (de) en qué condiciones se encuentra en este momento, y será una vez que se defina la situación legal del inmueble que se definirá el procedimiento a seguir, sin embargo sigue siento un elefante blanco ya que presentó una inversión 58 millones de pesos de recursos federales y estatales y no fue en beneficio de los ganaderos ni contó con las medidas correspondientes para certificarse", explicó.

Cabe mencionar que fue el 30 de noviembre de 2017 cuando el exgobernador Graco Ramírez inauguró el rastro Tipo Inspección Federal en Miacatlán, acompañado del entonces titular federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, donde se anunció que aunado a la inversión inicial se había realizado una inversión federal de 15 millones para hacer unas corraletas para engorda de 400 bovinos, a fin de poder tener ahí ya la explotación del rastro. Sin embargo, esta acción no se cumplió. 

Por lo anterior enfatizó en que por el momento ese rastro no está en operación.

"Por el momento desconozco que es lo que vaya a pasar, tengo entendido que el jurídico está trabajando en ello y esperemos que en eso siga y en su momento los resultados los daremos a conocer...  por el momento ese rastro no está en operaciones", dijo el director estatal.

Cabe mencionar que diversos sectores pecuarios y hasta autoridades de gobierno del estado han catalogado esa obra de la administración de Graco Ramírez como un "elefante blanco".

Asegura que se han acercado para ofrecer información sobre su jefe a cambio de no ser investigados.

El asesor anticorrupción revela que de 55 denuncias presentadas por el gobierno del estado, sólo se judicializaron diez carpetas y, de estas, en cinco no hubo vinculación a proceso.

Excolaboradores cercanos a Graco Ramírez Garrido Abreu han pedido aportar información sobre actos de corrupción a cambio de amnistía, o de que se les excluya de denuncias formuladas por la actual gestión, lo que permitiría la captura de “peces más grandes”.

Así lo dio a conocer el asesor anticorrupción Gerardo Becerra Chávez Ita, quien señaló que se trata de personajes muy cercanos al exgobernador, “algunos de hecho integrantes de su gabinete”.

El funcionario estatal informó este lunes que se identificó un presunto desvío de recursos en los Servicios de Salud de Morelos por 250 millones de pesos en la gestión pasada.

Explicó que la empresa Nacional de Drogas prestó el servicio de distribución de medicamentos en el gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo, que presuntamente no se le pagaron, pero, al llegar el gobierno de Graco Ramírez, aparentemente esos cheques sí fueron emitidos por el gobierno del estado, pero “parece que fueron a dar a cuentas bancarias de algunos particulares”.

La empresa, de mucho prestigio, subrayó Becerra, ahora le está exigiendo a la actual administración que le pague esos más de 200 millones de pesos.

“Desde nuestra propia óptica esos medicamentos no entraron a los hospitales, pero además de eso, los cheques que estaban dirigidos a esa empresa fueron a parar a cuentas de particulares, aparentemente el responsable directo es quien manejaba la subsecretaría de Administración del gobierno de Graco Ramírez porque fu quien en su momento debió negar ese adeudo o pagarlo” abundó.

Este caso implicaría probables delitos por omisión o por acción, porque se manejó dinero público y, hasta donde se sabe, el recurso fue manejado en cuentas particulares; hasta ahora cuentan con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de otras instancias, pero continúan las investigaciones dada la delicadeza del asunto.

Dijo que en la administración de Marco Adame se debió haber entregado la administración y quien debió pagar o rechazar el adeudo es la gestión de Graco Ramírez.

Informó que a la fecha el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha presentado 55 denuncias por actos de corrupción del gobierno pasado.

De ese total, 10 fueron judicializadas y de estas en cinco se negó la vinculación a proceso de exfuncionarios, pero están en apelación.

Además, siguen en la preparación de expedientes, para iniciar más denuncias.

En el caso de la exsecretaria de Obras Públicas Patricia Medina Izquierdo, informó que está vinculada a proceso en tres ocasiones y por lo tanto ella tendrá que hacer valer su derecho a defensa y si fuera declarada culpable deberá enfrentar las consecuencias.  

A decir de Becerra Chávez, hay esperanza de que sean recuperados los recursos públicos, ante la voluntad de la actual Presidencia de la República, y, por lo tanto, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Blanco Bravo es muy claro, no se protegerá la corrupción, aseguró.

El asesor anticorrupción afirmó que algunos exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez han buscado negociar, ofreciendo elementos e información sobre los actos de corrupción y quiénes los cometieron: “quiero ser muy claro, sí ha habido personajes del gobierno anterior que se han acercado a mi persona. Con el nuevo sistema de justicia adversarial prevé los criterios de oportunidad, es decir, se dice el posible delito, incluso devolver algunas de las cantidades y obtener para ello ciertas indulgencias, amnistías, es parecido a lo que paso en Veracruz”.  

“Claro, a cambio de información, un pez chico por un pez más grande; aquí de lo que se trata es de ver qué fue lo que sucedió desde las más altas esferas del gobierno” manifestó Becerra Chávez, quien al ser cuestionado sobre las personas que han ofrecido este tipo de acuerdo, dijo que “se trata de gente de primerísimo nivel, de su gabinete, secretarios, para tratar de llegar a conversar. Lo que pasa es que a mí me queda claro que si ellos no se comieron todo, porqué van a tener que (pagar), las pláticas apenas se vienen dando y vamos a ver si el día de mañana pudiera dársele alguna facilidad con ellos. Fíjense bien, en la medida de que sigamos sometiendo a proceso a distintos personajes es en la medida en que ellos se darán cuenta de que lo más recomendable es llegar a un acuerdo y un criterio de oportunidad”.  

La FGE está obligada a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la ejecución de una familia en 2017 a manos de policías de la CES, señala Marcos Zapotitla Becerro.

El ex comisionado estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra debe ser llamado a cuentas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el caso de la masacre registrada en contra de una familia en Temixco, el 30 de noviembre del 2017, afirmó el diputado Marcos Zapotitla Becerro. 
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió tarde las recomendaciones al gobierno morelense por los hechos registrados en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que desde que sucedieron se advirtieron irregularidades por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
Sin embargo, refirió que ahora que el organismo defensor de los derechos humanos se pronunció al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación por el caso, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.
"El alcance que tiene esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con que se genere la sanción respectiva y eso puede ser por responsabilidad administrativa, civil o penal", agregó. 
El legislador del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que es momento de que el fiscal Uriel Carmona Gándara pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador perredista Graco Ramírez y a sus ex colaboradores, sino que está para hacer justicia.
"El fiscal tendrá que demostrar si sigue con Graco Ramírez o sí finalmente acepta enjuiciar a estos elementos, pero sobre todo integrar debidamente esa responsabilidad. En nada ayuda al gobierno que se señale que hay impunidad, que hay encubrimiento", manifestó. 

Fue necesario corregir asuntos pendientes que dejó la administración pasada y negociar para evitar demandas.

Preparan denuncia por el egreso de recursos públicos no justificados; hay al menos dos casos en 2016.

Presumen millonario desvío de recursos del fideicomiso creado para reconstrucción tras el sismo de septiembre del 2017.

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

Rescatan 100 millones de pesos para ampliación y equipamiento del Hospital Meana; la obra fue obstruida por la Secretaría de Salud de la administración anterior.

Jojutla.- El proyecto de torre médica de especialidades en el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” de este municipio, para el que había casi 100 millones de pesos, fue saboteado por la administración estatal anterior, por ello no se construyó, pero se pudieron rescatar los recursos, que ahora se invierten en equipamiento y ampliación del inmueble.

Tras un recorrido realizado ayer por el secretario estatal de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, y la diputada local Rosalina Mazari, la legisladora reconoció que hace tres años, cuando fue diputada federal, gestionó 98.5 millones de pesos para construir una torre médica, con áreas de especialidades, pero la anterior secretaria de Salud, Patricia Mora González, obstruyó el proyecto para realizar los trámites necesario y no se materializó.

De hecho, reveló que tanto la secretaria, como el director del Seguro Popular e incluso el director del Hospital Meana, de la pasada administración, aseguraron que no era necesario un hospital de ese nivel en la región sur.

“Esa torre no fue bien vista por el anterior gobierno… Se entorpeció el proyecto, por la mala fe y corrupción que en su momento se generó de la anterior administración. Cuando hay obstruccionismo de un gobierno, que dice que no se haga, la obra no se hace”, comentó.

Sin embargo, dijo que logró salvar el recurso, aunque ya no para el propósito original. Ahora, de esos 98.5 millones de pesos, 21.5 se invertirán en la ampliación del hospital y el resto –66 millones 784 mil pesos– para equipamiento, que de hecho ya se adquirió y está bajo resguardo del nosocomio.

Destacó que en la parte de la ampliación se construirá un área de terapia intensiva, lo que convertirá al Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” en el tercero en el estado que cuenta con esta sala, lo que lo eleva a la categoría de un hospital resolutivo. Además de áreas de consulta y un auditorio nuevo.

El inmueble es actualmente objeto de reconstrucción y ampliación y se espera que se pueda terminar en diciembre de este año.

“Estamos en espera de que se concluya la obra pera que se pueda ir utilizando”, señaló la diputada.

Israel Hernández Cruz se deslinda del exgobernador Graco Ramírez.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, pidió ser juzgado por sus actos y omisiones como ombudsman, y expresó su respeto a quienes cuestionan su nombramiento.

Al realizar el acto protocolario de entrega-recepción del organismo, rechazó haber sido impulsado por el exgobernador Graco Ramírez, y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales para ocupar al cargo, a pesar de que no acreditó experiencia en el tema.

Cuestionado sobre los amparos que presentarán al menos cinco de los 22 aspirantes que compitieron por la presidencia de la comisión, afirmó que respetará las acciones legales que emprendan quienes disientan de la decisión del Congreso del estado sobre su designación, y acatará las resoluciones judiciales que se pronuncien al respecto en el momento oportuno,

Se desmarcó del exmandatario perredista y aseguró que no sólo ejerció como notario, sino que durante su trayectoria profesional laboró en los tres Poderes del Estado, incluso, durante la gestión del gobernador panista Marco Adame, y conoció la actividad administrativa de la entidad, incluyendo –dijo- la defensa de los derechos humanos.

Insistió en que respeta las opiniones que descalifican o desestiman su trayectoria, pero pidió ser juzgado por sus actos y omisiones al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“Respeto todas las posiciones, lo único que pido es que se me juzgue con lo que haga o deje de hacer durante mi trayectoria y en mi paso en esta comisión, y no por apreciaciones subjetivas que se tendrán que demostrar”, recalcó.

Aclaró que es falsa la ficha y orden de aprehensión con el formato de Plataforma México que circula en redes sociales, pues aseguró que fue “fabricada” y difundida hace tres años por una persona que pretendió afectarlo.

Señaló que cubrió los requisitos legales para ser ombudsman y que entre la documentación presentada al Congreso local están las constancias de antecedentes no penales y de no inhabilitación tanto a nivel local como federal.   

Agregó que al tomar las riendas del organismo dará continuidad a lo que ha funcionado, trabajará con las organizaciones civiles e impulsará iniciativas de ley para que haya un buen andamiaje legal para la defensa de los derechos humanos.