Marco Antonio Solís cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentación, documentan; iniciarán denuncia.

Este miércoles será presentada la denuncia formal contra la administración pasada por el presunto desvío de alrededor de 20 millones de pesos que se reportaron como parte del pago al cantante Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, pues el monto erogado supera lo que regularmente cobra el artista por una presentación.

El director de análisis estratégico y asesor de la gubernatura en materia anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez de Ita, detalló que ya suman más de 30 carpetas abiertas por denuncias relacionadas con actos irregulares identificados en el manejo de recursos durante la gestión del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y advirtió que continuarán iniciando procesos, pues paulatinamente se integran los expedientes con elementos que robustecen las demandas.

Refirió que este miércoles será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción un caso más, relacionado con el sobrepago que se hizo con dinero del erario, o que se reportó como tal por la actuación del cantante, ya que aquí se pagaron cerca de 26 millones de pesos.

Marco Antonio Solís -refirió Becerra Chávez- cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentarse en un concierto masivo, como el que se realizó en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec el 6 de diciembre de 2014.

Recordó que de acuerdo con información documental, la empresa “Magnus” era presuntamente contratada como intermediaria en las contrataciones de éste y otros artistas, como Emmanuel, Mijares y el cantante Sting. “Los representantes de esa empresa tendrán que rendir cuentas de porqué cobraba estos sobreprecios… pareciera que el gobierno del estado era tonto en pagar esas cantidades exorbitantes, cuando en el mercado de los cantantes, de los artistas, tienen precios, es un valor que ellos mismos se dan”.

Insistió en que están en la etapa de recopilación de más pruebas sobre los conciertos de los artistas también referidos y en breve entregarán a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias correspondientes.   

Fueron las dos mujeres en las que Graco Ramírez depositó su confianza y les encargó proyectos determinantes para que él pudiera llegar al poder y le cumplieron: Lo hicieron gobernador.

El dirigente estatal dice que el Partido del Sol Azteca superará su crisis.

Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla.

Prestaciones no pagadas en áreas como salud y educación son cercanas a los 900 millones de pesos

El gobierno de Graco Ramírez dejó de pagar el mantenimiento.

El gobierno del estado recuperó el helicóptero que estuvo a punto de ser embargado por falta de pago en la administración pasada. La aeronave llegará a Morelos en dos semanas y será asignada primordialmente a funciones de seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, indicó que la nave se encuentra aún en un hangar del Estado de México y tuvo que ser rearmada porque le faltaban  piezas.

Como se informó en su momento, la actual administración tuvo  conocimiento oportuno de que el helicóptero estaba a punto de ser embargado y por lo tanto se perdería, y unos cuantos días antes de que concluyera la pasada administración, el propio Sanz Rivera hizo algunas gestiones para evitar que se perdiera esa unidad.

 Informó que el costo de reparación será absorbido por la empresa arrendataria, como parte de las condiciones del contrato, que incluye el mantenimiento.

Comentó que los costos del servicio serán similares a los que se otorgan a otras entidades.

El funcionario destacó que la recuperación del multicitado helicóptero tiene importancia porque Morelos sólo cuenta con otra aeronave que fue donada por  el gobierno federal, pero que tiene funciones muy limitadas; el que será regresado a Morelos, tiene capacidad para trasladar personas, y puede operar por la noche; en caso de emergencia tiene varios usos, ya que es más cómodo y más grande.

Recordó que el embargo se originó por la falta de cumplimiento del gobierno de Graco Ramírez con los pagos de mantenimiento durante alrededor de un año.

Quieren evitar que la exsecretaria se dé a la fuga.

El gobierno del estado solicitará que se dicte prisión preventiva para la ex secretaria de Obras Patricia Izquierdo Medina, como medida cautelar, para “evitar la evasión de la justicia” en el proceso relacionado con el presunto manejo irregular de recursos públicos.

El actual titular de la Secretaría de Obras, Fidel Giménez-Valdés Román, expresó lo anterior al destacar que existen al menos 17 expedientes en los que la exfuncionaria estaría involucrada y más de treinta denuncias formuladas por irregularidades que se han identificado en esa materia.

Cabe recordar que recientemente la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que fueron vinculados a proceso los ex secretarios de Obras (Patricia Izquierdo) y de Desarrollo Sustentable (Topiltzin Contreras MacBeath) por el delito de “ejercicio ilícito del servicio público relacionado con la construcción de una planta valorizadora de residuos por la que se pagaron 34 millones de pesos”, ubicada en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada ni se encuentra activa.

Fidel Giménez-Valdés apuntó que en el expediente también se incluyó a un ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, primo del exgobernador Graco Ramírez, entre otros.

Enfatizó que esta es el primero de al menos treinta casos denunciados; el 6 de mayo está programada la audiencia de vinculación a proceso de otra de las denuncias formuladas por esa secretaría.

Apuntó que en el caso de la planta de Jiutepec, se trata de poco más de 34 millones de pesos, pero está pendiente el asunto de otra planta similar en Yautepec por un monto de 12 millones de pesos. Refirió que en la administración pasada se contrató la construcción de un total de seis plantas revalorizadores que fueron pagadas, pero dos de ellas no se terminaron, por lo que habrán de exigir justicia en ese y los demás casos.

Apuntó que además de que esas obras no se terminaron y fueron pagadas, hubo daños ambientales y no se pagó la reparación correspondiente; además consideran que debe actuarse en contra de las empresas cómplices porque “hay sospechas fundadas” de que esos empresarios incurrieron en corrupción al entregar recursos a exfuncionarios.

“Los servidores públicos ¿por qué habrían de pagar por una obra que no se ejecuta? Y en su momento ¿por qué no tomaron alguna acción legal en defensa del patrimonio de Morelos? pues partimos de la duda fundada de que hubo actos de corrupción de estos servidores públicos sometidos a proceso”, subrayó.

El secretario actual adelantó que van a solicitar al juzgado que se dicte como medida cautelar la prisión preventiva, pues existe el riesgo de fuga, dado que hay reiteración de la conducta en cuando menos 17 denuncias en las que está directamente vinculada la exsecretaria “para que no anden por ahí libres burlándose del pueblo de Morelos”.

Aseguró que hay auditoría en la secretaría que preside, por los ejercicios fiscales 2016 y 2017 en un programa de obras dirigido a escuelas, de la cual prevén que habrá más elementos para denunciar a exfuncionarios.

A decir de Fidel Giménez, cuando hay reiteración de conductas y hay vinculación a proceso en varios casos, es procedente que el juez dicte como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que van a insistir en esta decisión en torno a Izquierdo Medina.

Detectan presuntas irregularidades en el manejo de recursos por cuando menos 300 millones de pesos de un supuesto fondo de pensiones.

Rindieron protesta los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante diputados locales, a ocho meses de que fueron designados por la Comisión de Selección. 
Los cinco representantes -Alejandro Enríquez Hermidas, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Esquivel Coránguez- fueron vinculados con el gobierno de Graco Ramírez, ya que la Comisión de Selección (cuyos integrantes fueron electos por la LIII Legislatura) los designó tres días antes de que concluyera la administración pública estatal pasada.
Al respecto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz los exhortó a demostrar con trabajo que son los indicados para ocupar dicha representación ciudadana. 
"Están a prueba, empodérense... quítense, con su trabajo y con resultados, el estigma de haber sido electos en la parte final de un gobierno que nos antecedió y dejó mucho que desear en lo que será precisamente su materia", manifestó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT). 
El Comité se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un comité coordinador y el Sistema de Fiscalización. 
También se revisará el trabajo de las instancias que integran el sistema y de calificarlo, para que se cumpla con el objetivo de abatir la corrupción. 
Por ello se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos en contra de funcionarios o ex servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. 
El Sistema Estatal Anticorrupción por fin podrá operar luego de más de cuatro años de que se creó la primera legislación para su operación. Sin embargo, la integración del comité antes citado ha estado judicializada desde hace tres años. 

El exgobernador pagó con obras la complicidad del dirigente del Nuevo Grupo Sindical.

Bulmaro Hernández Juárez aprovechó con creces su amistad con el hijo del gobernador y ex presidente del PRD Morelos, Rodrigo Gayosso y con Ramírez Garrido Abreu, quien colocó a las huestes del Nuevo Grupo Sindical en las obras realizadas con recursos del estado y de la Federación, la mayor parte de las cuales fueron utilizados para sustraer de manera fraudulenta el presupuesto, como en el caso de la infuncional nueva sede del Congreso de Morelos, que fue asignada directamente a la empresa del sobrino del ex procurador general de la república, Murillo Karam,  “en la no menor suma de 378 millones de pesos”, señaló una de las personas implicadas en la operación.

Rodrigo Gayosso mantuvo mucha cercanía con Bulmaro Hernández, quien en el 2015, consolido su amistad al convertirse en el hombre más cercano de operadores políticos del ex líder del PRD estatal, lo que le permitió lograr la mayor cercanía con el ex secretario de Gobierno y ex candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Jorge Messeguer Guillen, que pese al gasto exorbitante de recursos estatales no logro ganar la contienda electoral, pues fue barrido del escenario por el ídolo nacional Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tres años después sepultó las aspiraciones completas de Gayosso y Hernández Juárez, a pesar de que este último fue el encargado de obstruir y bloquear la administración municipal del ex futbolista, bajo las órdenes de sus dos patrocinadores, el ex gobernador y su hijastro.

El líder del hoy agonizante NGS sumó su huella de corrupción en las grandes obras de infraestructura que anunciaba el anterior gobierno y que al final fueron un fiasco, ya que se pagaron y nunca se completaron o quedaron con graves defectos constructivos, pues en realidad solo se asignaron de manera discrecional fuertes sumas de recursos federales o procedentes de créditos bancarios para la construcción, rehabilitación y compras de bienes inmuebles a empresas de amigos de Rodrigo Gayosso, que hizo normal entregar sumas de 400 millones de pesos, lo que tiene en graves problemas financieros a la entidad.