Martes, 29 Septiembre 2020 05:13

Graco “mató” fondo para computadoras: SNTE

La secretaria general de la Sección 19 busca reactivar esa prestación para los docentes de educación básica.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aportó elementos a la Secretaría de Educación para reactivar el fideicomiso que permite dotar de computadoras a los maestros y que en el gobierno del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu se dejó de cumplir. De acuerdo con los datos recabados, se debió invertir entre dos y medio y tres millones de pesos cada año, pero se desconoce el destino de ese recurso.   

Por otra parte, la dirigente de la Sección 19 de la organización sindical, Gabriela Bañón Estrada, señaló que se ha expuesto a las autoridades estatales su preocupación porque se cumpla oportunamente con el pago de tres meses de aguinaldo a todos los agremiados.  

La lideresa acudió este lunes a la sede del Poder Ejecutivo a un encuentro de trabajo con el secretario de Educación Luis Arturo Cornejo Alatorre.

En entrevista, informó que el comité seccional conformó una comisión para revisar el programa nacional de tecnología, que se creó hace más de diez años. En dicho esquema el gobierno federal aportó una parte de recursos y cada entidad se comprometió a hacer lo mismo para crear un fideicomiso. 

Como resultado de dicho programa, el compromiso fue comprar año con año computadoras que se entregaron a los docentes. Desde el 2009 hasta el 2011 el gobierno panista cumplió con la estrategia y se entregaron equipos a maestros mediante sorteo. 

Pero a la llegada del exmandatario Graco Ramírez Garrido Abreu, se suspendió la distribución de computadoras a los docentes en Morelos. 

Con las condiciones que se han generado por la pandemia de covid-19, el dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas impulsó que tal programa se reactive en todo el país.  

Este asunto ya había sido abordado entre el líder del sindicato y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien mostró interés. “Hoy venimos a darle elementos al secretario de Educación, para que siga la indicación del señor gobernador, porque es una buena cantidad, consideramos que se debe investigar cuánto dinero hay de ese fondo, dónde está el recurso o dónde lo aplicó el gobierno pasado” anotó la sindicalista. 

Bañón Estrada expresó que lo que más le interesa al SNTE es que se reanude el programa; de acuerdo con la información recabada por el comité seccional, se debieron destinar cada año alrededor de 2.5 a tres millones de pesos para la compra y entrega de dichos equipos. 

Aunque ese monto no alcanzaría para dotar a todo el personal docente, se buscaría algún procedimiento para asignar las computadoras de manera transparente a los beneficiados.  

Recordó que en este momento las y los maestros de Morelos y todo México están haciendo grandes esfuerzos por atender a estudiantes de forma virtual y a distancia, de tal manera que el asunto es prioritario y debe ser resuelto con inmediatez.  

En otro orden de ideas, la secretaria general expresó que hay preocupación por el pago oportuno y completo del aguinaldo para todos los afiliados, dado el limitado panorama presupuestal.  

Comentó que a través de la mesa de trabajo que se instaló hace unos días ya se planteó dicha inquietud a la autoridad educativa estatal. Todos los maestros están muy conscientes de las circunstancias financieras, pero insistió en que no son atribuibles al magisterio, que está colaborando con gran empeño para salir adelante de esta crisis de salud y todo lo que esta implica.  

 

 

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El Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra  en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.

Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.

Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017;  la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

 

 

 

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El amparo promovido por el exgobernador no ha sido resuelto de fondo, señala el consejero jurídico del gobierno estatal.

El amparo promovido por el exgobernador Graco Ramírez Garrido respecto a la demanda de juicio político en su contra no ha sido resuelto de fondo, aseveró el Consejero Jurídico del gobierno del estado Samuel Sotelo Salgado. 

El abogado del estado destacó que el asunto ya está en manos del Congreso y el Poder Ejecutivo entregará a la autoridad judicial federal todos los informes correspondientes.  

Refirió que Graco Ramírez a través de sus abogados, presentó alegatos por diversos actos, inicialmente en contra de la demanda de juicio político que presentó el Poder Ejecutivo: “está impugnando prácticamente todo. Será motivo de análisis del juez federal, pero nosotros no encontramos que ninguno de (sus alegatos) esté fundado y creemos que el juicio sí lo está”.  

Expuso como ejemplo que el exgobernador incluso reclama que la multicitada demanda haya sido presentada por el consejero jurídico del gobierno actual, lo que calificó como “ilógico”, ya que la defensa del exgobernador argumenta que sólo ciudadanos particulares podrían iniciar un proceso de esta naturaleza. 

“Es una apreciación totalmente equivocada, imagínense que estuviera vedado a cualquier servidor público la posibilidad de denunciar hechos constitutivos de actos ilícitos que ameriten un juicio político y que sólo los particulares. 

Los abogados, añadió, impugnan el emplazamiento, promueven una nulidad, prácticamente todos los actos que está desplegando el Legislativo. Lo que procede ahora es que las partes deberán rendir sus informes, en este caso la Consejería y la Secretaría de gobierno.  

Sotelo Salgado recordó que un juzgado federal decretó una suspensión provisional (originalmente se la habían negado porque le faltaban algunas copias, que ya entregaron) pero subrayo que “se decreta la suspensión, pero no del procedimiento en sí, el proceso continúa, pero el Congreso está impedido para emitir la resolución correspondiente. Hasta que el juez federal resuelva el amparo sobre todos esos actos… (Graco) está recurriendo a instancias federales tratando de que el procedimiento del juicio político tuviera algún error y pudiera caerse, pero no sé hasta qué punto pudiera lograrlo… creo que sería para efectos de reponer alguna actuación, pero no creo que de fondo pudieran conseguir algo porque nosotros creemos que todos los actos reclamados están bien sustentados”.  

 

 

 

 

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Viernes, 11 Septiembre 2020 05:12

Juez federal concede suspensión a Graco Ramírez

El recurso es únicamente para evitar que el Congreso de Morelos emita sentencia del juicio político iniciado en su contra.

El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional al ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, únicamente para evitar que el Congreso emita sentencia del juicio político iniciado en contra. 

En su demanda de garantías 673/2020, el ex gobernador impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020; y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

En su escrito de amparo,  Ramírez Garrido Abreu  “solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que no se dicte ni se ejecute la resolución final que deba poner fin al juicio político que se sigue en su contra y se mantengan las cosas en el estado en que guardan; además, solicitó que, en todo caso, sin conceder, se continúe con el juicio político pero sin que se dicte resolución definitiva en su contra”. 

En consecuencia, el juez de distrito rechazó otorgar la suspensión en contra de la sustanciación del procedimiento de juicio político, “en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano; sin embargo, sí se podrá conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de ese procedimiento.

 “En tal virtud, la presente medida cautelar provisional se concede únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento del juicio político respectivo en contra del quejoso, hasta antes de que se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre la resolución interlocutoria que se dicte por este juzgado en la audiencia incidental respectiva”.

La medida cautelar provisional se mantendrá hasta que la autoridad judicial federal determine si procede o no conceder la suspensión definitiva.

 

 

 

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Jueves, 10 Septiembre 2020 05:06

Se ampara Graco contra el juicio político

Aunque la representación legal del exmandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente.

El ex gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez Garrido Abreu, promovió un amparo para intentar combatir el juicio político en curso en el Congreso local. 

El Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda de garantías 673/2020, en la que el mandatario estatal impugnó la discusión, aprobación y promulgación del artículo 9 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los sujetos de juicio político a que se refiere esta Ley, serán susceptibles de responsabilidad durante el ejercicio de su encargo y hasta un año después de haberse separado del empleo, cargo o comisión que les fue encomendado, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de la prescripción previsto en la presente Ley”.

Otros de los alegatos incluidos en la demanda de amparo son la presunta prescripción de los plazos para incoar (iniciar) el juicio político y vicios en el procedimiento legislativo.

De acuerdo con el auto de admisión del juzgado federal, no se encontró ninguna causa de improcedencia para dar entrada al juicio de amparo, sin embargo, la autoridad judicial advirtió que en su momento deberá resolver conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones o determinaciones emitidas por el Congreso del Estado en los juicios políticos; pues atento al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 258/2019, en sesión de tres de julio de dos mil diecinueve, el procedimiento de juicio político debe substanciarse conforme a ciertas etapas, reglas y plazos que deben observarse por los órganos encargados de su substanciación, para finalmente estar en aptitud de poder emitir de manera soberana o discrecional la resolución o declaración con la que resuelvan el juicio político -inimpugnables-, por lo que dichas reglas -que se traducen en formalidades esenciales del procedimiento- deben ser acatadas en su integridad y su incumplimiento debe ser susceptible de analizarse por la autoridad judicial (control constitucional). 

“No pasa inadvertido que las violaciones cometidas durante el procedimiento de juicio político pudieran considerarse de naturaleza puramente adjetiva, en contra de las cuales, en términos de la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto; sin embargo, de ser el caso tendría que ser analizado en la sentencia que se emita al final de este procedimiento constitucional”.  

Aunque la representación legal del ex mandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente, debido a que solo se presentaron 12 de los 14 juegos de copias requeridos. Una vez que sean presentadas las dos copias faltantes, se dará trámite y resolverá lo correspondiente a la medida cautelar solicitada.

 

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El Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del exgobernador en el procedimiento.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, sostuvo que el Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del ex gobernador Graco Ramírez, con respecto al juicio político en su contra iniciada por causales de omisión al no haber entregado el presupuesto asignado en el 2019 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).


Sin embargo, sostuvo que desde la presentación de la denuncia por el Poder Ejecutivo, en septiembre del año pasado, se determinó que existen elementos para proceder en contra del ex titular del Ejecutivo y también de los ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.


En entrevista, la legisladora dijo que están a la espera de conocer los alegatos presentados por el ex mandatario contra el juicio político, mismos que fueron entregados por escrito ante el Congreso la semana pasada  y en los que el exgobernador pide la nulidad del procedimiento legislativo, por considerarlo irregular.


Barrera Vázquez aclaró que el procedimiento  de juicio político se inició antes de que asumiera la titularidad de la Junta Política y de Gobierno. Sin embargo, afirmó que en su momento los diputados que integran dicho órgano determinaron que había elementos para su procedencia.


De igual forma, señaló que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado determinó seguir con el caso por considerarlo apegado a la Ley.
En este sentido, indicó que serán los integrantes de dicha comisión que preside el diputado José Casas González los que informarán sobre la comparecencia del ex gobernador y también de los ex secretarios de Hacienda Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, en contra de quienes también se les sigue un juicio por las mismas causales.


Este jueves se prevé que el diputado Casas González informe de los efectos que podría tener en el procedimiento de juicio político el amparo que promovió a su favor Graco Ramírez, el pasado dos de septiembre, ante el Juzgado Cuarto de Distrito y qué procederá después de la comparecencia por escrito del ex mandatario.

 

  

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Miércoles, 09 Septiembre 2020 05:17

Graco se defiende de solicitud de juicio político

Continúa búsqueda de pruebas en procesos contra el exgobernador.

El exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu dio contestación respecto al juicio político promovido en su contra por la actual administración. Así lo informó el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, quien refirió que el exmandatario también entabló un recurso de nulidad en relación con el proceso de notificación.  

El abogado del estado dijo que, hasta donde tiene conocimiento, Ramírez Abreu compareció a través de un escrito y en su respuesta niega la procedencia de dicho juicio, como era de esperarse. 

En la demanda también se señaló a Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna -exsecretarios de Hacienda de la pasada administración-a por el presunto manejo irregular de recursos públicos.  

A decir de Samuel Sotelo, Graco Ramírez podrá presentar sus argumentos, pero el hecho de que haya comparecido quiere decir que el juicio “está caminando”. “Está en su derecho de defenderse… habría que ver si ofrecen pruebas, tendrían que desahogarse; posteriormente la comisión correspondiente deberá hacer el dictamen para que luego sea sometido a la aprobación del pleno”, abundó. 

Explicó que el Congreso deberá analizar jurídicamente lo referente al recurso que interpuso Graco Ramírez en busca de que se declare la nulidad de la notificación de la demanda de juicio político, pero en todo caso, sólo se tendría que reponer esa parte del procedimiento, porque sólo se revisa si este paso se hizo correctamente, ya que no es una cuestión de fondo.  

El gobierno del estado pagará alrededor de 800 mil pesos por la auditoría que se practica respecto al manejo de recursos públicos en la construcción del estadio “Agustín Coruco Díaz” ubicado en Zacatepec. 

El asesor anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez, informó este martes en entrevista que siguen los trabajos del despacho contratado para la revisión a fondo de este asunto, en el que participaron dos empresas constructoras de Puebla.  

Estimó que en un mes podrán contar con el expediente correspondiente. Lo anterior, para iniciar una denuncia por anomalías encontradas en la gestión anterior, según apuntó. 

 

 

 

 

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Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador no han prescrito: Sotelo Salgado.

El Congreso del estado confirmó que no han prescrito los procedimientos de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, así como de sus ex secretarios de Finanzas,  Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, por su omisión en la entrega del presupuesto 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).


El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que a partir de esta semana se retomaron los procedimientos, que fueron detenidos a consecuencia de la emergencia sanitaria.
En rueda de prensa, el legislador hizo público el video en el que se confirma que el pasado lunes 17 de agosto fue notificado en su domicilio el ex mandatario perredista y una fotografía en la que se muestra que el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna recibió personalmente la documentación que le confirma el juicio en su contra.


En el caso de la ex secretaria Adriana Flores Garza no pudo ser notificada, a causa del cambio de su domicilio.
Las demandas de juicio político fueron promovidas por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2019, ante la omisión de ministrar (entregar)  los recursos del presupuesto 2018 que le correspondían al Impepac y a la FGE.
El legislador sin partido explicó que los ex funcionarios tienen 15 días para responder a las demandas y presentar las pruebas a su favor, ya sea personalmente o por medio de su representante legal. De lo contrario perderán ese derecho y continuará el juicio con los elementos aportados por el Ejecutivo.


Adelantó que tendrá que ser en el próximo período ordinario de sesiones cuando el Congreso resuelva los juicios y determine si son procedentes para ser turnados al Poder Judicial del estado, para la posible inhabilitación y el inicio de una acción penal en contra de Graco Ramírez y los ex secretarios de Finanzas.

 

POR PANDEMIA SE SUSPENDIERON TÉRMINOS DE PROCESOS LEGALES: SOTELO

Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no han prescrito, aseguró el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, quien recordó que, además, durante la pandemia se suspendieron los términos de procesos legales.  

En entrevista este miércoles, el representante legal del Poder Ejecutivo expresó que la notificación que se hizo al exmandatario en su domicilio recientemente es parte del proceso que debe seguir el Congreso local y la norma establece que los demandados tendrán que contestar a través de sus abogados o por ellos mismos, ante la comisión instructora, en este caso, la de Gobernación y Gran Jurado.   

El siguiente paso, abundó, es que se elabore el proyecto de dictamen para que sea sometido a votación del Pleno legislativo. “Lo que el Ejecutivo hizo en su momento fue presentar la demanda con las pruebas que sustentaban esa demanda y fue ratificada. Ya lo demás está en manos del Congreso del estado”.  

Cuestionado sobre la posibilidad de que los delitos señalados prescriban (es decir que haya pasado el tiempo legal para que una persona sea acusada por ciertas conductas ilícitas) el abogado aseguró que no han prescrito. 

Recordó que además los términos procesales se suspendieron de manera generalizada por el propio Congreso debido a la pandemia, de tal suerte que descartó por completo esa posibilidad.  

Samuel Sotelo afirmó que ya se analizaron los requisitos judiciales y por ello es por lo que el Legislativo dio entrada a la demanda. Lo que sigue, añadió, es que los diputados tendrían que analizar todos los elementos que sustentan la promoción del juicio político.  

Cabe recordar que desde septiembre del 2018, en representación del Poder Ejecutivo estatal, el titular de la Consejería Jurídica  acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y ex funcionarios de la administración del periodo 2012-2018.


La petición, según lo dio a conocer en su momento la administración del actual gobernador  Cuauhtémoc Blanco Bravo, documenta la omisión en la entrega de recursos hacia dos organismos autónomos estatales -la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)- en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.


Además del ex gobernador, en las dos demandas existentes por diversos hechos, se señala a los ex titulares de las secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.
De acuerdo con los argumentos de la Consejería Jurídica, los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
Samuel Sotelo recordó que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones por responsabilidad administrativa, incluso de tipo penal. 

 

 

 

 

 

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Presentarán denuncia por el mal uso de los recursos del programas de uniformes escolares.

El gobierno del estado identificó anomalías en el manejo de recursos del programa de uniformes escolares, al que se destinaron alrededor de 60 millones de pesos. En breve será presentada la denuncia formal contra ex funcionarios de ramo de educación de la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.  

El asesor anticorrupción de la oficina de la gubernatura Gerardo Becerra Chávez de Ita, informó que como resultado de la auditoría practicada al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) se identificaron diversas anomalías, entre ellas que no se aplicaron los recursos que habían sido etiquetados para dicho concepto, por un monto de entre 60 y 70 millones de pesos.  

La denuncia de hechos se formulará de nueva cuenta ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, pues encontraron “desvío de recursos, sobreprecios, falta de licitación, asignación directa de contratos sin los protocolos correspondientes” entre otras anomalías.  

Chávez de Ita comentó que cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo expresó que el gobierno estatal recurrirá a la Federación, se refería a la denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra más que están por iniciar “otras personas que tiene que ver con la compra de algunos bienes inmuebles por parte de gente cercana al exgobernador”.  

Destacó que la segunda se refiere a la que se ha dado a conocer por un posible desvío de más de 400 millones de pesos: “ es una muy importante que presentamos desde mi oficina por el posible desvío de 400 millones de pesos de empresas fantasmas, muy parecido al esquema que se dio con el ex gobernador (de Veracruz) Javier Duarte, donde están involucradas también gentes muy cercanas y muy allegadas a lo que fue la conducción de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado”.  

A decir del funcionario estatal, algunas de las más de 60 denuncias que se han iniciado en la Fiscalía estatal podrían ser atraídas por la FGR conforme al derecho que tiene el gobierno actual como denunciante.  

 

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En Morelos hay un padrón de 22 mil militantes, asegura la dirigencia estatal; presentan a nuevo comité ejecutivo.

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que ha perdido más de 70 mil militantes en Morelos desde las elecciones del 2018.


Tras presentar a los integrantes del Comité Ejecutivo estatal, electo por Consejo el sábado pasado, la nueva dirigente del Sol Azteca, Cristina Balderas Aragón, informó que actualmente 22 mil militantes se encuentran con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de los más de 100 mil que tenían hasta antes del fracaso que tuvo su partido en las elecciones del 2018.
No obstante, afirmó que el PRD tiene una estructura firme y está listo para las elecciones del 2021.


Por ello, convocó a la ciudadanía en general a sumarse al PRD, al igual que buscará alianzas con otros partidos políticos.


Con respecto al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, Balderas Aragón dijo desconocer si aún conserva su militancia en el PRD, a diferencia de su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda, que participó en el Consejo Estatal del sábado pasado.
La dirigente del Sol Azteca afirmó también que pese al descrédito por el gobierno de Ramírez Garrido Abreu, la actual administración no le ha podido aprobar ninguna acusación, por lo que insistió en que "quien acusa está obligado a probar".

 

 

 

 

   

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