Se presentaron cinco denuncias más contra quienes integraron el anterior gobierno.

Inician más denuncias en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, algunos de sus familiares y cerca de 20 ex servidores públicos. Autoridades actuales acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado al identificar la posible comisión de varios delitos, que van desde manejo indebido de recursos públicos hasta homicidio.

Al mediodía de este miércoles se llevó a cabo la presentación de un total de cinco denuncias, con las que suman alrededor de 40, formuladas por anomalías presuntamente cometidas en el sexenio anterior.

Uso indebido de recursos públicos, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y posible homicidio son algunos de los delitos que se podrían configurar de las citadas denuncias.

Acudieron el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado; el asesor Anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita, y los secretarios de Desarrollo Económico y Trabajo, Cecilia Rodríguez González; de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia; de Desarrollo Sustentable, Jesús Maldonado Krinis, y de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba.

Sanz Rivera precisó que se entregaron expedientes relacionados con irregularidades en las que están implicadas dos empresas, denominadas “Berso Edificaciones S.A. de C.V.” y “Tekarq S.A. de C.V.”, así como el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y los exfuncionarios y empresarios Patricia Izquierdo Medina, Sergio Arturo Beltrán Toto, Víctor Manuel Escobar Lagunas, Jorge Alberto Orihuela, Juan Carlos Valencia Vargas, Javier Aranda Baltazar, Sergio Soto Cámara, Jerónimo Bernal Soliveras, Gerónimo Barragán, Elsa Gabriela Dávila Iragorri, Cinthia Román Moreno y Salvador Bernal Cela. En este caso, se señalan anomalías en la asignación de obras y recursos de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Obras Públicas y del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El monto estimado es de 125 millones de pesos.

Las demás denuncias están relacionadas con recursos de programas como el Servicio Nacional de Empleo, por un quebranto de millón y medio de pesos; del Jardín Borda, por alrededor de cinco millones de pesos; una planta de revalorización (separación de basura) en Xochitepec, por aproximadamente 33 millones de pesos, y la distribución de fertilizantes, por 30 millones de pesos.

El asesor en materia de anticorrupción Becerra Chávez dijo que la Fiscalía Anticorrupción deberá investigar y determinar si se configura y está relacionado el homicidio “de un muy querido empresario, ocurrido hace un par de años”. Mencionó que podrían estar implicados el exgobernador Graco Ramírez y aproximadamente 20 personas más, entre exfuncionarios, familiares y empresarios o representantes de empresas. “Se habla en esta denuncia de hechos de la posible participación de personajes como el propio exgobernador Graco Ramírez; el señor Jerónimo Bernal Soliveras, quien era director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo; su esposa, Gabriela Dávila Iragorri, quien fue jefa de eventos en el gobierno de Graco Ramírez; el papá de este señor, y su esposa, de nombre Cinthia Eliza Román Moreno. Creo que esta denuncia es de suyo con un bagaje jurídico muy importante, donde les adelanto, no puedo hablar más. Inclusive, se está denunciando la posibilidad de un homicidio. Les pido por favor que tengamos mesura, pero sí creo que esta denuncia, en forma general, está sumamente muy bien sustentada y ya será través del consejero jurídico y que se deslinden de este homicidio que se pudo haber dado y que lo veo directamente la Fiscalía General del Estado”.

El consejero apuntó que se observó triangulación en operaciones para disposición de recursos vinculados con particulares y empresas; el monto global del presunto quebranto ascendería a alrededor de 200 millones de pesos, por las cinco denuncias.

En total, son cerca de 40 las que ya formuladas ante la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales se han judicializado alrededor de cinco.

 

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Varios secretarios del gobierno anterior y empleados de alto nivel contrataron créditos hipotecarios para adquirir viviendas pero pidieron una prórroga “por desempleo” y dejaron de cubrir el adeudo.

El gobierno del estado enfrenta complicaciones financieras superiores a los 10 mil millones de pesos en pasivos (deudas) bancarios y no bancarios que fueron heredados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, informó el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, durante su comparecencia ante el Congreso del estado. 
Este miércoles tocó el turno al secretario de Hacienda de comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes admitió que la situación financiera del gobierno estatal es complicada por todos los compromisos heredados y la mínima recaudación estatal que se registra, del cuatro por ciento de los más de 21 mil millones de pesos que ejerce como presupuesto anual. 
Refirió que el Congreso del estado también enfrenta una situación complicada, pues el 25 por ciento de los 468 millones de pesos que ejercerá como presupuesto este año, se destinarán al pago de la deuda heredada por la LIII Legislatura, que fue de aproximadamente 100 millones de pesos; 28 millones se deben al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado. 
A propósito del Instituto de Crédito, la titular, Sol Urióstegui Alvear, informó durante la comparecencia que se presentaron dos denuncias en contra del exgobernador Graco Ramírez por el crédito que tramitó ante el organismo por alrededor de medio millón de pesos. La funcionaria detalló que pese a las acciones penales en contra del exmandatario, éste ha pagado puntualmente la deuda. 
De igual forma, Urióstegui Alvear confirmó que 13 de los créditos hipotecarios que exintegrantes del gobierno que encabezó Graco Ramírez contrataron para adquirir una vivienda del complejo habitacional Las Ventanas, se encuentran en morosidad, ya que cuatro exsecretarios de despacho y otros exfuncionarios de rango dejaron de pagar su deuda desde octubre pasado. 
La funcionaria explicó que los ex servidores públicos pidieron una prórroga de seis meses por desempleo, y si en los próximos dos meses no empiezan a pagar, el instituto procederá a la recuperación del inmueble e iniciará procedimientos administrativos y civiles en contra. 
El secretario de Hacienda, Villarreal Gasca, garantizó a los legisladores que atienden la crisis de la Fiscalía General del Estado que se originó a raíz de la reforma que aprobó la pasada legislatura y que le otorgó autonomía financiera. 
Sostuvo que el problema no sólo es el adeudo que el Ejecutivo tiene con la Fiscalía, sino las afectaciones laborales de los trabajadores, que perdieron parte de sus derechos laborales con dicha autonomía. 
Aseguró también que se da seguimiento a la situación financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para garantizar que no haya crisis, como las que se registraron el año pasado. 

 

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Así lo determinó un juez de distrito, que culpa a la fiscalía anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción recibió otro revés de la justicia federal, que confirmó el amparo concedido al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, y ordenó al juez de control revocar el auto de vinculación a proceso dictado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Luego de que el juez cuarto de distrito concedió el amparo y la Fiscalía Anticorrupción impugnó la sentencia, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del decimoctavo distrito resolvió el 8 de febrero confirmar la protección de la justicia federal a Vera Jiménez, actual director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y su cónyuge María Elena Ávila Guerrero, contra la vinculación a proceso dictada el 13 de diciembre de 2017 por el juez Eddie Sandoval Lomé.

El abogado de ambos imputados, Sergio Parra González, explicó que el tribunal colegiado confirmó el amparo porque “las pruebas que se obtuvieron por parte de la fiscalía para imputarles ese delito están consideradas como ilícitas y no se valida toda la información financiera que obtuvieron (la fiscalía anticorrupción) de manera ilegal y esto va a provocar que el juez de control, en cumplimiento de esa ejecutoria, tenga que dictar un auto de no vinculación a proceso en su favor”.

Señaló que la resolución de la justicia federal fue clara y explícita respecto a que los documentos financieros presentados como pruebas ante el juez de control, incluyendo cuentas bancarias personales del ex rector, carecen de valor jurídico por haberse obtenido de forma ilegal, “porque toda esa información tuvo que estar sujeta a control judicial y no respetó esa normatividad la fiscalía”.

Es decir, dijo, la fiscalía violentó los artículos 117 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se establece que, para no violar derechos fundamentales respecto a los imputados, tiene que validarse esa información financiera a través de una autorización judicial expedida por un juez de control, y por esa razón la justicia federal otorgó el amparo.

Por cuanto al proceso judicial por el presunto de peculado, impulsado por el ex gobernador Graco Ramírez contra Vera Jiménez, señaló que la justicia federal le negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero la impugnación ante un tribunal colegiado está en curso.

 

 

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Miércoles, 06 Febrero 2019 05:19

Graco dejó vehículos oficiales chatarra

El 70 por ciento del parque vehicular del gobierno del estado está en malas condiciones.

El parque vehicular del gobierno del estado es de alrededor de 700 unidades, pero el 70 por ciento se encuentra en malas condiciones y al menos 70 están en calidad de “chatarra”.

Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Administración, señaló que se lleva a cabo una revisión de los vehículos para conocer con mayor detalle cuáles son los requerimientos para comenzar la renovación. Estimó que este proceso podría iniciar en marzo.

La funcionaria estatal indicó que no ha sido posible realizar una licitación para cambiar dichas unidades, pues no ha sido aprobado el presupuesto de 2019 y se heredó un parque vehicular en muy malas condiciones.

Tampoco se han firmado los convenios de arrendamiento de vehículos que serán utilizados para seguridad pública, como patrullas. De hecho, apuntó que desde hace diez años no ha habido renovación.

En cuanto a camionetas y coches blindados que se usaron en la administración pasada, como los que usaba el gobernador, entre otros, Zavala Zúñiga refirió que están en resguardo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y esa instancia determinará qué funcionarios tendrán vehículos de esa naturaleza. En el caso de la camioneta que utilizaba el fiscal general de justicia, recordó que la Fiscalía ahora es un ente autónomo, por lo que no precisó el paradero del vehículo.

Recordó que la mayoría de esas unidades se contrataron por la administración pasada bajo el esquema de arrendamiento, y a la llegada de la actual gestión los convenios ya estaban cerrados o concluidos, por lo tanto habrían sido devueltos, y comentó que prácticamente ya no los hay en el patrimonio del estado.

Zavala Zúñiga aseguró que por indicaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ningún funcionario actual caerá en los excesos de la pasada administración.

 

 

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El presidente de la Mesa Directiva del Congreso dice que se buscan los consensos de sus homólogos para desahogar el tema en el segundo periodo de sesiones, que inicia el viernes.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que cumplirán con sus compromisos y anularán las "pensiones doradas" que se otorgaron a exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, así como las reformas "a modo" que aprobó la LIII Legislatura.
A unas horas de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) admitió que son muchos los pendientes que deben atender durante los próximos meses, principalmente, dar marcha atrás a los abusos de los exlegisladores y de la administración estatal anterior. 
"Tenemos que resolver pendientes que interesan a la ciudadanía y dejar a un lado los intereses personales... Sin duda tenemos varios pendientes que dejaron muy lastimada a nuestra legislatura y que seguimos pagando las consecuencias, como las pensiones doradas que encontramos una lista importante, de las responsabilidades que puedan tener los funcionarios que ya se fueron y, sobre todo, los temas legislativos, porque hay leyes que se hicieron a modo, se hicieron a la necesidad de unos personajes en particular", declaró. 
El legislador dijo que se preparan "contrarreformas" que no afecten a la sociedad y que tampoco satisfagan intereses particulares o de grupo. 
Afirmó que busca los consensos de sus homólogos para desahogar los temas durante el segundo periodo ordinario en el que, aseguró, permanecerá aún como presidente de la Mesa Directiva. 

 

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Reitera trabajo coordinado con las instituciones de justicia, a favor de la ciudadanía.

El Gobierno de Morelos instaló una mesa técnica con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la que juntos buscan solución inmediata a la deuda que heredó la administración del exgobernador Graco Ramírez.
El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, mantuvo a la par una reunión con el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, y Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción.
Sanz Rivera señaló que en el segundo semestre de 2018, la pasada administración asignó una ampliación presupuestal a la Fiscalía General, pero en ningún momento se realizó el pago.
Afirmó que por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se realizará un gran esfuerzo económico por parte de la Secretaría de Hacienda, y en la mesa técnica -a cargo de la Secretaría de Gobierno- será donde se defina el calendario de pago, así como el monto exacto de la deuda, debido a que las cifras de las fiscalías y la del Ejecutivo estatal son diferentes.
Por su parte, Uriel Carmona descartó que la dependencia a su cargo esté paralizada por motivo de la deuda a los trabajadores, quienes –comentó- realizaron una huelga “simbólica” en demanda de sus derechos.
Es así como el Gobierno de Morelos reitera el compromiso de trabajar en coordinación con las instituciones encargadas de administrar la justicia y ratifica el respeto absoluto a su autonomía.

 

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A pesar de que el Congreso la aprobó, el organismo nunca recibió los recursos que ahora reclama; analizarán con la Secretaría de Hacienda la forma de obtenerlos.

El Ejecutivo estatal acordó con los titulares de las Fiscalías General y Anticorrupción revisar las cuentas y adeudos heredados de la administración pasada, pues se autorizó una ampliación presupuestal que nunca fue cumplida.

José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, indicó que para el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo es de suma importancia la seguridad y por ende la procuración de justicia.

Por ello, dio instrucciones para atender la demanda de los trabajadores de servicios periciales, que este martes cumplieron dos días en paro parcial de labores.

Acompañado por los fiscales Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, el funcionario dio a conocer en entrevista que se decidió celebrar una mesa de trabajo de carácter técnico en la Secretaría de Hacienda, para analizar a detalle los adeudos por pagar, para cruzar la información, ya que las cifras no coinciden.

Destacó que la mayor parte de esos recursos pendientes son herencia de la administración pasada, en virtud de que se autorizó una ampliación presupuestal desde junio del 2018, pero que no se cumplió por parte del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.  

El fiscal dijo que el diálogo con el gobernador fue muy productivo, por lo que hay avances en la revisión del presupuesto y de proyectos que se requieren para atender la demanda de servicio, así como la petición de los trabajadores de aumento de salarios y materiales.

Sanz Rivera informó que de la mesa técnica saldrá un calendario de pagos y estimó que para la próxima semana podrían salir los primeros, una vez que “cuadren” las cantidades, conforme a las participaciones y posibilidad que tenga el Ejecutivo, porque la gestión anterior no dejó el recurso: “Le dieron autonomía a la Fiscalía, autorizaron  una ampliación presupuestal con mucho dinero, pero no entregaron el dinero… estamos tratando sólo con el fiscal general y con el fiscal anticorrupción los temas de los adeudos de acuerdo con el presupuesto del 2018”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura explicó que hay un tema de registro patronal, por lo que la nómina se maneja en el Poder Ejecutivo, pero se avanzará en aspectos administrativos, para determinar si hay transferencia de esas funciones o no. Apuntó que la FGE tiene razón en cuanto a que se le adeudan recursos, pero no se ha determinado el monto y del análisis de la Secretaría de Hacienda se analizarán alternativas sobre cómo o de qué rubro saldrá ese dinero.

 

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El presidente de la agrupación Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, dijo que es necesaria una mejora en la infraestructura vial de la zona metropolitana del estado.
Sostuvo que la administración estatal pasada se comprometió a mejorar las vialidades y a mejorar los paraderos de las "rutas", sin embargo, nunca se cumplió y estos espacios se encuentran en muy malas condiciones.
Informó que en la primera mesa de trabajo que tuvieron como líderes de Rutas Unidas con autoridades del gobierno estatal, se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y construir nueva que garantice menos problemas de tránsito en Cuernavaca y el resto de los municipios de la zona conurbada.
En el 2012 agrupaciones de transportistas como la Coalición de la Alianza de Transportistas presentó un proyecto al gobierno estatal, que encabezó Graco Ramírez, para construir y reubicar los paraderos de las rutas, evitando problemas de tránsito vehicular, pero nunca se concretó. 
También se planteó una modificación en el itinerario de las líneas del transporte colectivo, que nunca se atendió por el gobierno estatal. 

 

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Se confirmó que los decretos que favorecen a exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez son ilegales: Rodríguez Ruiz.

En una semana, la mayoría de las "pensiones doradas" que fueron aprobadas por la LIII Legislatura a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, y de esposas de exlegisladores, serán abrogadas, afirmó la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que después de una investigación que duró más de tres meses, se confirmó que los decretos pensionarios fueron aprobados de manera ilegal.
"Un porcentaje muy alto trabajaba en Puente de Ixtla. Mandamos a hacer una investigación en Puente de Ixtla y un porcentaje altísimo tenía documentos de Puente de Ixtla", señaló. 
Explicó que –curiosamente- una gran mayoría de los trabajadores que se jubilaron con pensiones onerosas trabajaron en algún momento en el ayuntamiento de Puente de Ixtla, y así lo comprobaron con actas del mismo gobierno municipal.
Refirió que esa y otras irregularidades sustentarán la determinación que ha tomado el Congreso local de abrogar las "pensiones doradas" que autorizó la LIII Legislatura. 
La lista de los decretos pensionarios la integran: Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).
También se encuentran Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

 

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El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, contra cualquier orden de presentación, detención o aprehensión.

De acuerdo con la resolución publicada en los estrados del Poder Judicial de la Federación, la exfuncionaria durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, en diciembre pasado inició el juicio de amparo 2035/2018 en contra de actos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que la actual administración estatal promovió una cascada de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del erario, asignación de contratos y ejecución de obras.

Aun cuando el pasado 12 de diciembre el juez federal le otorgó la suspensión provisional con el pago de una garantía de ocho mil pesos, recientemente las partes fueron notificadas de la negativa de la suspensión definitiva contra actos del fiscal anticorrupción del Estado de Morelos y otras autoridades.

Por el momento, la fiscalía anticorrupción mantiene sigilo sobre el curso de la integración de varias carpetas de investigación iniciadas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para investigar presuntos irregularidades durante la gestión de su antecesor. 

 

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