Hay dudas en el pago como conferencistas para el expresidente español Felipe González; el astronauta Rodolfo Neri Vela y la cantante Julieta Venegas.

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*En la administración de Graco Ramírez*

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Las instalaciones de ese inmueble quedaron a cargo de la fiscalía anticorrupción a causa de una denuncia contra quien fue titular de la Sedagro en el sexenio de Graco Ramírez.

Miacatlán.- En el campo “El Llano”, que se ubica en la zona de la pequeña propiedad de este municipio, hay al menos cuatro inmuebles de proyectos de gobiernos estatales pasados que han quedado en el abandono, incluido el rastro TIF, que nunca funcionó y que esperan que sea retomado, señaló Albino Franco Escobar, representante en Morelos del Sistema Producto Maíz.

Lo anterior fue expresado luego de que se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tomó las instalaciones del rastro Tipo Inspección Federal (TIF), derivado de la denuncia por el delito de ejercicio ilícito de servicio público y peculado, en contra de Roberto “N”, quien estuviera a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en la administración de Graco Ramírez.

Franco Escobar señaló que es lamentable que otra vez recursos públicos vayan a parar “como a la basura. Precisamente en el campo de ‘El Llano’, en la pequeña propiedad que tiene Miacatlán, el gobierno de Morelos tiene más de 20 hectáreas, en las cuales se han hecho distintas obras, y pareciera ser que ahí está destinado para un panteón de obras públicas (…). Hay una aceitera, un condominio lechero, un biocentro para producir plantas y ahora uno más que se incorpora a esa lista, el rastro TIF, que se agrega a la lista de obras de aplicación no eficiente del recurso público”, dijo.

Francos Escobar agregó que esta situación perjudica en la imagen que se refleja de la eficiencia que tienen los gobiernos del uso de los recursos públicos, en este caso del sexenio anterior. “Se habla de que se busca que se recupere por parte de la Sedagro. Eso esperamos para que se ponga en funcionamiento y sea de verdadero beneficio para el sector”, dijo.

El representante del Sistema Producto Maíz en Morelos mencionó que “era una obra buena” y que daría vida a la región para que los engordadores de ganado tuvieran acceso a este servicio bajo las normas sanitarias que se exigen en el mercado; sin embargo, no se cumplió con el objetivo planteado por parte del gobierno anterior. “Para nosotros es una obra parada y que al rato será desmantelada por los amantes de lo ajeno. Dicen que se vigilará, pero así ha pasado con el resto de la infraestructura que existe en este campo”, añadió.

“Son recursos que si hubieran llegado al campo de otra manera, se hubieran aprovechado mejor. Reitero que esa obra no era mala, sino más bien, mal proyecta”, insistió.

Destacó que es una cadena entre los productores, ya que los engordadores de ganado consumen grano y con ello se favorecía a los productores del campo, pero todo quedó en proyecto y discurso y sólo fue una obra de relumbrón que no dio beneficio al estado, ni mucho menos a la región.

Recordó que en la región se tienen “mataderos”, espacios adaptados para el sacrificio de ganado que no cuentan con las normas sanitarias correspondientes. “Por lo que era un proyecto muy bueno que no cumplió su finalidad, esperando que con esta administración estatal se pueda retomar y no quede en abandono la infraestructura”, concluyó.

 

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El gobierno estatal prepara nueva denuncia penal.

El gobierno del estado prepara una nueva denuncia penal contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez Garrido en la Secretaría de Hacienda, pues se identificó que algunos de esos personajes siguieron firmando cheques de cuentas oficiales después de haber dejado el cargo.

El Consejero Jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, reveló que se detectó que ex funcionarios de la gestión pasada incurrieron en delitos al disponer del erario mediante movimientos bancarios, pese a que ya habían dejado de ser servidores en esa área.

El monto del manejo irregular de recursos implica varios millones de pesos, pero la cifra aún está pendiente, ya que siguen las indagatorias, en particular la recopilación de pruebas documentales.

Sotelo Salgado anticipó que hubo quienes siguieron firmando cheques a pesar de que ya no tenían facultades para hacerlo. “Es delicada la situación porque tú no puedes dejar de ser funcionario público y seguir firmando cheques” expresó, al advertir que se podrían configurar diversos delitos por estos hechos y se tendrán que deslindar responsabilidades en diferentes niveles, ya sea por acción o por omisión.

Comentó que el equipo actual sigue trabajando en la transparencia de la administración y encontrando anomalías de sus antecesores.

Recordó que, en este momento por la contingencia sanitaria están detenidos los procesos judiciales y por ende los términos y el avance de las carpetas de investigación.

 

 

 

   

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Dice que el exgobernador debe ser castigado por las múltiples irregularidades cometidas.

El empresario y fundador en Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Iragorri Montoya, aseveró que la fiscalía  estatal protege al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien no ha sido castigado por las múltiples irregularidades cometidas en su gestión.

Sostuvo que hasta la fecha el exmandatario no ha respondido ante las anomalías cometidas en su administración, por la protección de quienes ahora están a cargo de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Iragorri Montoya señaló a la fiscalía:  “debe su posición a Graco Ramírez, está defendiendo sus intereses, ocultando las pruebas que existen que son más que suficientes para meterlo a la cárcel”.

 De igual manera el también excandidato a la gubernatura sostuvo que hay omisión por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción: “Juan Salazar Núñez, que es otra emanación de las políticas sucias, corruptas, de Graco Ramírez. Lamentablemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia está en las mismas circunstancias”.

Raúl Iragorri expresó este viernes su apoyo al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Expresó que la inactividad por parte de quienes hoy encabezan la FGE y el TSJ ha causado desconfianza en la población.

“La idea es ayudar en la medida de lo posible para que el licenciado Arenas llegue a ser presidente del Tribunal y esto nos permita rescatar la credibilidad del pueblo en la justicia del Estado de Morelos”, añadió.

 

 

 

 

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Viernes, 20 Marzo 2020 05:15

Roberto Coranguez se dice perseguido

Acusa al fiscal anticorrupción de utilizar esa posición para revanchismos políticos.

Roberto Coranguez Esquivel, quien se ostenta como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), retó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y lo acusó de abusar de su posición para emprender una persecución política en su contra.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa en la que denunció la supuesta desaparición de Edgar López Betanzos, integrante del CPC-SEA, y con quien promovió una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA y dos miembros del CPC, por supuestamente haberlo relevado ilegalmente de su cargo de presidente y permitido que Penélope Picazo Hernández asumiera la presidente del órgano ciudadano, pese a que eso significaba usurpar funciones.

Más tarde, la propia Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta desaparición, pero que López Betanzos había sido localizado en su domicilio.

Coranguez Esquivel acusó que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, “hace foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de los ciudadanos y la gente honesta”.

Y lo retó: “No podemos seguir tolerando esta terrible persecución de Juan Salazar y sus compinches, que ya sabemos quiénes son. Ya estamos cansados. Ya estamos hasta la madre de este fiscal, se tiene que ir porque se tiene que ir.

“Y aquí estoy, que me venga a detener, a ver si tiene los pantalones para venirme a detener. Sigo siendo el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. No he sido separado y no me he ausentado nunca. Que compruebe el señor que me he ausentado de mi cargo y que yo no soy”.

Afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente instalado, pero hay personajes ligados al exgobernador Graco Ramírez, como el propio Salazar Núñez, y otros funcionarios que buscan obstaculizar investigaciones contra exservidores de la anterior administración.

Acusó a Penélope Picazo Hernández de usurpar funciones al ostentarse como presidente del CPC-SEA, e insistió en que es ella a quien se tiene que investigar y fincar responsabilidades.

La fiscalía anticorrupción no fijó postura al respecto y sostuvo que no puede dar información sobre si existe o no alguna investigación en torno a Roberto Coranguez Esquivel.

 

 

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Laboraban en áreas como obras públicas, educación, turismo e, incluso, en la Contraloría del estado.

Por faltas administrativas graves durante su ejercicio, 13 exfuncionarios de la administración de Graco Ramirez fueron sancionados administrativamente y dos inhabilitados por la Secretaría de la Contraloría del estado.
Dicha dependencia estatal inició, desde el 2018, diversas investigaciones en áreas como la Secretaría de Obras Públicas, Educación, Turismo e, incluso, en la Contraloría del estado, ante la sospecha de que se cometieron anomalías, por lo que 600 ex servidores públicos más siguen bajo proceso.
Lo anterior lo confirmó el contralor del estado, Cesar Santana Nava, quien refirió que se ha procedido ya con los primeros ex servidores públicos a los que se les comprobó que violaron la ley.
"Dentro de las 13 sanciones, tenemos dos inhabilitaciones, algunas destituciones y una multa. Son faltas administrativas relacionadas con algún bien inmueble, alguna falta de observación en algún lineamiento, regla o ley”, explicó.
Se trata de exfuncionarios cuyo cargo era menor, como jefes de departamento, subdirectores y directores de área, que trabajaban en la Secretaría de Educación,  de Turismo, Obras Públicas y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
Señaló que en los casos mucho más graves, en los que se confirme la posible comisión de algún delito, se presentarán denuncias, una vez que concluyan las investigaciones.
Es que reveló que en la Contraloría del estado se detuvieron las auditorías que por ley deben aplicarse, con el fin de que no se detectaran posibles irregularidades, lo que también obligó a que se retrasara el trabajo de investigación en la actual administración estatal.

 

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La Secretaría de la Controlaría del estado detectó graves irregularidades en más del 50 del padrón de beneficiarios del proceso de regularización de taxis del año 2014, que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

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El gobierno estatal inició la querella ante la SEIDO en contra de varios funcionarios de la administración pasada.

El Gobierno de Morelos inició una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de varios funcionarios de la administración pasada, por incurrir en un presunto desvío de más de 400 millones de pesos, presuntamente a través de catorce “empresas fantasmas".

Entre los exservidores públicos señalados se encuentran personas que en la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ocuparon los puestos de secretario de Hacienda, de subsecretario de Ingresos (presupuesto) y dos de tesorero.

Al respecto, el asesor Anticorrupción estatal, Gerardo Becerra Chávez Ita, indicó que se identificó que se habría tejido una red de delincuencia organizada, al tiempo de referir que entre las irregularidades detectadas se encuentra la compra de 70 millones de pesos en papelería a una empresa inexistente.

El funcionario no quiso dar nombres específicos, al destacar que se señala como probables responsables a dichos servidores pues eran los directamente encargados del manejo del erario.

“Por las investigaciones que realizamos, todo parece indicar que las compras que se hicieron aparentemente son difíciles de comprobar, son cuestiones irregulares”, mencionó. al referir que la actual gestión tardó en conformar el expediente y presentar dicha denuncia porque había muchos cabos sueltos.

Consideró que ahora ya se encontraron los elementos necesarios y la denuncia es sólida

Refirió como ejemplo de las anomalías, la compra a una sola empresa de 77 millones de pesos de papelería, u otra a la que se prepagaron casi 35 millones de pesos “por cursos”.

Becerra Chávez comentó que la denuncia se presentó ante la Seido porque el tipo de delito tiene que ver con actos de delincuencia organizada. “Se dio aparentemente un sistema en el que se usaron empresas fantasmas y cuando fuimos a ver no existían, es un esquema similar el que usó Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz”.

Este asunto no fue presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, sólo se presentó ante la Seido.

Recordó que en la administración pasada se creó una oficina de adquisiciones, que presuntamente servía para realizar dichos egresos del erario a través de las empresas inexistentes.

Añadió que seguirán el proceso hasta la última instancia, y si el siguiente paso es la ratificación, así se hará.

 

 

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Miércoles, 12 Febrero 2020 05:19

Repondrán cancelación de 40 "pensiones doradas"

La justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados.

El Congreso del estado inició, por segunda ocasión,  los procedimientos de cancelación de 40 "pensiones doradas" que la LIII Legislatura autorizó de manera ilegal a ex funcionarios del Congreso del estado y del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, aseguró que existen elementos legales para que el Congreso del estado reponga los procedimientos y sean canceladas las onerosas pensiones  con las que se beneficiaron los ex servidores públicos.
"Yo hice la denuncia de que mi compañera Tania Valentina había violentado el procedimiento. ¿Cómo lo violentó? Se subió a la tribuna y dio lectura de quiénes estaban siendo investigados en cuestión de jubilación dorada y provocó que se viniera una lluvia de amparos, el 90 por ciento de esas jubilaciones se amparó y el juez está pidiendo que se devuelvan esas jubilaciones doradas", manifestó.
El legislador dijo que la Comisión del Trabajo inició nuevas investigaciones del caso, a fin de reunir los elementos necesarios para cancelar las pensiones.
"Si bien es cierto que fueron amparados porque se les violentó el procedimiento no lo fueron por el tema de los documentos que presentaron para obtener esa jubilación. Entonces estamos haciendo un análisis y pidiendo informes de las constancias de trabajo", explicó.
El legislador adelantó que se busca que en este mismo período ordinario, que concluirá el 15 de julio, se concreten los procedimientos, pues con el amparo de la justicia federal los ex funcionarios siguen cobrando al erario público.

 

 

 

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