Los diputados también votaron a favor de otorgar una prórroga al Ejecutivo para la entrega del proyecto de presupuesto 2019.

Tras dos semanas de parálisis legislativa, diputados locales autorizaron una prórroga al Poder Ejecutivo para presentar el Paquete Económico 2019 hasta el 15 de diciembre y reactivaron los fondos de Promoción Turística (Fitur), de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y el Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fidodepi).

Los legisladores locales que finalmente se pusieron de acuerdo para reanudar la sesión del 15 de noviembre suspendida en varias ocasiones, nombraron a la diputada panista Dalila Morales Sandoval como tercer secretario de la Diputación Permanente, que deberá instalarse el 15 de diciembre próximo, cuando concluirá el primer periodo ordinario de sesiones.

Por la tarde, iniciaron una nueva sesión ordinaria y aprobaron por unanimidad la prórroga que solicitó el Poder Ejecutivo, para presentar hasta el 15 de diciembre la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Por la vía rápida, el Pleno del Congreso también aprobó modificaciones a la ley hacendaria y dio marcha atrás a las adecuaciones que impulsaron los diputados de la LIII Legislatura, a fin de reactivar el Fitur, Fidecomp y Fifodepi.

Los legisladores establecieron el mismo ordenamiento para la operación de los citados fondos y la aplicación de sus recursos para la promoción turística y fomento del empleo, que se obtiene del pago que realizan empresarios del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el Impuesto sobre el Hospedaje (ISH) y el Impuesto sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios.

Según un estudio de factibilidad que su administración hizo en el 2013, para Cuernavaca y su zona conurbada son necesarios más de cinco mil 600 taxis.

Hasta este año, la SMyT cobró cuatro mil 391 concesiones que no entregó a los transportistas.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) inició el proceso de tramitación para concluir la regularización de taxis que inició en el 2014. De acuerdo a un estudio de factibilidad, el gobierno del estado deberá expedir cinco mil 607 títulos de concesión para la zona metropolitana del estado.

Autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez nunca revelaron el estudio de factibilidad que sustentó el proceso de regularización del 2014 y que estuvo viciado de origen. Sin embargo, deberá concluir este año, según el decreto publicado en enero de ese año en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Dicho estudio justifica la expedición de más de cinco mil 600 concesiones de taxi y no de tres mil, como lo afirmaron exautoridades.

Aunque Cuernavaca es el municipio más saturado de unidades del transporte público sin itinerario fijo, la SMyT -en la administración de Graco Ramírez- consideró que se requerían dos mil 70 taxis más; en Temixco, mil 247; en Jiutepec, 865; en Emiliano Zapata, 403; en Xochitepec, 604; en Tepoztlán, 164, y  en Huitzilac, 254.

Hasta este año se vendieron cuatro mil 391 concesiones que aún no se han entregado a los transportistas, pero concesionarios del transporte podrían exigir que se cumpla con el estudio de factibilidad que se realizó en el año 2013.

De concretarse dichas cifras, en la zona metropolitana circularán 14 mil 927 taxis de manera legal, además de los vehículos que operan con permisos clonados o considerados como "pirata".

José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo, Ana Guevara Ramírez, Blanca Nieves Sánchez Arano, Marcos Zapotitla Becerro, Keila Figueroa Evaristo, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Naida Díaz Roca impidieron con su ausencia los trabajos de la Legislatura.

Por la ausencia de once diputados, fracasó un nuevo intento de la Mesa Directiva del Congreso del estado por reanudar la sesión ordinaria que se suspendió desde la semana pasada y en la que se busca aprobar la solicitud de prórroga que presentó el Poder Ejecutivo para entregar la propuesta del Paquete Económico 2019, hasta el 15 de diciembre próximo.
El presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez advirtió que iniciará acciones jurídicas en contra de los legisladores que no atendieron a la convocatoria de la sesión ordinaria, programada para las 12 del día de ayer. 
Cerca de las 4 de la tarde, el presidente del Congreso reanudó la sesión ordinaria que inició el jueves 15 de noviembre. Sin embargo, en el pase de lista sólo nueve legisladores se encontraban en el Pleno y Sotelo Martínez pidió a la Secretaría de Servicios Legislativos buscar en las instalaciones del Congreso a los diputados faltantes.
Tras varios minutos, la secretaría informó a la Mesa Directiva de la ausencia de los diputados, lo que obligó a que se suspendiera la sesión por enésima ocasión. 
Se trató de los diputados del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza y José Luis Galindo; de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; de Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano; de Marcos Zapotitla Becerro y Keila Figueroa Evaristo, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Rosalina Mazari Espín, del Revolucionario Institucional (PRI); Rosalinda Rodríguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Naida Díaz Roca, del Partido Social Demócrata (PSD).
Los diputados de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN), en rueda de prensa, advirtieron que no permitirán ningún "chantaje" para avanzar en el tema presupuestal y afirmaron que no hay ningún impedimento legal para que se apruebe la prórroga solicitada por el Ejecutivo.
El presidente de la Mesa Directiva informó que iniciará acciones jurídicas para sancionar a los diputados que se negaron a acudir a la sesión ordinaria y cuyo propósito es empantanar el tema presupuestal.
Sotelo Martínez admitió por primera vez que existe el riesgo de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no pueda presentar su primera iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 y tenga que trabajar con el presupuesto que se aprobó para este año, en base a las necesidades del gobierno que encabezó Graco Ramírez. 

Se prevé que se realice a partir de las ocho de la mañana de este miércoles.

Zona sur.- Diferentes grupos organizados tomarán este miércoles la carretera Jojutla-Alpuyeca en Xoxocotla, en demanda de que el gobierno del estado y el Congreso local aprueben la emisión de una nueva convocatoria para elegir nuevo Concejo Municipal.

Como se recordará, el pasado 11 de febrero de este año hubo elecciones para elegir el primer Concejo Municipal de esta población indígena, en su transición para convertirse en municipio.

Las elecciones fueron ganadas por la planilla Morada, que es representada por Leonel Ceferino Díaz; sin embargo, las cinco planillas perdedoras impugnaron la elección al considerar que hubo múltiples anomalías y la intervención de la alcaldesa de Puente de Ixtla y el entonces diputado Julio Espín Navarrete.

José Flores, delegado de la comunidad y quien participó en una de las planillas, dio a conocer que el viernes pasado se realizó una asamblea en la que se acordó llamar la atención de los Poderes del estado para darles a conocer que la población no está de acuerdo con la elección y se debe reponer el proceso.

Aseguró que presentaron la impugnación en tiempo y forma al gobierno de Graco Ramírez, pero tanto el entonces gobernador como el Congreso no atendieron su demanda, pese a las pruebas presentadas.

Añadió que ahora, con una nueva Legislatura y un nuevo gobernador, esperan que les den respuesta y avalen el nuevo proceso y que sea –además– organizado por el Impepac.

Insistió en que hubo injerencia externa en la votación pasada porque lo que busca el Ayuntamiento de Puente de Ixtla es que se le cargue a Xoxocotla parte de la deuda que tiene ese municipio, que alcanza los 300 millones de pesos.

Aseguró que la mayor parte de la población está inconforme y por eso le ha pedido que se reponga la elección. Ante ello, desde las ocho horas de hoy, bloquearán la carretera en el lugar de costumbre para que los representantes del gobierno, como del Congreso estatal, aprueben la expedición de una nueva convocatoria para elegir al Concejo Municipal.

Aunque la ley dice que el Concejo debería tomar posesión el 1 de enero, consideró que no hay condiciones para ello, pues la administración estatal anterior dejó sin recursos a la entidad, por lo que podrían llevarse el tiempo necesario para reponer prácticamente todo el proceso y definir nuevas fechas.

El presidente de la Ruta 13 de Oaxtepec dice que las unidades deben ser sacadas de circulación y que el proceso de selección debe ser trasparente.

Cuautla.- Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13 de Oaxtepec, aseguró que las unidades que sean ilícitas no podrán regularizarse y tendrán que ser sacadas de circulación. Asimismo, dijo que durante el gobierno que encabezó Graco Ramírez se concedieron 17 mil

“No sé qué estrategia esté utilizando el gobierno del estado para comenzar a trabajar sobre esas camionetas que son ilícitas; los contras han buscado la forma de hacer una tregua con el gobernador, sin embargo no ha habido tal. Al parecer, viene la decisión de retirarlos”, señaló.

Asimismo, refirió que tras el operativo realizado en la región oriente, de 21 unidades del transporte público, al menos tres cuentan con permisos “piratas” y el resto son concesionadas.

Añadió que, a su parecer, dichos operativos de la Secretaría de Movilidad y Transportes van más en contra de las unidades legales que contra las que carecen de los permisos adecuados.

Tiscareño Martínez dijo que la intención es que se retire el proceso de concesión o permisos de la anterior administración, mismo que –aseguró– “estuvo amañado, a base de dinero y unas selecciones que no tienen sustento”, por lo que el proceso debe ser limpio y transparente.

En este sentido, agregó que el gobierno de Graco Ramírez concedió 17 mil permisos en la entidad y que en su totalidad “son ilícitos”, por lo que a la brevedad las unidades que cuentan con ellos deberían de ser retirados, ya que afectan de manera directa a los transportistas instituidos legalmente.

Asimismo, dijo desconocer cuál sea la estrategia del actual gobierno para mantener la paz y tranquilidad en el transporte público.

Por último, dijo que en caso de que el gobierno estatal no atienda sus demandas para sacar de circulación a las unidades ilícitas, no descartan la posibilidad de realizar movilizaciones en diversos puntos.

Confirma la SMyT que se concluirá el proceso iniciado en el 2014, pero sólo a los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos por la ley del transporte.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que sí se completará el proceso de regularización de taxis que en el año 2014 inició el gobierno de Graco Ramírez.
Sin embargo, dijo que la SMyT revisa con la Contraloría del estado todo el proceso que inició hace más de cuatro años y que, supuestamente, cerraría este año, de acuerdo a un decreto que emitió la pasada administración estatal. 
Mercado Salgado refirió que la próxima semana podría dar una solución a dicho problema, que no ha concluido por las diversas anomalías que cometieron exfuncionarios para beneficiar a transportistas allegados a cambio de favores políticos.
Explicó que la Secretaría de la Contraloría definirá el número de transportistas que resultarán beneficiarios del proceso de regularización y que debieron cumplir con todos los requisitos que marca la Ley de Transporte del estado. 
De acuerdo a la Coalición de Representantes del Transporte Público, la lista de transportistas que tienen derecho a una concesión es mayor a tres mil 500, ya que desde el 2014 pagaron más de 25 mil pesos por una concesión de taxi.

El gobierno anterior omitió la entrega de las concesiones ya pagadas, pero a cambio dotó a los solicitantes de permisos provisionales, que fueron fotocopiados (clonados) para que miles de vehículos también prestaran el servicio de taxi de manera irregular. 

Integrantes de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos (organización que encabeza un funcionario de la administración graquista)  protestaron en contra de los operativos que ha realizado la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), acciones que calificaron como arbitrarias.

Ayer por la mañana, los concesionarios de taxis y rutas acudieron al Palacio de Gobierno y pidieron la intervención del gobernador Cuauhtémoc Blanco para que los operativos se detengan, pues denunciaron que se ha utilizado la fuerza pública en su contra para detener a sus unidades por cualquier anomalía detectada, como no tener el seguro del vehículo vigente.

"No estamos en contra de las acciones de este gobierno, de lo que realmente estamos en contra es de lo que nos quieren cobrar. No se vale que una licencia que antes te valía 900 pesos ahora te valga 16 mil pesos (sic); si una infracción por falta de seguro te valía mil 900 ahora te vale 25 mil pesos y la verdad tú crees que sí nos costaba sacar un seguro. ¿Ahora vamos a poder pagar 25 mil pesos?", manifestó Mauro Rivera de la Cruz, de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos, agrupación que creó Noé Sandoval Morales, ex delegado de la Secretaría de Movilidad y Transportes que fue cesado por la Contraloría del estado.

Los concesionarios del transporte amenazaron con llevar a cabo movilizaciones si la Secretaría de Movilidad y Transporte no detiene los operativos en su contra.

SMYT NIEGA AGRESIONES

Por su parte, personal de Movilidad y Transporte entrevistado por La Unión de Morelos manifestó al respecto que se ha tenido que echar mano de elementos del ejército en apoyo a los operativos, ya que hay resistencia de algunos grupos de transportistas a ser revisados y se han dado casos de quema de vehículos, lo que obligó a tomar previsiones.

En lo relacionado a las agresiones de los que se quejan los denunciantes, se negó que éstas existieran y que los videos que se mostraron sobre presuntos golpes no corresponden a las acciones desarrolladas en operativos en Cuautla.

Finalmente, el transportista Rivera de la Cruz dijo que “quizás nos traten así porque consideran que apoyamos al exgobernador Graco Ramírez y a Rodrigo Gayoso, pero nunca estuvimos en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, podemos mostrar imágenes”.

El secretario de Movilidad y Transporte denuncia que ya están identificados los que comercian con documentos falsos; exhorta a transportistas a no comprarlos porque “nunca serán concesiones”.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que ex funcionarios del área y líderes transportistas están coludidos para la venta de más permisos provisionales para taxis y rutas en todo el estado, por lo que se procederá penalmente en contra de los responsables.

En entrevista, el funcionario estatal hizo un llamado a los transportistas a no dejarse engañar y a no comprar permisos falsos, ya que no tienen ninguna validez para que puedan prestar servicio público.

"Siguen vendiendo permisos, tenemos esa información y los están vendiendo como si fuera una concesión. Yo les hago un llamado a que ya no compren permisos, siguen comprando permisos en Cuautla, Jojutla… Sí hago un llamado serio porque no van a ser concesiones", declaró el secretario de Movilidad y Transporte.

Refirió que ya tienen identificados a los ex funcionarios responsables de vender permisos apócrifos -con su firma, como si aún trabajaran en la SMyT- y que supuestamente garantizan a los compradores que recibirán placas y un título de concesión, por lo que adelantó que en los próximos días se presentará una denuncia penal.

Los diputados pretenden también que la magistrada presidenta del TSJ explique la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal en un periodo de enero a la fecha.

Diputados locales analizan citar a comparecer al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para que informe al Congreso del estado sobre los resultados de su trabajo durante el último mes.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, dijo que en las últimas semanas no se le ha visto al fiscal general, ni tampoco se ha conocido sobre su trabajo, tras la conclusión de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez.
Además, consideró que Carmona Gándara también debe explicar sobre la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal, en un periodo de enero a la fecha, como integrante del gabinete de seguridad y justicia en el gobierno anterior.
Rodríguez Ruiz dijo que propondrá en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno, se cite a rendir cuentas a Uriel Carmona Gándara, para que con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios acuerden la fecha del encuentro. 
Por su lado José Casas González, diputado del Partido del Trabajo, señaló que también buscarán una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Cuevas López, y proporcione información respecto a los motivos y fundamentos por los que se liberaron a más de mil presos.
Dijo que como Congreso del estado cuentan con información respecto a la liberación de los procesados y detalló que se trata de 180 liberaciones por compurgamiento, 350 por detención ilegal, 140 por libertad condicionada y 350 con medidas cautelares.

Inició la segunda semana de la gira de trabajo y acercamiento con la gente.

Devolver la seguridad y la tranquilidad a Morelos es la principal tarea de este gobierno, y no vamos a parar hasta tener paz, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al iniciar la segunda semana de la gira de trabajo y acercamiento que mantiene por todo el estado.
Los hechos de violencia registrados las últimas semanas en la entidad, son resultado de la liberación de integrantes de grupos delictivos, los cual ocurrió previo a que concluyera la pasada administración.
Se va aplicar la ley, los responsables de que esos delincuentes estén libres deben enfrentar la justicia. "No me va a temblar la mano", indicó el Gobernador.
Así también anunció que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del ex gobernador, Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros, que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el Gobernador es acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.
Blanco Bravo subrayó que el representa a un gobierno de gente honesta, cuya prioridad es atender a la gente de cerca y no fallarle, así como trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno.
"Aquí no hay municipios con prioridad, aquí todos somos iguales, ya se terminaron las campañas y ahora trabajamos juntos para sacar a Morelos adelante", afirmó.
Cuauhtémoc Blanco recibió el respaldo de los presidentes municipales de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega; Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma y el edil electo de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, quienes asumieron el compromiso de trabajar en coordinación por el bien de todos los morelenses.
Al final, recordó que el problema de inseguridad que se vive en Morelos se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, por lo que el compromiso de gobierno actual es firme, devolver la paz y la sonrisa a las familias.
La gira concluyó en el municipio de Jiutepec; con lo que suman 12  municipios visitados, escuchando de primera mano a los ciudadanos, quienes se acercan a saludar al Gobernador y a entregarle sus principales demandas.