En alguna época de su vida trabó amistad con Graco Ramírez Garrido Abreu, el político tabasqueño que de 2012 a 2018 gobernó el estado de Morelos. Cuando ya era gobernador electo lo invitó a vivir a Cuernavaca. Baltasar Garzón le dijo que no podía, pero que si le daba una casa pondría aquí una sede de su Fundación y vendría con frecuencia.

Y entonces Graco Ramírez le dio una muestra de su bondad y esplendidez: no solamente le regaló una casa, sino también un cheque por cinco millones de pesos para sus gastos.

Pero Graco nunca hacía nada al “ahí se va”, sino que procuraba que todo estuviera sustentado. Ordenó a su grupo parlamentario (PRD) del Congreso Local que emitiera un decreto mediante el cual el gobierno de Morelos cedía a la Fundación Baltasar Garzón una casa ubicada en la avenida Subida a Chalma, con el objetivo de “potenciar una cultura de activismo, promoción, garantía, desarrollo y defensa de los derechos humanos, así como la cooperación al desarrollo de los pueblos en una cultura de seguridad jurídica y paz”.

Por cuanto al dinero, ordenó a la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, que hiciera un contrato para justificar la erogación de los cinco millones de pesos.

Así, en sus primeros meses de gobierno, y a pesar de contar con una Consejería Jurídica que absorbía alrededor de 14 millones de pesos anuales, la administración de Graco Ramírez pagó en abril de 2013 la cantidad de cinco millones 800 mil pesos a la Fundación Baltasar Garzón por “acompañar y apoyar al Gobierno de Morelos en el diseño, estructuración, implementación inicial y seguimiento de un marco legal para garantizar los derechos de las víctimas del delito”.

A cambio, la Fundación Baltasar Garzón otorgó una factura por “Asesoría Jurídica y Apoyo Técnico para la Elaboración de la Ley de Víctimas para el Estado de Morelos”, misma que fue pagada el cinco de abril de 2013 mediante la transferencia electrónica 82721, en una sola exhibición y por adelantado.

Mediante una solicitud de información pública el gobierno de Morelos no tuvo otro remedio que entregar la copia de dicha factura a quien esto escribe, así como el convenio que la sustenta.

En dicho documento (firmado por Jorge Messeguer en su calidad de secretario de Gobierno), se hablaba de que “en Morelos la criminalidad ha sido creciente”. Enseguida citaba cifras del INEGI: 311 mil delitos cometidos en 2011, ocupando el lugar número 15 a nivel nacional y con mayor incidencia en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano Zapata.

“En este contexto, los Estados de la República Mexicana se enfrentan a la necesidad de diseñar e implementar mecanismos integrales, masivos y ágiles, con enfoque diferencial y de derechos, para dar cumplimiento a las obligaciones internas e internacionales en materia de atención y reparación a las víctimas, impuestas tanto en la Constitución como en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por México”, agrega.

Enseguida se establece un plan operativo con diferentes fases. En la primera fase se ofrece brindar apoyo al Gobierno de Morelos en la elaboración de un marco teórico y conceptual que permita la construcción de criterios y consideraciones jurídicas como sustento a la Ley de Víctimas que elaborará el Gobierno de Morelos. “Este documento estaría compuesto por un marco conceptual, l recopilación de normatividad nacional e internacional relevante, y el aporte de experiencias internacionales.

“Asimismo, se realizará un diagnóstico sobre la situación de las víctimas en el Estado de Morelos al igual que los recursos y estructura institucional existente o necesaria en Morelos para la estructuración de un marco legal que garantice los derechos de las víctimas”.

Termina diciendo que a partir de los documentos mencionados se entregará una propuesta de estructura preliminar de la ley que incluye los aspectos que ésta debería considerar a partir del marco jurídico nacional e internacional. “Con esta estructura el Gobierno de Morelos ya puede empezar a diseñar, en conjunto con otros sectores, la iniciativa de Ley”, añade.

Dentro de las actividades contempladas está el diseñar cartillas (trípticos) de pedagogía, capacitación y socialización de la Ley de Víctimas, y elaboración de un documento de recomendaciones y resultados del proceso de concertación y definición de las medidas simbólicas. Su costo es de un millón 350 mil pesos y tendría una duración de cinco meses a partir de la aprobación de la ley.

La duración total del proyecto es de 14 meses, pero desde el cinco de abril  de 2013 fueron pagados los cinco millones con su respectivo impuesto al valor agregado (IVA).

Tanto la copia de la factura como el convenio fueron entregados por la Secretaría de Hacienda en respuesta a una solicitud de información pública. En el documento mediante el cual se hace entrega de la información solicitada, la entonces directora general de Administración de la Secretaría de Hacienda, Avi Enid Abarca Castillo, termina diciendo: “No omito mencionarle, que dicho proyecto fue impulsado por la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal”.

Cabe mencionar, que además de la referida Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, que dependía de la Secretaría de Gobierno, existía la Consejería Jurídica que encabezaba el reconocido jurista Ignacio Burgoa Llanos, y en el Poder Legislativo se cuenta con un Instituto de Investigaciones Legislativas.

Las tres instancias tienen entre sus funciones brindar asesoría jurídica a las autoridades para la elaboración de leyes, pero el gobernador Graco Ramírez prefirió que se le pagara a Baltasar Garzón.

HASTA MAÑANA.