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Compras sospechosas de Graco

Marco Antonio Herrera García puede ser considerado ejemplo de un empresario exitoso. Todavía no cumplía dos años de haber creado su empresa y ya tenía firmado un contrato por más de 45 millones de pesos con el gobierno de Morelos para la venta de equipos de radiocomunicación.


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De hecho, la carrera de este personaje ha sido meteórica y ascendente: Contralor en la Secretaría de Gobernación, Coordinador General de Desarrollo Humano en el CISEN, Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República y de ahí a proveedor de equipos de comunicación.

Pero para obtener este contrato Marco Herrera recibió una “ayudadita”, pues aun cuando el monto de la erogación exigiría la realización de una licitación pública nacional, el Gobierno de Graco Ramírez Garrido se acogió una excepción bastante polémica que contempla la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Morelos:

“Cuando la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal autorice directamente el fincamiento de Pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios con fines de equipamiento de instituciones de seguridad pública, o sean necesarios para salvaguardar y garantizar la seguridad interior del Estado”.

Cabe mencionar que, bajo esta excepción, el gobierno de Morelos adjudicó directamente la construcción de cuarteles para la Policía, la renta de 200 patrullas, la fabricación de placas para automóviles y varios servicios más.

Así, a finales del año 2013 se firmó el “Contrato de Adquisición del Sistema de Radio Comunicación Tetra, complementario a la red Tetrapol para cobertura adicional a la red existente Iris para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos”, cuya copia obra en poder de este columnista.

Firman Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el licenciado en Administración Juan Alberto López San Germán, en su carácter de subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo y el Licenciado Hugo Ochoa, en su carácter de director general del Centro de Comunicación y Cómputo, el licenciado Alberto Javier Barona Lavín, en su carácter de coordinador de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de contratos del Poder Ejecutivo, y por la otra parte la empresa denominada “Sinergia y Soluciones Digitales de Latinoamérica sociedad anónima de capital variable” representada en este acto por Marco Antonio José Alejandro Herrera García en su carácter de representante legal.

Se menciona que el gobierno de Morelos “requiere de la contratación referente a la adquisición de un sistema de radio comunicación Tetra, complementario a la red Tetrapol para cobertura adicional a la red existente Iris”, y que cuenta con los recursos para ello.

“El presente contrato se adjudicó a El proveedor en vía de Excepción a Licitación Pública Nacional para su adjudicación directa, como lo prevén los numerales 50 y 51 Fracción V de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos y prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos”, dice el documento.

El proveedor declara que es persona moral legalmente constituida lo que acredita con escritura pública de fecha 11 de enero del 2012 teniendo por objeto entre otros:

“La venta, comercialización, distribución, consignación, agencia, comisión mercantil, cualquiera otra figura lícita para la adquisición intermediación y venta de equipo de comunicación móvil de radiocomunicación, líneas de telefonía móvil y tiempo aire para telefonía móvil”.

Y en la factura correspondiente se establece como concepto “servicios de configuración optimización, puesta en operación y aplicación de protocolos de aceptación de los equipos correspondientes  al Sitio Maestro y 2 sitios remotos de repetición según se especifica. Servicios de Programación de 302 subscriptores. Suministro de un curso de capacitación”.  La factura da un total de 45 millones  552 mil 648 pesos.

Expertos en este tipo de equipos de radiocomunicación consultados por este medio de comunicación fueron contundentes en su diagnóstico: “Si lo hubieran licitado, habrían conseguido lo mismo por la mitad de ese precio”.

Pero, ¿quién es el beneficiario de esta operación que se realizó con todo sigilo?

Una nota publicada el 15 de octubre del 2009 por el reportero Gustavo Castillo García en La Jornada, señala que “Marco Antonio Herrera García, socio de la empresa Electronic Publishing SA de CV, de la cual también forman parte el senador panista Gustavo Madero y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, fue designado nuevo titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en sustitución de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez”.

Agrega que Herrera García se desempeñó anteriormente como encargado del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación cuando los titulares fueron Carlos Abascal Carranza y Santiago Creel Miranda. También trabajó al lado de su socio Arturo Chávez Chávez cuando éste fungía como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Gobernación.

En la publicidad de la empresa Sinergia y Soluciones Digitales de Latinoamérica, el ex funcionario se anuncia simplemente como “Marco Herrera”, Presidente Ejecutivo.

Y en su currículum dice:

Oficial Mayor (Chief Finance and Administration Officer) en  Procuraduría General de la República (Mexico´s General Attorney´s Office)

Coordinador General de Administración y Finanzas. Coordinador General de Desarrollo Humano en  CISEN (Mexico´s Intelligence Agency)

Contralor (Comptroller) en  SEGOB, Secretaría de Gobernación. (MEXICO´S MINISTRY OF THE INTERIOR)

Profesor de Cátedra (Part-time Professor) en  ITESM Campus Chihuahua y Santa Fe

Director General en  Electronic Publishing SA de CV

Y si bien en su corta vida la empresa Sinergia aparentemente no tiene quejas, Electronic Publishing sí. La revista Proceso refiere que en 2003, dicha empresa ganó una licitación para la instalación de software en el aeropuerto capitalino, con lo que violó la Ley de Adquisiciones. Luego, la firma no cumplió con su parte del trabajo e hizo quedar mal a un empresario con el que se había asociado. Y para acabar: cuando llegaron las sanciones la compañía no pudo ser localizada, refiere un reportaje publicado en junio del 2012 por el reportero Álvaro Delgado bajo el título “Vocación por el fraude”.

 

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Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

Jesús Castillo

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