El conflicto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se ha descompuesto tanto que hoy ya casi todos se olvidaron de Kimberly y Karol, cuyas muertes fueron el detonante para el movimiento estudiantil que en dos días cumplirá un mes de mantener sin clases a gran parte de la máxima casa de estudios. Hoy se habla de personas ajenas a la institución que mantienen el control de la Rectoría; alcohol, drogas e incluso armas, lo que ha desvirtuado el objetivo original.
El 27 de febrero marcó el punto de quiebre cuando estudiantes bloquearon accesos al Campus Chamilpa para exigir garantías de seguridad ante una percepción creciente de riesgo dentro y fuera de la universidad. A partir de ahí, la protesta escaló rápidamente: el 2 de marzo, tras la ausencia de la rectora a una reunión previamente acordada, los estudiantes tomaron el edificio de Rectoría, evidenciando que el problema ya no era solo la inseguridad, sino la ruptura del diálogo institucional.
Desde entonces, el movimiento se ha sostenido mediante la toma de instalaciones, asambleas permanentes y un pliego petitorio que, aunque surgió por un caso concreto, evolucionó hacia demandas estructurales. A casi un mes del inicio del conflicto, los estudiantes incluso han llegado a desconocer a la rectora como interlocutora válida, pero no proponen a alguien más.
Uno de los ejes centrales del conflicto es la inseguridad. La desaparición y posterior hallazgo sin vida de al menos dos estudiantes detonó una percepción de vulnerabilidad extrema, especialmente entre mujeres. Las denuncias no se limitan a hechos delictivos, sino que incluyen la falta de protocolos eficaces, vigilancia insuficiente y ausencia de políticas preventivas con perspectiva de género. En este sentido, la universidad aparece, a los ojos del movimiento, como una institución reactiva y no preventiva.
Un segundo eje es la crisis de confianza en las autoridades universitarias. La insistencia de los estudiantes en que las respuestas han sido tardías, insuficientes o meramente formales ha erosionado la credibilidad de la Rectoría. La falta de cumplimiento de acuerdos iniciales, como reuniones o respuestas concretas al pliego petitorio, profundizó la percepción de simulación institucional. Por ello, el conflicto dejó de ser una negociación técnica para convertirse en una disputa política por la representación y la legitimidad.
En resumen, lo que quiere “la resistencia” es la renuncia de la rectora Viridiana León Hernández. Todo lo demás son pretextos para alargar el movimiento.
Desde nuestro particular punto de vista, el Plan Integral de Seguridad Universitaria careció de legitimidad al no tomar en cuenta al principal elemento de esta estrategia: los estudiantes.
Sin embargo, también nos parece exagerado que el grupúsculo de muchachas y muchachos que se cubren el rostro (por lo tanto, no sabemos quiénes son) consideren que dicho plan adolece de “falta de sustento técnico y transparencia en su planeación”.
“Cuestionamos profundamente bajo qué análisis de riesgo o estudio de impacto se determinaron las cantidades y la distribución de los dispositivos de monitoreo, los módulos de seguridad, el despliegue de agentes y la instalación de luminarias”, dice el comunicado difundido después de que se dio a conocer el planteamiento del gobierno estatal.
Ahora resulta que los estudiantes son expertos en seguridad, como para declarar que “cualquier propuesta de seguridad debe venir acompañada de un calendario de ejecución pública y verificable”.
Por otro lado, en los últimos días ha surgido un video (que no es hecho con Inteligencia Artificial) en el que los propios miembros de la Resistencia admiten que ha habido excesos en el campamento del Campus Chamilpa. Hablan de un “Toquín” (música Rock), alcohol, sustancias prohibidas, traslados en vehículos a gran velocidad y —lo más preocupante— la participación de personas que no son alumnos y alumnas de la UAEM, con armas.
Desde los primeros días advertimos en esta misma columna de la participación de dos mujeres de nombres Adriana y Zayra, que no son en la actualidad estudiantes de la UAEM, que utilizan protocolos de grupos radicales (similares a la guerrilla), y que son quienes tienen materialmente tomadas las instalaciones de Rectoría.
Nos dicen que en varias ocasiones los auténticos estudiantes las han intentado sacar del Campus Universitario pero ellas no se han querido salir pues tienen bajo su mando a un remedo de ejército zapatista de liberación como el que encabezó el Subcomandante Marcos en 1994.
Como era de esperarse, organizaciones de la sociedad civil se han solidarizado con el movimiento estudiantil. En un documento dirigido a las autoridades universitarias, al gobierno del estado y al gobierno federal, activistas sociales de distintos municipios que lo firmaron manifestaron su preocupación e indignación “por las respuestas que el movimiento estudiantil ha recibido por parte de las autoridades universitarias y estatales correspondientes, ya que, más allá de los discursos demagógicos de disposición al diálogo y preocupación por frenar la inseguridad y restablecer las clases, se observa un ataque sistemático hacia la resistencia estudiantil, impulsado por cálculos e intereses políticos personales y mezquinos”, aseguraron.
Entre los firmantes se encuentra la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, organización que se integró durante la administración del ex rector Alejandro Vera Jiménez y que ha luchado —y continúa haciéndolo— contra la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM), así como contra minas de oro y plata y otros megaproyectos impuestos en el territorio del estado.
También figuran el Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala; Cuautla Viva y Verde; el Movimiento contra la Minería Tóxica, y la Red de Mujeres de Tepoztlán, entre otras organizaciones en defensa del medio ambiente y el territorio.
Hoy mismo está programado un “Foro de Solidaridad Cultural” de la sociedad civil con la UAEM en la puerta 1 del Campus Chamilpa. A partir de las 15 horas habrá “presentaciones culturales” que se transmitirán por la página de Facebook “Insurgencia Obrera”. Suponemos que son organizaciones “de buena fe” y no oportunistas.
Como podrá advertirse, “La Resistencia”, (como les ha dado por llamarse a este grupo de jóvenes y algun@s no tan jóvenes), avanza peligrosamente a ser identificado por la sociedad morelense como “La intransigencia”, y si actualmente gozan de la simpatía de una parte de la población, si siguen ocupando las instalaciones sin dar argumentos válidos, entonces la sociedad podría darles la espalda.
HASTA MAÑANA.
