Maciel Calvo

Maciel Calvo

El derecho es de los menores: magistrado.

El juez noveno civil de Cuernavaca del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alejandro Hernández Arjona, informó que con motivo de los festejos del Día del Padre, se incrementó hasta en 30% la demanda de los progenitores para convivir con sus hijos.

Explicó que los padres de familia que no tienen la guardia y custodia de sus hijos acuden al TSJ para que las madres les permitan convivir con los menores.
Detalló que los juzgadores están obligados a privilegiar el derecho de las niñas, niños y adolescentes y autorizar la convivencia con sus padres, ya que el derecho es de los menores y no de los padres de familia, porque aun cuando se disuelve un matrimonio, padres e hijos siguen siendo una familia a pesar del divorcio. 
“Nuestra labor es hacer conciencia tanto a padres y madres, de que ellos jugarán ese rol para toda la vida; aunque su hijo esté en China o en la India, siguen teniendo sus apellidos y tienen derecho a convivir con los dos”, insistió. 
Expresó que la labor de los jueces es resolver conflictos en beneficio de los menores de edad, y cuando existen problemas entre los padres se afecta directamente a sus hijos.
“También como juzgadores tenemos casos particulares en los que no es conveniente que los hijos convivan con los padres, de acuerdo a las pruebas que presentan las madres”, indicó Alejandro Hernández Arjona.

Instituciones electorales están preparadas para enfrentar las elecciones más complejas de la historia de nuestro país: Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que refuercen las medidas de seguridad para garantizar la paz e integridad de quienes compiten por los diversos cargos de elección que estarán en juego el 1 de julio.

En el marco de la ceremonia de firma de un programa de trabajo y de un convenio general, señaló que, lamentablemente, “el signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia, ya que manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

“Desde aquí hacemos un llamado a las más altas autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno de todo el país, para que refuercen las acciones que garanticen la paz y la integridad de los diversos candidatos a cargos de elección popular, así como de todas las familias mexicanas”, subrayó. 

Otálora Malassis afirmó que la violencia es una amenaza a la vida, a la dignidad de las personas y los derechos humanos, por lo que “no hay nada más alejado del ideal democrático y a los principios de civilización que la violencia”.

Señaló que, a nueve días de las elecciones más complejas de nuestra historia, las fiscalías electorales locales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el TEPJF trabajan desde el ámbito de sus respectivas competencias para asegurar que los comicios se apeguen a lo establecido por la ley.

“Democracia y Estado de Derecho son dos caras de la misma moneda y, en estas elecciones, ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano”.

“Por ello, desde el Tribunal Electoral estamos vigilando que las acciones que llevan a cabo los contendientes políticos y sus simpatizantes, así como las decisiones que toman las distintas autoridades electorales, estén apegadas a lo señalado en nuestra Constitución”, advirtió.

 

 

 

La CIDH critica que el gobierno mexicano haya permitido que niños y adolescentes hayan sido separados de sus familias y sean víctimas de maltrato en ese país.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) exigió el gobierno de Morelos que la Dirección de Atención Migrantes se avoque a investigar si hay niños y adolescentes morelenses en los centros de detención de indocumentados en Estados Unidos y han sido separados de sus familias.

Luego de la difusión de un video del centro de detención conocido como “La Perrera”, en MacAllen, Texas, donde agentes migratorios se burlan de niños que lloran dentro de lo que parece una enorme jaula, organizaciones de derechos humanos y migrantes protestaron por el trato indignante a los menores y la violación de sus derechos.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, lamentó que el gobierno mexicano haya permitido que niños y adolescentes hayan sido separados de sus familias y víctimas de maltrato y tratos crueles.

Pero también consideró que las autoridades mexicanas han aplicado la misma estrategia a los indocumentados, principalmente centroamericanos, que pretendieron cruzar la frontera sur.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que de los 400 mil a 500 mil migrantes que ingresan anualmente a México, el 24.5% son mujeres y, pese a que su integridad física y seguridad están en riesgo, muchas de ellas son detenidas y deportadas.

Entre los años 2010 y 2016 el gobierno mexicano detuvo a 125 mil 664 niños, niñas y adolescentes indocumentados, provenientes principalmente de Guatemala, Salvador y Honduras. Además, entre el 2012 y el 2015 el número detenciones de niñas y mujeres adolescentes no acompañadas que cruzaron solas la frontera, se incrementó de 583 a cinco mil 373.

Indicó que las autoridades mexicanas también han dado un trato discriminatorio a los migrantes indocumentados y no ha rendido cuentas sobre las violaciones a derechos humanos.

Expresó su preocupación por lo que ocurre con niños y adolescentes separados de sus familias y recluidos en el centro de detención en EEUU, donde sufren maltrato y tratos crueles.

Dijo que no hay suficiente información para conocer la nacionalidad de los menores, por lo que instó tanto al gobierno mexicano como el gobierno de Morelos realizar las acciones necesarias para luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Martínez Cruz consideró que si bien el tema migratorio es competencia federal, el gobierno de Morelos debe realizar las acciones necesarias para saber si hay morelenses entre los niños y adolescentes detenidos.

Indicó que la Dirección de Atención a Migrantes, que ha difundido mucho el programa de Corazón de Plata para reunir a los adultos mayores con sus familias radicadas en territorio norteamericano, debe reaccionar y  solicitar informes precisos de cuántos menores morelenses están en esas condiciones de detención y han sido separados de sus familias.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró improcedentes las impugnaciones promovidas por Diego Miguel Gómez Enríquez y Gerardo Becerra Chávez de Ita, quienes disputaban la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca por la alianza “Juntos Haremos Historia”, que legalmente ostenta José Luis Gómez Borbolla.

El pasado 5 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) revocó la determinación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de negar la candidatura a Gómez Borbolla, y declaró que éste fue debidamente registrado como aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad.

La disputa al interior de Morena continuó y, finalmente, la semana pasada la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ratificó la sentencia del TEEM y avaló el registro de Gómez Borbolla. Para agotar la cadena impugnativa, Gómez Enríquez y Chávez de Ita recurrieron la resolución ante la Sala Superior.

Por unanimidad, los magistrados del máximo tribunal en materia electoral determinaron declarar improcedentes los juicios de revisión, por considerar que en ellos no se planteó ningún problema de constitucionalidad, convencionalidad o inobservancia del sistema normativo.

Únicamente se encuentra pendiente de resolución el juicio promovido por el exárbitro y exdiputado panista Gilberto Alcalá Pineda, quien también insiste en pelear por la candidatura.

 

 

 

Esperan que con el apremio del TEPJF obtengan 16.5 millones más.

La Secretaría de Hacienda finalmente depositó los siete millones de pesos aprobados por el Congreso como ampliación presupuestal para el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió al gobierno estatal, sobre la aplicación de medidas de apremio si no cumplía con la dotación de recursos adicionales al órgano local.

El sesión privada, la Sala Superior ordenó la entrega del recurso a más tardar este 20 de junio o, de lo contrario, impondría medidas de apremio, como podría ser vincular al cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que retenga de las ministraciones del Estado de Morelos la parte correspondiente al tribunal local y se la entregue directamente; dar vista al Congreso de Morelos, para que determine las responsabilidades de los servidores públicos involucrados; o bien dar vista a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda.

Ante la presión de la máxima autoridad electoral del país, el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, informó que este martes, finalmente la Secretaría de Hacienda estatal transfirió los siete millones al tribunal.

Consideró que “esto es el cumplimiento parcial, seguiremos insistiendo por lo que falta, nos oxigena de momento esta cantidad. Sin embargo no es suficiente y tampoco resuelve la situación financiera del TEEM”.

Adelantó que el próximo viernes, estarán en Morelos magistrados del TEPJF y el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong, quienes harán un pronunciamiento a favor del TEEM, con el fin de que le entreguen los recursos financieros para ejercer su jurisdicción con autonomía e independencia.

En 2017, el TEEM había solicitado en su proyecto 2018 de presupuesto 41.5 millones de pesos para hacer frente a la judicialización del proceso electoral. Sin embargo, sólo se le otorgaron 18 millones y esto obligó al tribunal local recurrir al TEPJF, quien ordenó al gobernador y legisladores dotar al TEE del total de recursos solicitados, es decir los 23.5 millones restantes.

Pese a las mesas de diálogo con los magistrados electorales, el Congreso sólo aprobó dar al tribunal local siete millones adicionales. Ahora el TEEM presionará para que se le doten de los recursos restantes por 16.5 millones para atender las impugnaciones.

 

Jueces del TSJ tienen la facultad de emitir órdenes de protección cuando las víctimas se encuentren en riesgo y requieran que el Estado garantice su integridad física.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tienen la facultad de emitir órdenes de protección cuando las víctimas se encuentren en riesgo y requieren que el Estado garantice su integridad física.

La jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones Gloria Angélica Jaimes Salgado pidió a las víctimas confiar en el trabajo que realizan las instituciones responsables de la impartición de justicia y recurran a ellas cuando sea necesario.

Indicó que cuando una persona acude ante el agente del Ministerio Público para hacer una denuncia, en la que implique un peligro para la víctima, en el ejercicio de sus facultades éste debe asumir su responsabilidad y determinar lo que necesita el denunciante para garantizar su seguridad, su integridad y sus derechos.

“Si dentro de las circunstancias implica salirse del domicilio, que no se acerque el victimario y delimitar el contacto con la víctima; son medidas que debe ratificar el juez porque no sólo se tiene que generar la protección de las víctimas sino que también proteger sus derechos”, indicó la juez.

Detalló que las medidas de protección tienen una duración de hasta 60 días, con posibilidad de que se amplíe el periodo 30 días más, si el Ministerio Público lo ratifica.
Recalcó que las órdenes de protección tienen que ver con cuestiones urgentes que dañen a la víctima, además de que éstas no tienen temporalidad, todo ello mientras se garantice la seguridad de la persona.

Por ejemplo, dijo, ante una amenaza real, latente de agresión física o amenaza de muerte, implica darle protección a la víctima con elementos de seguridad pública.

 

Buscan descartar contaminación que ponga en riesgo la salud de los habitantes; cada análisis cuesta un mínimo de dos mil pesos y se necesita realizar cincuenta pruebas.

Tras el saneamiento de varios pozos de agua potable que fueron contaminados con hidrocarburo, un grupo de ciudadanos busca a voluntarios que deseen costear un muestreo para monitorear la calidad del agua y detectar las zonas donde prevalece la contaminación.

De acuerdo con el ingeniero y presidente de la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, Arturo Díaz de Sandi, el  doctor Omar Amador Muñoz, experto en ciencias ambientales e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofreció llevar a cabo un muestreo en 50 tomas de agua, ya sea en pozos de agua potable y/o cisternas de casas, para comprobar la existencia de hidrocarburos.

Esto fue logrado por Cristina Martí, presidenta de Jardines de Delicias, en conjunto con la doctora Heidi Villafán, vecina de la misma colonia.

Explicó que existen dos tipos de análisis: cualitativo (que determina la existencia de hidrocarburo en el agua) y cuantitativo (determina si los niveles de hidrocarburos están por encima o por debajo de las normas estadounidenses).

Detalló que el costo del análisis cualitativo es de dos mil pesos más IVA por muestra, y el costo del análisis cuantitativo es de tres mil 500 pesos más IVA por muestra, pero se necesitan analizar 50 muestras mínimo para obtener esos costos.

Sostuvo que el investigador recomendó practicar a todas las muestras el análisis cualitativo y solo a las que den positivo, el análisis cuantitativo. 

Indicó que el costo de las muestras debe ser absorbido por los ciudadanos interesados, por lo que la convocatoria está abierta a cualquier habitante de Cuernavaca. En caso de estar interesado, puede contactar al ingeniero Arturo Díaz de Sandi a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El año pasado, debido al incremento del robo de gasolina de los ductos de Pemex que atraviesan Cuernavaca, varios pozos de agua que surten principalmente la zona norte de la ciudad resultaron contaminados por el hidrocarburo.

Pese a que los pozos fueron saneados, existe la sospecha de que todavía no sólo prevalece, sino que la contaminación pudo extenderse hacia el sur de la ciudad, pero para confirmarlo es necesario que se realicen pruebas. 

 

El Ayuntamiento de Cuernavaca argumenta que el Congreso del estado violó la autonomía hacendaria del municipio.

El Ayuntamiento capitalino impugnó una decena de decretos de jubilación de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), por considerar que los diputados excedieron sus competencias y violaron la autonomía hacendaria del municipio.

De acuerdo con la controversia constitucional 109/2018 promovida por la comuna cuernavacense, el 25 de abril y el 3 de  mayo pasados fueron publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” diez decretos de pensión por jubilación y cesantía en edad avanzada de Ricardo Delgado López, Manuel Flores López, Benito Mejía López, Elías Ponce Apolinar, Octavio Mendoza Castillo, Manuel Sol Díaz, Daniel Tafolla Mata, Salvador Reyes García, Santos Fidel Morales, Juan de Dios Ortega Alcalá, Juan Carlos Escobedo Hernández, Martin Vega Morales, Fernando Díaz Beltrán y Juan Carlos Gómez Bedolla.

A decir del Ayuntamiento, la aprobación de los decretos pensionarios de los trabajadores operativos del SAPAC representa una violación al principio de libre administración hacendaria que concede a los municipios la facción IV del artículo 115 de la Constitución federal.

El municipio demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de varias fracciones de los artículos 24, 56, 57 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como la invalidez de los decretos pensionarios por considerar que la expedición es atribución de la comuna.

Reconoce a las personas y empresas destacadas en la promoción y la prestación de servicios turísticos en Morelos.

El gobierno de Morelos lanzó la convocatoria para el galardón al Mérito Turístico, que reconoce a las personas y empresas que han destacado en la promoción del estado y la prestación de servicios turísticos.

De acuerdo con la convocatoria, la creación del galardón es un instrumento para reconocer a las personas y a las instituciones que han abonado al fortalecimiento de la actividad turística a través de la promoción, fomento, prestación de servicios turísticos y creación de productos turísticos en el estado de Morelos.

Podrán ser candidatos para obtener el galardón todos aquellos morelenses e instituciones que hayan contribuido al fortalecimiento de la actividad turística del estado de Morelos, en las cuatro categorías establecidas.

La primera categoría va dirigida a personas físicas que hayan contribuido al fortalecimiento de la actividad en el estado de Morelos, a través de aportación al sector, oferta instalada, experiencias o productos turísticos.

La segunda a personas morales o instituciones que hayan realizado aportaciones significativas al sector turismo. La tercera y cuarta  categoría va dirigida a personas, empresas o instituciones que haya aportado a la innovación turística.

El registro y recepción de las propuestas de candidatos a obtener el premio “será en las oficinas que ocupa la Secretaría de Turismo, y el plazo para inscribirse cerrará el próximo 31 de julio.

El proceso de evaluación para designar al ganador del galardón estará a cargo del Consejo Directivo del Galardón al Mérito Turístico del Gobierno del Estado de Morelos, integrado por representantes de  las cámaras y asociaciones de hoteleros, restauranteros y de balnearios, así como representantes del gubernamentales vinculadas al sector.

El reconocimiento, que se entregará el 27 de septiembre próximo, consistirá en la entrega de una medalla que contendrá la leyenda “Distinción Morelos al Mérito Turístico” y un diploma, firmado por los integrantes del Consejo Directivo del galardón.

 

Entró en vigor reforma y adición a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor la reforma y adición a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que pretende remontar la discriminación que persiste en el sector agrario hacia las mujeres en las zonas rurales.

Según el decreto, la pretensión es avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional con la implementación de medidas legislativas afirmativas, como la adición de la fracción V al artículo 33 y una fracción XIII al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con la adición del artículo 33, además de impulsar liderazgos igualitarios, emplear fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo e integrar políticas públicas con perspectiva de género en materia económica,  será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, así como la promoción de la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia agraria.

De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA),  “el acceso a la tierra, además de posibilitar la participación directa de las mujeres en las actividades productivas y con ello generar ingresos en el hogar, adquiere también importancia en otras dimensiones, como la facilitación a programas de apoyo de gobierno, acceso a créditos, participación social y empoderamiento de las mujeres al interior de sus hogares y comunidades”.

Se estima que en Morelos, en materia de tenencia de la tierra en núcleos agrarios, sólo el 19.9% son mujeres ejidatarias, comuneras o posesionarias.

Incluso, el CEDRSSA destaca que “en las últimas décadas, en nuestro país al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, se reconoce un proceso denominado “feminización del campo”, con el cual se hace referencia al aumento en el medio rural de la participación de las mujeres en las actividades productivas, principalmente en las de tipo agropecuario y que también se expresa en una tendencia a incrementar su participación en la propiedad de la tierra: “feminización en la tenencia de la tierra”.

 

 

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