Maciel Calvo

Maciel Calvo

 Los movimientos continuarán: CES

Viernes, 26 Febrero 2021 05:15

Restringen acceso a El Tepozteco

La finalidad es prevenir incendios forestales y evitar la devastación de la flora y fauna del lugar.

El Ayuntamiento de Tepoztlán anunció que quedó restringido el acceso a la zona natural protegida del Parque Nacional El Tepozteco, con la finalidad de prevenir incendios forestales y evitar la devastación de la flora y fauna del lugar.

La comuna pidió la colaboración de los habitantes y los visitantes, ya que durante la temporada de estiaje quedará prohibido el acceso a los cerros de Tepoztlán, para proteger las áreas forestales y evitar siniestros provocados por la actividad humana, como  ocurrió en años anteriores.

Recordó que durante la temporada de calor aumenta el riesgo de incendios forestales y, en consenso con grupos cívicos y promotores culturales ambientales del municipio, se tomó la decisión de implementar la restricción.

“En esta temporada los mantos acuíferos del municipio disminuyen considerablemente su capacidad pues comienzan la temporada de ‘secas’ teniendo como consecuencia: deshidratación de los animales, pastizales secos, incremento de uso de agua para las actividades cotidianas y una alarmante probabilidad de incendios en nuestros cerros.

 “El Ayuntamiento de Tepoztlán en coordinación con los grupos cívicos forestales y los promotores culturales ambientales del municipio de manera conjunta tomaron la decisión de suspender cualquier actividad turística en el Área Natural Protegida El Tepozteco, por lo que en esta temporada de estiaje queda prohibido el acceso a los cerros de Tepoztlán”, comunicó.

 El siniestro más reciente provocado por la actividad humana ocurrió el 20 de mayo de 2020, cuando una joven turista que realizaba malabares con fuego para subir el video a sus redes sociales, perdió el control y provocó un incendio que tuvo como saldo la devastación de alrededor de 60 hectáreas de bosque. Gracias a la pronta actuación de grupos cívicos forestales del municipio y brigadistas, se logró sofocar el siniestro y evitar daños mayores.

 De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en los últimos tres años se registraron en Morelos 422 incendios forestales, de los cuales 93 ocurrieron dentro de las áreas naturales protegidas Parque Lagunas de Zempoala, Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Chichinautzin, con una afectación de casi mil 500 hectáreas.

Las principales causas de los incendios forestales sieguen siendo las quemas agrícolas descontroladas; las actividades ilícitas como tala ilegal y vandalismo; los fumadores y la realización de rituales y fogatas.  

 

 

El 30 por ciento del personal labora en modalidad presencial.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina mantiene bajo observación a funcionarios y empleados judiciales, para constatar que  cumplan con sus jornadas laborales en la modalidad de  “home office” o presencial.

Luego de que una juez menor civil y mercantil del Primer Distrito Judicial, que debía estar en funciones, fue sorprendida vacacionando en un destino de playa, señaló que corrieron falsos rumores de que presuntamente otros miembros del personal judicial se habrían ausentado de sus laborales, “pero afortunadamente con algunos tenemos la posibilidad de llamarles al momento y comparecen para demostrar lo que están diciendo (sobre abandono laboral)”.

Indicó que la juez presentó su renuncia al cargo y la Junta de Administración dio por cerrado el caso, pero a través de la Visitaduría se implementaron acciones para constatar que todos los funcionarios judiciales y trabajadores cumplan con su horario laboral, ya sea en home office (en sus domicilios) o en las oficinas administrativas y juzgados.

“Estamos al pendiente de esta situación, incluso nuestra Visitaduría acude a los lugares para saber quién está en juzgado, quién está en casa trabajando”, dijo al señalar que se ha corroborado que todo el personal realiza sus labores desde los lugares asignados y el asunto de la ahora ex juez es el único caso.

El pasado 15 de febrero, al cambiar el color del semáforo epidemiológico de rojo naranja, el TSJ reactivó actividades con el 30 por ciento de su personal en modalidad presencial y el 70 por ciento con labores desde sus domicilios, como lo marcan los protocolos sanitarios.

 

 

Miércoles, 24 Febrero 2021 05:18

Impugnan TSJ y TUJA su presupuesto 2021

Nuevo intento del Poder Judicial para reclamar legalmente el 4.7% del presupuesto estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su autonomía financiera e impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso local para el ejercicio 2021. 

Esta vez el recurso de control constitucional 15/2021 fue promovido conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ostenta la representación del Poder Judicial estatal, y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), quien en ocasiones anteriores intentó por su cuenta impugnar el presupuesto asignado.  

De acuerdo con la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2021, al Poder Judicial le fue asignado un monto de 549 millones 34 mil pesos (equivalente al 2 por ciento del presupuesto estatal), de los cuales 449 millones 34 mil pesos fueron etiquetados la operatividad del TSJ; 75 millones para pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos que enfrenta este tribunal y 25 millones de pesos para el TUJA.

Sin embargo, ambos tribunales reclamaron ante la SCJN que el presupuesto asignado no solo fue insuficiente, sino que no corresponde al del 4.7% del presupuesto programable estatal, cuyo porcentaje fue establecido en la Constitución local al otorgar autonomía financiera al Poder Judicial del Estado de Morelos.

El nuevo recurso fue promovido luego de que, el pasado 26 de noviembre de 2020, la SCJN invalidó el Presupuesto de Egreso del Estado de Morelos 2020 y, en consecuencia, sobreseyó la controversia constitucional 42/202 interpuesta por el Poder Judicial para reclamar la modificación a su proyecto de presupuesto y la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable.

 

 

 

Exigen respeto a usos y costumbres del municipio indígena.

Un grupo de habitantes del municipio indígena de Hueyapan realizó varios actos de protesta en la capital morelense, inconformes con el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), que declaró subsistente la integración de Consejo Municipal e invalidó las asambleas realizadas en enero pasado para destituir a los miembros del órgano de gobierno.

El primer punto fue la sede del TEEM, donde el grupo inconforme lanzó consignas contra los magistrados, exhibió pancartas en las que repudió al Consejo Municipal y alegó respeto a los usos y costumbres del municipio indígena.

Por razones de seguridad, el acceso a las instalaciones del tribunal fue cerrado y vía telefónica, los inconformes tuvieron comunicación con la magistrada presidente Martha Elena Mejía, quien escuchó los argumentos y llamó al diálogo a los manifestantes.

Los inconformes expresaron que existe un clima de tensión y divisionismo en el municipio, que ha llegado hasta las amenazas de violencia y muerte entre los grupos que se disputan el control del Consejo Municipal.

Posteriormente, el grupo, conformado por cerca de 50 personas, trasladó su protesta al Palacio de Gobierno, donde exigió la intervención de la autoridad estatal en el conflicto.

A través de un comunicado, el TEEM expresó que la sentencia emitida dentro de juicio ciudadano TEEM/JDC/06/2021-3, en la que ratificó en su cargo a los integrantes del Consejo Municipal de Hueyapan y declaró la nulidad de las asambleas de enero pasado por las que se pretendió destituirlos, fue apegada al marco del derecho electoral, se basó en los documentos probatorios aportados en el expediente y en los argumentos que cada uno de los grupos en conflicto ofreció a través de audiencias virtuales con los magistrados.

Recalcó que la sentencia del tribunal local no es definitiva y que los inconformes tienen la posibilidad de impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que llamó a los pobladores del municipio indígena a agotar las vías institucionales y legales.

“Respetuosamente el Pleno hace un llamado para a los habitantes inconformes de la comunidad (sic) de Hueyapan, a recurrir al diálogo, a la paz y a la unidad social, agotando todas las instancias jurisdiccionales, para preservar el orden constitucional en el marco del derecho electoral”, exhortó.

 

 

 

El hijo adolescente del exlíder del cártel de Los Rojos recibe la condena de cinco años de internamiento por parte de un tribunal de alzada.

Por el delito de secuestro, un tribunal de alzada condenó a cinco años de internamiento a Edwin “N”, hijo adolescente del ex líder del cártel de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, quien actualmente purga una condena de 20 años por delincuencia organizada en el penal federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, luego de que en septiembre de 2020 un juez especializado en adolescentes absolvió al menor del delito de privación ilegal de la libertad por la supuesta falta de elementos, el agente del Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

El tribunal de alzada determinó revocar la sentencia y condenar a Edwin “N” a la pena máxima de cinco años de internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla).

De acuerdo con la fiscalía, el tribunal de alzada consideró que sí fueron aportados elementos suficientes sobre la coparticipación del hijo del capo en el secuestro de dos jóvenes, uno de 15 años y otro 20, perpetrado el 3 de septiembre de 2019.

Tras ser privadas de la libertad, las víctimas habrían sido trasladadas a una casa de seguridad, donde fueron asesinadas e inhumadas clandestinamente en un rancho de la región sur poniente del estado.

Al investigar los hechos, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) ubicó a Edwin “N” como copartícipe del delito y un juez libró una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 19 de diciembre de 2019 en Puerto Escondido, Oaxaca, a donde el menor había huido.

El adolescente enfrenta un segundo proceso penal, el cual se encuentra en la etapa intermedia, por el presunto secuestro agravado de otras dos personas.

 

 

La fiscalía necesita diez meses para realizar exámenes al 40 por ciento de los agentes que requieren el trámite, pero el plazo del gobierno federal vence a finales de marzo.

En los próximos diez meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo aplicará el examen de control de confianza al 40 por ciento de los mil 358 policías municipales que todavía carecen del Certificado Único Policial (CUP). En tanto, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aún no tiene respuesta del gobierno federal sobre la petición de prórroga, ya que el plazo para que los elementos obtengan su certificación, como requisito obligatorio de permanencia, vence el 31 de marzo próximo.

La FGE informó que el personal del C-3, área responsable de la aplicación de los exámenes de control y confianza, convocó y sostuvo una reunión con los representantes de los ayuntamientos para programar la aplicación de las pruebas durante el periodo marzo-diciembre, en virtud de que los municipios no habían solicitado las evaluaciones para sus elementos.

De acuerdo con la fiscalía, durante los próximos diez meses aplicará mil 149 exámenes de control y confianza que se cubrirán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de los cuales 584 serán aplicados a elementos en activo de los distintos municipios, 408 a oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad y 157 a custodios del sistema estatal penitenciario.

Recordó que el Artículo 40 inciso XV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que los elementos policiales deberán someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.

Según las estadísticas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de los dos mil 238 policías municipales, mil 358 no cuentan con CUP, lo que significa que el 60.7% de los elementos estarían en riesgo de ser dados de baja.

Esto significa que, si la FGE en el 2021 solo aplicará  exámenes de control de confianza (requisito indispensable para obtener el CUP) a 548 elementos municipales (40%), quedarían sin evaluación 810 elementos (60%).

Pero la presión hacia los ayuntamientos y los elementos municipales no certificados aumenta, debido a que, a poco más de un mes de que fenezca el plazo para que los policías cuenten con su CUP, el gobierno federal no responde a la petición de prórroga de la CES.

De acuerdo con la normativa en materia de seguridad pública, al 31 de marzo todos los elementos de seguridad en el estado deberán de contar con la certificación, de lo contrario, procedería la baja.

 

 

 

El organismo promueve ante la SCJN nueva acción de inconstitucionalidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva acción de inconstitucionalidad para impugnar el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad, aprobada por el Congreso local.

De acuerdo con los estrados electrónicos, recientemente el organismo local promovió la acción de inconstitucionalidad 32/2021, para impugnar el decreto 1106, por el que el Poder Legislativo se autorizó al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, la contratación de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública a cargo del Estado.

También impugnó la contratación de instrumentos derivados y garantías de pago oportuno asociados al financiamiento y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden a la entidad, a través del fondo general de participaciones, para que sea la fuente de pago de dichas operaciones.

La acción de inconstitucionalidad aún está en espera de que se acuerde su admisión o no por parte de la SCJN. Cabe destacar que la promoción del recurso de control constitucional se da en medio de las diferencias y confrontaciones entre el titular del organismo, Raúl Hernández Cruz, y el Poder Ejecutivo estatal.

En el mes de diciembre, el Congreso aprobó la iniciativa presentada por el gobernador para el refinanciamiento de hasta seis mil 592 millones de pesos, y la afectación a un porcentaje del Fondo General de Participaciones, cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su edición número 5899.

 

 

 

 

Deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación: CNDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades del sector salud y penitenciarias, a garantizar la vacunación contra el covid-19 a los adultos mayores que actualmente se encuentra recluidos en los centros de reinserción social bajo proceso o cumpliendo sentencias.

El organismo nacional estimó que en los penales federales y estatales se encuentra privadas de su libertad poco más de seis mil personas mayores de 60 años, que tienen derecho a la aplicación de biológico y deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. 

“La CNDH hace un llamado a dichas autoridades para que garanticen el derecho de las personas internas en centros penitenciarios federales, estatales y militares, a acceder oportuna y eficazmente a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho en igualdad de condiciones que la población en libertad, conforme a los principios de dignidad, trato humano e igualdad; en caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, recalcó. 

 Indicó que, derivado de visitas realizadas por el organismo a diversos centros penitenciarios, ha constatado que, en algunos de ellos, las personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la política nacional de vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a la aplicación.  

“Lo anterior es motivo de preocupación, dado que recientemente nuestro país inició la vacunación de personas mayores de 60 años en toda la República, previo registro en línea; lo que coloca a aproximadamente 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad (quienes además pueden pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria) en condición de vulnerabilidad respecto al conjunto de la población”, dijo.

Recordó que en el “Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19”, emitido en junio de 2020, la CNDH enfatizó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos, de forma gradual y progresiva, insumos médicos, medicamentos, sanitarios, sanitizantes y de higiene personal, así como visibilizar en las partidas presupuestarias correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas para covid-19, estudios clínicos y/o vacunas (cuando estuvieran disponibles) destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad.  

Agregó que la comisión dará seguimiento al tema, con el fin de verificar que los adultos mayores privados de su libertad en los centros penitenciarios tengan acceso a la vacunación.

 

 

 

Morelos se encontraba en semáforo rojo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anunció que separó del cargo a una juez que se fue de vacaciones, a pesar de que el estado de Morelos se encontraba en semáforo rojo y ella debía estar en funciones.

A través de un breve comunicado y sin dar detalles del caso, el TSJ dio a conocer la medida disciplinaria aplicada a la funcionaria judicial, y afirmó que no permitirá que “este tipo de acciones incidan en detrimento del esfuerzo que a diario realizamos los poco más de mil 500 empleados para continuar consolidando a la justicia como una actividad esencial en tiempos de pandemia”.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, la juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), Katia Vargas Robles, fue separada del cargo, debido a que por una “denuncia anónima” la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina fue enterada de que la funcionaria judicial se encontraba fuera de Morelos, vacacionando en un destino de playa, e inició una investigación.  

En su comunicado, el TSJ informó que, “la semana pasada -mientras el estado de Morelos permanecía en color rojo en el semáforo de riesgo sanitario- corroboró que en días y horas laborables un juez se encontraba en un destino turístico, incumpliendo con su responsabilidad profesional y compromiso ético a favor de los justiciables, por lo que de inmediato se separó del cargo que ostentaba”.

Recalcó que “desde el inicio de la pandemia, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos elaboró el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, mismo que fue aprobado por la autoridades del sector salud en la entidad, donde se establecieron las medidas a seguir para garantizar la continuidad de la actividad jurisdiccional, ya sea laborando presencialmente en los juzgados a través de guardias o desde sus hogares, sin dejar de proteger en todo momento la salud de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos”.

 

 

 

 

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