Maciel Calvo

Maciel Calvo

Se atienden quejas por bloqueo de señal de vecinos de centros penitenciarios: Ponce Bórquez  

Ante su obsolescencia, las autoridades penitenciarias buscarán renovar los equipos bloqueadores de señal de telefonía celular en todos los centros de reinserción social.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce Bórquez, señaló que aun cuando en los operativos de revisión no se han detectado aparatos de telefonía móvil en el interior de los penales, es necesario hacer una renovación de los equipos para reforzar las medidas de seguridad.

“Los bloqueadores de señal de celular algunos son obsoletos, unos funcionan, otros ya no funcionan, va evolucionando la tecnología celular y se van quedando obsoletos. El gobernador, a través del comisionado estatal de seguridad, en el nuevo presupuesto de 2019 se van a adquirir nuevos bloqueadores”, explicó.

Precisó que en cada uno de los centros penitenciarios existe al menos un equipo bloqueador de señal, pero se tiene previsto hacer la renovación el próximo año, una vez que se autorice presupuesto para este fin.

Informó que también se atienden tres quejas que fueron promovidas por personas que habitan en las inmediaciones de los penales, que se quejan de que los bloqueadores afectan su comunicación móvil.

Agregó que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una medición del alcance de los bloqueadores y se atenderán los casos conforme a las disposiciones legales.

La titular de la CEARV dijo que este año sólo se pudo disponer de 2.5 millones de pesos para atender las solicitudes pendientes desde 2017.

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) espera ser dotada de presupuesto suficiente para atender las solicitudes de reparación de daño y asistencia, en virtud de que año con año las peticiones se duplican.

Nadxieelli Carranco Lechuga, titular de la CEARV, expresó que este año sólo se pudo disponer de 2.5 millones de pesos para atender las solicitudes de reparación y apoyos emergentes pendientes desde 2017.

Dijo que aún falta que la Secretaría de Hacienda transfiera al Fideicomiso de Atención a Víctimas los recursos pendientes y que fueron etiquetados para el 2018 para el fin específico, pero todo dependerá de la viabilidad de las finanzas estatales para cerrar el año.

Dijo que hay en fila alrededor de 180 expedientes de solicitudes de reparación, apoyo y asistencia, que equivalen a un egreso de más de 16 millones de pesos.

Confió en que el próximo año la comisión recibirá el tope mínimo legal del 0.14% del presupuesto estatal que le corresponde.

“Esperamos que el próximo año podamos contar con los recursos suficientes para poder dar la atención que la ley nos obliga hacia las víctimas. A pesar de no tener ese recurso para poder dar de manera directa las medidas de ayuda y asistencia, la comisión sigue haciendo registros de ingreso al Registro Estatal de Víctimas; estamos cerrando con aproximadamente mil 100 personas, incluyendo niños y adolescentes, entre víctimas directas e indirectas”, explicó.

También expresó que siguen generándose los dictámenes de las solicitudes de atención y reparación del daño con la intención de que, independientemente de que no haya dinero, la gente tenga ya en sus manos la aprobación de acceso a los fondos del fideicomiso, para que cuando lleguen los recursos sólo se haga la transferencia bancaria del fideicomiso a las cuentas de las víctimas.

Justificó con estadísticas la necesidad de que la CEARV cuente con recursos suficientes, no sólo para poder instaurar servicios como la asesoría jurídica a las víctimas, sino para atender el cúmulo de solicitudes que año con año se duplican.

Precisó que en el 2016, durante el primer año de funcionamiento de la comisión, se entregaron a las víctimas un millón 700 mil pesos; en el 2017 se entregaron siete millones de pesos; y en el 2018 se necesitaban 16 millones de pesos, pero sólo se entregaron 2.5 millones, y se está a la espera de que lleguen al fideicomiso el resto de los recursos. 

 

Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ordena al Tribunal Electoral de Morelos emitir nueva sentencia en torno a la integración del consejo.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) emitir una nueva sentencia en la que especifique cuál de los dos Consejos Municipales debe asumir funciones a partir del 1 de enero próximo, cuando oficialmente se funda el municipio indígena de Hueyapan.

Al resolver los juicios de la ciudadanía 1240 y 1241 del año en curso, por unanimidad, el Pleno de la Sala Regional revocó parcialmente la sentencia del TEEM relacionada con el reconocimiento de los derechos de la todavía comunidad indígena de Hueyapan a la libre determinación, autogobierno y autonomía. 

A decir de la sala, el tribunal local omitió pronunciarse respecto a la invalidez de algunas normas del decreto de creación del municipio indígena y atender este tipo de asuntos (relacionados con comunidades indígenas) de manera integral, conforme al contexto de la problemática y en suplencia total de los agravios.

El conflicto político social surgió debido a que el Congreso local desconoció al Concejo Municipal electo y luego reestructurado en asamblea por el método de usos y costumbres, en febrero pasado, y luego designó un nuevo consejo presidido por David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, y quien había sido destituido por la asamblea como vocal del consejo.

Debido a la ambigüedad de la sentencia del TEEM, que -si bien- reconoció los derechos de la comunidad indígena, no se pronunció respecto a quienes deberían asumir funciones como órgano de gobierno del nuevo municipio de Hueyapan.

Por lo tanto, la Sala regional consideró que el tribunal local “vulneró el principio de certeza al no atender la pretensión de la parte actora en el juicio local, conforme al cual debió determinar si tenía que reconocer al nuevo concejo o prevalecía el primero”, y por esta razón ordenó al TEEM emitir una nueva sentencia. 

 

En el 70% de los casos de homicidio, los criminales utilizaron dicho medio de transporte para perpetrar el crimen y huir, señala la CES.

Se pretende constatar que los conductores cuenten con la documentación necesaria para transitar.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) implementará un operativo de revisión a motocicletas con el fin de detectar unidades robadas o utilizadas para perpetrar delitos de alto impacto.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, detalló que en el análisis de información criminógena, se detectó que en el 70% de los casos de homicidio los criminales utilizaron motocicletas para perpetrar el crimen y huir.

También los delincuentes utilizan frecuentemente este medio de transporte para asaltar, robar o cometer otros delitos.

“Es necesario este operativo, de otra manera no vamos a poder ir combatiendo estos crímenes que están alarmando a la sociedad. Ya es necesario poner mano dura ahí en los retenes que vamos a establecer para revisar principalmente las motos, sin que esto signifique que vamos a violentar los derechos humanos de ellos”, afirmó.

El operativo se aplicará en Cuernavaca y diversos puntos de la entidad con el apoyo de la Policía vial y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Ortiz Guarneros pidió la comprensión de los motociclistas y los llamó a colaborar con la autoridad y a mantener en regla la documentación de sus vehículos.

“Hay que entender que los que traen motocicletas también son ciudadanos que están reclamando la seguridad, entonces ellos deben de cooperar. Como dicen: ‘el que nada debe nada teme’, o sea, si ellos están bien, va a ser una revisión, mostrarán sus documentos, si están bien, seguirán adelante con su rutina”.

“Obviamente, si no tienen con qué comprobar la legítima propiedad de la motocicleta, serán puestos a disposición, se les recogerá la motocicleta y la sanción que le corresponda. Sabemos que a veces no traen los documentos con ellos, pero bueno, irán por sus documentos, pero si comprueban la legítima propiedad, y que la motocicleta no es producto de un robo, pues se les devolverá inmediatamente”, destacó.

Agregó que el operativo se realizará con respeto a la ley y los derechos humanos, e insistió en la colaboración de los ciudadanos para prevenir y combatir los delitos que afectan a la sociedad. 

 

 

Pugna la CIDH por el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) llamó a las autoridades estatales a evitar que sus servidores públicos emitan declaraciones que revictimicen a las mujeres asesinadas, y establecer en breve mesas de trabajo para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG), mientras que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, confirmó que se establecerán mesas de trabajo a partir de enero para abordar el tema junto con los nuevos alcaldes.

La CIDH Morelos informó que el martes sostuvo una reunión con el responsable de la política interna, que concluyó con el compromiso de realizar un seguimiento puntual de las acciones y medidas de la AVG para enfrentar la ola de violencia feminicida que este año cobró la vida de más de 70 mujeres. Incluso, ayer fueron localizados los cuerpos de dos mujeres asesinadas violentamente.

Detalló que presentó al funcionario un amplio informe de la investigación que a lo largo de 18 años realizó la comisión sobre el tema del feminicidio, y el cual fue fundamental para que en agosto de 2015 el gobierno federal decretara la AVG en ocho de los 33 municipios de Morelos.

Pero también la comisión exigió que funcionarios estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que estigmaticen o dañen la dignidad de las víctimas de feminicidio.  

“Externamos nuestra opinión crítica en contra declaraciones de funcionarios que revictimizan y, sobre todo, alertamos sobre los casos recientes de feminicidio, que deben ser investigados como tales de acuerdo al protocolo vigente en la fiscalía, para que no haya más impunidad ni violencia institucional”, recalcó la organización civil, luego de que hace unos días el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Guarneros, reveló que las jóvenes asesinadas en una boutique de Jiutepec contaban presuntamente con antecedentes penales por delitos contra la salud.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que todas las muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidios y señaló que en la reunión con la CIDH Morelos se acordó iniciar en el mes de enero, cuando los nuevos presidentes municipales ya estén en funciones, las mesas de trabajo para dar seguimiento e informar públicamente el avance de las 15 recomendaciones que se realizaron por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

 

Afirma que, de concretarse, su remoción sería un mal precedente en el país.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, acusó al Congreso de violentar su derecho de audiencia y debido proceso, al explicar su inasistencia a la comparecencia convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, como parte del proceso para su remoción del cargo.

A través de un comunicado, el fiscal estatal manifestó no estar en condiciones jurídicas para presentarse a la comparecencia, porque el citatorio que fue enviado por la comisión legislativa, y que le fue entregado al mediodía del martes, no tenía anexado el escrito de solicitud de remoción presentado al Congreso por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ni tampoco fue informado de las supuestas causas graves que pudieran justificar su cese.

También alegó que el Congreso no le envió ningún documento con las supuestas pruebas en su contra (en las que algunos diputados afirmaron que carece del examen de control y confianza), ni le concedió ningún plazo razonable para defenderse ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, “sino que violando las garantías de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia”, se le pretende destituir.

Acusó al Congreso de pretender un atentado en contra de la autonomía de la Fiscalía General y que, de proceder su remoción, sin el cumplimiento de los procedimientos y garantías constitucionales, “se estaría dejando patente un ejemplo a nivel nacional, de que la autonomía de los órganos de procuración de justicia pudiera ser una mera simulación, puesto que la autonomía del Ministerio Público debe ser ajena a los vaivenes de los intereses políticos, de grupo y especialmente de índole personal”.

 

La justicia federal admitió la acción colectiva promovida para reclamar a una decena de ayuntamientos por el daño ambiental ocasionado a dicha cuenca.

Ciudadanos y organizaciones civiles celebraron que al fin la justicia federal haya dado entrada a la acción colectiva promovida para reclamar a una decena de ayuntamientos por el daño ambiental ocasionado a la cuenca del río Apatlaco.

Luego de que en mayo de 2016 la demanda colectiva difusa 17/2016 fue desechada por el Juzgado Cuarto de Distrito, a principios del pasado mes de noviembre un tribunal colegiado ordenó su admisión para dirimir el reclamo de un grupo de ciudadanos y permitirá a otros interesados adherirse a la acción legal.

Para ciudadanos y agrupaciones como Guardianes de los Árboles y la Federación de Asociaciones de Colonos (FACEM), es grave la contaminación de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean, por lo que a través de la vía jurídica se busca que se declare el daño ambiental, se finquen responsabilidades y se ordene la reparación del daño.

De acuerdo con los demandantes, la contaminación de la cuenca, que abarca 10 municipios de Morelos, es preocupante porque el agua es un recurso limitado que se deteriora y escasea, causando daños a la biodiversidad de la zona y afectaciones a la salud por su consumo, ya sea de forma directa o indirecta.

El despacho jurídico Mexican Consulting & Development S.C., que patrocina y apoya la causa ciudadana, precisó que existen estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) que prueban que la calidad del agua del río Apatlaco no es apta para actividades agrícolas y causa daños a los productores y diversos sectores de la población, que podrían detonar en problemas de salud, ya que al ser agua contaminada puede crear mosquitos que producen reacciones más severas a sus picaduras o transmisión de enfermedades.

Mediante la acción colectiva difusa, el grupo de ciudadanos y organizaciones civiles  pretende que la justicia federal declare el grado de responsabilidad en la contaminación del río Apatlaco que tienen los municipios y los organismos operadores de agua y saneamiento de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla.

Además, que se declare el daño ambiental que tienen la cuenca y los ecosistemas y se ordene a las autoridades demandadas que reparen el daño causado implementando las acciones necesarias para ello.

En este contexto, quienes forman ya parte de la demanda, convocaron a los ciudadanos comprometidos con un medio ambiente sano y digno, a que se sumen a esta acción colectiva por medio de la página web www.mexicanconsulting.com o el teléfono de contacto 3177500.

 

 

Miércoles, 12 Diciembre 2018 05:36

Marchan para exigir el cese de fiscales

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez no tienen la confianza de la ciudadanía por haber sido impuestos por el exgobernador Graco Ramírez, expresan organismos civiles.

Poco más de una centena de representantes e integrantes de organizaciones sociales encabezados por el director del Observatorio Nacional Penitenciario, Cristian Montero Montero, exigieron el cese de los fiscales estatal y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

Los inconformes marcharon desde el distribuidor vial norte para protestar frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y concluir la manifestación en la nueva sede del Congreso local, en franco reclamo a los legisladores por empantanar la discusión relacionada con la remoción de los llamados “fiscales carnales”, designados durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, por la anterior legislatura.

Cristian Montero, quien se ha postulado para dirigir la CES, afirmó que ambos fiscales no representan los intereses de los morelenses y ocupan los cargos por imposición el exgobernador, además de que no gozan de la confianza social.

“Esta manifestación es para solicitar –fundamentalmente- la remoción de los fiscales de Graco, porque no tenemos confianza en ellos, porque no representan imparcialidad en la administración de justicia, porque no tienen los perfiles, no cumplen con la ley, no tienen los exámenes de control y confianza, pero -sobre todo- porque defienden todas las aberraciones que hizo Graco en su gobierno, no son de confianza para los morelenses”, afirmó.

“También solicitamos que los diputados dejen de defender a Graco. Recordemos que Graco nos trató con un desprecio total y que la asamblea legislativa pasada fue una aberración al deber ser de las instituciones…”.

Insistió en que todo indica que “los diputados protegen intereses mezquinos” y los instó a permitir el debate sobre el cese de los fiscales estatal y anticorrupción.

 

Existe un vacío de información de la Fiscalía en torno al tema, denuncian activistas.

Las activistas Amalia y María Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado no realizar ninguna inhumación de los cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que se garantice que se cumple con los protocolos, se especifique el número de cadáveres no identificados o, incluso, identificados, y se explique porqué permanecen en las morgues.

Ante la presunción de que decenas de cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense pudieran en breve ser sepultados en el panteón ministerial instaurado en Jardines del Recuerdo, en el municipio de Cuautla, señalaron que existe un vacío de información de la fiscalía sobre el tema y su hermetismo hace suponer muchas cosas.

Recordó que hasta marzo pasado, según la información que les proporcionó la institución, había aproximadamente 350 cuerpos acumulados en las instalaciones del Semefo de las tres regiones de la FGE en espera de ser inhumados, pero -desde entonces- se desconoce cuántos cuerpos más permanecen acopiados, si en todos los casos se iniciaron las carpetas de investigación, si se preservaron las evidencias y si se les tomaron muestras biológicas para su posterior identificación genética.

“El ánimo de denunciar esto es que no se está siguiendo con el protocolo, puesto que no han dado respuesta de cuántos cuerpos pretenden inhumar y los que no inhumarían, por qué condiciones o por qué razones no se estarían inhumando”, dijo.

Destacó que existen elementos para iniciar un proceso administrativo al actual coordinador central de Servicios Periciales de la FGE, Samuel Nava Vázquez, por este tema.

Recordó que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016 estableció con claridad los requisitos legales y los protocolos que se deben seguir para la inhumación de cuerpos, además de las consideraciones adicionales que incluyó el organismo nacional para dar un trato digno a los cuerpos y ayudar a las familias de desaparecidos.

Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete, quien fue secuestrado y asesinado y luego inhumado ilegalmente por la FGE en las fosas de Tetelcingo, recalcó que si bien un visitador de la CNDH ha dado seguimiento a la recomendación, no ha constatado las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Semefo, ni cómo se encuentran resguardados los cuerpos que permanecen acumulados.  

 

Brindarán apoyo vial a los grupos de feligreses católicos que pasan por la entidad, con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Morelos implementó el “Operativo Peregrino”, para garantizar seguridad de las caravanas de feligreses católicos que pasan por la entidad, con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

El comisario Jorge Alberto Plascencia Gutiérrez informó que los elementos de la PF brindarán apoyo vial y seguridad a los grupos de peregrinos que pasan por el estado de Morelos, e implementarán medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las personas que se desplazan en camionetas, en bicicletas o a pie con rumbo a la capital del país.

Para evitar percances, recomendó especialmente a los automovilistas disminuir la velocidad de su unidad al observar la peregrinación, mantener una distancia apropiada entre las peregrinaciones para evitar accidentes, respetar las indicaciones de la Policía Federal y los señalamientos en las vialidades, extremar precauciones al rebasar una peregrinación de ciclistas o caminantes, y evitar en todo momento los distractores, como hablar por teléfono, mientras se conduce.

Los agentes federales vigilarán las rutas habituales de las caravanas guadalupanas y harán recomendaciones a los automovilistas para mantener mayor fluidez al paso de los peregrinos y prevenir percances.

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