Maciel Calvo

Maciel Calvo

Anuar González Cianci Pérez fue designado titular del TECA.

Ramón Velázquez Santillán entró en funciones de consejero jurídico del gobierno de Morelos en sustitución de Anuar González Cianci Pérez, quien fue nombrado titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Velázquez Santillán, quien se desempeñaba como director jurídico de la Secretaría de Gobierno, fue designado por el gobernador Graco Ramírez para estar al frente de la dependencia los días que le restan a la administración estatal y hasta que el nuevo titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, determine quién estará al frente de la Consejería Jurídica.

El relevo obedeció a que Anuar González Cianci fue designado, por un periodo de tres años como presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos.

De acuerdo con la versión electrónica del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la mañana de este mismo miércoles fue designado y entró en funciones el nuevo presidente del TECA, en sustitución de Juan Manuel Díaz Popoca, quien culminó su periodo el pasado 1 de septiembre. 

 

Zayra Janet Lulo Juan recibió la designación de manos del fiscal general Uriel Carmona Gándara.

Zayra Janet Lulo Juan tomó protesta como fiscal especial en Desaparición Forzada de Personas, ante un grupo de activistas y organizaciones de víctimas.

La tarde de ayer, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara hizo la designación y toma de protesta de la abogada Lulo Juan, quien ocupó diferentes cargos al interior de la FGE y, hasta hace unas horas, fungía como encargada de despacho de la Dirección de Derechos Humanos de la fiscalía.

Durante el acto oficial, el fiscal estatal realizó “un respetuoso llamado a las autoridades del gobierno del estado que asumirán el cargo a partir del mes de octubre, a establecer los mecanismos de coordinación y trabajo conjunto, sin confrontaciones ni descalificaciones, sólo con el objetivo de mejorar el nivel de atención que se brinde a la sociedad”.

Sostuvo que “no se debe permitir que las instituciones se debiliten por intereses políticos, de poder ni económicos, pues el trabajo debe realizarse en beneficio de la sociedad, especialmente hacia aquellos que enfrentan la búsqueda de familiares, por lo que la Fiscalía General debe trabajar en cumplimiento estricto de la ley”.

Destacó que la comunicación está abierta con los representantes de los tres poderes del estado, con la firme convicción de que a través del respeto institucional y la colaboración activa, podrán mejorarse las condiciones de vida y desarrollo de la población, al tiempo de mejorar temas tan sensibles para la sociedad como es la seguridad y procuración de justicia.

En la toma de protesta de la nueva fiscal especializada estuvieron como invitadas familiares de víctimas como Tranquilina Hernández, Ana Luisa Garduño, Angélica Rodríguez, Gaudencia García, Gabriela Villa, Edith Hernández, Lorena Reza, Irene Camacho y representantes de los colectivos “Regresando a Casa” capítulo Morelos, “Ana Karen Vive” y “Frente de Víctimas del Estado de Morelos”.

La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

 

El organismo independiente señaló omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017.

La CNDH denunció opacidad de los gobiernos federal y estatales en la aplicación de los recursos para atender a los damnificados.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) acusó omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017, y afirmó que existen al menos 116 denuncias y quejas sin avanzar en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fraudes y abusos cometidos contra las familias afectadas. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció opacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales en la aplicación de recursos para atender a los damnificados.

Al realizar una investigación y un balance sobre la situación que priva en las zonas afectadas, principalmente de la región sur del estado, la organización desmintió la versión oficial de que la reconstrucción de las áreas siniestradas lleve un avance del 80%.

Juliana García Quintanilla, coordinadora la comisión, indicó que se realizó una encuesta entre las familias damnificadas en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, una de las zonas con mayores daños por el sismo, para dimensionar el impacto emocional, económico y laboral que provocó la tragedia y la desatención gubernamental.

La conclusión de la investigación fue contundente. De acuerdo con García Quintanilla, las familias todavía padecen estrés postraumático por la pérdida de familiares o amigos, por la destrucción de sus viviendas, por las condiciones de precariedad en las que sobreviven por la falta de servicios públicos elementales como agua potable y energía eléctrica, y por la pérdida de sus comercios o fuentes de empleo.

Explicó que han sido las propias familias damnificadas las que evidencian una serie de violaciones a sus derechos humanos, ante la incompetencia de las autoridades para atender el siniestro.

Por ejemplo, dijo, ninguna autoridad implementó un programa de atención psicológica, ni tampoco de orientación jurídica administrativa. Tan es así que los damnificados sufren todavía secuelas a un año de la tragedia y muchos de ellos fueron víctimas de defraudadores y de abusos.

Señaló que los damnificados fueron engañados por un particular que prometió, a cambio de recibir los fondos que fueron depositados en tarjetas que expidió el gobierno federal a los afectados, que les construirían de nuevo sus viviendas, pero eso no ocurrió. También hubo quejas ante la Profeco por establecimientos que aprovecharon la tragedia para encarecer productos.

Expresó que debido a la omisa y negligente atención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los damnificados han logrado auto-organizarse para denunciar no sólo las violaciones a sus derechos humanos, sino exigir que los gobiernos cumplan con sus obligaciones.

Al igual que la organización Morelos Rinde Cuentas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos destacó que hubo escasa información, reticencia a entregarla o, definitivamente, fue negada, sobre los montos de las aportaciones públicas y privadas para atender los daños del sismo, así como el destino de los recursos.

Por tal razón, la comisión consideró indispensable que la FGE y la Profeco avancen en las quejas y denuncias para sancionar a los responsables de los fraudes y abusos; que los tres niveles de gobierno transparenten el uso de recursos y, de la misma forma, las instituciones privadas como fundaciones y de asistencia, den a conocer sus aportaciones, para dar claridad sobre cuánto se invierte en la reconstrucción y verificar si efectivamente los recursos se usan para ello; que se implemente un programa de empleo y apoyo psicosocial, y se genere un protocolo de seguridad y prevención, así como capacitación para la atención de este tipo de contingencias.

 

Cifras y recursos sin claridad: CNDH

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y mil 372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.

“Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro”, señaló en realación a la información requerida a autoridades federales y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Destacó una serie de inconsistencias en las cifras de daños que impide dimensionar objetivamente los daños ocasionados por los sismos. Por ejemplo, en materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Sedatu.

“Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de  la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”, destacó.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advirtió avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto.

Por ello, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a la CNDH la información que les ha solicitado.

 

 

Pobladores y representantes de Bienes Comunales de Tepoztlán realizarán una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Segunda Sala debatirá este miércoles el proyecto de resolución propuesto por el ministro Eduardo Medina Mora que propone amparar al empresario José Antonio Zorrilla Ducloux y al consorcio “Pirámide y Convento S.A. de C.V.”, asociados al fallido proyecto inmobiliario Club de Golf “El Tepozteco”.

De acuerdo con los asuntos enlistados, la Segunda Sala tiene previsto votar el proyecto de amparo directo en revisión 40/2017, en el que el ministro Medina Mora propone a sus homólogos amparar a Zorrilla Ducloux y el consorcio, para efecto de que el Tribunal Superior Agrario anule la sentencia del 12 de mayo de 2016 a favor de la comunidad de Tepoztlán y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva para determinar la posesión de 280 hectáreas en el municipio de Tepoztlán, con base una serie de consideraciones contenidas en el proyecto.

En la propuesta de resolución se plantea analizar de nueva cuenta los alcances jurídicos de los oficios administrativos 163603, 163605, 161960, 162190, 160854 y 160856, emitidos en 1962 y 1963, en los que se aduce que la superficie en litigio es propiedad privada, y se determine si éstos efectivamente demuestran la exclusión de ciertos predios de las tierras comunales, sin que pueda tomar en cuenta para tal efecto lo previsto en el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.

También se estipula que el Tribunal Superior Agrario tendrá libertad de jurisdicción para determinar si los elementos de prueba y argumentos que fueron hechos valer durante el juicio agrario por ambas partes -comunidad tepozteca y empresarios- permiten arribar o no a la conclusión de que se actualizó una “privación ilegal” de los predios que son materia de litigio.

Otra de las consideraciones previstas es que, en caso de que el tribunal determine que procede la restitución de las tierras a la comunidad, analice si es procedente y, en su caso, se pronuncie si es dable o no citar a todos los vecinos de Tepoztlán para que comparezcan en juicio.

A pesar que en diversos momentos e instancias las resoluciones han sido favorables para la comunidad tepozteca, el empresario y el consorcio alegan que los predios les pertenecen desde hace décadas, pues los obtuvieron de manera legal y estuvieron en posesión de ellos de manera pacífica y continua, además de que se duelen de presuntos omisiones y vicios en las sentencias previas. En tanto que los Bienes Comunales defienden que esas hectáreas son propiedad de la comunidad por decreto presidencial desde 1929 y forman parte del corredor ecológico bajo protección Ajusco-Chichinautzin y el Parque Nacional “El Tepozteco”.  

A unas horas de que el caso sea discutido en la SCJN, pobladores, comuneros y ambientalistas anunciaron que realizarán este miércoles una manifestación a las afueras de la sede del máximo tribunal del país, en espera de que los ministros voten con conciencia y rechacen amparar al empresario y el consorcio.

También hicieron un exhorto a las organizaciones sociales a unirse al movimiento de defensa de la tierra y un llamado a la unidad a la comunidad. “Estamos llamando a la población tepozteca a que sea crítica, analítica y que al final de cuentas esta es la lucha que dieron nuestros papás, que dieron nuestros abuelos, y estamos llamando a esa unión que en 1994 (cuando se activó el proyecto del Club de Golf) mostró el pueblo tepozteco y ésta sigue siendo su lucha”, indicó Angélica Ayala, joven habitante del municipio de Tepoztlán.

 

La ONG Morelos Rinde Cuentas señala que se ignora el destino de los donativos de empresas, así como datos de las constructoras y casas de materiales que atienden los trabajos.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas lamentó la opacidad y la deficiente información generada por el gobierno estatal, en relación a más de 7 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción de las zonas devastadas  por el sismo 7.1 en la escala de Richter, ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

En rueda de prensa, representantes de la organización, conformada por académicos y empresarios, destacaron que realizaron un ejercicio de búsqueda y análisis de información sobre los fondos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas, pero constaron que la información es poca y deficiente en el ámbito estatal y nula por parte de los ayuntamientos.

La búsqueda se realizó a través de la Plataforma Fuerza México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el organismo descentralizado Unidos por Morelos, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos y diversos ayuntamientos.

Juan Cintrón Patterson -presidente del Consejo del Directivo de Morelos Rinde Cuentas- señaló que la deficiente información, la opacidad, la falta de claridad en las cifras tanto del número de recursos aplicados como en el número de beneficiarios y la cuantificación de daños, no permite que los ciudadanos tengan certeza del desempeño gubernamental en la atención del siniestro.

Roberto Salinas Ramírez, director de la organización, dijo que la información estatal y federal analizada, así como las aportaciones privadas para atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas, son variadas y no permiten apreciar con certeza que haya una aplicación adecuada de los recursos económicos.

Por ejemplo, hay dos bases de datos que integraron los gobierno federal y estatal por separado, en el que el primero reportó 15 mil 800 beneficiarios del Fonden; y, el segundo, reportó a través de Unidos por Morelos, 15 mil 245 beneficiarios del apoyo para la reconstrucción de los daños parciales o totales que sufrieron las viviendas.

Incluso, se reportó que hubo al menos 22 personas que recibieron 175 mil pesos de apoyo por daños totales a su vivienda, cuando se supone que el tope del apoyo era de 120 mil pesos.

Se detectó también que las dependencias no informaron del costo de los materiales o insumos para atender la contingencia, la información es escasa o nula respecto a qué empresas les fueron asignadas obras de reconstrucción, los montos de inversión, la ubicación, los plazos de ejecución y los avances de cada una de ellas, a un año del sismo.

Morelos Rinde Cuentas también cuestionó la falta de información sobre las aportaciones en especie y económicas realizadas por fundaciones y empresas. Por ejemplo, el grupo Averanda aportó al Fondo de Reconstrucción una donación de 4.2 millones de pesos, los cuales fueron depositados el 15 de febrero pasado en una cuenta bancaria de Banorte a nombre del Gobierno de Morelos, pero –revela la documentación pública- seis días después fueron retirados y no hay información sobre el destino de esos recursos.

En el número de planteles educativos dañados también hay inconsistencias, pues mientras el gobierno federal reportó mil 345 edificios afectados, la Secretaría de Obras de Morelos registró mil 193.

Ante las dudas sobre el destino de los fondos tanto públicos como privados, y el vacío de información gubernamental, Aida Alanís -integrante del Consejo Directivo- dijo que Morelos Rinde Cuentas consideró necesario hacer cuatro propuestas.

La primera, que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía, de forma inmediata, completa y en formato de datos abiertos, la información sobre el censo, los beneficiarios y el listado de obras públicas, relacionando los datos federales y locales.

La segunda, que se  publique toda aquella información que permita conocer la asignación de recursos y el uso de cada peso para la reconstrucción, que incluya estados de cuentas, transferencias, cheques, auxiliares contables, etcétera.

La tercera, que se explique qué asuntos y trámites quedarán pendientes relativos al sismo en el cambio de administración. Y la cuarta, que se concentre información de todas las dependencias estatales y municipales sobre acciones y recursos destinados a la reconstrucción.

 

Piden a Cuauhtémoc Blanco incluir a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Agrupaciones de abogados conformaron un bloque para solicitar a la nueva legislatura la derogación de diversas reformas aprobadas por los anteriores legisladores y someter a revisión los decretos de varias “jubilaciones doradas”, así como exhortar al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo a que incluya a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Jaime Castera Toscano, a nombre de al menos 11 organizaciones de litigantes, solicitó a los miembros de la LIV Legislatura reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato que sus antecesores derogaron pese a la oposición de la sociedad civil.

Condenó la aprobación exprés de la anterior legislatura de al menos 180 “pensiones doradas” a empleados de primer nivel y familiares de altos funcionarios sin que, al parecer, cumplieran con requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil.

Por ello “estamos solicitando se lleve a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes y, en su caso, sean iniciadas las denuncias a que dé lugar y, en su momento, se abroguen los decretos de jubilación en los que existan irregularidades”.

Las organizaciones de abogados se pronunciaron contra la nueva Ley del Notariado del Estado de Morelos y la asignación de patentes de notaría a personas que no cumplen con el perfil.

Pidieron la derogación de la normatividad que permite, de manera discrecional, la enajenación de inmuebles públicos; la reforma que extendió el periodo de los magistrados de 14 a 20 años; la concesión del estadio “Agustín Coruco Díaz”; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que estipuló que su titular durará en el encargo nueve años, así como la revocación de la designación por siete años de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción.

Los litigantes se pronunciaron por que los anteriores legisladores y el gobernador saliente sean sometidos a un juicio de responsabilidad política, por los agravios cometidos en contra de la sociedad y como parte de la cultura de combate a la corrupción.

Exhortaron a los diputados a que pongan a disposición de los profesionales del derecho los proyectos de ley que generen, con el propósito de aportar comentarios, observaciones o propuestas.

De igual forma, realizaron un llamado al  gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para que incluya entre sus colaboradores y miembros de gabinete a profesionistas morelenses, pues en las condiciones en las que recibirá el estado es imprescindible que cuente con personas no sólo capaces y que tengan el perfil profesional, sino que conozcan a la gente y sus necesidades.

El pronunciamiento fue respaldado por Abogados Unidos por México, Amigos de Cuauhnáhuac, Asociación de Licenciados en Derecho, Colegio de Mediadores del Estado de Morelos, Consejo Estatal de Abogados, Desarrollo Gradual Directo, Barra de Abogados, Jueces Jubilados del Estado de Morelos, Federación de Asociaciones Civiles y el Cuerpo Diplomático de los Derechos de Niños, Mujeres y Hombres. 

 

Son los varones quienes generalmente eluden esa obligación

Hasta cinco años de prisión y el embargo de bienes pueden recibir quienes se resistan a cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos. Son los varones quienes generalmente eluden esa obligación, con el argumento de que tienen una segunda familia o “dudan” de que las madres hagan buen uso del recurso.

Antonio Pérez Ascencio, titular del Juzgado Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recalcó que la resistencia o el incumplimiento de la asistencia alimentaria es un delito que puede ser sancionado con la prisión por un periodo no mayor a cinco años o con una sanción pecuniaria.

“Por lo regular los hombres no quieren que la solicitud de pensión se envíe a sus áreas de trabajo, que se les descuente el porcentaje de las prestaciones o utilidades laborales, bajo el argumento de que no confían en que la mamá de sus hijos utilice el dinero de manera adecuada”, explicó.

Detalló que la resistencia para cumplir con este derecho que tienen los hijos se debe también a que los padres de familia alegan que tienen otra familia que mantener o la ausencia de oportunidades de trabajo.

“Nos damos cuenta de que los hombres tienen pendiente una pensión cuando se presentan ante el juzgado y refieren que tienen una segunda familia que mantener y lo establecen como argumento defensivo para que la pensión que se fije sea menor, por la responsabilidad que ya tienen”, dijo.

Estimó que, tan sólo en su juzgado, se registra un 10 por ciento de demandas de pensión alimenticia, pero la cifra puede aumentar con las nuevas tendencias sociales.

“Es importante que con el mismo amor que decidieron procrear a sus hijos, subsista procurar el pleno desarrollo de ellos en las etapas de la niñez, la infancia y la adolescencia; procurarlos y educarlos para que tengan un oficio y en la edad adulta sean personas de bien”, recomendó.

Recordó que la ley establece que, en caso de que el padre o la madre no cumplan con la pensión alimenticia, se puede hacer la ejecución de embargo de bienes, el remate de los mismos y obtener la liquidez para que cumplan con el pago de este derecho.

El juez indicó que se han registrado casos en que un obligado puede tener dos, tres o más responsabilidades de pensión alimenticia.

La empresa debió construir un tramo carretero en el municipio de Cuautla

La Secretaría de Obras del gobierno de Morelos rescindió el contrato a la empresa Edificación y Desarrollo Inmobiliario Coyer S.A. DE C.V. e hizo a efectiva la garantía a favor del Poder Ejecutivo, por el incumplimiento en la construcción de un tramo carretero en el municipio de Cuautla, la cual debió ejecutarse desde el 2016.

El 8 de noviembre 2017, Caminos y Puentes Federales (Capufe) denunció el incumplimiento de la obra y fue hasta entonces que la Secretaría de Obras, a petición de la dependencia federal, inició el procedimiento administrativo y realizó el 1 de diciembre de 2017 una supervisión en la zona, donde levantó una acta circunstanciada y notariada en la que se hizo constar que la obra no se ejecutó en tiempo y forma, y la constructora literalmente abandonó la obra pública.

El 29 de agosto de 2016 la empresa y el gobierno estatal firmaron el contrato, en el que se estableció que el consorcio culminaría la obra en 150 días naturales y debería entregarla el 27 de enero de 2017.

La construcción de la carretera tendría un costo de 14 millones 345 mil 238 pesos con 99 centavos, pero al incumplirse la ejecución de la obra en los términos estipulados en el contrato, la Secretaría de Obras estatal hizo efectiva la garantía, fijada al 10% diez por ciento del importe total contratado, mediante póliza de fianza otorgada por ACE Fianzas Monterrey, S.A. por un monto de un millón 434 mil 523 pesos con 89 centavos.

En la resolución del procedimiento de rescisión de contrato, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el área jurídica de la Secretaría de Obras detalló que la empresa constructora fue emplazada a presentar pruebas y alegatos a su favor, pero sus representantes nunca comparecieron.

 

Lo que requiere el organismo es más presupuesto para cumplir con sus responsabilidades legales, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, recalcó que el órgano no necesita más comisionados, sino más presupuesto para ampliar el equipamiento y personal para continuar con el avance de la ley general y estatal en materia de transparencia y protección de datos personales.

Precisó que a petición de la nueva legislatura, el viernes pasado fue suspendida la sesión extraordinaria del Pleno del IMIPE en la que se tenían previstos cambios al reglamento interno del instituto para incluir a los dos nuevos comisionados y asignarles ponencia.

Explicó que -por escrito- el Congreso les solicitó frenar cualquier modificación a la normativa interna porque había en curso un juicio de amparo contra la designación exprés realizada por los anteriores legisladores, lo cual fue comunicado de inmediato a los nuevos comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez.

Señaló que espera la notificación oficial del Congreso respecto a la revocación realizada ayer de ambos nombramientos, pero el instituto continuará con las labores habituales con sus actuales comisionados y estará atento de las definiciones que sobre el tema hagan los legisladores.

Ratificó su postura de que el IMIPE no necesita más comisionados y que los tres en funciones son suficientes, y consideró que lo que sí necesita el órgano garante es más presupuesto para atender todas sus responsabilidades legales, dar continuidad o concretar programas y proyectos, así como evolucionar con las plataformas tecnológicas a 15 años de la fundación del instituto.

Adelantó que el proyecto de presupuesto del instituto para 2019 prevé una solicitud de presupuesto de entre 28 y 30 millones de pesos, es decir, 15 millones más que en 2018, justamente para cumplir con todas la exigencias del sistema nacional de transparencia.

 

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