Noé Sandoval Morales es señalado como presunto responsable del delito de ejercicio abusivo del servicio público.

El ex director General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Noé Sandoval Morales, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación Criminal y puesto a disposición de un juez de control para ser imputado como presunto responsable del delito de ejercicio abusivo del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que el ex funcionario fue detenido como consecuencia de la integración de la carpeta de investigación FECC/131/2018, en la que es señalado como presunto responsable de haber otorgado ilegalmente permisos del transporte público a varias personas, sin causa justificada  y de forma ilegal.

Es decir, fueron expedidos sin cumplir con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Transporte de Morelos, que “establece que se requiere de concesión otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos, para la operación y explotación de los servicios del transporte; por tal motivo, los permisos y ampliaciones de los mismos son ilegales y nulos”.

La fiscalía recalcó que la aprehensión del ex funcionario se ejecutó con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, y se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con la FECC, el ex funcionario contaba con una orden de aprehensión en su contra, derivado de la carpeta de investigación FECC/131/2018 que se abrió tras la denuncia que promovió el gobierno del estado en contra de Sandoval Morales, por  presuntamente haber  engañado a los transportistas con permisos ilegales y la promesa de que serían regularizados sus taxis y rutas. 
El ex servidor público fue puesto a disposición del juez para realizarle la formulación de imputación en su contra. 

Llama secretario de Movilidad a transportistas defraudados a denunciar 

Tras la detención del ex director de Transporte Público y Particular, el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, hizo un llamado a todos los transportistas que presuntamente fueron engañados por Noé Sandoval, quien les vendió los permisos para circular, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. 
El secretario dijo que es importante que la investigación iniciada en contra del ex servidor público se fortalezca con más elementos que prueben su posible responsabilidad. 
De igual forma, reiteró que la Secretaría de Movilidad y Transporte no regularizará ningún permiso de taxi o ruta que se haya otorgado de manera ilegal. 
Para ello, recordó que la Secretaría de la Contraloría inició una investigación para determinar cuántos transportistas pagaron de manera legal por un título de concesión de taxi, derivado del proceso de regularización del 2014.

Piden que se proceda en contra de los ex secretarios de Movilidad 

El presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público del Estado de Morelos, Víctor Mata Alarcón, manifestó su confianza en que se aplique la ley en contra del ex director General de Transporte Noé Sandoval Morales, quien presuntamente defraudó a cerca de tres mil transportistas, al haberles otorgado permisos falsos, con la promesa de regularizar sus taxis y rutas. 
Tras la detención del ex funcionario, el líder transportista afirmó que dicha investigación debe alcanzar también a los ex secretarios  de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén y David Martínez, quienes presuntamente fueron los que organizaron el supuesto fraude, con fines económicos, pero también político-electorales.
Refirió que los transportistas engañados fueron principalmente de la zona metropolitana y oriente del estado. 
Por su lado, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, dijo que además de ex funcionarios, líderes transportistas estuvieron involucrados en los actos de corrupción que se cometieron en la pasada administración estatal, por lo que también debería procederse legalmente en su contra.

Cuauhtémoc Blanco señala que es cuestión de tiempo para que la FGR llame a cuentas al exmandatario estatal.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que cree en la ley y consideró que es cuestión de paciencia para que la Fiscalía General de la República (FGR) llame a cuentas al ex mandatario estatal Graco Ramírez Garrido Abreu.

El titular del Ejecutivo fue entrevistado en torno a la vinculación a proceso y detención de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga, por su presunta participación en una red de corrupción que habría desviado recursos públicos por más de cinco mil millones de pesos.

“Yo creo en la ley hay que tener paciencia” expresó, al referir que espera que pronto la FGR proceda en torno a las denuncias que su gobierno formuló contra el ex gobernador Graco Ramírez y algunos de sus ex colaboradores por presuntos actos de corrupción.

“Dios quiera y caiga, como van a comenzar a caer algunos secretarios y ya lo estamos viendo, hay muchísimas demandas, una especial en la Federación, y Dios quiera que en uno o dos meses caiga el ex gobernador. Ya llevamos nueve meses, yo tengo paciencia y siempre he dicho que habrá justicia divina…”.

Llamó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Poder Judicial a que actúen y eviten la impunidad.

Miacatlán. - En revisión la situación jurídica del rastro construido en el ejido del Llano en este municipio, que fue construido en la Administración de Graco Ramírez y nunca fue certificado como Tipo Inspección Federal (TIF) al incumplir con las medidas reglamentarias para obtener el distintivo, aunado a que nunca ha funcionado, aseguró Juan Román Reynoso, director general de Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado.

Entrevistado durante su visita a la región sur, el funcionario estatal dio a conocer que a la fecha sobre el rastro TIF construido en el municipio de Miacatlán se está revisando el estatuto legal del inmueble a través de la Dirección Jurídica, que determinará en qué tiempo se podrá abrir y bajo qué condiciones, además de que se tendrá que valorar las instalaciones para definir el tema de la certificación TIF.

"No tenemos la certeza (de) en qué condiciones se encuentra en este momento, y será una vez que se defina la situación legal del inmueble que se definirá el procedimiento a seguir, sin embargo sigue siento un elefante blanco ya que presentó una inversión 58 millones de pesos de recursos federales y estatales y no fue en beneficio de los ganaderos ni contó con las medidas correspondientes para certificarse", explicó.

Cabe mencionar que fue el 30 de noviembre de 2017 cuando el exgobernador Graco Ramírez inauguró el rastro Tipo Inspección Federal en Miacatlán, acompañado del entonces titular federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, donde se anunció que aunado a la inversión inicial se había realizado una inversión federal de 15 millones para hacer unas corraletas para engorda de 400 bovinos, a fin de poder tener ahí ya la explotación del rastro. Sin embargo, esta acción no se cumplió. 

Por lo anterior enfatizó en que por el momento ese rastro no está en operación.

"Por el momento desconozco que es lo que vaya a pasar, tengo entendido que el jurídico está trabajando en ello y esperemos que en eso siga y en su momento los resultados los daremos a conocer...  por el momento ese rastro no está en operaciones", dijo el director estatal.

Cabe mencionar que diversos sectores pecuarios y hasta autoridades de gobierno del estado han catalogado esa obra de la administración de Graco Ramírez como un "elefante blanco".

Asegura que se han acercado para ofrecer información sobre su jefe a cambio de no ser investigados.

El asesor anticorrupción revela que de 55 denuncias presentadas por el gobierno del estado, sólo se judicializaron diez carpetas y, de estas, en cinco no hubo vinculación a proceso.

Excolaboradores cercanos a Graco Ramírez Garrido Abreu han pedido aportar información sobre actos de corrupción a cambio de amnistía, o de que se les excluya de denuncias formuladas por la actual gestión, lo que permitiría la captura de “peces más grandes”.

Así lo dio a conocer el asesor anticorrupción Gerardo Becerra Chávez Ita, quien señaló que se trata de personajes muy cercanos al exgobernador, “algunos de hecho integrantes de su gabinete”.

El funcionario estatal informó este lunes que se identificó un presunto desvío de recursos en los Servicios de Salud de Morelos por 250 millones de pesos en la gestión pasada.

Explicó que la empresa Nacional de Drogas prestó el servicio de distribución de medicamentos en el gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo, que presuntamente no se le pagaron, pero, al llegar el gobierno de Graco Ramírez, aparentemente esos cheques sí fueron emitidos por el gobierno del estado, pero “parece que fueron a dar a cuentas bancarias de algunos particulares”.

La empresa, de mucho prestigio, subrayó Becerra, ahora le está exigiendo a la actual administración que le pague esos más de 200 millones de pesos.

“Desde nuestra propia óptica esos medicamentos no entraron a los hospitales, pero además de eso, los cheques que estaban dirigidos a esa empresa fueron a parar a cuentas de particulares, aparentemente el responsable directo es quien manejaba la subsecretaría de Administración del gobierno de Graco Ramírez porque fu quien en su momento debió negar ese adeudo o pagarlo” abundó.

Este caso implicaría probables delitos por omisión o por acción, porque se manejó dinero público y, hasta donde se sabe, el recurso fue manejado en cuentas particulares; hasta ahora cuentan con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de otras instancias, pero continúan las investigaciones dada la delicadeza del asunto.

Dijo que en la administración de Marco Adame se debió haber entregado la administración y quien debió pagar o rechazar el adeudo es la gestión de Graco Ramírez.

Informó que a la fecha el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha presentado 55 denuncias por actos de corrupción del gobierno pasado.

De ese total, 10 fueron judicializadas y de estas en cinco se negó la vinculación a proceso de exfuncionarios, pero están en apelación.

Además, siguen en la preparación de expedientes, para iniciar más denuncias.

En el caso de la exsecretaria de Obras Públicas Patricia Medina Izquierdo, informó que está vinculada a proceso en tres ocasiones y por lo tanto ella tendrá que hacer valer su derecho a defensa y si fuera declarada culpable deberá enfrentar las consecuencias.  

A decir de Becerra Chávez, hay esperanza de que sean recuperados los recursos públicos, ante la voluntad de la actual Presidencia de la República, y, por lo tanto, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Blanco Bravo es muy claro, no se protegerá la corrupción, aseguró.

El asesor anticorrupción afirmó que algunos exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez han buscado negociar, ofreciendo elementos e información sobre los actos de corrupción y quiénes los cometieron: “quiero ser muy claro, sí ha habido personajes del gobierno anterior que se han acercado a mi persona. Con el nuevo sistema de justicia adversarial prevé los criterios de oportunidad, es decir, se dice el posible delito, incluso devolver algunas de las cantidades y obtener para ello ciertas indulgencias, amnistías, es parecido a lo que paso en Veracruz”.  

“Claro, a cambio de información, un pez chico por un pez más grande; aquí de lo que se trata es de ver qué fue lo que sucedió desde las más altas esferas del gobierno” manifestó Becerra Chávez, quien al ser cuestionado sobre las personas que han ofrecido este tipo de acuerdo, dijo que “se trata de gente de primerísimo nivel, de su gabinete, secretarios, para tratar de llegar a conversar. Lo que pasa es que a mí me queda claro que si ellos no se comieron todo, porqué van a tener que (pagar), las pláticas apenas se vienen dando y vamos a ver si el día de mañana pudiera dársele alguna facilidad con ellos. Fíjense bien, en la medida de que sigamos sometiendo a proceso a distintos personajes es en la medida en que ellos se darán cuenta de que lo más recomendable es llegar a un acuerdo y un criterio de oportunidad”.  

La FGE está obligada a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la ejecución de una familia en 2017 a manos de policías de la CES, señala Marcos Zapotitla Becerro.

El ex comisionado estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra debe ser llamado a cuentas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el caso de la masacre registrada en contra de una familia en Temixco, el 30 de noviembre del 2017, afirmó el diputado Marcos Zapotitla Becerro. 
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió tarde las recomendaciones al gobierno morelense por los hechos registrados en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que desde que sucedieron se advirtieron irregularidades por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
Sin embargo, refirió que ahora que el organismo defensor de los derechos humanos se pronunció al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación por el caso, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.
"El alcance que tiene esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con que se genere la sanción respectiva y eso puede ser por responsabilidad administrativa, civil o penal", agregó. 
El legislador del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que es momento de que el fiscal Uriel Carmona Gándara pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador perredista Graco Ramírez y a sus ex colaboradores, sino que está para hacer justicia.
"El fiscal tendrá que demostrar si sigue con Graco Ramírez o sí finalmente acepta enjuiciar a estos elementos, pero sobre todo integrar debidamente esa responsabilidad. En nada ayuda al gobierno que se señale que hay impunidad, que hay encubrimiento", manifestó. 

Fue necesario corregir asuntos pendientes que dejó la administración pasada y negociar para evitar demandas.

Preparan denuncia por el egreso de recursos públicos no justificados; hay al menos dos casos en 2016.

Presumen millonario desvío de recursos del fideicomiso creado para reconstrucción tras el sismo de septiembre del 2017.

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.