“La actual Legislatura tiene una oportunidad histórica para sentar las bases de un Poder Judicial digno de los morelenses, y para ello debe escoger muy buenos perfiles de magistrados”.

“El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) llegó a sus máximos niveles de corrupción, tocó fondo, durante la administración de María del Carmen Verónica Cuevas López; tenemos ahora una oportunidad histórica para recomponerlo”. Así lo dice Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ de Morelos.

El 14 de julio circuló en redes sociales y en los portales de noticias la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) por la cual se declaró nulo el Decreto 1613 del gobierno del Estado de Morelos que extendió de 14 años a 20 el periodo en el cual los magistrados podrían permanecer en el cargo (antes de ello, los magistrados duraban seis años, al concluir eran sometidos a revisión por los diputados y podrían ser ratificados por un segundo periodo de ocho años). La consecuencia inmediata de esta resolución contenida en el expediente 20/2017, es que los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Verónica Cuevas López y José Valentín García; Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz deberán dejar sus lugares para que sean ocupados por magistrados nuevos, elegidos por el Congreso del Estado.

 

PAGO DE FAVORES

Esta extensión en el encargo, para Carlos Iván Arenas, fue un capricho del poder, resultado del pago de favores del entonces gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu al grupo de María del Carmen Verónica Cuevas López. La utilidad práctica era blindar a Graco Ramírez de un probable juicio político o denuncias penales en su contra y atacar al actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que esta extensión del poder ocurrió en el momento en que éste era alcalde de Cuernavaca sujeto a juicio político y fuerte aspirante a la gubernatura del estado. Desde luego, hubo complicidad con los diputados que integraban la LIII legislatura.

Vale la pena transcribir el fragmento del Decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, declarado nulo por la Corte:

“Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan protesta constitucional y solo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta Constitución y las Leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.” “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA.- Los Magistrados que se encuentren en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al hacerse la declaratoria a la que se refiere la disposición transitoria primera, por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes.”

Al día de hoy y de acuerdo con el director General de Análisis Estratégico de la Gubernatura, Gerardo Becerra Chávez Hita, hay tres denuncias formales en contra de Graco Ramírez. Otras más se interpusieron por los diputados actuales en contra de las ex legisladoras Beatriz Vícera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.

 

EL TRIBUNAL TOCÓ FONDO

Según Arenas Ángeles, durante esa época al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas hizo y deshizo a su antojo.

Estos seis años hubo exceso y un abuso del derecho y del cargo, algo que no debe ocurrir en la casa de quienes imparten justicia. Ocurrieron casos de nepotismo, de corrupción y de excesos en la función del ejercicio público.

El entrevistado relata que cuando a petición de la magistrada María del Carmen se extinguió el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control de la decisión interna del propio Poder Judicial, no hubo quien ejerciera un control a ella y a su grupo.

Otro caso fue el del actual presidente del Tribunal, Rubén Jasso Díaz. Ejerció el cargo cerca de ocho años como magistrado consejero, cuando la propia Constitución establece que debe durar seis años.

Así, en el momento en que termina el periodo la magistrada presidenta nombra como contralor interno a un afín a su grupo, Rodolfo Barrio Morales, esposo de la magistrada Elda Flores León, pero como ésta representaba a los magistrado en el Consejo de Administración del Tribunal ocurre un conflicto de intereses porque el contralor interno es el encargado de vigilar la actuación del tribunal.

María del Carmen Verónica Cuevas también permitió que su hermano fuera nombrado asesor.

Según el entrevistado, como en cualquier organismo o institución, en el Tribunal ha habido divisiones. La diversidad de opinión a veces llega a separar los grupos, hay quienes no entienden que forman parte de un órgano colegiado y que tus opiniones pueden ser diferentes a las de su compañero, pero en el TSJ estas diferencias rompieron los límites:

“Yo lo señalé, no podemos jactarnos de decir que hay una carrera judicial, cuando los nombramientos de los jueces los haces de manera contraria a lo que establece la Constitución. En todo el periodo de administración de la magistrada Cuevas, no hubo una elección o designación de jueces a través de un examen de concurso de oposición, como lo marca la Constitución. Son designaciones de manera directa y eso afecta a la autonomía y a la independencia del juez, porque su jefe será la presidenta o el magistrado que lo propuso, no tendrá una libertad; en cualquier momento que le pida un favor o algo pues va a acceder. Hay 11 jueces que están siendo investigados por sus presuntos nexos con la delincuencia, uno está ya siendo procesado.

Arenas Ángeles dijo que este periodo de extrema corrupción debe de quedar como un ejemplo que sacuda y se cimbre la estructura del Poder Judicial, y ojalá y pueda caber este resultado en la reflexión para cambiar la actitud de quienes están todavía en el Tribunal, y para quienes llegan que sepan que hay un límite, que sepan que lo importante es cumplir y hacer valer la Constitución. Están en esa parte donde ya tocó fondo la institución, no puede caer más. A partir de estos nombramientos tiene que haber una nueva forma de gobernar dentro del Poder Judicial.

“El poder empobrece el alma, y estos excesos son el resultado de la ambición del poder. Nos hemos apartado muchos de los magistrados de los valores y de los principios éticos, que son un elemento esencial para la función que nosotros desempeñamos, nos hemos apartado de esas virtudes que como juzgadores debemos aplicar. Ésta es una invitación a la reflexión. No es lo mismo que concluya tu cargo, a que te cesen. Ellos están siendo cesados”, explicó.

 

LA CONVOCATORIA

En el transcurso del mes de agosto el Congreso deberá lanzar la convocatoria, que debe ser abierta, para la elección de los nuevos magistrados. En términos de lo que establece el último capítulo la Ley Orgánica del Congreso y de lo que ordena la Constitución, existe una disposición de paridad de género.

Según el entrevistado, la convocatoria, además, debe ser transparente; los medios de comunicación, actores políticos, los magistrados, jueces, la sociedad, la comunidad jurídica, el sector empresarial, deben ser garantes, en el sentido de vigilar que se elija a los mejores perfiles.

 

QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER LAS NUEVAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS

“El juez tiene que ser un buen ser humano, una buena persona, y si sabe de derecho, mejor”, aseguró Carlos Iván Arenas Ángeles.

Y explicó que tiene que ser una sangre buena, una sangre sana, porque el cuerpo ha tenido un proceso de cáncer, está enfermo y necesita una transfusión de una sangre no sólo que sea afín al cuerpo, sino que tenga todos los nutrientes, con todas las proteínas, con todo lo que requiera para dar un nuevo cuerpo, vigoroso, impetuoso, que fluya bien por la cabeza, en sus órganos, para que se pueda actuar de manera diferente.

 

EL FORO DE ABOGADOS PODRÍA APORTAR BUENOS PERFILES

Carlos Iván Arenas afirmó que el foro estatal de abogados es una agrupación que puede aportar mucho a la institución, ahí se pueden encontrar muy buenos perfiles. El litigante es el que sufre, es el que se tiene que estar peleando con el actuario, con el secretario, con el juez, dicen que a veces no te peleas con tu contraparte, sino con el juez. Entonces, creo que esa sensibilidad que pueda tener el litigante puede aportar mucho en las funciones de un magistrado o un juez.

Pero también puede haber académicos que toda su vida se han entregado a enseñar y hay jueces que tienen toda su experiencia y que merecen un espacio para poder llegar a esos escaños, para poder darle un reconocimiento a la carrera judicial.

Insistió en que para el cargo de magistrado hace falta algo más que tener un buen currículo: “de nada sirve que tengamos a un juez con toda la experticia, y todo el conocimiento del derecho, sí es una mala persona”.

 

LLAMADO AL CONGRESO

El llamado a los legisladores, de acuerdo con el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, es a que al momento de decidir elijan a los mejores, que revisen el cumplimiento de los requisitos que exige la ley, que evalúen no sólo el conocimiento, sino el perfil de la calidad humana de los nuevos magistrados. Los diputados tienen en sus manos el futuro de la justicia en Morelos, concluyó.

 

RUBÉN JASSO

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, aseveró que mientras se emite la convocatoria, que es facultad del Poder Legislativo, el Tribunal no perderá continuidad en sus labores, seguirá funcionando y no habrá rezago. En algún momento llegaron a faltar seis magistrados, pero las ausencias se cubren con los que integran el Pleno.

“La próxima semana se convocará a sesión de Pleno y se puntualizarán algunos aspectos de la resolución de la Corte, además, se analizará la posibilidad de reapertura de los tribunales, dependiendo del color del semáforo epidemiológico”, anunció.

 

LAS OTRAS VOCES: EL FORO MORELENSE DE ABOGADOS

Pedro Martínez Bello, abogado litigante y presidente del Foro Morelense de Abogados coincidió en que la LIV Legislatura el Congreso del Estado tiene en sus manos esta oportunidad histórica de darle un giro no sólo al TSJ sino a todo el Poder Judicial, siempre que quienes se elijan sean los mejores perfiles, es decir, no solamente que cumplan con los requisitos de ley, sino que tengan las capacidades y conocimientos para abonar a una mejor administración de la justicia, que hoy por hoy debe ser modernizada.

Estuvo de acuerdo en la afirmación del magistrado Carlos Iván Arenas en el sentido de que en el foro estatal de abogados hay buenos perfiles para ocupar las magistraturas faltantes del Tribunal:

“En el Foro, que está integrado por litigantes, docentes, líderes de organizaciones de abogados e independientes, tenemos los mejores perfiles, sin duda. Además de que nos dedicamos al litigio a a la academia, hemos tenido experiencia en la administración pública y en la carrera judicial; asimismo, nos estamos actualizando constantemente porque el derecho es cambiante y las necesidades de nuestros clientes así lo exigen. Tenemos en nuestras manos, el patrimonio o la libertad de nuestros clientes y tenemos que conocer para que podamos hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. Conocemos, además, cómo funciona el sistema judicial desde que se emite una resolución haya que se notifica o ejecuta; sabemos los problemas prácticos, en resumen, conocemos a fondo la problemática y tenemos propuestas para solucionarla”.

Un ejemplo de esto, relató, es la digitalización de los juicios. Desde hace más de dos años el Foro Morelense ha insistido en que se debe trabajar a distancia en muchas de las partes de un proceso, ya que esto ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo y permitiría a los actuarios, secretario, jueces y magistrados tener más tiempo para estudiar y resolver de una manera más efectiva. Y desde luego que los justiciables se beneficiarían.

En la situación actual de suspensión de labores por más de tres meses, por las medidas de seguridad que se deben aplicar para evitar contagios por covid-19, no sólo ha resultado perjudicada la sociedad que reclama un derecho y espera que los jueces y tribunales le resuelvan, sino los litigantes, que estamos atados de manos porque las actuaciones son presenciales. Si desde hace tiempo se hubiera comenzado con la digitalización, como ocurre en la Ciudad de México y Nuevo León, Morelos sería un ejemplo en el mundo, pero ocurre todo lo contrario, somos el estado que tiene más atraso en este tema.

 

LA LEGISLATURA

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, por su parte, aseveró que en la selección y elección de los nuevos magistrados serán objetivos y muy congruentes con la decisión que lleguen a tomar.

“Los diputados no hemos platicado este asunto. Vemos que tenemos que llegar a diálogos, a debates y consensos, son demasiados nombramientos, y el tiempo nos va a apremiar. Tendremos que legislar sobre la paridad y tendremos que vigilar que se cumpla”, expuso.

Por su parte, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que se debe proceder con mucha cautela en la designación. Los aspirantes deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley, deben tener la capacidad para ocupar el puesto y no debe haber duda sobre su actuar:

“Seguros estamos de que vamos a tomar estas decisiones no por un interés o tinte político, sino se va a elegir a las mujeres u hombres que tengan la capacidad para desempeñar un cargo de esta naturaleza. Y estamos abiertos a escuchar al gremio de los académicos, a los que han hecho carrera judicial y con los propios litigantes”. Como Legislativo, Sotelo Martínez, argumentó que son un Poder y respetan a los demás poderes, no deben tener injerencia en los demás. La autonomía de cada una no debe ser vulnerada.

“Hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial, pero confiamos en que ellos tienen la capacidad de reorganizarse, de desarrollar las estrategias necesarias para dar lo mejor de sí. Nosotros, respetuosos de la autonomía de cada uno de los poderes, habremos de cuidar ese proceso de selección y que sean las mejores mujeres y los mejores hombres quienes puedan estar al frente de estos cargos”, puntualizó.

 

 

“Hay muchas necesidades dentro del Poder Judicial, pero confiamos en que ellos tienen la capacidad de reorganizarse, de desarrollar las estrategias necesarias para dar lo mejor de sí”.

ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ

DIPUTADO LOCAL

 

Escultura de Themis, en la sede del TSJ.

 

“Vemos que tenemos que llegar a diálogos, a debates y consensos…”

ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ

DIPUTADA LOCAL

 

Graco Ramírez, en ceremonia solemne en el Congreso del estado en 2016.

 

Graco Ramírez y Verónica Cuevas, el 17 de abril de 2018.

 

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Hay dudas en el pago como conferencistas para el expresidente español Felipe González; el astronauta Rodolfo Neri Vela y la cantante Julieta Venegas.

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*En la administración de Graco Ramírez*

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Las instalaciones de ese inmueble quedaron a cargo de la fiscalía anticorrupción a causa de una denuncia contra quien fue titular de la Sedagro en el sexenio de Graco Ramírez.

Miacatlán.- En el campo “El Llano”, que se ubica en la zona de la pequeña propiedad de este municipio, hay al menos cuatro inmuebles de proyectos de gobiernos estatales pasados que han quedado en el abandono, incluido el rastro TIF, que nunca funcionó y que esperan que sea retomado, señaló Albino Franco Escobar, representante en Morelos del Sistema Producto Maíz.

Lo anterior fue expresado luego de que se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tomó las instalaciones del rastro Tipo Inspección Federal (TIF), derivado de la denuncia por el delito de ejercicio ilícito de servicio público y peculado, en contra de Roberto “N”, quien estuviera a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en la administración de Graco Ramírez.

Franco Escobar señaló que es lamentable que otra vez recursos públicos vayan a parar “como a la basura. Precisamente en el campo de ‘El Llano’, en la pequeña propiedad que tiene Miacatlán, el gobierno de Morelos tiene más de 20 hectáreas, en las cuales se han hecho distintas obras, y pareciera ser que ahí está destinado para un panteón de obras públicas (…). Hay una aceitera, un condominio lechero, un biocentro para producir plantas y ahora uno más que se incorpora a esa lista, el rastro TIF, que se agrega a la lista de obras de aplicación no eficiente del recurso público”, dijo.

Francos Escobar agregó que esta situación perjudica en la imagen que se refleja de la eficiencia que tienen los gobiernos del uso de los recursos públicos, en este caso del sexenio anterior. “Se habla de que se busca que se recupere por parte de la Sedagro. Eso esperamos para que se ponga en funcionamiento y sea de verdadero beneficio para el sector”, dijo.

El representante del Sistema Producto Maíz en Morelos mencionó que “era una obra buena” y que daría vida a la región para que los engordadores de ganado tuvieran acceso a este servicio bajo las normas sanitarias que se exigen en el mercado; sin embargo, no se cumplió con el objetivo planteado por parte del gobierno anterior. “Para nosotros es una obra parada y que al rato será desmantelada por los amantes de lo ajeno. Dicen que se vigilará, pero así ha pasado con el resto de la infraestructura que existe en este campo”, añadió.

“Son recursos que si hubieran llegado al campo de otra manera, se hubieran aprovechado mejor. Reitero que esa obra no era mala, sino más bien, mal proyecta”, insistió.

Destacó que es una cadena entre los productores, ya que los engordadores de ganado consumen grano y con ello se favorecía a los productores del campo, pero todo quedó en proyecto y discurso y sólo fue una obra de relumbrón que no dio beneficio al estado, ni mucho menos a la región.

Recordó que en la región se tienen “mataderos”, espacios adaptados para el sacrificio de ganado que no cuentan con las normas sanitarias correspondientes. “Por lo que era un proyecto muy bueno que no cumplió su finalidad, esperando que con esta administración estatal se pueda retomar y no quede en abandono la infraestructura”, concluyó.

 

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El gobierno estatal prepara nueva denuncia penal.

El gobierno del estado prepara una nueva denuncia penal contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez Garrido en la Secretaría de Hacienda, pues se identificó que algunos de esos personajes siguieron firmando cheques de cuentas oficiales después de haber dejado el cargo.

El Consejero Jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, reveló que se detectó que ex funcionarios de la gestión pasada incurrieron en delitos al disponer del erario mediante movimientos bancarios, pese a que ya habían dejado de ser servidores en esa área.

El monto del manejo irregular de recursos implica varios millones de pesos, pero la cifra aún está pendiente, ya que siguen las indagatorias, en particular la recopilación de pruebas documentales.

Sotelo Salgado anticipó que hubo quienes siguieron firmando cheques a pesar de que ya no tenían facultades para hacerlo. “Es delicada la situación porque tú no puedes dejar de ser funcionario público y seguir firmando cheques” expresó, al advertir que se podrían configurar diversos delitos por estos hechos y se tendrán que deslindar responsabilidades en diferentes niveles, ya sea por acción o por omisión.

Comentó que el equipo actual sigue trabajando en la transparencia de la administración y encontrando anomalías de sus antecesores.

Recordó que, en este momento por la contingencia sanitaria están detenidos los procesos judiciales y por ende los términos y el avance de las carpetas de investigación.

 

 

 

   

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Dice que el exgobernador debe ser castigado por las múltiples irregularidades cometidas.

El empresario y fundador en Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Iragorri Montoya, aseveró que la fiscalía  estatal protege al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien no ha sido castigado por las múltiples irregularidades cometidas en su gestión.

Sostuvo que hasta la fecha el exmandatario no ha respondido ante las anomalías cometidas en su administración, por la protección de quienes ahora están a cargo de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Iragorri Montoya señaló a la fiscalía:  “debe su posición a Graco Ramírez, está defendiendo sus intereses, ocultando las pruebas que existen que son más que suficientes para meterlo a la cárcel”.

 De igual manera el también excandidato a la gubernatura sostuvo que hay omisión por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción: “Juan Salazar Núñez, que es otra emanación de las políticas sucias, corruptas, de Graco Ramírez. Lamentablemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia está en las mismas circunstancias”.

Raúl Iragorri expresó este viernes su apoyo al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Expresó que la inactividad por parte de quienes hoy encabezan la FGE y el TSJ ha causado desconfianza en la población.

“La idea es ayudar en la medida de lo posible para que el licenciado Arenas llegue a ser presidente del Tribunal y esto nos permita rescatar la credibilidad del pueblo en la justicia del Estado de Morelos”, añadió.

 

 

 

 

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Viernes, 20 Marzo 2020 05:15

Roberto Coranguez se dice perseguido

Acusa al fiscal anticorrupción de utilizar esa posición para revanchismos políticos.

Roberto Coranguez Esquivel, quien se ostenta como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), retó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y lo acusó de abusar de su posición para emprender una persecución política en su contra.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa en la que denunció la supuesta desaparición de Edgar López Betanzos, integrante del CPC-SEA, y con quien promovió una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA y dos miembros del CPC, por supuestamente haberlo relevado ilegalmente de su cargo de presidente y permitido que Penélope Picazo Hernández asumiera la presidente del órgano ciudadano, pese a que eso significaba usurpar funciones.

Más tarde, la propia Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta desaparición, pero que López Betanzos había sido localizado en su domicilio.

Coranguez Esquivel acusó que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, “hace foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de los ciudadanos y la gente honesta”.

Y lo retó: “No podemos seguir tolerando esta terrible persecución de Juan Salazar y sus compinches, que ya sabemos quiénes son. Ya estamos cansados. Ya estamos hasta la madre de este fiscal, se tiene que ir porque se tiene que ir.

“Y aquí estoy, que me venga a detener, a ver si tiene los pantalones para venirme a detener. Sigo siendo el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. No he sido separado y no me he ausentado nunca. Que compruebe el señor que me he ausentado de mi cargo y que yo no soy”.

Afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente instalado, pero hay personajes ligados al exgobernador Graco Ramírez, como el propio Salazar Núñez, y otros funcionarios que buscan obstaculizar investigaciones contra exservidores de la anterior administración.

Acusó a Penélope Picazo Hernández de usurpar funciones al ostentarse como presidente del CPC-SEA, e insistió en que es ella a quien se tiene que investigar y fincar responsabilidades.

La fiscalía anticorrupción no fijó postura al respecto y sostuvo que no puede dar información sobre si existe o no alguna investigación en torno a Roberto Coranguez Esquivel.

 

 

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Laboraban en áreas como obras públicas, educación, turismo e, incluso, en la Contraloría del estado.

Por faltas administrativas graves durante su ejercicio, 13 exfuncionarios de la administración de Graco Ramirez fueron sancionados administrativamente y dos inhabilitados por la Secretaría de la Contraloría del estado.
Dicha dependencia estatal inició, desde el 2018, diversas investigaciones en áreas como la Secretaría de Obras Públicas, Educación, Turismo e, incluso, en la Contraloría del estado, ante la sospecha de que se cometieron anomalías, por lo que 600 ex servidores públicos más siguen bajo proceso.
Lo anterior lo confirmó el contralor del estado, Cesar Santana Nava, quien refirió que se ha procedido ya con los primeros ex servidores públicos a los que se les comprobó que violaron la ley.
"Dentro de las 13 sanciones, tenemos dos inhabilitaciones, algunas destituciones y una multa. Son faltas administrativas relacionadas con algún bien inmueble, alguna falta de observación en algún lineamiento, regla o ley”, explicó.
Se trata de exfuncionarios cuyo cargo era menor, como jefes de departamento, subdirectores y directores de área, que trabajaban en la Secretaría de Educación,  de Turismo, Obras Públicas y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
Señaló que en los casos mucho más graves, en los que se confirme la posible comisión de algún delito, se presentarán denuncias, una vez que concluyan las investigaciones.
Es que reveló que en la Contraloría del estado se detuvieron las auditorías que por ley deben aplicarse, con el fin de que no se detectaran posibles irregularidades, lo que también obligó a que se retrasara el trabajo de investigación en la actual administración estatal.

 

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La Secretaría de la Controlaría del estado detectó graves irregularidades en más del 50 del padrón de beneficiarios del proceso de regularización de taxis del año 2014, que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

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El gobierno estatal inició la querella ante la SEIDO en contra de varios funcionarios de la administración pasada.

El Gobierno de Morelos inició una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de varios funcionarios de la administración pasada, por incurrir en un presunto desvío de más de 400 millones de pesos, presuntamente a través de catorce “empresas fantasmas".

Entre los exservidores públicos señalados se encuentran personas que en la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ocuparon los puestos de secretario de Hacienda, de subsecretario de Ingresos (presupuesto) y dos de tesorero.

Al respecto, el asesor Anticorrupción estatal, Gerardo Becerra Chávez Ita, indicó que se identificó que se habría tejido una red de delincuencia organizada, al tiempo de referir que entre las irregularidades detectadas se encuentra la compra de 70 millones de pesos en papelería a una empresa inexistente.

El funcionario no quiso dar nombres específicos, al destacar que se señala como probables responsables a dichos servidores pues eran los directamente encargados del manejo del erario.

“Por las investigaciones que realizamos, todo parece indicar que las compras que se hicieron aparentemente son difíciles de comprobar, son cuestiones irregulares”, mencionó. al referir que la actual gestión tardó en conformar el expediente y presentar dicha denuncia porque había muchos cabos sueltos.

Consideró que ahora ya se encontraron los elementos necesarios y la denuncia es sólida

Refirió como ejemplo de las anomalías, la compra a una sola empresa de 77 millones de pesos de papelería, u otra a la que se prepagaron casi 35 millones de pesos “por cursos”.

Becerra Chávez comentó que la denuncia se presentó ante la Seido porque el tipo de delito tiene que ver con actos de delincuencia organizada. “Se dio aparentemente un sistema en el que se usaron empresas fantasmas y cuando fuimos a ver no existían, es un esquema similar el que usó Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz”.

Este asunto no fue presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, sólo se presentó ante la Seido.

Recordó que en la administración pasada se creó una oficina de adquisiciones, que presuntamente servía para realizar dichos egresos del erario a través de las empresas inexistentes.

Añadió que seguirán el proceso hasta la última instancia, y si el siguiente paso es la ratificación, así se hará.

 

 

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