Alejandro Hernández Arjona, Ruth Arias Aceves y Marco Antonio Salgado Gama, candidatos a secretario técnico del comité.

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La suma estaba etiquetada en el presupuesto de este año para dicho rubro.

Por una omisión de la Comisión de Educación y Cultura -que no dictaminó la iniciativa de Ley para Erradicar las Cuotas Escolares de las Escuelas Públicas de Morelos- este año no se pudieron ejercer los 20 millones de pesos que el Congreso del estado etiquetó en el Paquete Económico 2019 para dicho rubro.
El 14 de diciembre del 2018, el Pleno del Congreso local conoció la iniciativa de Ley para Erradicar las Cuotas Escolares  de las Escuelas Públicas de Morelos, que fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura, que preside la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano.

A pesar de que dicho órgano sólo contaba con 60 días naturales para dictaminarla (a favor o en contra), la propuesta fue enviada a la "congeladora".
La legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal) manifestó abiertamente que dicho presupuesto era insuficiente para el pago de las cuotas escolares. Así mismo ha declarado que sigue vigente la Ley de Uniformes Gratuitos para Estudiantes de Educación Básica de Morelos, a pesar que la iniciativa del 14 de diciembre -que no dictaminó- contempla también la abrogación de dicha legislación.
La justificación que Sánchez Arano ha dado públicamente es que el gobierno federal asignará  recursos para infraestructura educativa en el 2020, mismos que serán entregados a los padres de familia.
Sin embargo, el gobierno del estado tendrá que aportar un porcentaje, según lo confirmó el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre. Esa parte podría entregarse a través del rubro de cuotas escolares.
Para cumplir algo así, el Congreso del estado tendría que crear una nueva Ley de Cuotas Escolares -tal y como se planteó en la iniciativa del 14 de diciembre del 2019- y anular la Ley de Uniformes Gratuitos, pues el secretario de Educación del estado también ha confirmado que no se destinarán más recursos para ese rubro.

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Sábado, 28 Septiembre 2019 05:19

Solicitan juicio político contra Graco

Buscan inhabilitarlo para ocupar otros cargos:

Lo acusan de desviar 120 millones de pesos destinados al Impepac y a la Fiscalía.

El gobierno del estado presentó este viernes una demanda de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y de quienes fueran sus secretarios de Hacienda Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, por presuntas irregularidades en el manejo de presupuesto.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado acudió por la tarde de ayer al Congreso local a entregar la documentación, mediante la que promueven dicho recurso para fincar responsabilidad al exmandatario y a sus excolaboradores.

Mencionó que de acuerdo con los elementos probatorios que obtuvo la actual administración, el exgobernador fue comunicado de los actos y omisiones que pueden dar lugar a diferentes responsabilidades.

Básicamente la denuncia obedece a la falta de entrega de recursos públicos a dos organismos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el ejercicio fiscal 2018.

El abogado señaló que los recursos -que suman alrededor de 120 millones de pesos- estaban etiquetados en el referido presupuesto, pero no fueron suministrados, lo cual impidió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.

A decir de Samuel Sotelo, los juicios políticos no solo tienen efecto para separar del cargo a servidores públicos, sino también los inhabilitan para ocupar otros cargos.

Además, podría dar lugar a otras sanciones de responsabilidad administrativa y hasta penal, “pero esos son aspectos que tendrán que verse en otras instancias, aquí es el de carácter político, la ley establece que se cuenta con un año, incluso después de haberse separado del cargo el funcionario, para que pueda procederse y estamos cumpliendo dentro del plazo” agregó.

A decir del consejero, se aportaron pruebas documentales certificadas que fueron proporcionadas por las áreas correspondientes y que se han ido integrando en un expediente, que dieron lugar a la demanda de juicio político formulada ante el Poder Legislativo.  

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La diputada de Morena asegura que presentarán una denuncia contra su homóloga petista.

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Alejandra Flores Espinoza, afirmó que existen elementos legales suficientes para presentar una denuncia en contra de su homóloga petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz por usurpar funciones en la Junta Política y de Gobierno (JPyG).
La legisladora apuntó que un notario público dio fe de los actos que Rodríguez Ruiz desarrolló en la JPyG el pasado jueves, cuando convocó a sesión de dicho órgano político, sin tener la representación legal para hacerlo.
"Convocó la diputada Tania Valentina, no fue la Junta, sin embargo, sí se está trabajando para presentar una denuncia por usurpación de funciones. Ayer estuvo un notario para estar pendiente y dar fe de los hechos, se le notificó del nuevo secretario técnico encargado de despacho, no quisieron aceptar el oficio, pero revisaremos con los abogados cuál será el proceso que se seguirá con respecto a eso", declaró la legisladora morenista.
No obstante, Flores Espinoza admitió que aún no logran los consensos  para que el acuerdo emitido por la Junta Política y de Gobierno, el pasado 13 de septiembre, sea ratificado por el Pleno y  pueda tomar posesión como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG).
"Legalmente todo está para que Morena esté al frente de la Junta Política, pero hay compañeros que aún no sé qué tema o interés, pero se desisten en avanzar en el tema", dijo la diputada, aunque rechazó que algunos de sus homólogos hayan condicionado su voto a favor de aprobar el citado acuerdo.
La legisladora admitió que la imagen que tiene la ciudadanía del Congreso del Estado es mala, debido a los conflictos políticos que persisten al interior.
"Lo que se necesita es unidad, de verdad estamos dando una imagen al exterior que realmente es muy lamentable, pero cada quien es responsable de su actuar en su momento y que sea la misma sociedad que juzgue", finalizó

 

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Un grupo de diputados analiza proceder legalmente en contra de la legisladora petista.

Un grupo de diputados locales analiza proceder legalmente en contra de su homóloga petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz por supuesta usurpación de funciones, luego de que convocó a sesión de la Junta Política y de Gobierno, la tarde de este jueves, a pesar de que fue removida de dicha representación.
Un juez federal desechó la demanda de amparo de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz para no ser removida como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local.

Sin embargo, la legisladora determinó seguir al frente de la representación y convocó a sesión del órgano político.
Ante ello, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, dijo que analizarán el actuar de su homóloga para proceder en su contra por usurpar funciones.
Recordó que el acuerdo del 13 de septiembre dispuso su designación (de Flores Espinoza) como presidenta de la Junta Política y de Gobierno, y aunque aún no ha sido ratificado en el Pleno legislativo, sí causó (dijo) efectos legales, por lo que Rodríguez Ruiz no tiene facultades para convocar a sesión del citado órgano.
"Es ilegal y se puede sancionar por usurpación de funciones. Es una convocatoria a todas luces ilegal y estamos revisando cómo vamos a actuar", adelantó la legisladora morenista.
En tanto, el Juzgado Noveno de Distrito desechó de plano el juicio de amparo 1536/2019 que promovió Rodríguez Ruiz, tras argumentar que la decisión que se tomó en la Junta Política y de Gobierno para removerla es soberana y por tal, impugnable.
Además, en la resolución el juez aclara cuáles son los requisitos para la integración de la Junta Política y de Gobierno y el tiempo que dura la presidencia, en base a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, por lo que Rodríguez Ruiz ya no podría seguir al frente del órgano.
La autoridad judicial señala que no se trata de un hecho consumado, toda vez que se debe ratificar por el Pleno, por lo que también es un elemento de improcedencia al amparo que promovió.

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Diputados buscarán establecer la protección civil como un derecho fundamental en la Constitución Política del estado.

Los diputados locales buscarán establecer la protección civil como un derecho fundamental en la Constitución Política del estado. Además, plantearán la creación de la "ley estatal para la gestión de riesgos de desastres y protección civil".
En el marco de la Semana Nacional de Protección Civil,  el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, anunció la  propuesta legislativa -a la que se sumó un grupo de diputados- y dijo que se trabaja con ayuda de especialistas en la materia para que esté lista en los próximos meses , previo al desarrollo de foros de consulta, para que también los ciudadanos aporten sobre el tema.
Este jueves, el Congreso del estado se sumó a las acciones de prevención sobre desastres naturales, mediante el desarrollo de un simulacro de sismo e incendio, evento en el que se logró evacuar a 280 trabajadores en un tiempo de 90 segundos.
Al respecto, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) dijo que se requiere de una legislación que obligue a las autoridades a atender la protección de los ciudadanos como un derecho fundamental.
Por ello, dijo que se reformará también la Constitución Política del estado y se reglamentará mediante la ley estatal para la gestión de riesgos de desastres y protección civil.
Adelantó que esta legislación incluirá la obligatoriedad de crear un "Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres" y una
escuela estatal de protección civil Morelos.
Admitió que se requerirá de la aplicación de más recursos financieros para concretar dichos proyectos, pero estableció que "la seguridad de los ciudadanos no tiene precio".
En tanto, se pronunció a favor de la colocación de alertas sísmicas, pero con el apoyo de especialistas.

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“Son sólo tres compañeras”,  pero señala directamente a Keila Figueroa Evaristo.

El Congreso local está obligado a sesionar en el Pleno la próxima semana para desahogar la agenda legislativa pendiente, advirtió el coordinador del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador dijo que están en juego muchas iniciativas importantes que merecen la aprobación urgente, por lo que los grupos parlamentarios deben ponerse de acuerdo a más tardar la próxima semana y designar a los diputados que presidirán la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno.
"Hay una ley de videovigilancia que debe revisarse, desde luego que tendremos que entrar a un diálogo profundo; hay modificaciones a la ley de Transporte que son fundamentales, estamos hablando de una armonización legislativa en materia de paridad de género, una armonización de las grandes reformas que el presidente  promulgó el pasado 6 de junio y que esta legislatura no ha estado a la altura de las circunstancias", señaló.
Zapotitla Becerro responsabilizó directamente al grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de que los acuerdos para la renovación de los órganos de gobierno del Congreso sigan atorados desde hace un mes.
"Entiendo que quienes han tenido desencuentros son sólo tres compañeras, dos de ellos están en una sintonía de transitar, pero el tema es con tres compañeras que empiezan a dejarse influenciar por voces extrañas que quieren desestabilizar a este congreso, pero eso no lo vamos a permitir", aseguró.
Incluso, señaló a Keila Figueroa Evaristo, ex coordinadora de Morena, como una de las causantes de la  fractura en la bancada, "eso es notorio, tan es así que siguen enfrentados, era una crónica anunciada de una ruptura anunciada, de que Morena generara estos vacíos, estos desencuentros, esas confrontaciones".
En cuanto a su designación como coordinador del grupo parlamentario, dijo que espera que la dirigencia estatal lo formalice, luego de que fue acordado por unanimidad entre los diputados que integran la bancada del PES.

 

 

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Los integrantes de esa bancada se confrontaron una vez más tras la renovación de la coordinación del grupo parlamentario.

Los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se confrontaron una vez más tras la renovación de la coordinación del grupo parlamentario, mientras buscan presidir uno de los dos órganos de gobierno en el Congreso del estado.
En entrevista, la diputada Ariadna Barrera Vázquez dijo desconocer el acuerdo que tomaron tres de sus compañeras de grupo para designar a Alejandra Flores Espinoza como líder parlamentaria. Incluso, adelantó que no respaldarán las decisiones de la nueva coordinación. 
"No estamos de acuerdo ni en el proceso ni en la designación, los estatutos no marcan que sea de esa manera, todo lo concerniente al partido político tiene que ser en privado, no tiene que ser ante medios de comunicación porque son cuestiones externas, eso fue un exceso", manifestó. 
Barrera Vázquez, quien buscaba el respaldo de sus compañeros de bancada para presidir la Mesa Directiva, advirtió que Morena fracturado no tendría posibilidades de competir por la Junta Política y de Gobierno, como lo adelantó Alejandra Flores Espinoza. 
"Yo creo que no nos alcanzaría", añadió la diputada, y adelantó que, bajo las condiciones en las que se encuentra su grupo parlamentario, respaldaría a otro diputado para que ocupe la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, por lo que están en pláticas con el Partido Encuentro Social (PES). 
Mientras tanto, Alejandra Flores Espinoza dijo que buscará a sus compañeros Ariadna Barrera Vázquez y Javier García Chávez para encontrar los consensos que permitan a Morena presidir la Junta Política y de Gobierno. 
"La verdad es que es muy triste y lamentable que ella no esté a favor de que el grupo parlamentario esté al frente de algunos de los dos órganos. Es importante que platiquemos, privilegiar el diálogo", manifestó. 

 

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Llaman a legisladores a terminar con pugnas internas.

Los diputados locales deben asumir su responsabilidad como poder del Estado y terminar con sus pugnas internas, que han generado atraso en el estado, afirmó el codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez.

En entrevista, el investigador lamentó que la lucha por el poder mantenga fracturado al Congreso y que más que propuestas, en el inicio del segundo año de la LIV Legislatura hayan resaltado los señalamientos.

"Está afectando el tema económico, el tema social, el tema de la seguridad por la inactividad de los legisladores, han sido pocas las iniciativas, de hecho no tenemos conocimiento de cuáles son las iniciativas que han presentado porque tampoco han cumplido con la transparencia". 

"Ellos también son responsables de la crisis social, política y económica, son responsables y tienen que asumir esa responsabilidad", manifestó. 

Sin embargo, Salinas Ramírez dijo que lamentablemente se prevé que los conflictos al interior del Congreso no terminen y el rezago prevalezca.

"Nos parece también que tiene que haber un alto desde la sociedad, debe analizarse las acciones legales obligándolos a que sesionen, a que discutan las leyes, podría ser un mecanismo y tenemos que desde la sociedades buscar estos mecanismo", añadió el codirector de Morelos "Rinde Cuentas".

 

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Martes, 03 Septiembre 2019 05:00

Divisionismo paraliza sistema anticorrupción

Tres de los cinco consejeros denuncian que se pretende imponer al secretario técnico del organismo; desde su nombramiento, el comité ciudadano está sin sesionar.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pidieron la intervención del Congreso del estado, ante la parálisis que enfrenta este organismo desde hace tres meses.
Este lunes, el comité suspendió la sesión, que sería la primera en llevarse a cabo desde el primero de mayo pasado, cuando los legisladores locales les tomaron protesta. 
Tres de los cinco comisionados se opusieron a aprobar la terna que el presidente del organismo Roberto Coranguez Esquivel pretendió imponerles para concretar la designación del secretario técnico del comité.
La comisionada Penélope Picazo Hernández expuso que la terna fue integrada por Roberto Coránguez en completa opacidad, ya que no emitió convocatoria para el registro de aspirantes a secretario técnico y dijo que desconocen cómo eligió a los tres prospectos que les pretendía imponer.
De acuerdo a lo que expusieron los comisionados, el secretario técnico debe coordinar los trabajos del comité, que a su vez está encargado de vigilar el desempeño del Sistema Estatal Anticorrupción.
Penélope Picazo advirtió que junto con sus compañeros Alejandro Enríquez Hermida y María Juana Damián Herrera Mota no aprobarán ninguna terna sin antes conocer los nombres de los aspirantes y sus perfiles.
Admitió que las diferencias entre comisionados han provocado una parálisis en el comité, lo que afecta a todo el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que –dio a conocer- pidieron la intervención del Congreso del Estado para que analice el desempeño de Roberto Coránguez, que podría ser removido por los diputados si se confirma que ha cometido alguna falta u omisión.
a su vez, Roberto Coránguez, presidente del comité, rechazó que haya actuado fuera de la ley y en opacidad y sostuvo que está facultado para integrar la citada terna y no está obligado a hacer públicos los nombres de los participantes.

 

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