El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por incumplir requisitos.

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ex directora general de consultoría en asuntos administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Anahí Bahena López, contra la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La ex funcionaria y esposa del otrora secretario de Gobierno, Ángel Colín López, promovió el juicio de amparo 745/2019 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cuernavaca, contra cualquier orden privativa de la libertad, derivado los posibles procedimientos penales iniciados en su contra a solicitud del Congreso local, tras la abrogación de su decreto de pensión por jubilación, en el que los diputados encontraron irregularidades.

El juez federal solicitó informes tanto a la fiscalía estatal como a la fiscalía especializada, así como a los jueces de control del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la finalidad de conocer si existe alguna carpeta de investigación o juicio abierto contra la ex funcionaria graquista.

En tanto, otorgó la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión, y fijó una garantía de cinco mil pesos.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López, al 60% de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

 

 

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Miércoles, 12 Junio 2019 05:00

Ordenan corregir vicios de la ley del IMIPE

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

 

 

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Miércoles, 05 Junio 2019 05:14

Reactivarán la Mesa de la Gobernabilidad

El gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó una reunión de trabajo con diputados e integrantes del gabinete estatal.

Diputados locales acordaron con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la reactivación de la Mesa para la Gobernabilidad, en la que los tres niveles de gobierno y los representantes de la sociedad civil atenderán los temas prioritarios para el estado.
La tarde de este martes, en la residencia oficial, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los legisladores, en la que también participaron integrantes del gabinete del gobierno del estado, como fue el secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, quien confirmó que ha realizado puntualmente la entrega de los recursos financieros que le corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Es que los diputados pretendían citar a comparecer al secretario de Hacienda, después de que en la primera mesa de trabajo en materia de seguridad, que se desarrolló el 22 de mayo en el Congreso local, los legisladores conocieron de los titulares de la CES y FGE la falta de presupuesto para operar.
Finalmente, se acordó que no habría comparecencia y que el encargado de las finanzas del estado entregaría en las próximas horas un informe sobre los depósitos hechos a las dependencias de seguridad y procuración de justicia.
No obstante, el mandatario estatal se comprometió a reinstalar la Mesa para la Gobernabilidad del estado, a propuesta de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a fin de atender los temas urgentes para el estado.
La reactivación de dicho espacio de concertación entre los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad, se daría la próxima semana, así lo confirmó la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT).
La legisladora refirió que también solicitó que se revise la necesidad de ampliar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) a los 36 municipios del estado, ante el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado. 

 

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Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

 

    

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Vecinos del municipio indígena trataron de hacerse escuchar en el Congreso por la fuerza; durante horas retuvieron a quienes estaban en la sede del Poder Legislativo.

De manera violenta, un grupo de habitantes de Xoxocotla irrumpió en el Congreso del estado. Por más de nueve horas mantuvieron tomadas las instalaciones de la sede legislativa, retuvieron a los trabajadores administrativos y a representantes de los medios de comunicación y amenazaron a los diputados locales. 
Cerca de las 10 de la mañana, los vecinos arribaron a la calle Guillermo Gándara, número 101, donde se ubica el recinto legislativo, y manifestaron nuevamente su inconformidad por la integración del Concejo Municipal y los acuerdos que se han tomado para definir la delimitación territorial con Puente de Ixtla. 
Después de unos minutos, los pobladores decidieron derribar la puerta principal del Congreso del Estado. Lo intentaron, primero, con un lazo; posteriormente golpearon con un marro las cadenas que amarraban la entrada de metal, y tampoco les resultó. Finalmente lograron derribar un barrote, lo que permitió el acceso de al menos tres vecinos molestos. 
Tal situación obligó a los diputados que se encontraban en sesión ordinaria a suspender la asamblea de manera abrupta y decidieron permitir el acceso a una comisión de habitantes de Xoxocotla para abrir el diálogo, lo cual se logró cuatro horas después a causa de la violencia con la que actuaron los manifestantes. 
La Unión de Morelos pudo confirmar que los habitantes amenazaron de muerte directamente a la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, por lo cual la Mesa Directiva presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 
La gente de Xoxocotla responsabilizó a la legisladora de respaldar al Concejo Municipal que encabeza Leonel Ceferino Díaz, por lo cual dijeron sentirse engañados. 
Cerca de las 6 de la tarde, finalmente la comisión de pobladores fue recibida por diputadas locales, y pasadas las 7 de la noche acordaron que se realizarán foros de unidad y pacificación en el municipio de reciente creación. 
Para retirar su bloqueo, los manifestantes pidieron de comer a los diputados y después se fueron. 

Escapan trabajadores 
Cerca de las 4:30 de la tarde, y ante la cerrazón y agresiones constantes de los pobladores, los trabajadores administrativos del Poder Legislativo y reporteros escaparon por una barda trasera. 
Con una escalera y arriesgando su integridad, las personas saltaron de tres en tres una barda para salir por un estacionamiento público. En el Congreso sólo quedaron algunos colaboradores y sus diputados. 
Las instalaciones del Congreso local estuvieron siempre resguardadas por elementos de seguridad estatal, quienes sólo fueron observadores de lo ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

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Militantes demandan auditorías, depurar padrón y convocar a elección de dirigencia “legítima”; se pronuncian por la salida del presidente estatal, Gerardo Albarrán Cruz.

Militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandaron la salida del presidente del comité estatal, Gerardo Albarrán Cruz, y exigieron que se apliquen auditorías sobre el manejo de recursos del instituto político. Exigieron que se emita una convocatoria a elección legítima con un padrón actualizado, con la expulsión de personajes que aún sirven a intereses del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

En conferencia de prensa, Raúl Iragorri Montoya, acompañado por el senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz, dio lectura a un documento firmado por morenistas integrantes del consejo nacional y estatal de Morena.

Destacó que están a favor de un movimiento de regeneración sin corrupción “y ya es momento de limpiar al partido para impulsar la Cuarta Transformación que ha impulsado el presidente y líder moral, Andrés Manuel López Obrador”.  Pero dejó en claro que “el buen juez por su casa empieza” y, por ende, denunció ante la opinión pública “que no se puede aceptar que en Morelos una banda de políticos corruptos se enquiste en la dirigencia, con personales identificados con el ex gobernador Graco Ramírez”.

A decir de Iragorri, “la dirigencia es ilegítima y corrupta”, ya que tras la renuncia de Miguel Lucia Espejo como dirigente estatal, por disposición unilateral del exsenador Rabindranath Salazar Solorio fue dejado “un encargado que ni atiende a la militancia ni despacha”. Por ello exigen la remoción inmediata de Gerardo Albarrán Cruz, “quien sólo obedece intereses de ese grupo, como sus maniobras hechas en el Congreso local para evitar la salida del fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez”, a quien llamó “fiscal carnal de Graco”.

Aseveraron que desde el partido, Albarrán Cruz y el grupo de Salazar Solorio están operando para ir en contra del actual gobierno estatal, emanado de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por su lado, Alejandro Rojas Díaz Durán aseveró que no se puede lanzar la convocatoria para la renovación de la dirigencia y el consejo nacionales, así como el comité estatal, sin contar con un padrón depurado, avalado por el Instituto Nacional Electoral.

Recordó que hay alrededor de tres millones de afiliaciones “guardadas en el cajón que tienen que ser desatoradas”, más tres millones de solicitudes que están en estado de espera.

 

  

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El senador morenista dice que los estados deben aprobar las leyes secundarias que regirán a ese cuerpo armado.

El senador Radamés Salazar Solorio informó que será hasta julio cuando entre en funciones la Guardia Nacional en todo el país.
Luego de que el Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias para la operación de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el senador refirió que ahora toca a las legislaturas locales armonizar la legislación estatal con la federal.
En tal razón, agregó, se espera que en un mes estén dadas las condiciones para que la estrategia empiece a operar en los estados, en donde habrá un despliegue de elementos, como es el caso de Morelos.
Además, Salazar Solorio sostuvo que es necesario que exista una mayor coordinación entre los gobiernos estatales y los municipales, para que pueda funcionar la Guardia Nacional.
"Nosotros tenemos mucha confianza en que la Guardia Nacional haga un excelente trabajo y obviamente en coordinación con todos los gobernadores y con los presidentes municipales, debe ser un esfuerzo conjunto; yo creo que los buenos siempre somos más", manifestó.
El senador aseguró que con el gobierno estatal existe un diálogo constante, toda vez que existe la disposición de trabajar en coordinación con el gobierno federal.

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El alcalde ixtleco señaló que ha sostenido pláticas con autoridades estatales y del nuevo municipio acerca de ese tema y de la división territorial.

Puente de Ixtla.- La deuda de este municipio, que asciende a aproximadamente 333 millones de pesos, deberá dividirse con Xoxocotla, tal como lo establece el decreto oficial de la creación del municipio indígena, junto con la división territorial, señaló el alcalde de este lugar, Mario Ocampo Ocampo.

En entrevista, el edil indicó que han platicado muy seguido con autoridades de  Xoxocotla, con el secretario de Gobierno y con todos los actores, porque el convenio de límites territoriales es un tema muy complicado. “Hemos tratado de dar muchas salidas, pero finalmente es un decreto y establece que debe de haber convenios del territorio y del presupuesto”, dijo.

Agregó que Xoxocotla está pidiendo 88 millones de pesos de presupuesto y probablemente le designen entre 60 y 70 millones. “El decreto habla también que se le quitará directamente a Puente de Ixtla, y es muy claro, así que también se habla de que deberá de ser proporcional la deuda y se tiene que cumplir; estamos en una fecha donde ya no se puede modificar”, apuntó Ocampo Ocampo.
Señaló que Puente de Ixtla tiene una deuda aproximada de 333 millones de pesos, de los que 80 millones son de deuda fija a pagar en 30 años y para ello les descuentan mensualmente alrededor de dos millones de pesos.

Finalmente mencionó que esperarán los tiempos en que deberá resolver el Congreso del estado para que se determinen los convenios que marca el decreto y así se concluya con la división del nuevo municipio indígena.

 

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En la entidad, los tres órdenes de gobierno y Poderes del Estado coordinan acciones a favor del bienestar social.

Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz presentaron al Poder Legislativo del Estado de Morelos tres proyectos de iniciativa de ley, que tienen el objetivo de mejorar la seguridad pública y recuperar la paz social en la entidad.
La exposición se realizó en el Salón de Comisiones del Congreso local; participaron José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la Oficina de la Gubernatura; Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública; Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, y Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado.
Así como Adonaí Carreón Estrada, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos; Javier Martín Ortega Maya, coordinador de la Policía Federal en Morelos, y el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24/a Zona Militar.
Los proyectos de iniciativa presentados son para crear la Ley de Videovigilancia, Ley de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública y una ley que regule a las empresas privadas de seguridad.
Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, explicó que el objetivo de presentar dichas propuestas a los legisladores “es trabajar las iniciativas de manera conjunta, para que al momento de presentarlas al pleno del Congreso lleven el consenso de todos y se logre la aprobación”.
Con respecto a la Ley de Videovigilancia, el funcionario indicó que es fundamental para incrementar las capacidades del Estado, debido a que pretende que las videocámaras de establecimientos comerciales se sumen al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).
“Contar con más cámaras de video permitirá distribuirlas de manera más eficiente”, aseguró Pablo Ojeda.
En relación al proyecto de las leyes de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública, y la que regulará a las empresas privadas de seguridad, el encargado de la política interna del Ejecutivo local expresó que van a contribuir de manera eficiente para prevenir e inhibir el delito.
El secretario de Gobierno relató que dichos proyectos responden a la necesidad de ir acorde a las políticas públicas que en materia de seguridad pública se dan a nivel nacional, con el recién aprobado Programa Nacional de Seguridad y la Ley de la Guardia Nacional.
Durante la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz con los diputados de la LIV Legislatura local, que se prologó por tres horas, el comisionado estatal de Seguridad Pública informó sobre los avances en el combate a la delincuencia.
En tal sentido, el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros mencionó que de octubre de 2018 al 15 de mayo de 2019, un total de 19 mil 958 personas fueron puestas a disposición de los ministerios públicos del fuero federal y estatal, así como al juez calificador y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Así mismo, dio a conocer que fueron asegurados 726 vehículos con reporte de robo, 252 armas y tres mil 691 cartuchos útiles, además del aseguramiento de diversas sustancias de estupefacientes.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que participan los gobiernos estatal, federal y Poderes del Estado, ratifica su compromiso con los ciudadanos de lograr que a Morelos regrese la paz social y sea un territorio seguro.

 

 

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Jueves, 23 Mayo 2019 05:10

Proponen ley de videovigilancia

El gobierno del estado plantea también crear leyes sobre uso de tecnologías para la seguridad pública, y sobre regulación a empresas de seguridad privada.

Piden para el próximo año mayor presupuesto para seguridad.

El Ejecutivo estatal entregó este miércoles a diputados locales anteproyectos de tres iniciativas de ley y dos reformas a normas reglamentarias, orientadas a fortalecer la seguridad, entre ellas la Ley de Videovigilancia, que contempla la participación de la iniciativa privada.

Integrantes de la Mesa para la Seguridad y la Paz, entre ellos, representantes de instituciones federales como la Zona Militar y la Policía Federal; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López; el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y funcionarios locales, encabezados por el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, se reunieron este miércoles con diputados locales, a puerta cerrada.

Al término del encuentro, en entrevista, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que se habló de las acciones que se han desarrollado de manera interinstitucional en cuanto a prevención y combate al delito. Además, se les informó sobre las estadísticas de Morelos en relación con las de otras entidades y se planteó la necesidad de que en el 2020 se construya un presupuesto con más recursos destinados al rubro.

Detalló que de manera coordinada se trabaja en una serie de modificaciones al marco legal, dirigidas a atender los requerimientos que enfrentan en la lucha cotidiana contra el crimen. Hay alrededor de una decena de propuestas, pero -por el momento- se entregaron al Congreso local los anteproyectos de tres iniciativas de ley y dos propuestas de reforma.

Se trata de la Ley de Videovigilancia, otra de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública, y una más sobre Regulación a Empresas de Seguridad Privada.  Se habló sobre la importancia de establecer controles en el uso de algunos vehículos, por ello, la sugerencia de reformar la Ley del Transporte y las modificaciones al Reglamento de Tránsito, orientadas al uso de motocicletas, pues este es uno de los medios de traslado más usado por los homicidas y quienes cometen otros delitos.

En este primer paso, refirió Ojeda Cárdenas, se busca que antes de presentar oficialmente las iniciativas, los diputados analicen los anteproyectos de forma conjunta para consensuarlos.

Las propuestas de leyes están orientadas a armonizar el marco local con el federal.

En la ley de videovigilancia se plantea que la iniciativa privada pueda participar con sus cámaras con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, conocido como C5. Las cámaras de los establecimientos comerciales y empresas estarían conectadas a dicho sistema policial de forma voluntaria, y -en algunos casos- como cuando las cámaras estén ubicadas en sitios públicos, sería obligatorio, siempre y cuando no se violen otros principios, como la privacidad.

El propósito es generar información para inteligencia y hacer más eficaz el uso de los recursos de los que se dispone, según indicó el encargado de la política interna en el estado, quien expuso que no es factible que las patrullas estén todo el tiempo dando recorridos, porque eso implica desgaste, gasto de gasolina y esas unidades deben estar colocadas en sitios estratégicos.

Hay alrededor de mil cámaras, pero sólo funcionan alrededor de 900 y el propósito es aumentar este recurso.

También anotó que se dialogó sobre la importancia de la propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito en lo que se refiere a la regulación de motocicletas, como se dio a conocer con oportunidad. Se propone adoptar algunas prácticas internacionales que han funcionado, como las de Colombia, que contemplan que los conductores usen una matrícula de identificación en cascos y chalecos, por ejemplo; pero enfatizó que se deberá analizar a fondo.

Ojeda Cárdenas dejó en claro que se presentarán formalmente las iniciativas cuando haya consensos con los diputados.

Finamente, informó que se puso en la mesa la importancia de considerar el incrementar el presupuesto de seguridad en el 2020, lo que permitirá avanzar en el rubro de nómina a policías, con el fin de dignificar sueldos y prestaciones a los policías de todos los municipios en el esquema del Mando Coordinado.

Reiteró que el gobierno estatal está en disposición de cubrir el costo de aumentar el sueldo a los policías para homologarlo, así como la aplicación de prestaciones tales como la seguridad social, ya que algunos elementos hasta la fecha no tenían ni atención médica garantizada.  

 

 

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