Incluye coordinación de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito.

La Cámara de Senadores confirmó que será esta semana cuando analice, discuta y apruebe el proyecto de decreto que busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La minuta, que ya fue avalada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y remitida al Senado el pasado 28 de octubre, fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

“Es muy seguro que se esté discutiendo en el Pleno esta semana”, afirmó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El proyecto busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El dictamen avalado por la Cámara de Diputados finalmente incluyó diversos cambios, como la modificación al artículo 2 —una reserva presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila—, con la cual se precisa cómo deben coordinarse las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito.

También hubo modificaciones en los artículos 3, 8, 16, 18 y en el controvertido artículo 21, en el que se ajustó el rango de sanción, estableciendo penas de cinco a doce años de prisión para el servidor público que por comodidad o estar sujeto a amenazas, no denuncie una extorsión.

Asimismo, se modificaron los artículos 26 —que establece que la reparación del daño a las víctimas se debe realizar con los recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio—, y el artículo 43, que mandata que las autoridades deben diseñar e implementar campañas permanentes de información y prevención, orientadas a visibilizar las distintas modalidades de extorsión y fomentar la denuncia ciudadana.