Iniciativa que es analizada en la Cámara de Diputados federal plantea hasta 20 años de prisión, el incremento de sanciones económicas y la reparación del daño ambiental por el delito.

La Cámara de Diputados federal analiza una iniciativa que busca incrementar prácticamente al doble las sanciones contra la tala ilegal de árboles.

La propuesta busca modificar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De ser avalada por el Congreso de la Unión, se impondrían penas que van desde uno hasta veinte años de prisión y multas de entre tres mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, la penalidad por tala de árboles es de seis meses a nueve años de prisión y multas de cien a tres mil UMA.

Estas penas alcanzarían a quien realice desmonte, tala, derribo o destrucción de árboles en áreas verdes, áreas de donación, terrenos forestales, selvas o zonas con vegetación natural sin contar con la autorización correspondiente.

También para quien exceda el volumen, superficie o especies autorizadas en su permiso, y/o altere o falsifique documentos relacionados con el aprovechamiento forestal.

La iniciativa prevé que cuando la tala ilegal ocurra en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes, áreas de donación, involucre especies endémicas o en riesgo, o provoque pérdida de superficie forestal superior a una hectárea, la pena aumentaría hasta en una mitad y será obligatoria e imprescriptible la reparación del daño ambiental.

También establece agravantes para casos de afectación a Áreas Naturales Protegidas, especies en riesgo y grandes superficies; hace obligatoria la reparación integral del daño ambiental como medida imprescriptible y plantea crear un Padrón Nacional de Áreas Verdes.

Incluye también la imposición de penas de dos a diez años de prisión y multas de entre tres mil y veinte mil días de multa a quien ilícitamente dañe, desmonte o construya en superficies que se encuentren dentro del Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.

En este caso, además de la pena de prisión y multa, el juez ordenará la restauración o reforestación de la superficie afectada, que deberá costear el responsable, con especies nativas de la región, y la inhabilitación de cinco a diez años para participar en actividades forestales o en el comercio de madera.

Con esta modificación, las entidades federativas y municipios, en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), deberán crear y mantener actualizado el Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.

El proyecto de reforma también plantea que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, podrá presentar denuncia penal inmediata ante el Ministerio Público Federal por cualquier acto de tala ilegal detectado, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.

La iniciativa argumenta que entre los mecanismos de operación de la tala ilegal está el blanqueo de permisos a través de documentos emitidos por ejidos o con marcas de la Conafor, donde se legaliza la extracción de volúmenes de madera mayores a los autorizados.

Advierte de la complicidad local por parte de comisariados ejidales que gestionan permisos para justificar el desmonte, así como de la corrupción institucional a través de “mordidas” a policías.

Considera que la Profepa carece de capacidad real para judicializar casos, pues aun con detenciones en flagrancia, los delitos se niegan o se tipifican como faltas administrativas; además, los informes policiales deficientes provocan la liberación de detenidos y vehículos en tres días.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.