El gobierno estatal exhorta a un ambiente de respeto dentro de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer y asegura libertad de expresión; corporaciones de Seguridad salvaguardarán integridad de manifestantes.

El Gobierno de Morelos hizo un llamado para que la manifestación de hoy por el Día Internacional de las Mujeres sea entendida y tratada como un ejercicio legítimo de derechos, y se evite criminalizar la protesta o deslegitimar sus causas, pues aseguró que esto no contribuye a la construcción de soluciones.

A través de un comunicado, la administración estatal se comprometió a actuar con respeto pleno a los derechos humanos, prevenir cualquier forma de represión y promover un entorno de respeto durante las movilizaciones por el 8M.

Reconoció que estas manifestaciones son un ejercicio legítimo de libertad de expresión, participación democrática y exigencia colectiva frente a las deudas históricas que persisten hacia las mujeres.

Señaló que el protagonismo de estas movilizaciones corresponde a las mujeres y a su lucha colectiva, por lo que el papel del Estado es garantizar, proteger y salvaguardar el derecho a la libre manifestación, así como la integridad y seguridad de todas las participantes.

“Por instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia, todas las dependencias de la administración pública estatal actúan en el ámbito de sus competencias para asegurar el respeto pleno a los derechos humanos, prevenir cualquier forma de represión y promover un entorno de respeto durante las movilizaciones”, subrayó.

Informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con autoridades municipales, desplegará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las manifestantes, priorizando en todo momento la protección de sus derechos.

Pide alcalde no se criminalicen manifestaciones

Por su parte, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, pidió no criminalizar las expresiones de colectivas durante las movilizaciones en el 8M.

A través de un comunicado, el munícipe reiteró su respeto a la libre manifestación y compromiso de apoyar las medidas y políticas públicas que permitan a las mujeres de Cuernavaca, de Morelos y del país, acceder a una vida libre de violencia, como es su derecho.

“En el marco de las movilizaciones anunciadas en la capital del estado en conmemoración del 8M, José Luis Urióstegui pide no criminalizar las diferentes expresiones que colectivas y feministas han dejado de manifiesto en sus demandas para ser visibilizadas, detener agresiones de las que siguen siendo objeto en el ámbito público y doméstico, así como seguir impulsando ambientes seguros para ellas”, refiere el texto. 

Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones

Paralelamente, la SSyPC publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones en el Estado de Morelos, cuya finalidad es “unificar la actuación policial para la prevención y atención de manifestaciones o protestas en el estado de Morelos, implementando un modelo de gestión que priorice el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana, mediante la intervención de las autoridades, la transparencia en las intervenciones policiales y la participación activa de la sociedad civil”.

El objetivo de este instrumento es establecer parámetros y condiciones bajo los cuales el personal de la Secretaría de Seguridad deberá actuar en manifestaciones o protestas sociales “con el fin de garantizar el pleno ejercicio de este derecho, salvaguardando la integridad de las personas, así como de sus bienes, previniendo el desarrollo de violencias, la comisión de hechos delictivos y los abusos de autoridad”.

El instrumento, que entró en vigor ayer, consta de seis capítulos y 15 artículos, en los que se prevén aspectos como la coordinación y comunicación, los niveles de intervención, el uso de la fuerza, así como los derechos y obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

En el apartado de coordinación y comunicación se señala que ante cualquier manifestación que afecte vialidades, la primera forma de intervención será la negociación; pero en caso de ser negativa la respuesta de los participantes, el personal policial “realizará los dispositivos de seguridad necesarios para, en su caso, recuperar la vialidad afectada, en coordinación con las autoridades que intervienen en la atención de las manifestaciones o bloqueos de vialidades primarias”.

Asimismo, señala que en toda manifestación se garantizará la seguridad de los participantes, “facilitando su libertad de reunión, expresión, manifestación y protesta, aplicando el diálogo como forma de atención y solo como último recurso el uso de la fuerza de manera progresiva, evitando en todo momento el uso de armas letales”.

Este instrumento jurídico prohíbe de manera estricta el uso de armas letales, por lo que autoriza que el personal policial utilice en sus intervenciones en manifestaciones equipo antimotines y de protección personal “para proteger la integridad de manifestantes, terceros y policías”.

En el capítulo cuarto, denominado “Uso de la fuerza”, se establece que los integrantes de instituciones de seguridad pública que se encuentren en la primera línea de contacto con manifestantes, “solo en caso justificable aplicarán los niveles del uso de la fuerza, privilegiando el diálogo y evitando en todo momento el uso de armas letales, así como el uso de medios violentos, con miras a proteger el derecho a la vida y la integridad de todas las personas”.

En el caso de manifestaciones de mujeres, como la concentración esperada para hoy, este protocolo prevé que la primera línea de contacto será integrada por “personal femenino perteneciente a las instituciones de seguridad pública del estado y de la Unidad de Policía de Género de los municipios. En caso de verse rebasadas las unidades femeninas y de ser estrictamente necesario, estará atento un agrupamiento de personal masculino, quienes, en caso de actuar, lo harán con enfoque diferenciado y especializado, observando y respetando en todo momento los derechos humanos de las mujeres”.

El artículo 10 de este ordenamiento se refiere a los casos donde en una manifestación se presente resistencia “pasiva, activa o de alta peligrosidad”. En este supuesto se establece que será la SSyPC, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la encargada de implementar las medidas de prevención del delito y protección necesarias para garantizar la seguridad tanto de manifestantes como de personas ajenas a la manifestación.

Con este protocolo se prevé que en los casos de actos de violencia en una manifestación, la primera medida será persuadir de manera verbal y se escalará en el uso de la fuerza hasta llegar al uso de extintores y/o agua.

En los casos donde la autoridad detecte que en una manifestación se realizan acciones de resistencia activa y/o de alta peligrosidad, o se cometan hechos con apariencia de delito, el mando responsable autorizará a su personal policial “emprender las acciones de prevención del delito y la protección del ejercicio de derechos” contra el o los responsables, dejando al resto de los manifestantes que no estén involucrados en dichos actos continuar con su derecho a la protesta.

Este ordenamiento establece de manera clara que el personal que participe en acciones de control de manifestaciones usará equipo de “protección mínimo”, como casco y escudo.