La emergencia sanitaria ha provocado un aumento en el uso de plásticos, unicel y popotes.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval afirmó que para el 2021 tendrá que cumplirse con la aplicación de la ley que prohíbe los plásticos de un sólo uso.


En entrevista, admitió que la emergencia sanitaria ha provocado un aumento en el uso de plásticos, unicel y popotes, con el supuesto de que permiten mayor higiene.


Sin embargo, sostuvo que las grandes empresas deben buscar productos que sustituyan dichos materiales y garanticen la seguridad sanitaria para los ciudadanos.


Refirió que ha sostenido mesas de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal para revisar el reglamento que deberá de publicarse antes del 2021 y que fijará las reglas para prevenir el uso de plásticos.


En este sentido, no descartó que pudieran establecerse excepciones en la aplicación de la norma, pero éstas no tendrán que ser una limitante para que se cumpla con la finalidad, que es inhibir el uso de plásticos.
Recordó que se trata de un proceso escalonado  y el decreto que se publicó en enero de este año sólo establece que las grandes empresas están obligados a suspender la utilización, entrega o venta de plásticos de un sólo uso.
Para el 2022, añadió, los medianos y pequeños negocios tendrán que hacer lo mismo, con lo que se reducirá de manera importante la contaminación que causa el uso de los polímeros.


"Es un gran logro lo que se tiene en el estado, el tema es convertirlo en una realidad. En otros estados donde se ha aplicado se han establecido excepciones, porque en cualquier situación las hay, pero en este sentido yo pediría avanzar en la primera etapa, que es un gran logro, es una realidad y en enero entra en vigor la primera etapa", manifestó.

 

 

 

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Empieza ronda de entrevistas a los 34 aspirantes a dos espacios.

El Congreso del estado podría concretar a finales del mes de octubre la designación de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).


Este viernes, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias y quienes integran la Junta Política y de Gobierno (JPyG) entrevistarán a los 34 aspirantes al cargo de comisionado que sí cumplieron con los requisitos establecidos en la primera etapa del procedimiento de elección.


La pasarela iniciará con 11 aspirantes este viernes, 10 el próximo lunes y 12 el martes, cuando concluirá la etapa de las entrevistas.


De acuerdo con la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, después de las entrevistas, la Junta Política y de Gobierno iniciará con la revisión final de los perfiles, para tomar una determinación y presentar los dictámenes correspondientes para concretar los dos nombramientos en el IMIPE.


Aseguró que se trata de un tema prioritario y se cumplirá con los tiempos que marca la ley para la designación, por lo que se prevé que a finales del mes o en la primera semana de noviembre el Pleno del Congreso vote el asunto.
Ante la posibilidad de que los nombramientos se concreten con base en intereses políticos, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal) sostuvo que debe garantizarse que los dos comisionados cumplan con el perfil para trabajar por la transparencia en el estado.


Coincidió en que se trata de un tema urgente, pues el IMIPE no ha podido sesionar desde marzo pasado y atender los recursos en materia de transparencia, ya que sólo cuenta con la presidenta Dora Ivonne Rosales Sotelo.

 

 

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Jueves, 15 Octubre 2020 05:16

Buscan erradicar "pensiones doradas"

Plantean crear Sistema de Administración de Base de Datos de las Pensiones y Jubilaciones.

Para acabar con las "pensiones doradas" que en legislaturas pasadas se aprobaron a favor de allegados de diputados y autoridades estatales, ante el Congreso del estado se propuso la creación del Sistema de Administración de Base de Datos de las Pensiones y Jubilaciones.


La diputada morenista Elsa Delia González Solorzano presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones jurídicas para impulsar un sistema de pensiones con el que se pretende  garantizar transparencia en el proceso para la autorización de las jubilaciones desde el Congreso del estado.


"Buscamos erradicar las malas prácticas, los favoritismos, los compadrazgos que se han llevado a cabo en otras legislaturas y el ejemplo son las pensiones doradas, que tanto daño han causado a las finanzas públicas", manifestó la legisladora.


Añadió que con la creación del sistema se de garantía de que las pensiones se autorizarán de manera rápida y con base en la ley, para evitar lo que cientos de trabajadores han tenido que enfrentar, al esperar hasta siete años para que se les apruebe lo que por ley les corresponde, que es su retiro.
Con ese sistema también el Congreso del estado podrá identificar que la documentación del trabajador sea legal y evitar la falsificación de documentos, como presuntamente se dio en la LIII Legislatura,  cuando se autorizaron las llamadas  "pensiones doradas".


"Se tendrá un orden sistematizado de aprobación o negación de las pensiones o jubilaciones, al contar con fecha de recepción de la petición y numero consecutivo; erradicando con ello los “favoritismos” que se han venido ejerciendo", añadió.


La propuesta de reforma a la Ley del Servicio Civil, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del Congreso del estado y a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación,  y a la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su análisis y dictaminación.

 

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La propuesta implica ampliar el período de pago de la deuda pública heredada por administraciones estatales pasadas.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que el Poder Legislativo podría aprobar antes del 15 de diciembre la propuesta de reestructuración financiera que presentó el Poder Ejecutivo y que implica ampliar el período de pago de la deuda pública heredada por administraciones estatales pasadas.


Para ello, adelantó, en los próximos días la secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino  se reunirá con los 20 diputados locales para explicar la iniciativa que presentó el cinco de octubre pasado ante el Congreso del estado para refinanciar seis mil 500 millones de pesos de deuda.


El legislador insistió en que no se trata de un crédito nuevo. Sin embargo, admitió que algunos legisladores no están de acuerdo en ampliar a 20 años el período de pago,  cuando actualmente restan 13 años para su liquidación.
En este sentido, aseguró que se abrirá una mesa de debate entre los legisladores, pues se requiere que la propuesta sea aprobada a más tardar el 15 de diciembre, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, a fin de que en enero del 2021 se inicien los trámites para la reestructuración financiera.


Sotelo Martínez refirió que la propuesta del Ejecutivo fue el tema principal de la reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien pidió el respaldo del Congreso local para avanzar en el refinanciamiento, que ayudará al manejo de las finanzas del estado para el próximo año.


Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín afirmó que la propuesta debe ser revisada a fondo por lo que se refiere al periodo de pago del refinanciamiento y el uso que se dará a los recursos que se ahorrará el gobierno del estado por el pago de intereses, una cantidad que ascendería a cerca de mil millones de pesos.

 

 

 

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Miércoles, 14 Octubre 2020 05:14

El PES busca remover a los dos fiscales

Diputado acusa a FGE y FECC de presuntos actos de intromisión en la ESAF.

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado promoverá la remoción del cargo del fiscal general Uriel Carmona Gándara y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Nuñez, por realizar presuntos actos de intromisión en la labor que realiza la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


El diputado pesedista José Luis Galindo Cortez sostuvo que es necesario revisar el actuar de los fiscales, ante una posible complicidad para evitar que la ESAF audite a la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción.
"Es inadmisible, no podemos quedarnos callados como Congreso ante los excesos con los que se está conduciendo el fiscal anticorrupción y el general. Yo no sé qué pretendan con esto, aparte de interrumpir una auditoría. Quisiera que dijeran a quién quieren proteger, qué quiere ocultar", manifestó el diputado Galindo Cortez.


Afirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) no sólo ha cometido actos de intromisión en la ESAF, sino también en el Congreso del estado, cuando hace unas semanas varios agentes acudieron a solicitar información de los trabajadores del órgano auditor.


Con base en esos hechos, el legislador afirmó que existen elementos para que el Congreso del estado revise la permanencia de los fiscales.
Indicó que la tarde de este martes, en reunión de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) el grupo parlamentario que integra promoverá la propuesta para que se revise la vía legal por la que se iniciará un procedimiento de remoción del cargo, con base en las facultades que tiene el Congreso del estado, a pesar que la FGR y la FECC son autónomos.


De concretarse el proceso legislativo, sería la segunda ocasión en que la LIV Legislatura intenta remover a los llamados "fiscales carnales".

 

 

 

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Incluso, el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral recibirán menos dinero del que solicitaron.

Los Poderes públicos, así como dependencias estatales y organismos públicos autónomos deberán esperar hasta el 2022 para obtener un aumento presupuestal, debido a la crisis económica nacional y al plan de austeridad al que se ajustará el gobierno del estado para el próximo año, ante la emergencia sanitaria.


Dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso local se establece la imposibilidad de autorizar el presupuesto que varias dependencias requirieron para el próximo año, ante la disminución en la recaudación de recursos federales y estatales.


Es el caso del Poder Judicial, que a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió un monto presupuestal de mil 438 millones 891 mil pesos, pero el Poder Ejecutivo sólo planteó una suma de 524 millones 34 mil pesos, que estará sujeta a la aprobación del Congreso del estado.


Es el mismo caso del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) que pidió 41 millones 159 mil pesos cuando la propuesta del Ejecutivo es de 25 millones.


El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) requirió 51 millones 807 mil pesos, por tratarse el 2021 de año electoral, pero solo le asignaron 28 millones 25 mil pesos.


De la misma forma, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) pidió, de acuerdo a sus necesidades presupuestales para el próximo año solicitó 422 millones 865 mil pesos, pero en la propuesta del Paquete Económico sólo se le asignaron 282 millones 352 mil pesos.


En la misma situación se encuentran la mayoría de las dependencias y organismos públicos. 

El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 la necesidad de mantener un "balance sostenible y austero", con base en lo que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los criterios generales de la política económica nacional.


El Congreso del estado revisará el Paquete Económico y determinará posibles ajustes para disminuir o aumentar el presupuesto de algunas dependencias y organismos.

 

 

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El Congreso estatal debe garantizar operación autónoma y transparente de dicha instancia: Rojas Morgado.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, José Rodrigo Rojas Morgado, pidió a los diputados locales que los tomen en cuenta como profesionistas en el proceso de elección del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


En entrevista, afirmó que se trata de una obligación de los legisladores acompañarse de las asociaciones de profesionistas en la revisión de los perfiles de los aspirantes que se postularán para el cargo, con base en la convocatoria emitida el pasado dos de octubre por el Poder Legislativo.


"Las asociaciones de profesionistas, en este caso el Colegio de Profesionistas y la FECAP, a la que nosotros pertenecemos, estamos muy interesados a (sic) que se haga una buena selección,  que nos tomen en cuenta como una organización de profesionistas de la contaduría a elegir el mejor perfil en beneficio de nuestro estado", manifestó.


Rojas Morgado manifestó su confianza en que el  Congreso concretará dicho nombramiento de manera transparente y que quien resulte electo "sea un contador certificado, morelense, comprometido con el estado".
Para el presidente del Colegio de Contadores Públicos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización también requiere de reformas importantes, que garanticen un órgano autónomo, con independencia para realizar un trabajo de manera transparente y apegado a derecho.


En este sentido, dijo, la ESAF debe estar acompañada de un mayor presupuesto  para que pueda fiscalizar todas las instituciones públicas alejada de cualquier compromiso político.
Cabe mencionar que desde diciembre del 2018, la ESAF no cuenta con un titular, tras la renuncia al cargo de Vicente Loredo Méndez, quien fue señalado por la actual legislatura de haber protegido al gobierno de Graco Ramírez.
Por otro lado, Rojas Morgado insistió en el  llamado que han hecho las asociaciones de profesionistas para que los diputados aprueben la "ley de extinción de dominio", armonizada con la legislación federal.
Explicó que el nuevo marco normativo permitirá combatir de fondo los hechos de corrupción en el estado.

 

  

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para desactivar los conflictos por el malestar de empresarios.

El Congreso del estado podría entrar a la revisión de la Ley de Videovigilancia que está en vigor desde el pasado 13 de agosto y que fue impugnada por empresarios y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.


Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, aseguró que la nueva legislación se trabajó para beneficio de los ciudadanos y se cuidó que no violentará los derechos humanos.

Sin embargo, dijo que si existe la inconformidad de la iniciativa privada será revisada "y de ser necesario se harán las modificaciones correspondientes".


El legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) recordó que la ley de videovigilancia fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se revisó en la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso. "Desconozco los consensos que se dieron o cómo se dieron, pero insisto, si hay que revisarla lo haremos", añadió.


El jueves pasado los empresarios junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron en contra de la ley de videovigilancia y anunciaron que pugnarán porque no sea aplicable en Morelos. Incluso, anunciaron que trabajarían en una nueva propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos.

 

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Espera la Secretaría de Administración detalles de recorte presupuestal.

La secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga expresó que, al igual que los demás secretarios, está en la mejor disposición de exponer ante el Congreso los detalles respecto al proyecto de presupuesto de Egresos del 2021, pero hasta la fecha no han sido convocados. La propuesta presentada por el Ejecutivo ya contempla un ajuste por alrededor de 800 mil pesos para esa dependencia.  

La funcionaria estatal dijo que, en la iniciativa, sí hay una disminución, por lo que están a la espera de que el paquete sea discutido por los legisladores. “Cada secretario tendemos que estar priorizando nuestras acciones y determinando bien el gasto corriente y el de inversión que tendrá cada Secretaría”, anotó. 

En entrevista, Zavala Zúñiga expuso que no les han notificado en qué rubro se contempló el referido ajuste con respecto a la solicitud que se hizo a Hacienda, pero comentó que, atendiendo a las instrucciones del mandatario estatal, se va a considerar los rubros menos prioritarios. Dejó en claro que no se van a afectar las prestaciones de los trabajadores ni se pondrá en riesgo su estabilidad. 

La secretaria dijo confiar en que el paquete económico sea aprobado en tiempo y forma por el Poder Legislativo y para ello todos los funcionarios de la dependencia que encabeza están listos para atender el llamado de los diputados en caso de que sean requeridos para brindar la información correspondiente. “Sabemos que no será sencillo porque este tema de la pandemia ha implicado muchos requerimientos y una crisis generalizada y por lo tanto se dará prioridad a salud, educación, desarrollo estatal y seguridad”, concluyó.  

 

 

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La plantearán al Congreso la próxima semana.

La próxima semana, los presidentes municipales formalizarán ante el Congreso del estado su propuesta para que se les asigne el 25 por ciento del Fondo Federal de Participaciones.


Luz Dary Quevedo Maldonado, alcaldesa de Tetecala y actual presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), afirmó que es urgente que los municipios reciban el cinco por ciento -de un total del 25 por ciento- del citado fondo, para atender las necesidades prioritarias de la población, por lo que impulsarán la iniciativa de reforma al artículo sexto de la Ley de Coordinación Hacendaria.


Recordó que ese recorte de las participaciones federales se concretó en la administración de Graco Ramírez, autorizado por los ex alcaldes, pero ahora los actuales ediles demandan que se les devuelva dicho recurso financiero.


"Lamentablemente no vemos apoyo para atender demandas de obra pública en los municipios por parte de la Federación por los recortes que se han tenido, pero tampoco en el estado. Entonces, queremos que los diputados nos escuchen, que podamos tener pláticas y que podamos abonar para que las condiciones en el estado sean mejores", manifestó.


Dijo que presentaron de manera formal una solicitud al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que se instalen mesas de trabajo para que los alcaldes planteen su propuesta y sea revisada, como parte del análisis y la discusión del Paquete Económico 2021.


De acuerdo con la alcaldesa, la reducción del 25 al 20 por ciento del Fondo General de Participaciones se hizo en el 2013 para la creación del Mando Único de Graco Ramírez, pero ahora pretenden invertirlo en obra pública, alumbrado, "además de todas las necesidades que se han originado por el tema de la contingencia" y no para gasto corriente en los ayuntamientos.

 

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