Puede ser una forma para ahorrar en el pago de renta.

La Secretaría de Administración proyectó utilizar el edificio que antiguamente ocupo el Congreso local - que se encuentra en la calle Matamoros del centro de Cuernavaca- para reubicar algunas dependencia y ahorrar el costo de rentar otros inmuebles.     

Dicho edificio inicialmente había sido solicitado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para crear un centro cultural; posteriormente se planteó la posibilidad de crear una sala de exhibiciones e incluso un tianguis artesanal por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura, pero no se le asignó recurso a dicho proyecto. 

A la fecha, sólo se ocupan algunas áreas, como los estacionamientos, pero no se le ha dado un uso general.

Al respecto, la secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga refirió que hay un plan de austeridad en el gobierno estatal en el que se han analizado alternativas de reducción de costos. 

Comentó que “desafortunadamente debido a la pandemia de covid-19, se ha ido retrasando las gestiones ante la Federación para poder presentar un proyecto de inversión que permita poner en condiciones ese edificio que ocupaba el recinto legislativo y los recursos que se tendrían que inyectar para adecuar las instalaciones para esos usos”.  

Anticipó que existe otra propuesta, que tiene el fin de ahorrar recursos en rentas y poder reubicar en ese sitio oficinas que tengan menor flujo de gente, porque no dan mucha atención al público por las características de su función, es decir porque realizan trabajo más administrativo.  

La última solicitud es que la Contraloría de Estado y la Consejería fueran reubicadas en ese edificio. Lo anterior, si es que no se concreta el proyecto de inversión en los planes anteriores. “Estamos en el estudio de las necesidades de las áreas, para destinar un recurso, si así lo permiten las finanzas, a la remodelación del lugar”, añadió. 

Por ahora la dependencia está a la espera de que la Secretaría de Obras Públicas presente un dictamen sobre las condiciones que tiene el multicitado inmueble.  

 

 

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Temen por el presupuesto 2021.

Mientras el análisis del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021 se encuentra detenido en el Congreso del estado, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su preocupación porque no se apruebe a más tardar el 15 de diciembre, como lo marca la Constitución Política del Estado.


Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo un llamado a los legisladores locales para privilegiar el interés de los ciudadanos y hacer a un lado los intereses personales y de grupo.
“Por diferentes circunstancias políticas, en esta legislatura no hay acuerdos. Pareciera que la película una y otra vez se repite y se repite y no se alcanzan los consensos en los temas coyunturales entre los legisladores. Esperemos que haya acuerdos, pues los ciudadanos estamos cansados de tantos desacuerdos que se viven al interior del Congreso y tantas circunstancias que no permiten que avancemos”, manifestó el empresario.


De igual forma, el presidente del CCE demandó a los diputados que aprueben un presupuesto estatal y las leyes de ingresos de los municipios apegados a la realidad que se vive en el país por la crisis que causó la pandemia de covid-19.
"Apelamos a su responsabilidad como diputados. Hoy deben de velar por los intereses de los morelenses, realmente pedimos un trabajo legislativo y esperamos que la ciudadanía no pague los platos rotos de las confrontaciones que existen al interior del Congreso", manifestó.


Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, dijo que han solicitado a los legisladores participar de la revisión de las leyes de ingresos municipales y verificar que no haya aumentos en derechos, servicios e impuestos.

 

 

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Ante la falta de un presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado para iniciar el análisis del Paquete Económico 2021, la diputada Alejandra Flores Espinoza solicitó que se instalen mesas de trabajo con los 20 legisladores en las que puedan participar los secretarios de despacho.


La legisladora morenista informó que requirió de manera formal a la Mesa Directiva y a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) iniciar de manera urgente el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como de las leyes de ingresos municipales, ante el riesgo de que su aprobación se prorrogue hasta el próximo año.


Sostuvo que la falta de consensos para la redistribución de las comisiones no puede ser un impedimento para que se avance en los paquetes fiscales, ya que la Constitución Política del Estado señala como plazo para su aprobación a más tardar el 15 de diciembre.


"Hemos buscado por cualquier medio que ya salgan estos asuntos, que ya se tenga a los presidentes de comisiones tan importantes. Mientras tanto, creemos que ya la próxima semana se tiene que iniciar el análisis, no podemos esperar a los últimos días porque sería muy irresponsable", declaró.


Por otro lado, confirmó también que se encuentran detenidos los trabajos de las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como la de Puntos Constitucionales y Legislación, y la de Igualdad de Género, porque entre las fuerzas políticas no se logran los consensos para nombrar a los presidentes de las mismas.

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Tribunal Colegiado recientemente confirmó el amparo concedido a Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez para ocupar esas posiciones.

El Juzgado Quinto de Distrito dio un plazo de diez días al Congreso del Estado para cumplir con la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado, que recientemente confirmó el amparo concedido a Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez, para que sean reinstalados como comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe).

El juez federal requirió al Poder Legislativo para que en el plazo fijado abrogue el decreto número tres, publicado el 27 de septiembre de 2018 en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, por el cual la LIV Legislatura dejó sin efectos los nombramientos.

También requirió reconocer las designaciones y “realizar los trámites correspondientes a efecto de llevar a cabo la instalación en el cargo para el que los amparistas fueron designados”.

El juez federal apercibió al Congreso con que, en caso de incumplir con la ejecutoria de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (Uma), equivalente a ocho mil 688 pesos.

En caso de incumplir con el fallo protector, reiteró, se procederá a dar trámite a un incidente de inejecución de sentencia.

 

 

 

 

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Ariadna Barrera, presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), rechazó que se negocie entre las fuerzas políticas la distribución de espacios.

Diputadas locales confirmaron que la falta de consensos entre las fuerzas políticas mantiene detenidos temas importantes, como el análisis del Paquete Económico del gobierno del estado, las leyes de ingresos municipales para el 2021 y los nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


En entrevista, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez, confirmó que los grupos y fracciones parlamentarias que integran el Congreso del estado no se han podido poner de acuerdo para la elección de los comisionados del IMIPE y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


Admitió también que como legisladores no han podido definir quiénes presidirán las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; la de Puntos Constitucionales y Legislación; Igualdad Género; y la de Seguridad Pública y Protección Civil.
Sin embargo, rechazó que los temas estén ligados y se negocie entre las fuerzas políticas la distribución de estos espacios.


No obstante, señaló que desde la Junta Política y de Gobierno "hay más voluntad para poder incluir y no sólo que un grupo proponga o se quede con un espacio"
Sobre el tema,  Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que buscarán que a más tardar la próxima semana, haya "luz verde" para las designaciones en las comisiones y los nombramientos pendientes.


Admitió que se ha retrasado más de un mes la revisión del Paquete Económico y de las leyes de ingresos municipales, pero aseguró que la intención es desahogarlas en el plazo que marca la Constitución Política del Estado, a más tardar el 15 de diciembre.

 

 

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Ocho diputadas protestaron por la presencia de su homólogo en el Salón de Plenos, debido a las acusaciones por presunta violación que pesan sobre el diputado.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, ocho de las 14 diputadas locales protestaron por la presencia de su homólogo Marcos Zapotitla Becerro, acusado por el delito de violación sexual y a quien obligaron a abandonar el salón de Plenos.


Después de varias semanas, el legislador decidió acudir a una sesión ordinaria y ocupó su curul. Sin embargo, tras varios minutos de iniciada la asamblea, ocho legisladoras subieron a tribuna y demandaron al diputado abandonar el salón de Plenos.


Las legisladoras amenazaron con impedir el desarrollo de la sesión si su homólogo no salía de la sesión.


"Es moral, no es legal", gritaron en protesta las diputadas, que exigieron a Zapotitla Becerro pedir licencia al cargo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda realizar las investigaciones por el presunto delito de violación.
Ante la exigencia de sus compañeras, el legislador se vio obligado a abandonar su curul. "No seré yo el causante de una parálisis legislativa", manifestó.
Antes, aseguró que no permitiría que se le haga víctima de "escarnio político, como se pretende" con la protesta e insistió en su inocencia.

 

 

 

 

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Miércoles, 04 Noviembre 2020 05:19

Instalan Consejo Local del INE en Morelos

Con el acto inició formalmente el proceso 2020-2021 en la entidad.

Con la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Morelos inició formalmente el proceso 2020-2021 en la entidad. La presidenta Liliana Díaz de León Zapata señaló que se trata de las elecciones más complejas del país, por la cantidad de puestos a elegir, además de los grandes retos que implica la pandemia de covid-19 y el objetivo de vencer el abstencionismo.  

Este marte se celebró la sesión extraordinaria en la que se declaró instalado el consejo y para ello  rindieron protesta la presidenta Liliana Díaz de León Zapata, así como las y los consejeros electorales Silvia Cartujano Escobar, Clara Elena Pérez Santana, Arturo Núñez Alday, Lucio Alfonso Rubio Antelis, Micaela Bocanegra Rodríguez y Faustino Medardo Tapia Uribe. 

Por razones sanitarias, conforme a los lineamientos del Consejo General del INE, este acto se llevó a cabo de forma pública pero híbrida; es decir, de manera presencial y virtual. Además de las y los integrantes del órgano, estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos con registro nacional.  

Al igual que en el resto de las entidades del país, en Morelos arrancó oficialmente de esta manera el proceso electoral. 

Díaz de León Zapata recordó que la jornada se llevará a cabo en México el 6 de junio y el INE estará encargado de organizar todo el proceso, en coordinación con los organismos públicos locales.

Destacó que el Instituto Nacional Electoral en 30 años ha organizado y coordinado 218 elecciones, por lo que la experiencia e historia les respalda.  

Se trata, apuntó, de la elección más grande democrática de México y estará llena de primeras veces, pues traerá cambios en diversos aspectos, como el uso de la tecnología.  

Se conjunta una elección federal y 32 locales, con 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, mil 926 ayuntamientos y alcaldías, así como 431 juntas municipales, en total 21 mil 368 cargos de elección popular en disputa.  

En Morelos el INE -con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)- coordinará la elección de cinco diputaciones federales y en lo local 20 diputaciones, de ellas 12 de  mayoría y ocho  de representación  proporcional y los ayuntamientos. 

Se instalarán dos mil 562 casillas y para ello se contratará a 107 supervisores, 632 capacitadoras y capacitadoras, y a 23 mil 53 ciudadanas y ciudadanos que serán funcionarios de casillas, quienes recibirán y contarán los votos. 

Expuso que este proceso se desarrolla en medio de la pandemia de coronavirus, que muy posiblemente se extenderá hasta el 2021 y que impactará las actividades electorales, por lo que se deberá cumplir con todas las medidas sanitarias, como el  distanciamiento social y demás protocolos, sin que sean un  obstáculo para lograr la mayor participación de la  ciudadanía.  

Esta institución no va sola, en la entidad, apuntó la presidenta de la Junta Local, ya se trabaja en coordinación con la Impepac, que en sus atribuciones cumplirá con la organización del proceso electoral local.  

Díaz de León Zapata resaltó que para organizar el proceso electoral se requiere del trabajo y esfuerzo de todas y todos: partidos políticos, la fiscalía especializada en delitos electorales, agrupaciones civiles, ciudadanas y ciudadanos. 

De igual manera, la vocal ejecutiva de la Junta local hizo énfasis en que una de las características de este proceso es la relevancia que toma la paridad de género. Hizo alusión al acuerdo y sus lineamientos, aprobados por el Consejo General del INE para evitar la violencia de género.  

Recordó que en diciembre se habrán de conformar 300 distritos electorales, cinco de ellos en Morelos.  

La presidenta exhortó a los integrantes del consejo local a trabajar en equipo en apego a los principios del INE y a generar espacios de diálogo y acuerdos.  

Las y los consejeros coincidieron en la importancia de cumplir con el compromiso ante la ciudadanía en un proceso imparcial, legal y que dé certeza y gobernabilidad.  

La consejera Clara Elena Pérez Santana destacó la relevancia de salir adelante en medio de la pandemia con creatividad, aprovechando los recursos disponibles, como las tecnologías.  

Lucio Alfonso Rubio Antelis enfatizó el papel preponderante de la participación ciudadana y alertó que será preciso tomar decisiones óptimas y erradicar “vicio alguno”, para que no se inhiba la participación directa en el combate al enemigo, que es la abstención.  

Arturo Núñez Alday expresó que habría sido deseable llegar a esta contienda en condiciones diferentes, pues privan un ambiente político enrarecido, la epidemia, la inseguridad, entre otras. Parece, añadió, que en este momento hay tres prioridades: primero enfrentar con éxito la pandemia, sobrevivir económicamente hablando, no ser víctimas de un delito. “Ojalá otra víctima del covid-19 no sea la democracia”. Señaló que el reto será superar la participación del 47 por ciento que se tuvo en el proceso pasado. 

La consejera Micaela Bocanegra Rodríguez se congratuló por el hecho de que el consejo local está presidido y dirigido por mujeres.

Hizo una enfática exposición respecto a la reforma en la legislación en materia de violencia política de género, que aseveró, se deberá ver reflejada en este proceso electoral.  

“Pero aún muchas personas no identifican a qué nos referimos, pero es importante conocer que la violencia política comprende todas las acciones y omisiones, tanto en la esfera pública como en la privada, que busquen limitar anular o menoscabar el ejercicio político electoral de una o varias mujeres”. 

Recordó que según las estadísticas oficiales el 53% de la población son mujeres.   

También hizo notar la incorporación de municipios indígenas y el voto de personas transexuales.  

Por su parte, la consejera Silvia Cartujano Escobar llamó a los actores políticos a ir más allá del deber cívico y del deber partidista, a usar su tiempo, prestigio personal, redes y demás recursos, a promover e inculcar la democracia: “a ser los vehículos para que nuestros conciudadanos sepan que democracia no es nada más emitir el voto o tener el derecho de acudir a las urnas o abstenerse de un acto tan sagrado”. 

Faustino Medardo Tapia Uribe en su calidad de consejero, destacó la labor de todo el personal del INE y sobre todo las y los ciudadanos en el proceso pasado, en el que se recuperó la confianza en el organismo.  

Vivimos tiempos de cambios muy grandes en el país, anotó, al señalar que crisis social sanitaria afecta a la gente que menos recursos tiene. Recordó que Morelos ocupa el primer lugar en corrupción en el país desde hace varios años, además de ubicarse en primer lugar en cuanto a feminicidios y en secuestro. Aseveró que esto indica que es necesario cambiar el sistema político, porque por este pasan la corrupción y la violencia.  

 

 

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Sábado, 31 Octubre 2020 05:17

El presupuesto 2021, en peligro: diputada

Ariadna Barrera dice que la falta de acuerdo para nombre presidente de la comisión de Hacienda puede provocar que el proyecto de decreto no alcance a ser aprobado.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, advirtió del riesgo que el Paquete Económico 2021 no se apruebe este año, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas para designar al presidente de la Comisión de Hacienda, que debe analizar e integrar el proyecto de decreto.


En entrevista, la legisladora morenista confirmó que la reestructuración en las comisiones legislativas se ha prolongado por la falta de consensos, principalmente en la designación del diputado que presidirá la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.


"Creo que falta diálogo, falta comunicación, nosotros estamos abiertos", indicó.


Y, adelantó: "Sino tenemos presidente o presidenta de la Comisión de Hacienda va a ser muy difícil que tengamos presupuesto".


Recordó que también se debe designar un presidente en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la de Seguridad y Protección Civil, así como en la de Igualdad de Género.


"En algo tan sencillo no nos podemos poner de acuerdo...Es necesario que avancemos en estos temas, sacar adelante el rezago que se nos ha acumado y más aun con la pandemia (de covid-19)", manifestó.
Por otro lado, adelantó que el Congreso del estado elegirá la próxima semana a los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, señaló que después de mucho tiempo, finalmente habría acuerdos para concretar los nombramientos.

 

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Diputada panista revela que por resolución judicial deberán tomar posesión Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez como cuarto y quinto comisionado.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, admitió que la resolución judicial que obliga al Congreso del estado a dar posesión del cargo a Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez como comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) pudo haberse evitado con una reforma constitucional.


En entrevista, la legisladora panista recordó que desde el 2018 propuso una reforma al artículo 23-A de la Constitución Política del Estado para disminuir de cinco a tres el número de comisionados que integran el IMIPE, y con ello echar abajo la modificación que la LIII Legislatura hizo al mismo marco normativo para colocar a Alvear Sánchez y Yáñez Vázquez en dicho organismo.


"Totalmente, era un tema que  se pudo haberse evitado en su momento porque ya se había hecho el análisis que efectivamente se cumplía con los tres consejeros el trabajo que le corresponde al IMIPE  y así se hubiera quedado integrado el instituto. Hoy se da la resolución, es un tema que afecta nuevamente al Congreso del estado", manifestó.


Y agregó: "hoy ya es una realidad que nos va a afectar y no solamente en el tema del Congreso, sino en el tema presupuestal, porque entiendo que tendrá que ser retroactivo el proceso y generar la reinstalación de los comisionados".
La legisladora panista dijo desconocer los motivos por los cuales la iniciativa de reforma constitucional permaneció en la "congeladora" de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso local y que hoy, finalmente, beneficia a Roberto Yáñez, padre de los ex diputados Julio y Roberto Yáñez, así como a Marco Antonio Alvear, ex asesor del ex diputado Mario Chávez Ortega.


"No entendí cuál fue la situación de tenerlo ahí parado por quienes  han encabezado esta comisión. Entiendo que hubiera alguna situación en particular", añadió.


El Congreso del estado no sólo deberá garantizar el nombramiento de los dos comisionados, sino que tendrá que prever un aumento presupuestal para el IMIPE, a fin de que se cubran los salarios de los dos nuevos comisionados de manera retroactiva.

 

 

 

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Quieren que sobrevivientes y deudos reciban una indemnización.

Familiares y víctimas  de la masacre registrada en un velorio de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca el pasado primero de septiembre, anunciaron una caminata por la paz para mañana miércoles 28, con la que exigirán justicia.


Daniel Jiménez, padre de uno de los jóvenes asesinados, aseguró que la marcha será pacífica y podrán sumarse todos los ciudadanos que deseen protestar por la inseguridad en el estado.


Detalló que caminarán desde la capilla de la colonia Lomas de Cortés hasta la ayudantía de la colonia Antonio Barona, donde pretenden instalar un memorial por las víctimas de la masacre.


Los ciudadanos denunciaron que a casi dos meses de los hechos,  la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado de los avances de las investigaciones, mientras que la inseguridad en la colonia sigue siendo preocupante.
"Cuando nos reunimos con el fiscal (Uriel Carmona) nos dijo que en cuatro meses podría tener avances importantes, pero es la fecha en que no sabemos nada. Somos nosotros quienes nos hemos encargado de limpiar la imagen de nuestros hijos", manifestó Daniel Jiménez.


Los ciudadanos acudieron al Congreso del estado a pedir la reparación del daño por los hechos.

Tanto las víctimas como los familiares del ataque armado afirmaron que el gobierno del estado sólo les ayudó con los gastos funerarios, cuando muchos sobrevivientes aún siguen en rehabilitación o bien existen menores que se quedaron huérfanos.

 

 

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