Los grupos parlamentarios de Morena, Nueva Alianza y Verde Ecologista presentaron la iniciativa para reformar la Constitución estatal e incluir a los integrantes del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes en la renovación del Poder Judicial; los diputados también expidieron la nueva Ley de Participación Ciudadana del estado.

En la sesión ordinaria de ayer, el Congreso del estado dio entrada a la propuesta de reforma a la Constitución Política de Morelos para incluir la elección mediante voto ciudadano de los integrantes del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), tal como lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) y confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La propuesta fue ingresada a la orden del día durante la sesión, por las fracciones parlamentarias de Morena, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen.

El pasado 10 de julio, el TEEM resolvió que el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes debió incluirse en la reforma a la Constitución del estado para la renovación del Poder Judicial que se llevará a cabo en 2027, bajo el alegato de que forma parte de este Poder.

Fijó un plazo de tres meses al Congreso de Morelos para solventar esta omisión; no obstante, el Poder Legislativo local decidió impugnar el fallo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien finalmente respaldó la resolución local.

En la misma sesión, también se incluyó la propuesta de reforma para no revictimizar a las personas que hayan sufrido el robo de su vehículo, mediante la cual se busca exentar del pago de corralón cuando la unidad es recuperada.

Esta reforma fue presentada por todos los integrantes del Congreso y pretende reformar las fracciones 7 y 9, y adicionar la fracción 10 al artículo 76 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos; así como los artículos 84 bis-4 y 84 bis-5 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, y de Hacienda y Cuenta Pública para su análisis y dictamen.

Entre las comunicaciones recibidas por el Congreso estatal, destacan un exhorto enviado por el Congreso de San Luis Potosí, en el que le piden a su homólogo de Morelos se adhiera al exhorto enviado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que implementen acciones emergentes para identificar y combatir de manera preventiva la plaga del gusano barrenador, y ampliar los programas que diagnostiquen, prevengan, traten, controlen y erradiquen dicha plaga de la región.

Asimismo, una solicitud hecha por el municipio de Puente de Ixtla para una ampliación presupuestal por un monto de un millón 604 mil 729 pesos para el pago de una sentencia judicial.

También se dio cuenta de un acuerdo de la Junta Política y Gobierno por el que se aprobó la remoción de los titulares de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal, Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal, Auditoría Especial de Organismos Públicos, Dirección General Jurídica y la Dirección General de Capacitación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y se avaló la designación de sus reemplazos.

El Pleno del Congreso también aprobó la expedición de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Morelos, que incluye las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo y abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su edición número 6343, de fecha 4 de septiembre de 2024.

Los legisladores también avalaron, con 16 votos a favor, un dictamen de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, que reforma la fracción XXI del artículo 12, y el párrafo segundo del 53, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.

Finalmente, aprobaron la reforma al artículo 28 y la adición de una disposición transitoria décima primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.