Las Legislaturas de los estados tendrán 180 días naturales para armonizar sus leyes con el marco normativo nacional.
Centros penitenciarios del país deberán garantizar la inhibición de la entrada y salida de llamadas de telefonía celular de sus espacios.

Ayer entró en vigor la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que es reglamentaria del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de ser publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta nueva ley ya es una realidad en todo el país, luego de su aprobación por unanimidad, con 456 votos, primero en la Cámara de Diputados, y posteriormente en el Senado de la República, que también la avaló por unanimidad, con 110 votos a favor, pero con cambios al proyecto, que a su vez volvió a aceptar la Cámara Baja.

El proyecto final prevé castigos mínimos por la comisión de este delito de 15 a 25 años de prisión, y con las diversas agravantes que se incluyeron, las penas alcanzarían hasta los 42 años de cárcel, sin beneficio de acceso a la preliberación.

El proyecto de reforma incluyó modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ahora, las legislaturas de los estados tendrán un plazo no mayor a 180 días naturales —contados a partir de ayer— para hacer las reformas legales correspondientes y armonizarlas con esta nueva ley, según su artículo sexto transitorio.

Asimismo, los centros penitenciarios del país tendrán 180 días hábiles para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de voz, datos o imagen, a los que se refiere el artículo 38 de esta normatividad, conforme al séptimo transitorio.

La nueva ley contra la extorsión señala en su artículo 42, referente a las estrategias para prevenir y combatir los delitos de extorsión, que: “La Federación y las entidades federativas, respectivamente, diseñarán e implementarán una estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión, que tendrá como objeto definir y coordinar el diseño y la implementación de acciones y políticas en el ámbito de sus respectivas competencias. Las estrategias que implementen las entidades federativas deberán ajustarse a los contenidos mínimos de la Estrategia Nacional a cargo de la Federación”.

Organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, señalaron que esta ley incluye aspectos ambiguos en su redacción que podrían afectar la labor periodística.

Señalaron que la “vaguedad” de los artículos 15 y 17 implica que se pueda castigar penalmente a periodistas y medios de comunicación que difundan contenidos noticiosos y de interés público, “pues cualquier persona, incluidas servidoras públicas, podría denunciar que la crítica y el cuestionamiento que se les plantea a través de la cobertura periodística es ‘extorsión’, por el simple hecho de considerarla incómoda y alegar daño moral o psicológico”.