Cambiaron al agente del ministerio público asignado al caso en vísperas de una importante audiencia.

María y Amalia Hernández, madre y tía del joven secuestrado y asesinado en 2013, Oliver Wenceslao Navarrete, denunciaron que la Fiscalía General del Estado realizó el cambio de agente del Ministerio Público a unos días de que se lleve a cabo la audiencia intermedia del proceso judicial que se le sigue a dos ex funcionarios, por su probable responsabilidad en la inhumación ilegal de decenas de cuerpos en las fosas de Tetelcingo, y temen que se permita que los delitos prescriban o que, por fallas de la fiscalía, prevalezca la impunidad.

En rueda de prensa, Amalia Hernández explicó que el jueves de la semana pasada fue informada que Juan Carlos Huitrón, agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, había solicitado licencia y que el caso estaría a cargo de otro agente, cuyo nombre no recuerda, por el enojo e impotencia que sintió al recibir la noticia.

“Ese día que me lo presentaron lo primero que hice fue mentar madres, porque la verdad era una bajeza tremenda el haber dejado a estas alturas la carpeta y dejársela a una persona que está en un espacio reducido, la carpeta está en el suelo, no tiene impresora, no tiene computadora, la verdad es una simulación lo que hay en esa fiscalía”, dijo.

Explicó que gracias a que la defensa de los imputados pidió aplazamiento de la audiencia por 10 días, el actual agente Ministerio Público a cargo del asunto tendrá unos días para conocer los ocho tomos de la carpeta de investigación, pero todo hace suponer que llegará a la audiencia, programada para el 22 de marzo, con poco conocimiento y a improvisar.

“No podemos culpar directamente a él (el agente del MP) porque son pocos días, pero al que sí se puede culpar directamente es al fiscal general, porque él ya había sido avisado por medio de un oficio, de que los delitos pueden prescribir en la carpeta.

“Cuando a él se le hizo la mención de esto, es porque la carpeta duró meses sin tener un Ministerio Público, ya que el anterior MP no debía conocer del tema porque tenía conflicto personal, además de que hizo en cuatro ocasiones desistimiento de vinculación a proceso de estas personas”, dijo.

Señaló que el fiscal estatal minimizó el tema de las fosas y la carpeta de investigación iniciada contra la ex coordinadora general y el ex coordinador regional de servicios periciales de la otrora procuraduría estatal, Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, porque dijo que “tres carpetas como esas él las sacaba en el transcurso de una semana y lo que nosotros pedimos, es que viendo la agilidad mental que él dijo que tenía, que defendiera la carpeta, pero no quiso hacerlo”.

Más tarde María y Amalia, al final de la ceremonia de la firma del Mando Coordinado, interceptaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para pedirle apoyo para que se finquen responsabilidades a ex servidores públicos que permitieron la inhumación ilegal de decenas de cadáveres en las fosas de Tetelcingo y presione a la Fiscalía General del Estado que ha sido omisa.

Ambas activistas llamaron con gritos la atención del titular del Poder Ejecutivo quien, tras despedirse de los ediles, se acercó a ellas para escucharlas e iniciar el diálogo, para después canalizarlas con el secretario de Gobierno Pablo Ojeda para dar seguimiento al caso que fue conocido a nivel internacional y que fue motivo de dos recomendaciones al gobierno de Morelos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el organismo local en el 2016. 

El vacío acentúa la sobrecarga de trabajo de los agentes del Ministerio Público: Sotelo Salgado.

El especialista en derecho penal, Cipriano Sotelo Salgado, afirmó que no funciona el Centro de Justicia Alternativa, y llamó al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, a hacer una revisión de esta área y exigirle resultados.

Consideró que las fallas en la aplicación de la justicia alternativa acentuaron la sobrecarga de trabajo a los agentes del Ministerio Público, porque en lugar de pugnar porque los delitos no graves y de posible reparación de daño sean solucionados mediante acuerdos entre las partes, se sigue la vía del litigio y la judicialización.

Explicó que de acuerdo con los estándares internacionales, un agente del Ministerio Público debería conocer máximo 20 carpetas de investigación, pero en Morelos cada uno de ellos llega a tener a su cargo hasta 400 asuntos, lo cual humana y profesionalmente imposibilita que haya eficacia en los resultados y sentencias.

Llamó al fiscal estatal a fortalecer esta área y exigir a los servidores públicos resultados, pues los delitos patrimoniales son los de mayor incidencia y susceptibles de lograr acuerdos con las partes implicadas a través de la reparación del daño.

“Justicia alternativa de la fiscalía está fallando, no está haciendo su trabajo, pero parece ser que a nadie le importa; eso porque tampoco se les mide con base en resultados. Entonces, creo que ahí está el principal problema, una invitación al señor fiscal para que analice lo que estamos considerando. Hablamos solamente por experiencia, y creo que ahí podría estar una tablita de salvación para el esquema de justicia”, explicó.

Dijo que alentar la justicia alternativa implicaría una descarga de trabajo al sistema de procuración de justicia; permitiría llegar a soluciones pacíficas y canalizar los esfuerzos en el esclarecimiento de ilícitos graves. 

Hay irregularidades en mil 800 obras del sexenio pasado, confirma el titular de esa Secretaría.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, confirmó que la extitular de esa dependencia, Patricia Izquierdo Medina, promovió un amparo contra actos de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, adelantó que hay más expedientes en revisión que podrían derivar en procesos. Por otra parte, aclaró que no han terminado los trabajos en el lugar donde se encuentra la estatua ecuestre de Emiliano Zapata.

El funcionario estatal informó que luego de las denuncias que presentó la actual administración por presuntas irregularidades que podrían constituir conductas ilícitas como peculado y ejercicio indebido del servicio público, entre otros, la exsecretaria formuló una demanda de protección de la justicia federal.

Giménez-Valdés Román también anotó que hay alrededor de mil 800 expedientes de obras en las que se lleva a cabo la revisión, y prácticamente en todas las que se han observado a la fecha se han identificado probables anomalías, como costos de mercado más bajo respecto a los contratados y pagado, entre otras.

De tal manera que siguen las auditorías y en cuanto haya resultados se iniciarán más denuncias, con el fin de cumplir con los procedimientos que marca la ley.

Reiteró que en lo personal, no tiene confianza en dicha Fiscalía Anticorrupción, pues han pedido copias de expedientes para "empapelar" los asuntos, al tiempo de advertir que no van a dejar que los delitos prescriban.

Por otro lado, el secretario fue cuestionado en torno a las críticas que han circulado en redes sociales en relación a las condiciones en las que se encuentra el sitio en el que fue reubicada la escultura del general Emiliano Zapata. Respondió que los comentarios negativos sobre el pedestal “son ignorancia técnica”.

Explicó que no se ha concluido la obra, y lo que se visualizaba -hasta este miércoles- era sólo la base, y sobre esa estructura se tienen proyectados acabados especiales.

Con disparos en la cabeza, los encontraron en un camino de terracería del poblado de Tetlama, en Temixco; sus familiares no sabían nada de ellos desde el pasado sábado.

Temixco.- Con disparos en la cabeza, una mujer y un hombre fueron encontrados sin vida en un camino de terracería del poblado de Tetlama, en este municipio, la mañana del miércoles. Ambas personas estaban desaparecidas desde el pasado sábado.

Con base en información de la Fiscalía General del Estado, se trata de Rocío Paloma “N”, de 31 años de edad, y Reyes “N”, de 40 años, quienes tenían su domicilio en la colonia Centro de la cabecera municipal de Temixco.

Respecto de los hechos, la FGE refirió que, tras el reporte del hallazgo, personal de esa dependencia se trasladó al sitio a las 10:30 horas de ayer.

Los cadáveres estaban sobre un camino de terracería, a la altura del segundo vado de esa comunidad. Ambos tenían heridas en la cabeza que fueron provocadas con arma de fuego.

Ella era de era de complexión media, tez morena y cabello negro; vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra y tenis negros.

Por su parte, el hombre era robusto, tez morena y estatura mediana, el cual vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y zapatos.

El sitio fue resguardado por agentes policiacos, que esperaron la llegada de elementos de la Policía de Investigación Criminal  y peritos de la FGE.

A las 12:30 horas llegó el personal de la fiscalía, que recogió evidencias y después le solicitó al Servicio Médico Forense (Semefo) que realizara el levantamiento de los cuerpos.

En torno a este caso, la FGE dio a conocer que durante la tarde de ayer, a las instalaciones de la fiscalía llegaron familiares de Reyes y Rocío, los cuales manifestaron que la pareja desapareció este sábado 8 de diciembre.

Juan Salazar Núñez confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González, confirmó que ya cuenta con una suspensión para evitar su remoción y adelantó que avanzan las indagatorias contra ex funcionarios graquistas, pero no puede judicializarlas porque el Poder Ejecutivo no aporta todavía las pruebas que dijo tener para someterlos a proceso penal.

El fiscal anticorrupción acudió a la delegación en Morelos de la PGR, a iniciar una carpeta de investigación contra el legislador del Partido de Trabajo por divulgar información confidencial y tergiversarla para insistir en su remoción.

Aseguró que el diputado (quien aseguró que ni Salazar Núñez ni el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, cuentan con evaluaciones de control y confianza), incurrió en un delito al revelar y manipular información clasificada.

Explicó que de acuerdo con los artículos 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expediente de evaluación y certificación están clasificados como reservados y su difusión es un delito contra la seguridad nacional considerado como grave que se castiga hasta con ocho años de prisión.

Afirmó que el intento de remoción obedece a presiones políticas y aseguró que hasta julio pasado la ley lo exentaba de los exámenes de control de confianza, pero tras las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue incluido en el proceso obligatorio de certificación y su evaluación está en curso.

Confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional que impide su remoción del cargo y advirtió a sus detractores que “si actúan en la ilegalidad, seguirán cometiendo más delitos, seguirán cometiendo más atropellos y, bueno, están las instancias como la PGR, como las instancias de amparo y tendremos que recurrir a todas ellas para que no se nos sigan violando nuestros derechos”.

También exhortó a quienes lo acusan de funcionario ineficiente a sustentarlo con pruebas y acusó que el Poder Ejecutivo es responsable de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no pueda judicializar las 22 carpetas de investigación iniciadas contra ex funcionarios graquistas.

“Los exhorto señores diputados que se presenten en la fiscalía anticorrupción a presentar todas la pruebas que dicen tener. Los exhorto señores diputados, prueben que no avanzamos, prueben que estamos siendo omisos”.

“Igualmente al Poder Ejecutivo del Estado se les ha requerido, ellos solicitaron una prórroga; no quisiera yo mediatizar esto ni hacer polémica, pero si es necesario voy a presentar los escritos en los que se han excusado, se han justificado y han pedido prórroga, lo saben ustedes señores del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros hemos avanzado y llevado a cabo todas las diligencias que son necesarias, es atribuible al Poder Ejecutivo el que hasta el momento no se puedan judicializar. Ellos han pedido prórrogas, se han justificado de esa manera, pidiendo que se les dé la oportunidad de allegarse de las pruebas y por ello es que no se han judicializado”.

Insistió en que continuará con su defensa jurídica ante los tribunales y aseguró que recurrirá a todas las vías legales posibles.  

En días pasados fue presentada una denuncia más, con lo que suman 18.

El gobierno del estado, a través de la Consejería Jurídica, presentó 17 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades detectadas en la Secretaría de Obras Públicas y que pudieran ser constitutivas de delito, señaló el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

El funcionario estatal, acompañado del Consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado y del secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés, indicó que estas denuncias se suman a una más que en días pasados fue presentada ante esa misma instancia por presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Salud durante la pasada administración.

Asimismo, ante el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, José Manuel Sanz dio un voto de confianza a dicha institución y confió en que se hará justicia.

“Nosotros como gobierno del estado creemos en la justicia y vamos adelante, esperemos a ver qué ocurre y tengamos confianza en ello. Demos un ejemplo a la ciudadanía y a los ciudadanos que están esperando a que en esta administración se haría justicia”, aseveró.

Sanz Rivera destacó que ésta es una visita más de las que harán a la Fiscalía antes referida para presentar más denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas en otras dependencias del gobierno estatal.

Por su parte, Samuel Sotelo mencionó que las denuncias van debidamente sustentadas “habrá que llevar a cabo los actos de investigación que le compete a esta autoridad -Fiscalía anticorrupción- y tal como lo comenta el jefe de la Oficina de la Gubernatura, posteriormente se estarán presentando otros tipos de denuncias relacionados por hechos atribuidos a servidores públicos”.