La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, robo de vehículos, narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la creación de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), que fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, el robo de vehículos y narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Al publicarse el acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedó instaurada la FIDAI que dirigirá la fiscal antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, cuya designación fue adelantada por el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, el pasado 24 de junio durante un acto oficial, aun cuando el acuerdo establece que, posterior a la creación de la nueva fiscalía, tendrá 45 días para hacer el nombramiento.  

La súper fiscalía fue definida en el acuerdo como la “unidad administrativa de investigación élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.

A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional  y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General.

Con la creación de la nueva fiscalía, fue derogado el Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delegaba a los titulares de las Fiscalías Regionales y Especializadas, la facultad para realizar requerimientos a los concesionarios de telecomunicaciones, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática.

Lo anterior, debido a que estás facultades serán exclusivas de la nueva fiscal, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, los titulares y agentes del Ministerio Público de cada una de las fiscalías y unidades adscritas a la FIDAI deberán de cumplir con la normatividad local y federal, conforme al ámbito de su competencia de investigación.

También se adicionó el nivel 102-A al Tabulador de Sueldos, fijado en el  Acuerdo 05/2019 del Fiscal General del Estado de Morelos publicado el 10 de abril de 2019 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para incluir al Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto como categoría única y la percepción mensual que determine la Coordinación General de Administración con base en la suficiencia presupuestal.

 

 

 

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Consejo Ciudadano de Seguridad exige indagar irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal.

El Consejo Ciudadano de Seguridad pidió a los Poderes del Estado implementar las acciones necesarias para investigar las irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal, que permiten que los presuntos criminales evadan la ley, luego de que públicamente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que al menos 11 jueces están bajo sospecha por la liberación de al menos 64 presuntos secuestradores en 2019.

El presidente del consejo ciudadano, Rafael Rueda Moncalián, señaló que desde la última sesión del Consejo Estatal de Seguridad se planteó la necesidad de revisar varios casos de imputados que obtienen sulibertad, “porque la misma ciudadanía nos ha comentado en donde varios de los personajes que han sido asesinados, resulta que la mayoría tenía antecedentes penales, y chistosamente  se encontraban en la calle, como el caso que tuvimos en Plaza Bugambilias (un hombre asesinado el 27 de septiembre de 2019), un caso muy sonado, una persona con droga y armas de fuego (detenido) y al mes ya estaba en la calle”.

“Esto si puso el llamado, en donde los autoridades, nosotros como ciudadanía y como Consejo pedimos que se esclarezca dónde está mal, quién esta mal, ¿la Comisión Estatal de Seguridad, la cadena de custodia, la investigación que hizo la fiscalía o qué juez dictaminó que la persona no era culpable?.

“Y algo que es muy interesantes saber, que es lo más chistoso y hay una semejanza, que varios de los grupos de abogados son al parecer los mismos que tienen este  tipo de problemas, son los que  han  tenido la gracia de decir, de sacar libre a tanta gente”.

Indicó que todas las variables e intervinientes en el sistema de justicia penal tienen que ser revisados para saber qué está sucediendo, donde están las anomalías o fallas, y tomar las medidas necesarias para evitar que delincuentes sigan libres.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad informó que el 2019 cerró con una incidencia delictiva ligeramente a la baja, pero se registró un aumento significativo en los delitos de alto impacto y muy particularmente  en la extorsión.

De acuerdo con el recuento estadístico realizado por el órgano ciudadano, el año pasado concluyó con una incidencia de 43 mil 191 delitos,  que significó un descenso de 3.9 por ciento con respecto al 2018, que cerró con 44 mil 936 ilícitos denunciados.

Sin embargo, los delitos considerados de alto impacto registraron una alza significativa entre 2018 y 2019. Mientras en 2018 se reportaron 693 homicidios dolosos, el 2019 cerró con 911 casos, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego. El aumento significó una diferencia de 31.5%. y ubicó a la entidad en el sexto lugar de la incidencia de este delito.

Las estadísticas oficiales indicaron que particularmente el delito de extorsión se disparó 666.7%, pues mientras en el 2018 se denunciaron 24 casos, el 2019 cerró con 184 casos. El feminicidio aumentó un 39.8% con 11 casos más que en el 2018, y el secuestro subió 56.5% al pasar de 46 casos en 2018 a 72 casos denunciados 2019, lo que ubicó a Morelos en el primer lugar en el ranking nacional en la incidencia de este ilícito por número de habitantes.

También aumentó el robo a negocio, al registrarse mil 827 casos en 2019, 24.1% más que en 2018; la violencia familiar aumentó 3.6%; y el narcomenudeo aumentó 21.8%.

Detalló que los delitos que tuvieron baja en su incidencia fueron robo a vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transportistas, así como robo de motocicletas y violación.

 

 

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Viernes, 24 Enero 2020 05:18

Niegan suspensión a Beatriz Vicera

Fiscalía podrá solicitar la información financiera necesaria relativa al presunto desvío de recursos imputado a la exdiputada.

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Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

 

 

 

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La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

 

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Viernes, 20 Diciembre 2019 05:17

Rechaza fiscalía incurrir en intimidación

Admite diligencia en sede del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó las acusaciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Roberto Coranguez Esquivel, sobre supuestos actos de intimidación y amenazas, y abrió una investigación por la polémica designación de Alejandro Chévez González como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, porque esa figura no existe en la ley.

Luego de que el titular del CPC anunció la promoción de una denuncia contra el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la FECC emitió un comunicado en el que refutó los señalamientos y argumentó que, con base en sus atribuciones legales, realizó algunas diligencias en las oficinas del CPC como parte de una investigación iniciada a raíz de la designación  ilegal de Chávez González.

“Por ello, el pasado miércoles se realizaron algunas diligencias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales estuvieron apegadas a derecho y en ningún momento se violentó la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen a su titular y a sus fiscales, ya que siempre ha actuado con apego irrestricto a la legalidad y con el compromiso de prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción”, informó.

Recordó que la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, negó el registro como “secretario técnico interino” a Alejandro González, porque ese cargo no existe en ninguna norma.

Además, detalló, el Comité Coordinador del SEA, al que pertenece esta Fiscalía, se pronunció sobre la ilegalidad del nombramiento y ordenó una investigación para esclarecer esta situación, ya que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la designación y ese mismo día se emitió una “carta aclaratoria” en la que se dejó sin efecto el cuestionado nombramiento.

La fiscalía insistió en que la indagatoria iniciada es apegada a derecho y que no hubo ninguna irregularidad durante la diligencia realizada en las oficinas de CPC. “La Fiscalía Anticorrupción se rige por valores y principios de certeza, legalidad, ética, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio, por lo que, en ningún momento ha realizado actos de intimidación o acciones fuera de la Ley en contra de nadie”, respondió a las acusaciones.

 

 

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A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 04:58

Siguen “perdidos” 200 millones

Es la suma que Graco saqueó del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formulará imputación contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que omitió poner a disposición de la autoridad judicial al juez del Tribunal Superior de Justicia Daniel Rodríguez Apac, acusado del homicidio culposo de Pedro Portilla Herrera, un trabajador del IMSS que fue arrollado el 16 de diciembre de 2017 por el juzgador, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad.

A través de un comunicado, la fiscalía especializada señaló que la audiencia se realizará el próximo viernes en las salas de juicio oral de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y se acusará a la agente del Ministerio Público  de presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

“Dichas actuaciones forman parte de la carpeta de investigación FECC/198/2019-08, la cual se integró a partir de la denuncia iniciada por la esposa de la víctima. Lo anterior ha derivado en la judicialización del caso y la solicitud de formulación de imputación en contra de la agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación del homicidio culposo.
“Lo anterior, en razón de que la agente del Ministerio Público omitió poner a disposición al detenido, vulnerando la procuración de justicia a que  tiene derecho la menor hija del hoy occiso, víctima indirecta en el caso, y que a su vez presuntamente favorecieron al juez  investigado, Daniel ‘N’”, detalló la FECC.

Hace un par de días, la esposa de la víctima, Maykeler Viazcan López, denunció que el juez durante dos años recibió un trato privilegiado de las autoridades, al grado de que no ha sido imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposo.

Además, denunció que ella y su abogado han recibido amenazas para que “aborten el caso” y para que otorgue - en condiciones totalmente desventajosas- el perdón al funcionario judicial.

 

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El Congreso del estado desahogará rezago en agenda legislativa, sostiene el diputado.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, adelantó que concretarán los nombramientos  del titular la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), antes de que concluya el año.
En entrevista, el legislador refirió que tras lograr la reforma que garantiza una nueva mayoría calificada de 13 diputados en el Congreso, hay condiciones para retomar todos los asuntos pendientes y terminar con la ingobernabilidad en el Congreso.
Explicó que se trata del nombramiento del titular de la ESAF, a un año de que Vicente Loredo Méndez presentara su renuncia.

De igual forma, recordó que desde junio pasado está pendiente el nombramiento de un comisionado del IMIPE.
El legislador sostuvo que pese a los señalamientos de un grupo de siete diputados sobre la presunta ilegalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado, el legislativo actuó en base a la normatividad y con eso buscará desahogar el rezago.
Zapotitla Becerro habló también de la determinación del Pleno para modificar todas las comisiones que, aseguró, está legalmente sustentada, dijo que las legisladoras que fueron removidas han manifestado su inconformidad porque perderán sus prerrogativas.
Incluso, el diputado ventiló que la diputada Keila Figueroa Evaristo tendría que transparentar el ejercicio de los recursos que administró como coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el primer año de la legislatura, ya que de las prerrogativas que goza una bancada nunca las distribuyó entre todos los integrantes.

 

 

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