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Libera juez a Sergio Beltrán Toto


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Como siempre, la fiscalía anticorrupción asegura que apelará y lanza culpas.

Un juez de control determinó dejar en libertad al exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obras Públicas Sergio Beltrán Toto, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) no presentó indicios del presunto daño patrimonial al Estado ni impugnó la reclasificación del delito.

A petición de la defensa del exfuncionario graquista, se realizó la audiencia en la que el juez Edie Isidoro Sandoval Lome le concedió la suspensión condicional a proceso y su excarcelación, luego de que el pasado 17 de octubre Beltrán Toto fue vinculado a proceso por el presunto delito de incumplimiento de funciones  y sujeto a prisión preventiva oficiosa porque no acreditó arraigo en Morelos y proporcionó varios domicilios que no habita.

El juzgador sustentó su determinación en la falta de argumentos de la fiscalía anticorrupción, ya que no aportó indicios adicionales sobre la presunta conducta delictiva y el daño patrimonial al Estado, ni impugnó la reclasificación del delito de ejercicio indebido de funciones, tipificado como grave en el artículo 19 Constitucional y que amerita prisión preventiva oficiosa, a incumplimiento de funciones, que es un delito no grave.

Además, la fiscalía incurrió en contradicciones, ya que inicialmente alegó un daño al erario de 98 millones de pesos y luego la cifra disminuyó a 70 millones, sin aportar evidencias para sustentar cualquiera de las cifras.

En tanto, la defensa ofreció, a cambio de la suspensión condicional a proceso, cumplir una serie de medidas. Con base en este contexto, el juez determinó conceder la libertad –tras 37 días recluido en el penal de Atlacholoaya– y la suspensión a proceso, e impuso a Beltrán Toto la obligación de radicar en Morelos, no salir del país, no acercarse a las oficinas de Obras Públicas ni a personas o testigos relacionados con el proceso penal, tener un trabajo estable y acudir a firmar periódicamente durante un plazo de 18 meses a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).  

A través de un comunicado, la FECC adelantó que apelará la resolución del juez de control, por considerar que hubo inconsistencias en su actuación y por no garantizar la reparación del daño al erario.

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Maciel Calvo

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