Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

Rescatan 100 millones de pesos para ampliación y equipamiento del Hospital Meana; la obra fue obstruida por la Secretaría de Salud de la administración anterior.

Jojutla.- El proyecto de torre médica de especialidades en el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” de este municipio, para el que había casi 100 millones de pesos, fue saboteado por la administración estatal anterior, por ello no se construyó, pero se pudieron rescatar los recursos, que ahora se invierten en equipamiento y ampliación del inmueble.

Tras un recorrido realizado ayer por el secretario estatal de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, y la diputada local Rosalina Mazari, la legisladora reconoció que hace tres años, cuando fue diputada federal, gestionó 98.5 millones de pesos para construir una torre médica, con áreas de especialidades, pero la anterior secretaria de Salud, Patricia Mora González, obstruyó el proyecto para realizar los trámites necesario y no se materializó.

De hecho, reveló que tanto la secretaria, como el director del Seguro Popular e incluso el director del Hospital Meana, de la pasada administración, aseguraron que no era necesario un hospital de ese nivel en la región sur.

“Esa torre no fue bien vista por el anterior gobierno… Se entorpeció el proyecto, por la mala fe y corrupción que en su momento se generó de la anterior administración. Cuando hay obstruccionismo de un gobierno, que dice que no se haga, la obra no se hace”, comentó.

Sin embargo, dijo que logró salvar el recurso, aunque ya no para el propósito original. Ahora, de esos 98.5 millones de pesos, 21.5 se invertirán en la ampliación del hospital y el resto –66 millones 784 mil pesos– para equipamiento, que de hecho ya se adquirió y está bajo resguardo del nosocomio.

Destacó que en la parte de la ampliación se construirá un área de terapia intensiva, lo que convertirá al Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” en el tercero en el estado que cuenta con esta sala, lo que lo eleva a la categoría de un hospital resolutivo. Además de áreas de consulta y un auditorio nuevo.

El inmueble es actualmente objeto de reconstrucción y ampliación y se espera que se pueda terminar en diciembre de este año.

“Estamos en espera de que se concluya la obra pera que se pueda ir utilizando”, señaló la diputada.

Israel Hernández Cruz se deslinda del exgobernador Graco Ramírez.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, pidió ser juzgado por sus actos y omisiones como ombudsman, y expresó su respeto a quienes cuestionan su nombramiento.

Al realizar el acto protocolario de entrega-recepción del organismo, rechazó haber sido impulsado por el exgobernador Graco Ramírez, y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales para ocupar al cargo, a pesar de que no acreditó experiencia en el tema.

Cuestionado sobre los amparos que presentarán al menos cinco de los 22 aspirantes que compitieron por la presidencia de la comisión, afirmó que respetará las acciones legales que emprendan quienes disientan de la decisión del Congreso del estado sobre su designación, y acatará las resoluciones judiciales que se pronuncien al respecto en el momento oportuno,

Se desmarcó del exmandatario perredista y aseguró que no sólo ejerció como notario, sino que durante su trayectoria profesional laboró en los tres Poderes del Estado, incluso, durante la gestión del gobernador panista Marco Adame, y conoció la actividad administrativa de la entidad, incluyendo –dijo- la defensa de los derechos humanos.

Insistió en que respeta las opiniones que descalifican o desestiman su trayectoria, pero pidió ser juzgado por sus actos y omisiones al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“Respeto todas las posiciones, lo único que pido es que se me juzgue con lo que haga o deje de hacer durante mi trayectoria y en mi paso en esta comisión, y no por apreciaciones subjetivas que se tendrán que demostrar”, recalcó.

Aclaró que es falsa la ficha y orden de aprehensión con el formato de Plataforma México que circula en redes sociales, pues aseguró que fue “fabricada” y difundida hace tres años por una persona que pretendió afectarlo.

Señaló que cubrió los requisitos legales para ser ombudsman y que entre la documentación presentada al Congreso local están las constancias de antecedentes no penales y de no inhabilitación tanto a nivel local como federal.   

Agregó que al tomar las riendas del organismo dará continuidad a lo que ha funcionado, trabajará con las organizaciones civiles e impulsará iniciativas de ley para que haya un buen andamiaje legal para la defensa de los derechos humanos.

Ayer, al igual que otros días, transportistas de la zona oriente desquiciaron el tránsito a su paso por diversos municipios hasta llegar a Cuernavaca, donde se entrevistaron con los integrantes de la Comisión Legislativa del Transporte. Aunque entregaron un pliego con diversas peticiones, la realidad es que sólo buscan hacer presión para obtener más concesiones.

Habrá una por el desvío de más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador.

El asesor anticorrupción de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez de Ita, dio a conocer que en breve presentará una denuncia más por presunto desvío de recursos por más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Este miércoles, el funcionario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en representación del gobierno del estado, a presentar dos denuncias por la posible comisión de delitos.  

La primera se refiere a la contratación del cantante Marco Antonio Solís "El Buki", por cuya presentación en el estadio Coruco Díaz, de Zacatepec, se reportó un pago por más de 22 millones de pesos. No obstante, que habitualmente el artista cobra ente cuatro y seis millones de pesos por una presentación de este tipo.

En lo que se refiere al área de Salud, Becerra Chávez expuso que desde el pasado 8 de mayo se presentó una denuncia por presunto desvío de recursos en dicha área, relacionada con un fondo de ahorro de trabajadores, y este miércoles se entregó otra relativa a documentación presuntamente falsa entregada por un ex servidor público de los Servicios de Salud que fungía como comisario en ese organismo.

También adelantó que iniciarán más denuncias derivadas de las auditorías a los créditos por dos mil 806 millones de pesos autorizados al gobierno de Graco Ramírez, que indican un posible quebranto de más de mil 806 millones de pesos.

"Alguien protege a Graco; no sé quién, pero lo protegen", expresó este viernes el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien advirtió que las primeras denuncias en contra de Graco Ramírez Garrido Abreu y sus colaboradores por presuntas irregularidades en el manejo de recursos se presentaron hace siete meses y hasta la fecha no se ha tenido resultados concretos”.

El titular del Ejecutivo estatal señaló en entrevista que no se han afectado los derechos humanos del ex comisionado de seguridad Jesús Alberto Capella Ibarra, quien formuló una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en días recientes en contra del gobernador.

De igual modo, consideró que dicha queja podría ser una respuesta porque la actual administración inició denuncias por irregularidades detectadas en el manejo de recursos: “simplemente dije una verdad, el señor tiene una demanda por el desvío de recursos, hay rumores de lo que el señor está haciendo en Quintana Roo, tiene una demanda por el comisionado por el desvío de recursos. Vamos a ver hasta dónde llega, nosotros vamos a seguir presentando las denuncias, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Aseveró que desde hace siete meses, se han presentado más de 30 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y no hay avances.

Adelantó que el gobierno del estado habrá de responder a las solicitudes de informes de la Comisión de Derechos Humanos y reiteró que él ha advertido a todos sus colaboradores que deben actuar con rectitud porque si cometen errores o caen en actos de corrupción, sucederá lo mismo, serán denunciados.

“Ojalá, Dios quiera, estas demandas avancen… No ha pasado nada, están detenidas, igual las de Graco Ramírez están paradas. Ojalá las autoridades aceleren las demandas, yo no sé si el fiscal anticorrupción está protegiendo a Graco o a Capella”.

Lamentó que no se haga justicia contra el ex gobernador aun cuando él ha cumplido con la parte legal que les corresponde: “sé que sí lo están protegiendo, no sé si es el de anticorrupción, hay mucha gente, no sé si haya una red, hoy por hoy se los firmo, alguien lo está protegiendo. No es normal que el señor anda tan campante después de todos los desfalcos que hizo, las desviaciones de recursos; no sé si la protección provenga desde la Federación, pero alguien lo está protegiendo, tanto a Graco como a varios ex funcionarios, esto no es normal”.

Marco Antonio Solís cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentación, documentan; iniciarán denuncia.

Este miércoles será presentada la denuncia formal contra la administración pasada por el presunto desvío de alrededor de 20 millones de pesos que se reportaron como parte del pago al cantante Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, pues el monto erogado supera lo que regularmente cobra el artista por una presentación.

El director de análisis estratégico y asesor de la gubernatura en materia anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez de Ita, detalló que ya suman más de 30 carpetas abiertas por denuncias relacionadas con actos irregulares identificados en el manejo de recursos durante la gestión del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y advirtió que continuarán iniciando procesos, pues paulatinamente se integran los expedientes con elementos que robustecen las demandas.

Refirió que este miércoles será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción un caso más, relacionado con el sobrepago que se hizo con dinero del erario, o que se reportó como tal por la actuación del cantante, ya que aquí se pagaron cerca de 26 millones de pesos.

Marco Antonio Solís -refirió Becerra Chávez- cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentarse en un concierto masivo, como el que se realizó en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec el 6 de diciembre de 2014.

Recordó que de acuerdo con información documental, la empresa “Magnus” era presuntamente contratada como intermediaria en las contrataciones de éste y otros artistas, como Emmanuel, Mijares y el cantante Sting. “Los representantes de esa empresa tendrán que rendir cuentas de porqué cobraba estos sobreprecios… pareciera que el gobierno del estado era tonto en pagar esas cantidades exorbitantes, cuando en el mercado de los cantantes, de los artistas, tienen precios, es un valor que ellos mismos se dan”.

Insistió en que están en la etapa de recopilación de más pruebas sobre los conciertos de los artistas también referidos y en breve entregarán a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias correspondientes.   

Fueron las dos mujeres en las que Graco Ramírez depositó su confianza y les encargó proyectos determinantes para que él pudiera llegar al poder y le cumplieron: Lo hicieron gobernador.

El dirigente estatal dice que el Partido del Sol Azteca superará su crisis.