El trabajo se acumula; la fecha para aprobar leyes de ingreso vence el 15.

Los diputados locales se encuentran trabajando a 'contrarreloj' para la aprobación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos de los 36 municipios. Sin embargo, la primera reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para iniciar la revisión formal de dichos puntos fracasó por falta de quórum.


La reunión fue convocada a las 10 de la mañana de este viernes, pero de 15 diputados que integran la comisión sólo seis llegaron para iniciar con los trabajos.


La diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública explicó que finalmente se había logrado convocar a sesión del órgano legislativo, después de varios meses de inactividad.
Señaló que se iniciaría de manera formal la revisión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado, así como las leyes de ingresos municipales. "Se ha propuesto un orden del día, que es revisar estos asuntos y ya al final fijaremos la ruta a seguir para tener los dictámenes", declaró.


Tras más de media hora de espera, finalmente los seis legisladores que llegaron a la reunión se retiraron y se informó que se llevaría a cabo hasta nuevo aviso.


El 15 de diciembre se vence el plazo para desahogar el Paquete Económico y las leyes de ingresos que deberán entrar en vigor el 1 de enero.
De no avanzar antes de dicha fecha, los legisladores se verán obligados a convocar a un período extraordinario de sesiones.

 

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Agustín Alonso Gutiérrez también solicitó la restitución del cinco por ciento de las participaciones económicas.

Yautepec.- Tras sostener una reunión con la presidenta de la comisión de Hacienda del Congreso del estado, Ariadna Barrera, el alcalde de este lugar, Agustín Alonso Gutiérrez, precisó que se solicitó al Legislativo que atienda la redirección de recursos económicos, además de solicitar la restitución del cinco por ciento de las participaciones económicas.

En este sentido, el edil agradeció la apertura que comienza a haber en el Congreso local para atender las necesidades de las autoridades municipales.

“Gracias a la diputada Ariadna (Barrera) por la apertura para atendernos a los alcaldes; fuimos cinco presidentes municipales, en representación de la totalidad de los alcaldes, quienes propusimos y expusimos parte de lo que creemos que pudieran ellos como representantes del Legislativo nos pudieran apoyar en el tema de la redirección de recursos”, añadió el edil.

Agregó que la idea no es ocultar algo que los legisladores desconozcan, por lo que solicitan que se les apoye en rubros como la educación, salud, el campo y algunos otros, por lo que confió en que se puedan atender estos temas.

Por último, dijo que se solicitó que les sea devuelto el cinco por ciento de las participaciones económicas, lo cual beneficiaría de manera directa al destinar dicho recurso a la realización de obras y la aplicación de diversos programas.

 

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No corresponde con su salario; preparan denuncias.

El gobierno del estado prepara una nueva denuncia en contra de ex funcionarios del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, luego de que se les detectaron bienes muebles e inmuebles por un valor mayor a 60 millones de pesos; se trata de residencias y vehículos de lujo a nombre de quienes fueron servidores públicos en turismo y seguridad pública.   

El asesor anticorrupción de la administración actual, Gerardo Becerra Chávez Ita, informó este jueves que se identificaron varias propiedades, cuya adquisición podría ser prueba de enriquecimiento inexplicable. 

Al respecto, explicó que está en proceso la integración de la denuncia por tal hallazgo, pues hay residencias de gran valor, cuyo costo pudo ascender a 50 millones de pesos, así como vehículos de alta gama con un valor aproximado de 10 millones de pesos, registrados a nombre de ex colaboradores de Graco Ramírez, ubicados principalmente en Cuernavaca.  

El funcionario estatal confío en que dicha denuncia sea presentada ante la Fiscalía Anticorrupción a más tardar en enero próximo. 

Refirió que se han recabado documentales que se enviaron a la Consejería Jurídica, que es la instancia que analiza y da forma legal a los expedientes para que el gobierno actual dé parte a la fiscalía correspondiente. 

“Se presume que quienes ostentaban los puestos en ese momento no habrían tenido la capacidad económica para tener esa gran cantidad de inmuebles y muebles que hemos encontrado. Entonces lo pondremos en manos del fiscal anticorrupción para que cuantifique (investigue) si efectivamente esos personajes tendrían la posibilidad de contar con el dinero para comprar esos bienes”, explicó.  

Becerra Chávez dijo que la mayoría de las residencias y vehículos están relacionados con dos ex funcionarios de la Secretaría de Turismo y hay algunos de Seguridad. 

Recordó que el Ejecutivo no tiene facultad legal, pero podría haber más bienes si la Fiscalía Anticorrupción en un momento dado hiciera cateos para determinar si existen otros valores, como podrían ser obras de arte. 

  

 

 

 

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Alcaldes y representantes de instituciones cabildean mayor presupuesto.

A 11 días de que venza el plazo constitucional para la aprobación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales para el 2021, en el Congreso del estado se ha registrado una gran afluencia de funcionarios municipales y estatales que buscan más recursos financieros.


A pesar de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública no se ha instalado en sesión permanente para la revisión de las leyes fiscales para el próximo año, alcaldes, representantes de organismos autónomos y magistrados del Poder Judicial se han presentado ante la Junta Política y de Gobierno (JPyG) para apelar a la "buena voluntad" de los diputados.


"Vinimos a revisar las leyes de ingresos. Estamos en ese proceso de que nos puedan escuchar y ayudar. Ustedes saben de la situación tan complicada que enfrentan los municipios", manifestó el alcalde de Totolapan, Sergio Livera Chavarría, uno de los más de cinco alcaldes que acudieron al Congreso del estado este jueves.


El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz también manifestó su confianza en que los diputados puedan aumentar el presupuesto para el Poder Judicial.
Expuso que su propuesta es la asignación de mil 300 millones de pesos, pero el Poder Ejecutivo planteó poco más de 500 millones de pesos, por lo que acudió con otros de sus homólogos a solicitar el apoyo de los legisladores, apelando a la autonomía presupuestal que tienen.


Los encuentros fueron encabezados por la diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, y han participado otros legisladores locales.
Sin embargo, la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que aún no se han iniciado las negociaciones con todos sus homólogos para la dictaminación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales.


Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, admitió que están a "contrarreloj" para la aprobación de todos los asuntos pendientes.
No obstante, adelantó que está en contra de aumentar el cobro de derechos, servicios e impuestos municipales.
Admitió que la situación económica de los municipios es grave, como el caso de Puente de Ixtla, que este jueves  se declaró en quiebra. Sin embargo, dijo que se tendrá que buscar otra vía jurídica para apoyar a los ayuntamientos en sus finanzas.

 

 

 

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Ajustes en leyes de ingresos municipales no deben afectar a los ciudadanos, señala la diputada.

El Congreso del estado analiza las leyes de ingresos municipales y los posibles ajustes solicitados por los alcaldes para generar una mayor recaudación en el 2021, informó la diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.


La legisladora indicó en entrevista que durante la primera reunión que sostuvieron con algunos presidentes municipales y sus tesoreros se revisaron sus leyes de ingresos y la vía para ayudar a los ayuntamientos ante la crisis financiera que enfrentan.


Sin embargo, Barrera Vázquez sostuvo que cualquier ajuste que se contemple tendrá que ser apegado a derecho y sin afectar a los ciudadanos.


Aclaró que no se habló de ninguna modificación a las tablas de valores catastrales, sino de la posibilidad de apoyar a los gobiernos municipales para que cuenten con más recursos para el 2021, ante la crisis que viven por la emergencia sanitaria y las deudas heredadas por administraciones municipales pasadas.


Ante el poco plazo (12 días) que tiene el Congreso del estado para aprobar las leyes de ingresos municipales y el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la también presidenta de la Junta Política y de Gobierno aseguró que cuentan con el tiempo suficiente para desahogar los temas sin tener que convocar a periodo extraordinario de sesiones.


Con respecto a otros temas pendientes, como los nombramientos de los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del auditor estatal, refirió que finalmente podrían concretarse la próxima semana.

 

 

  

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El llamado al legislador es a que se presente en el proceso iniciado en su contra.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el primero de tres edictos, para emplazar al diputado, Marcos Zapotitla Becerro a que se apersone al procedimiento iniciado en su contra, designe representante legal y un domicilio para recibir notificaciones.

Luego de que el diputado estuviese “ilocalizable”, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en funciones de Comisión Instructora, ordenó emplazarlo por edictos, para garantizar el derecho de audiencia y defensa de Zapotitla Becerro en relación con el desahogo de la solicitud de juicio de procedencia, promovida por Fiscalía General del Estado, para retirar el fuero al diputado a fin de que pueda ser imputado penalmente ante un juez por la presunta comisión del delito de violación.

El edicto señala que, a partir de la primera publicación, estarán a disposición del legislador las documentales que sirven de traslado en copia certificada, en un horario de lunes a viernes de 9:00 horas a las 15:30, en las oficinas que ocupa la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y que, una vez publicado el último edicto, tendrá cinco hábiles para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de radicación.

Es decir, al día siguiente de la publicación del tercer y último edicto comenzará a correr el plazo de cinco días hábiles para que Marcos Zapotitla “comparezca a señalar domicilio en la ciudad de Cuernavaca para oír y recibir notificaciones, designe representante legal que cuente con cédula profesional de Licenciado en Derecho, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como para que manifieste lo que en derecho proceda, apercibiéndole que concluido el plazo otorgado, en caso de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho y la Comisión Instructora procederá a dictaminar la solicitud presentada, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso del Estado, así como remitirá el Dictamen respectivo ante el Pleno de este Congreso”.

En el mes de septiembre, Carlos Andrés Montes Tello, Fiscal Regional Metropolitano de la FGE, a través del oficio FGE/FRM/1815/2020, presentó la solicitud de declaración de procedencia o formación de causa en contra de Marcos Zapotitla Becerro, en virtud de la integración de la carpeta de investigación en la cual es acusado como presunto responsable del delito de violación.

Incluso, el abogado de la víctima, Hibrán Haro Álvarez, ha instado al Congreso a abrir un periodo extraordinario de sesiones para culminar con el proceso de desafuero del legislador a fin de que el hombre sea imputado ante un juez.

 

 

 

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Buscan que esa prestación no rebase los 110 mil pesos.

Mediante una modificación a la Constitución Política del estado, la legisladora morenista Keila Figueroa Evaristo busca reducir a la mitad el aguinaldo de los servidores públicos del gobierno del estado que al año cobran más de 100 mil pesos por dicha prestación laboral.


Este lunes, la diputada local ofreció una rueda de prensa junto con los representantes de los sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial y aclaró que su propuesta no pretende afectar a la clase trabajadora, sino acabar con lo que llamó "aguinaldos dorados".


De acuerdo con Figueroa Evaristo, la iniciativa plantea modificar el artículo 40 de la Constitución Política del estado, a fin de establecer el derecho de cualquier servidor público a acceder al pago de 45 días de aguinaldo -y no de 90- cuando la suma total de esa prestación exceda los 100 mil pesos.


Aseguró que se busca establecer un candado para evitar que se cometan más abusos a favor "de quienes menos trabajan y  reciben salarios no menores a los 50 mil pesos al mes", añadió.


"Con la presente reforma, se pretende que los montos pagados por concepto de aguinaldo en el servicio público no rebasen la mitad del monto máximo que prevé el artículo 131 fracción II de la Constitución local por concepto de remuneración asignada al gobernador del estado. Esto quiere decir que el pago por concepto de aguinaldo que reciba un servidor público de alto nivel no deberá ser superior a la cantidad de 111,976.79", añadió.


Reiteró que el resto de los trabajadores al servicio del gobierno del estado seguirán cobrando 90 días de aguinaldo. Incluso adelantó que analizará añadir a la reforma un apartado para obligar a que dicha prestación se pague en una sola ministración y a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

 

 

 

 

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Hay amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados.

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza, rechazó que se prepare una reforma a la Ley del Servicio Civil con la finalidad de reducir de 90 a 45 días el aguinaldo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.


Ante la amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados en contra del Congreso local y los legisladores de Morena, Flores Espinoza emitió un comunicado en el que negó que exista tal iniciativa.


"En ningún momento, presenté ante el Pleno del Congreso del estado o trabajo en una iniciativa con la intención de afectar los derechos laborales de la base trabajadora,  por los que lucharon durante años", señala el comunicado.
Y, añadió: "Como legisladora y partícipe de la Cuarta Transformación no sólo reconozco, valoro y respeto sus logros laborales, sino que estoy comprometida con sus luchas", refirió en el comunicado.

Desde el viernes pasado empezó a circular una información sobre dicha iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que, inmediatamente, provocó reacciones de los líderes sindicales, que amenazaron con agruparse para protestar en contra del Congreso, sobre todo porque se acerca el plazo legal para el pago del aguinaldo.


De manera extraoficial se ha conocido que la diputada morenista Keila Figueroa Evaristo prepara una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que busca  reducir a la mitad el aguinaldo de los funcionarios con salarios superiores a los 70 mil pesos mensuales.  Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentada ante el Pleno del Congreso del estado.

 

 

 

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez afirmó que es tardía la ley que obliga al uso de cubrebocas en Morelos, cuando el gobierno federal anunció que en diciembre podría llegar la vacuna para covid-19 a México.


En entrevista, señaló que como empresarios solicitaron desde hace meses la aplicación de dichas medidas y la aprobación de apoyos para la iniciativa privada. Sin embargo, dijo, nunca fueron atendidas.


"Creemos que si la vacuna llega y empiezan los resultados favorables de la vacuna esta ley quedará obsoleta", añadió.


No obstante, pidió a las autoridades no actuar de forma represora en tanto se aplican las medidas de seguridad sanitaria, que de acuerdo con el Congreso del estado tendrán que cumplirse de forma inmediata.
"Esperemos que las medidas sólo se apliquen de manera administrativa y no se afecte a la ciudadanía con multas altas", manifestó.


De igual forma, indicó que deben ser el gobierno estatal y los municipios los que garanticen tapabocas de manera gratuita para la ciudadanía, pues no toda la gente cuenta con recursos para comprarlos.
"El Congreso debió establecer dentro de la ley la obligatoriedad de que las autoridades regalen el cubrebocas, porque no toda la gente  puede estar comprando constantemente", añadió.

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Si no lo logran, se convocará a un periodo extraordinario.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez admitió la falta que como legisladores cometieron en varias ocasiones al detener lo que llaman el "reloj legislativo" para ganar tiempo y aprobar diversos temas, como el Paquete Económico 2020.


Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado 2020 por considerar que el Congreso del estado cometió faltas graves a la Constitución Política del estado al haber decretar un receso que duró del 15 de diciembre al 28 de enero.


El legislador aseguró que atenderán la determinación de la Corte y adelantó que trabajan en generar acuerdos entre los diputados para que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal, así como las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021 se aprueben a más tardar el 15 de diciembre.


No obstante, dijo que si no se logran los consensos tendrán que considerar convocar a un período extraordinario de sesiones y respetar los plazos que marca la Constitución Política del Estado.


"Es un llamado para que como legisladores resolvamos los temas que se tienen que votar, que discutir dentro del período ordinario y lo que tenga que ir a un período extraordinario seamos muy precisos en los temas a abordar", declaró.
De acuerdo con el legislador del Partido Encuentro Social (PES) el detener  el "reloj legislativo" era una práctica que también aplicaron las legislaturas pasadas, sin embargo, insistió en que cumplirán con la determinación de la SCJN.
Con respecto a la invalidez del Paquete Económico 2020, celebró que no haya tenido ningún efecto en el ejercicio de los recursos, ante la situación financiera que atraviesa el estado por la emergencia sanitaria.

 

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