La Canaco dice que los recursos para campañas deberían destinarse al rescate de los microempresarios de la entidad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) Antonio Sánchez Purón, planteó que los partidos políticos donen sus prerrogativas para la creación de un fondo de ayuda a los microempresarios que están a punto de ir a la quiebra por la emergencia sanitaria.
En entrevista, el empresario lamentó que los partidos políticos ya estén enfocados en el próximo proceso electoral para fijar alianzas e impulsar a sus candidatos al Congreso del estado y a los ayuntamientos, mientras la situación financiera de Morelos es crítica.
"Están fuera de lugar (los partidos políticos), hoy el grave problema es la situación de los contagios, que siguen a la alza bajo esta pandemia que estamos viviendo, la situación económica. Me parece que lo que se tendría que estar buscando es un llamado a todas las fuerzas políticas, sobre todo (las) representadas en el Congreso, para que buscáramos de una u otra manera, y también los dirigentes de los partidos, para que buscáramos de manera conjunta cómo salir de esta situación", expresó.
Sánchez Purón pidió a los actores políticos ser sensibles  ante la problemática social y económica y destinar parte de los recursos financieros que reciben los partidos políticos al rescate de miles de negocios.
"(se debe) generar un fondo para la contingencia y apoyar a tantos microempresarios que con un préstamo de 10 a 15 mil pesos pudieran hablar de la vida o de la muerte de su negocio", manifestó.
Señaló que esta propuesta podría replicarse en el Congreso del estado, "ya que lástima mucho a los empresarios esta parte insensible de la clase política".

 

 

 

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Martes, 28 Julio 2020 04:34

Pide CCE reactivar el ferrocarril

Lamenta que el Congreso postergue la aprobación del acuerdo con Ferrosur.

Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado al Congreso del estado para que autorice el proyecto de reactivación del ferrocarril en la zona oriente de Morelos.
El líder empresarial lamentó la postura de los legisladores, que por más de un año han detenido el proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo para poder firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur y restablecer el servicio de transporte ferroviario.
Sostuvo que de concretarse, la reactivación del ferrocarril ayudaría al impulso de la economía en este proceso complicado para el estado que causó la emergencia sanitaria.
"Es muy lamentable que los diputados no hayan tenido la capacidad de ver por el estado con una altura de miras importante, ello demuestra su falta de interés y de querer buscar beneficios, incluso hasta personales, para poder tener esa miopía que no permita ayudar al estado para el cual fueron electos", manifestó el empresario, ante la falta de acuerdo entre los legisladores.
Adame Jiménez, sin embargo, dijo que insistirán ante los integrantes de la LIV Legislatura para que autoricen el segundo convenio de asociación público-privada, como consecuencia de que el gobierno que encabezó Graco Ramírez lo dejó abandonado, a pesar de la inversión millonaria que se hizo desde el 2016.
De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, están en riesgo de perderse más de 100 millones de pesos que aplicó el gobierno estatal para la rehabilitación de las vías del ferrocarril.
"Vamos a buscar que (se) apruebe y que no quede en un proyecto más varado en el estado que serviría para la generación de empleos (y para) generar la movilidad en estos tiempos tan complicados", expresó.

 

 

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Más de 20 mil demandas están detenidas por el cierre del Poder Judicial durante cuatro meses.

El abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado advirtió de un posible colapso en el Poder Judicial por el ingreso masivo de asuntos cuando se reanuden las actividades en los juzgados de Morelos, a partir del próximo tres de agosto.
El jurista indicó que más de 20 mil demandas están detenidas en los despachos jurídicos por el cierre del Poder Judicial por cerca de cuatro meses, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
Sotelo Salgado sostuvo que es "ilógico e inadmisible" que los juzgados del estado permanezcan cerrados, pues afirmó que la impartición de justicia es una actividad esencial y que esté detenida afecta a miles de ciudadanos.
Sotelo Salgado manifestó que los juzgados no pueden permanecer más tiempo inactivos, pero por la alta incidencia en casos de covid-19 planteó que sean reabiertos de manera escalonada y con la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria.
"En Morelos nos califica el semáforo naranja al igual que en la Ciudad de México. Allá ya abrieron los tribunales, ya están recibiendo demandas, la Oficialía de Partes ya está recibiendo peticiones de los litigantes, entonces en Morelos no se justificaría que siga cerrado", expresó.
Refirió que ante la carga de trabajo que tendrá el Poder Judicial y la falta de seis magistrados, cuyo cargo ya venció por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será necesario que se establezca un plan extraordinario para dotar a los juzgados de los recursos materiales y humanos que requieran y sacar adelante todas las demandas.
Para ello, también confió en que el Congreso del estado no se lleve más de un mes en designar a los nuevos magistrados.
Explicó que los juicios que se abrirán son en su mayoría de civil, laboral y mercantil como consecuencia de la declaración del estado de emergencia.

 

 

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Revela Olimpia Melo la existencia de 360 mercados de explotación sexual digital en línea en Morelos, donde circulan aproximadamente cinco mil videos sexuales de mujeres.

Tras revelar que en el estado de Morelos “existen alrededor de 360 mercados de explotación sexual digital en línea, en donde circulan aproximadamente cinco mil videos sexuales de mujeres cuya exposición no fue autorizada”, la activista social Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad quien reconoció que la aprobación de la denominada “Ley Olimpia” en el congreso de Morelos “fue oportuna”.

Cabe precisar que la denominada “Ley Olimpia” no se circunscribe sólo a una normativa, sino a un conjunto de reformas legislativas cuyo objetivo es reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios y plataformas digitales.

En este sentido, en Morelos, la reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia así como también el código penal, presentada por la diputada Ariadna Barrera Vázquez, y aprobada por el Pleno del Congreso local tipifica como delito grave la violencia digital contra las mujeres y establece sanciones de seis a 12 años de cárcel a quien incurra en dicha falta. 

Asimismo, establece como violencia digital: el acoso, el hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

En rueda de prensa presidida por la diputada Ariadna Barrera y en la cual se contó además con la presencia de la legisladora Elsa Delia González Solórzano y el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, la activista social, manifestó su preocupación cuando esta reforma se aprobó en Morelos, ya que temió que en el texto no se hubieran tomado en cuenta “algunas condiciones” de la ley original o que se hubiera alterado.

Olimpia Coral Melo reconoció que en la entidad se hizo un buen trabajo de adecuación de la reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, logrando que se alcanzara el máximo de pena en contra de este delito, que es de 12 años, sin embargo, admitió que esta ley no es la panacea en contra de la violencia digital a la que calificó como “una violencia sistémica”.

Por su parte, la diputada Ariadna Barrera negó que la iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso haya sido un plagio, y refirió que esta propuesta de reforma fue presentada en el mes de febrero, por lo cual ante la situación que se vive en todo el país por la pandemia de covid-19 no se pudo hacer foros o pláticas con la sociedad civil sobre el tema es por eso que hoy se realizó un taller con todas las medidas de sanidad y posteriormente se realizaran más foros y se trabajará en conjunto.

 

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El Diputado Andrés Duque Tinoco presentó Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, en atención a que en los últimos meses hemos vivido situaciones muy difíciles para todos, y para el gremio de los abogados, prácticamente en el fuero común, su fuente de trabajo, quedó paralizada, el Acceso a la Justicia ha tenido un receso para los gobernados, no estábamos preparados para esa situación.

El cual consiste en atento exhorto al Congreso de la Unión para que  expida los Códigos Nacionales de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que con fecha 15 de septiembre del año dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares); el que interesa para justificar la proposición con punto de acuerdo que se propone, es el último de los artículos,  y los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto en mención, los cuales se citan enseguida:

 

“…Artículo 73. ...

  1. a XXIX-Z. ...

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;…”

TRANSITORIOS

 

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma…

 

El plazo que refiere el artículo Cuarto Transitorio feneció el dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, y al existir omisión por parte del Congreso de la Unión para expedir los Códigos Nacionales de Procedimientos Civiles y Familiares, resulta conculcatorio de los derechos humanos y fundamentales de los justiciables, y afecta a los morelenses, porque este Congreso se encuentra impedido para legislar en dichas materias, e impone una barrera a las problemáticas que  nos encontramos viviendo, como la actual emergencia sanitaria COVID 19 SARS-CoV2.

Existe antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que justifica la necesidad de que se expidan los Códigos mencionados, como se puede apreciar de la acción de inconstitucionalidad 144/2017, promovida por la Procuraduría General de la Republica en contra del Decreto 932, publicado en el periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el 22 de septiembre del dos mil diecisiete.

Pero además de su expedición, también es fundamental, que en las legislaciones adjetivas se contemple la justicia digital, que permita un verdadero acceso a la justicia de los gobernados en tiempos de crisis o emergencia, como el que estamos viviendo actualmente y el Estado garantice el respeto a los derechos humanos y fundamentales del ser humano como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.

La Justicia con retardo y lentitud, no es justicia, significa justicia demorada, y como resultado una justicia denegada y para un estado contemporáneo constitucional, esa situación resulta inadmisible.

 

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Como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, la diputada Alejandra Flores Espinoza se pronunció en contra de que sean los padres de familia los que asuman los gastos para la desinfección de las instituciones educativas.

El Congreso del estado exhortó al Poder Ejecutivo a destinar los 20 millones de pesos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2020 al pago de cuotas escolares,  para sanitizar las escuelas públicas del estado y descartar riesgos de contagio de covid-19 cuando se reanuden las clases presenciales. Asimismo, se implemente de manera urgente un protocolo de salud para el inicio seguro del ciclo escolar 2020-2021.

Durante la última sesión del segundo período ordinario del segundo año de la LIV Legislatura, el Pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la diputada Alejandra Flores Espinoza, como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, quien manifestó su preocupación porque las autoridades pretenden obligar a los padres de familia a que asuman los costos para desinfectar las instalaciones educativas.

"Como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, nos declaramos en contra de esta cuota y rechazamos que sean los padres de familia quienes aporten el dinero para sanitizar las escuelas, ya que la situación económica de las familias se encuentra mermada por la pandemia del coronavirus", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la tribuna.

Subrayó que en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2020, se etiquetaron 20 millones de pesos para el pago de cuotas escolares que bien podrían utilizarse para que la Secretaría de Educación en la compra de los insumos necesarios para sanitizar las escuelas públicas de todo la entidad.

De igual forma, hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación y del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) a que, de manera inmediata, implementen un protocolo de salud para un inicio seguro del ciclo escolar 2020-2021, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud.

"Es importante señalar que la reanudación de clases se llevará a cabo cuando el semáforo se encuentre en color verde y se cuente con las condiciones sanitarias adecuadas para continuar con esta actividad educativa", dijo la legisladora.

Sin embargo, sostuvo que es necesario que se esblezcan las condiciones de seguridad sanitaria para evitar riesgos de contagio de covid-19 entre los estudiantes y los maestros.

 

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La iniciativa plantea la ejecución de programas de prevención, así como la instalación de lugares de tratamiento y rehabilitación integral de personas con adicciones.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Maricela Jiménez, presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa para la creación de la “Ley de Atención a las Adicciones para el Estado de Morelos”.

Su objetivo es que los morelenses cuenten con una Ley que les brinde el apoyo si tienen alguna adicción, impulsando la ejecución de programas de prevención, así como la instalación de lugares de tratamiento y rehabilitación integral.

La legisladora sostuvo que es necesario generar acciones para combatir las adicciones, impulsar políticas públicas procurando la participación comunitaria en la coordinación intersectorial, centrando su actividad en una atención integral que incluye la prevención y rehabilitación.

"Es importante la educación a los grupos de población directa o indirectamente afectada, tanto a la persona enferma como a sus familiares, mediante el apoyo psicológico y de orientación. Rechazamos todo tipo de discriminación, estereotipo y estigmatización de las personas que usan drogas, ya que son personas enfermas, vulnerables, las cuales necesitan de nuestro apoyo y ayuda profesional para salir adelante", subrayó.

Al esperar que luego de su proceso Legislativo esta ley sea aprobada por sus compañeros diputados, Maricela Jiménez insistió en que como morelenses "tenemos una gran responsabilidad con nuestras niñas, niños y adolescentes y por ello es tiempo de prevenir y atender de manera integral las adicciones para garantizarles su derecho a la salud".

 

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Presentarán ante el Pleno informes de declaratorias de auditorías aplicadas a 34 dependencias y organismos.

Los diputados locales podrían declarar clausurado este miércoles el segundo período ordinario de sesiones del segundo años de la LIV Legislatura, seis días después de la fecha que marca la Constitución Política del Estado, que es el 15 de julio.
Los legisladores determinaron declarar un receso y detener lo que llaman el "reloj legislativo", para poder aprobar más de 30 decretos pensionatorios rezagados en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para garantizar el derecho de los trabajadores que solicitaron su retiro.
Estos dictámenes con proyecto de decretos pensionatorios fueron sometidos a consideración del Pleno para su aprobación el pasado 15 de julio, cuando se clausuraría el periodo ordinario. Sin embargo, un gran número de diputados cuestionó el interés del presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado José Casas González, para aprobar por la vía rápida los asuntos sin que se conocieran de fondo.
Casas González, legislador sin partido, expuso ante tribuna  que no tiene ningún interés particular en la aprobación de las pensiones, pero que es necesario su desahogo, pues las solicitudes llevan rezagadas más de tres meses en el Congreso del estado.
Además de los asuntos en materia laboral, se prevé que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, presente ante el Pleno los informes de las declaratorias de auditorías aplicadas a 34 dependencias y organismos estatales y municipales, a fin de dar a conocer que fueron rechazados y que se ordenó la realización de auditorías especiales.
Una vez clausurado el periodo ordinario e instalada la Diputación Permanente, los legisladores estarían convocando a finales de este mes a un período extraordinario de sesiones para iniciar el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial, de dos comisionados del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

 

 

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Proponen que se designen recursos municipales para atender mejor a este sector de la población.

Cuautla.- A fin de atender a la población que tenga alguna discapacidad, desde hace aproximadamente 4 meses, la asociación civil "CHADIM" busca que a través del Congreso de Estado se legisle una ley en la que se designen recursos económicos municipales para atender de una mejor manera a este sector de la población, así lo señaló Miguel Ángel Chávez, presidente de la asociación en mención.

“Desde hace aproximadamente unos 4 meses, nos hemos dado a la tarea de estudiar la administración pública de los ingresos municipales en el caso de la atención hacia personas con discapacidad, lo cual da un resultado increíble, ya que hay direcciones que se encargan de atender a estas personas, por lo que es un recursos que se utiliza burocráticamente hablando; entonces, lo que proponemos no es crear nada más un espacio para la atención, sino desaparecer esos espacios que están ahí y que los recursos económicos sean utilizados de manera específica por una dirección general que se encargue de la atención, adquisición, compra y distribución de alimentos para personas que se encuentran en situaciones de abandono, discapacidad y pobreza extrema”, señaló.

Añadió que el municipio de Cuautla tiene un promedio de al menos mil personas con alguna discapacidad o en situación de abandono, así como 800 en Ayala y en Yecapixtla alrededor de 2 mil, por lo que es necesario que se atienda esta situación y se designen recursos para mejorar sus condiciones de vida.

Agregó que a pesar de que en el municipio de Cuautla existen diversos espacios públicos que ahora ofrecen la accesibilidad para personas con alguna discapacidad, pero aún hay dependencias públicas, como oficinas administrativas y las propias instalaciones del ayuntamiento de Cuautla, que carecen de estos espacios de accesibilidad a las personas que las tienen.

Finalmente, refirió que es necesario que la población en general comience a sensibilizarse y evitar invadir los espacios que se encuentran destinados para uso exclusivo para las personas con discapacidad, y que de lo contrario, las autoridades tomen cartas en el asunto para atender este tema.

 

 

 

 

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El diputado Andrés Duque Tinoco hizo la presentación ante el Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos.

La iniciativa que se presenta tiene la importancia de que, en el Estado de Morelos, no existe una Ley que regule la actividad artesanal, y que por ende sea a su vez protectora de los artesanos que con sus manos realizan verdaderas obras de arte.

Un artesano desarrolla una actividad económica importante, también fomenta las artes y la cultura, y convierte al Estado en un destino turístico, para el mundo entero.

Por lo anterior se considera que esta Ley enmarca el fomento y la protección de la artesanía en los diferentes municipios dedicados a la actividad artesanal en el Estado, como son Tepoztlán, Cuernavaca, Jantetelco, Emiliano Zapata, Temixco, Tlaltizapan, Tlayacapan y los municipios indígenas de Hueyapan, y el pueblo indígena de Cuentepec, etc.

También con lleva fomentar una actividad económica en el Estado como parte de la reactivación económica que ahora nos ocupa, producto de la pandemia que actualmente vivimos, resulta fundamental regular esta actividad en sus diferentes vertientes de fomento, promoción, planeación, desarrollo, distribución y comercialización de la actividad artesanal.

Es fundamental para esta Ley la protección de las técnicas artesanales, porque en esa medida se protege el patrimonio cultural del Estado y de los pueblos originarios.

Esta Ley de Fomento, Promoción y Desarrollo Artesanal en el Estado, implica el reconocimiento a los pueblos originarios de nuestra Estado a través de una de las actividades que han venido desarrollando desde tiempos inmemoriales, que no ha existido a la fecha instrumento jurídico que lo regule, es un sector que no había sido contemplado en el ámbito legislativo, y que resulta importante su regulación, no sólo desde el punto de vista jurídico, económico, sino también, desde el histórico, sociológico y cultural.

Con este instrumento jurídico se pretende que los artesanos  encuentren un vínculo con las acciones del gobierno y permita una verdadera protección de su actividad como parte de una trabajo digno, que a su vez a través de las organizaciones artesanales, empresas y talleres, se generen fuentes de empleo como medio de cohesión social, y el sector turístico también florezca a través de una ruta de las artesanías en el Estado, generando a su vez la identidad y originalidad de las artesanías protegiendo sus técnicas como parte de un bagaje histórico y patrimonio cultural. Resulta trascendente que a través de esta Ley también se crean mecanismos para divulgar todas las manifestaciones artesanales.

En la Ley que se presenta, se crea un censo y registro artesanal, la participación de los Consejos Municipales, la capacitación, desarrollo, planeación y comercialización de las artesanías desde el ámbito interno e internacional y la coordinación de la actividad artesanal con el sector privado y el ámbito académico, al igual, se busca que la actividad sea sustentable con el medio ambiente.

 

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