La propuesta implica ampliar el período de pago de la deuda pública heredada por administraciones estatales pasadas.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que el Poder Legislativo podría aprobar antes del 15 de diciembre la propuesta de reestructuración financiera que presentó el Poder Ejecutivo y que implica ampliar el período de pago de la deuda pública heredada por administraciones estatales pasadas.


Para ello, adelantó, en los próximos días la secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino  se reunirá con los 20 diputados locales para explicar la iniciativa que presentó el cinco de octubre pasado ante el Congreso del estado para refinanciar seis mil 500 millones de pesos de deuda.


El legislador insistió en que no se trata de un crédito nuevo. Sin embargo, admitió que algunos legisladores no están de acuerdo en ampliar a 20 años el período de pago,  cuando actualmente restan 13 años para su liquidación.
En este sentido, aseguró que se abrirá una mesa de debate entre los legisladores, pues se requiere que la propuesta sea aprobada a más tardar el 15 de diciembre, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, a fin de que en enero del 2021 se inicien los trámites para la reestructuración financiera.


Sotelo Martínez refirió que la propuesta del Ejecutivo fue el tema principal de la reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien pidió el respaldo del Congreso local para avanzar en el refinanciamiento, que ayudará al manejo de las finanzas del estado para el próximo año.


Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín afirmó que la propuesta debe ser revisada a fondo por lo que se refiere al periodo de pago del refinanciamiento y el uso que se dará a los recursos que se ahorrará el gobierno del estado por el pago de intereses, una cantidad que ascendería a cerca de mil millones de pesos.

 

 

 

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Miércoles, 14 Octubre 2020 05:14

El PES busca remover a los dos fiscales

Diputado acusa a FGE y FECC de presuntos actos de intromisión en la ESAF.

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado promoverá la remoción del cargo del fiscal general Uriel Carmona Gándara y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Nuñez, por realizar presuntos actos de intromisión en la labor que realiza la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


El diputado pesedista José Luis Galindo Cortez sostuvo que es necesario revisar el actuar de los fiscales, ante una posible complicidad para evitar que la ESAF audite a la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción.
"Es inadmisible, no podemos quedarnos callados como Congreso ante los excesos con los que se está conduciendo el fiscal anticorrupción y el general. Yo no sé qué pretendan con esto, aparte de interrumpir una auditoría. Quisiera que dijeran a quién quieren proteger, qué quiere ocultar", manifestó el diputado Galindo Cortez.


Afirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) no sólo ha cometido actos de intromisión en la ESAF, sino también en el Congreso del estado, cuando hace unas semanas varios agentes acudieron a solicitar información de los trabajadores del órgano auditor.


Con base en esos hechos, el legislador afirmó que existen elementos para que el Congreso del estado revise la permanencia de los fiscales.
Indicó que la tarde de este martes, en reunión de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) el grupo parlamentario que integra promoverá la propuesta para que se revise la vía legal por la que se iniciará un procedimiento de remoción del cargo, con base en las facultades que tiene el Congreso del estado, a pesar que la FGR y la FECC son autónomos.


De concretarse el proceso legislativo, sería la segunda ocasión en que la LIV Legislatura intenta remover a los llamados "fiscales carnales".

 

 

 

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Incluso, el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral recibirán menos dinero del que solicitaron.

Los Poderes públicos, así como dependencias estatales y organismos públicos autónomos deberán esperar hasta el 2022 para obtener un aumento presupuestal, debido a la crisis económica nacional y al plan de austeridad al que se ajustará el gobierno del estado para el próximo año, ante la emergencia sanitaria.


Dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso local se establece la imposibilidad de autorizar el presupuesto que varias dependencias requirieron para el próximo año, ante la disminución en la recaudación de recursos federales y estatales.


Es el caso del Poder Judicial, que a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió un monto presupuestal de mil 438 millones 891 mil pesos, pero el Poder Ejecutivo sólo planteó una suma de 524 millones 34 mil pesos, que estará sujeta a la aprobación del Congreso del estado.


Es el mismo caso del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) que pidió 41 millones 159 mil pesos cuando la propuesta del Ejecutivo es de 25 millones.


El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) requirió 51 millones 807 mil pesos, por tratarse el 2021 de año electoral, pero solo le asignaron 28 millones 25 mil pesos.


De la misma forma, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) pidió, de acuerdo a sus necesidades presupuestales para el próximo año solicitó 422 millones 865 mil pesos, pero en la propuesta del Paquete Económico sólo se le asignaron 282 millones 352 mil pesos.


En la misma situación se encuentran la mayoría de las dependencias y organismos públicos. 

El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 la necesidad de mantener un "balance sostenible y austero", con base en lo que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los criterios generales de la política económica nacional.


El Congreso del estado revisará el Paquete Económico y determinará posibles ajustes para disminuir o aumentar el presupuesto de algunas dependencias y organismos.

 

 

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El Congreso estatal debe garantizar operación autónoma y transparente de dicha instancia: Rojas Morgado.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, José Rodrigo Rojas Morgado, pidió a los diputados locales que los tomen en cuenta como profesionistas en el proceso de elección del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).


En entrevista, afirmó que se trata de una obligación de los legisladores acompañarse de las asociaciones de profesionistas en la revisión de los perfiles de los aspirantes que se postularán para el cargo, con base en la convocatoria emitida el pasado dos de octubre por el Poder Legislativo.


"Las asociaciones de profesionistas, en este caso el Colegio de Profesionistas y la FECAP, a la que nosotros pertenecemos, estamos muy interesados a (sic) que se haga una buena selección,  que nos tomen en cuenta como una organización de profesionistas de la contaduría a elegir el mejor perfil en beneficio de nuestro estado", manifestó.


Rojas Morgado manifestó su confianza en que el  Congreso concretará dicho nombramiento de manera transparente y que quien resulte electo "sea un contador certificado, morelense, comprometido con el estado".
Para el presidente del Colegio de Contadores Públicos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización también requiere de reformas importantes, que garanticen un órgano autónomo, con independencia para realizar un trabajo de manera transparente y apegado a derecho.


En este sentido, dijo, la ESAF debe estar acompañada de un mayor presupuesto  para que pueda fiscalizar todas las instituciones públicas alejada de cualquier compromiso político.
Cabe mencionar que desde diciembre del 2018, la ESAF no cuenta con un titular, tras la renuncia al cargo de Vicente Loredo Méndez, quien fue señalado por la actual legislatura de haber protegido al gobierno de Graco Ramírez.
Por otro lado, Rojas Morgado insistió en el  llamado que han hecho las asociaciones de profesionistas para que los diputados aprueben la "ley de extinción de dominio", armonizada con la legislación federal.
Explicó que el nuevo marco normativo permitirá combatir de fondo los hechos de corrupción en el estado.

 

  

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para desactivar los conflictos por el malestar de empresarios.

El Congreso del estado podría entrar a la revisión de la Ley de Videovigilancia que está en vigor desde el pasado 13 de agosto y que fue impugnada por empresarios y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.


Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, aseguró que la nueva legislación se trabajó para beneficio de los ciudadanos y se cuidó que no violentará los derechos humanos.

Sin embargo, dijo que si existe la inconformidad de la iniciativa privada será revisada "y de ser necesario se harán las modificaciones correspondientes".


El legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) recordó que la ley de videovigilancia fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se revisó en la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso. "Desconozco los consensos que se dieron o cómo se dieron, pero insisto, si hay que revisarla lo haremos", añadió.


El jueves pasado los empresarios junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron en contra de la ley de videovigilancia y anunciaron que pugnarán porque no sea aplicable en Morelos. Incluso, anunciaron que trabajarían en una nueva propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos.

 

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Espera la Secretaría de Administración detalles de recorte presupuestal.

La secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga expresó que, al igual que los demás secretarios, está en la mejor disposición de exponer ante el Congreso los detalles respecto al proyecto de presupuesto de Egresos del 2021, pero hasta la fecha no han sido convocados. La propuesta presentada por el Ejecutivo ya contempla un ajuste por alrededor de 800 mil pesos para esa dependencia.  

La funcionaria estatal dijo que, en la iniciativa, sí hay una disminución, por lo que están a la espera de que el paquete sea discutido por los legisladores. “Cada secretario tendemos que estar priorizando nuestras acciones y determinando bien el gasto corriente y el de inversión que tendrá cada Secretaría”, anotó. 

En entrevista, Zavala Zúñiga expuso que no les han notificado en qué rubro se contempló el referido ajuste con respecto a la solicitud que se hizo a Hacienda, pero comentó que, atendiendo a las instrucciones del mandatario estatal, se va a considerar los rubros menos prioritarios. Dejó en claro que no se van a afectar las prestaciones de los trabajadores ni se pondrá en riesgo su estabilidad. 

La secretaria dijo confiar en que el paquete económico sea aprobado en tiempo y forma por el Poder Legislativo y para ello todos los funcionarios de la dependencia que encabeza están listos para atender el llamado de los diputados en caso de que sean requeridos para brindar la información correspondiente. “Sabemos que no será sencillo porque este tema de la pandemia ha implicado muchos requerimientos y una crisis generalizada y por lo tanto se dará prioridad a salud, educación, desarrollo estatal y seguridad”, concluyó.  

 

 

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La plantearán al Congreso la próxima semana.

La próxima semana, los presidentes municipales formalizarán ante el Congreso del estado su propuesta para que se les asigne el 25 por ciento del Fondo Federal de Participaciones.


Luz Dary Quevedo Maldonado, alcaldesa de Tetecala y actual presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), afirmó que es urgente que los municipios reciban el cinco por ciento -de un total del 25 por ciento- del citado fondo, para atender las necesidades prioritarias de la población, por lo que impulsarán la iniciativa de reforma al artículo sexto de la Ley de Coordinación Hacendaria.


Recordó que ese recorte de las participaciones federales se concretó en la administración de Graco Ramírez, autorizado por los ex alcaldes, pero ahora los actuales ediles demandan que se les devuelva dicho recurso financiero.


"Lamentablemente no vemos apoyo para atender demandas de obra pública en los municipios por parte de la Federación por los recortes que se han tenido, pero tampoco en el estado. Entonces, queremos que los diputados nos escuchen, que podamos tener pláticas y que podamos abonar para que las condiciones en el estado sean mejores", manifestó.


Dijo que presentaron de manera formal una solicitud al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que se instalen mesas de trabajo para que los alcaldes planteen su propuesta y sea revisada, como parte del análisis y la discusión del Paquete Económico 2021.


De acuerdo con la alcaldesa, la reducción del 25 al 20 por ciento del Fondo General de Participaciones se hizo en el 2013 para la creación del Mando Único de Graco Ramírez, pero ahora pretenden invertirlo en obra pública, alumbrado, "además de todas las necesidades que se han originado por el tema de la contingencia" y no para gasto corriente en los ayuntamientos.

 

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Culpan a la pandemia por las fallas en la aprobación de las reformas en materia de violencia política.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, justificó con la pandemia de covid-19 la omisión que cometió el Congreso del estado para aprobar a tiempo la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y de paridad.


"Posiblemente fue falta de comunicación, también la pandemia vino a quitarnos un proceso que ya traíamos en ciertas iniciativas y pues, bueno, hoy tenemos que respetar la decisión de la Corte", señaló la diputada ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar esa reforma.


Admitió que se trata de un retroceso para el estado, pero aseguró que no se debió a las diferencias políticas entre las fuerzas políticas por impulsar una reforma político electoral.
La legisladora morenista apeló a la voluntad de los partidos políticos para que atiendan el llamado de las organizaciones civiles y firmen un pacto de civilidad que garantice una contienda electoral en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y se implementen acciones para prevenir la violencia política.


De igual forma, señaló que tendrá que ser la próxima legislatura la que apruebe las reformas en la materia y garantice que en las elecciones del 2024 se encuentre establecido  el marco normativo  para garantizar los derechos de las mujeres.

 

 

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Miércoles, 07 Octubre 2020 05:12

Alcaldías presentaron a tiempo leyes de ingresos

Buscan obtener más recursos federales.

Ante la crisis financiera que enfrenta el estado por la emergencia sanitaria, los 36 municipios del estado presentaron ante el Congreso del estado sus iniciativas de leyes de ingresos para el 2021, en las que no se descartan aumentos en el cobro de derechos e impuestos.


El pasado primero de octubre fue la fecha fatal para que los ayuntamientos presentaran sus propuestas sobre las tarifas que habrán de establecerse en el cobro de los servicios y derechos municipales el próximo año, las cuales empezarán a ser revisadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la próxima semana.


Al respecto, Adrián Cázarez González, alcalde de Zacualpan de Amilpas, afirmó que si los 36 municipios presentaron en tiempo sus leyes de ingresos fue por obligación, pero descartó que se pretendan fijar aumentos en perjuicio de los ciudadanos.


De hecho, aseguró que en la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) los ediles acordaron no aumentar impuestos ni derechos para el 2021, ante la situación financiera que enfrentan las familias morelenses.


No obstante, confirmó que insistirán en la propuesta para que se aumente de un 20 a un 25 por ciento el Fondo de Participaciones Federales para los municipios.


Adelantó que en los próximos días presentarán la propuesta formal ante el Congreso del estado y buscarán mesas de trabajo con los legisladores, pues adelantó que se prevé una crisis económica más severa, derivado de los recortes aplicados por la Federación.

 

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Inició el juicio de procedencia en el Congreso.

El Congreso del estado inició juicio de procedencia para suspender de su encargo al diputado Marcos Zapotitla Becerro, a fin de que enfrente sin fuero la denuncia en su contra por el delito de violación, presuntamente cometido en contra de una mujer.


La tarde de este lunes, por mayoría, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarios que integran la JPyG determinaron que existen elementos para que el diputado Zapotitla Becerro sea sujeto de formación de causa, tal y como lo solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE).


En tal razón, el caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que lleve a cabo el juicio de procedencia, en los términos que señala el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
De acuerdo con la citada ley, una vez radicada la solicitud por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado -que fungirá como Comisión Instructora- el diputado Marcos Zapotitla será notificado para que transcurran los términos legales y se analice si existen los elementos suficientes, presentados por la FGE, para suspenderlo de su encargo.


Si el legislador logra demostrar ante la Comisión Instructora que no existen elementos para que sea llevado ante la justicia por el delito de violación, la FGE no podrá proceder en su contra, "sin perjuicio de su continuación una vez que el probable responsable haya concluido su encargo", señala la ley.


La determinación de la Junta Política y de Gobierno se dio horas después de que Marcos Zapotitla Becerro acudió a la FGE a presentar una denuncia por la supuesta "fabricación del delito" de violación en su contra.
En entrevista, el legislador afirmó que tiene las pruebas suficientes para demostrar que el caso fue “armado”.
Diversos ciudadanos acompañaron al diputado a presentar su denuncia, pues afirmaron que “es inocente”.

 

VÍCTIMA Y SU ABOGADO DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y AMENAZAS

Después de una serie de videos y descalificaciones iniciadas por supuestos seguidores del diputado local Marco Zapotitla en contra de una mujer que denunció haber sido víctima de violación, ella y su abogado denunciaron amenazas con la intención de disuadirla de continuar con la querella, y que fue sustraído del Congreso el expediente de la solicitud de juicio de procedencia, presentada con el propósito de que el legislador pueda enfrentar el proceso penal por la presunta agresión sexual cometida.

En un video difundido a los medios de comunicación, la víctima –cuya identidad se resguarda- señaló que el lema feminista contra los abusos sexuales “Yo si te creo”, fue lo que le dio fuerza para atreverse a hacer la denuncia y rechazó la descalificaciones en su contra, respecto sus supuestas motivaciones políticas y económicas para señalar como presunto responsable al diputado Marco Zapotitla.

“Esto no es un tema político, nadie me dio dinero, no es mentira de la fiscalía, sino al contrario, tengo miedo a ser callada, desaparecida o las amenazas a mi familia. Es por ello que le pido a la sociedad su apoyo, que si me reconoce o en algún momento se filtra alguna foto mía, no me revictimicen. Ayúdenme a sentirme segura. Por lo anterior es que pido que se desafuere al señor Marcos, para que enfrente la justicia que estoy exigiendo”, dijo al agradecer a todas las personas que han creído en sus declaraciones, que constan ante el agente del Ministerio Público.  

El abogado Gibrán Haro, uno de los representantes legales de la víctima, denunció que en el Congreso desapareció el expediente de la solicitud de juicio de procedencia, que fue presentada a finales del mes de septiembre, con la finalidad de que el legislador sea presentado ante un juez e imputado por el delito de violación.

Exigió a las y los diputados iniciar una investigación al respecto, ya que quizá existe la intención de proteger al presunto responsable de un delito sexual.

“Probablemente (despareció el expediente) para retrasar el procedimiento para darle una semana más, dos semanas más, o tratar de controlar este tema y hacerlo un poco más mediático que, como hemos visto, se ha tornado hostil por diversos videos que han salido y donde han iniciado una guerra sucia en contra de la víctima”, dijo.

Señaló que es lamentable que pase esto en el Congreso y llamó a los diputados no solo a investigar qué pasó con el expediente e iniciar las denuncias correspondientes, para que todo se esclarezca y que se atienda debidamente el asunto.

Insistió en que el caso no es un asunto político y que se tiene que atender por la vía legal, que es justamente el camino que ha seguido la víctima y su defensa.

 

 

 

 

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