El presidente de la Comisión de Salud del Congreso estatal, José Luis Galindo, adelantó que en la confección del Presupuesto 2021 promoverá recursos para programas y financiamientos que atiendan la pandemia.

Al adelantar que en la confección del Presupuesto 2021 promoverá la asignación de recursos a programas y financiamientos que atiendan la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, José Luis Galindo Cortez, hizo un llamado a los morelenses a no confiarse y mantener medidas sanitarias estrictas, pese al cambio de semáforo epidemiológico a amarillo.

“Hay un cambio de semáforo obedeciendo a ciertas necesidades, pero esto no se ha terminado, debemos seguir con las prácticas de sana distancia, lavado frecuente de manos, uso obligatorio de cubrebocas, evitar reuniones masivas por cualquier motivo, y todo lo que sabemos, como el uso de gel-alcohol”, precisó.

El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso consideró que cambiar de semáforo fue una obligación que obedeció también a que por cuestiones económicas mucha gente ya no podía quedarse en casa.

Sin embargo, la decisión se toma apelando a la propia responsabilidad de los morelenses para que sigan aplicando medidas preventivas, pues pasar de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico “no cambia nada: mientras no se tenga la vacuna, todos estamos expuestos”.

En entrevista, el diputado José Luis Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, estimó que de cara a la próxima elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para 2021, es preciso hacer un análisis responsable y minucioso de la situación que prevalece en el estado, particularmente en áreas como salud y seguridad, “esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos nosotros”.

Dijo que su bancada promoverá programas y financiamientos específicos para atender la pandemia, por ejemplo etiquetando recursos para la distribución del medicamento, en el caso de que se pueda adquirir una vacuna para el Covid-19, y convirtiendo en permanente un programa de ayuda alimentaria que a través de la Secretaría de Desarrollo Social ahora es emergente.

También, destinar recursos para apoyar la reactivación económica de personas físicas y de pequeñas empresas, a base de un fondo de garantías para poder adquirir financiamiento o a base de programas especiales, pero como financiamiento porque “programas a fondo perdido se me hace imposible porque no hay dinero que alcance”.

 

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El procedimiento promovido por la FECC es innecesario y fuera de la ley: Sotelo Martínez.

El Congreso del estado rechazó la solicitud de declaración de procedencia en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por considerar a ese procedimiento innecesario y fuera de la ley.


Este martes, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso hará pública la respuesta hecha a la FECC, que buscaba involucrar al Poder Legislativo en un asunto judicial, según lo aseguró el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva advirtió que el fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez intentó politizar el caso Cuernavaca, relacionado con una investigación en contra del alcalde Antonio Villalobos Adán por los presuntos delitos de peculado y cohecho, al pedir una declaración de procedencia para enjuiciarlo, cuando la Constitución Política del Estado señala claramente que los alcaldes no tienen fuero.


"Yo espero que no se trate de poner en jaque a una institución como es el Congreso del estado, como es una caja de resonancia política, pero que también hay instituciones que tienen su autonomía y que han alardeado tanto de tener esa autonomía, ese presupuesto propio, esa capacidad de poder decidir en esos asuntos y que no quieran meter al Congreso en un jaque", aseveró el diputado pesedista.


La respuesta dirigida a la Fiscalía Anticorrupción señala que no es necesario iniciar un proceso legislativo para declarar la procedencia de llevar a juicio al alcalde de Cuernavaca, en este caso, ya que la Constitución señala que los presidentes municipales no cuentan con fuero.

Además, el Congreso explica a la FECC que cuando se aprobó, en el 2013, la reforma constitucional para eliminar el fuero a los ediles, se aplicó un transitorio que establece que cualquier otro ordenamiento contrario a dicha norma sería abrogado, como lo es en este caso la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.


El diputado Sotelo Martínez pidió una vez más al fiscal Juan Salazar Núñez que haga su trabajo y dé resultados en casos como las investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción que promovió el Congreso en contra de algunos integrantes de la LIII Legislatura.

 

 

 

 

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El objetivo es proteger la salud tanto de médicos como de pacientes ante la contingencia por COVID-19: Rosalina Mazari.

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de Morelos, Rosalina Mazari Espín, entregó 300 batas quirúrgicas especializadas, a las y los médicos, enfermeras, así como a todo el personal de salud del Hospital General de Zona C/M.F No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zacatepec. 

Mazari Espín, quien también forma parte de la Comisión de Salud del Congreso, explicó que el objetivo de esta donación es proteger la salud tanto de los de los médicos como de los pacientes ante la contingencia por COVID-19, ya que el IMSS de Zacatepec atiende a gran parte de la población del sector cañero de la zona sur del Estado de diferentes padecimientos, pero también a pacientes confirmados de Coronavirus.

Durante la entrega estuvo presente el director del Hospital, Dr. Juan Carlos Velázquez Olmos; los Coordinadores Médicos Dr. Francisco Durán Pérez, Dr. José Edgar Espinoza Pineda; la Jefa de enfermeras Enf. Fabiola Cabrera Santana así como personal del hospital.

La diputada local hizo énfasis en la importancia de seguir aportando su granito de arena en beneficio de los trabajadores que combaten el COVID-19 en la primera línea de atención a la salud de los morelenses, además de reiterar el llamado a la población a que continúe con la aplicación de forma estricta de las medidas de prevención para evitar contagios, a pesar del cambio a amarillo del semáforo epidemiológico que entrará en vigor este lunes 14 de septiembre.

 

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Beneficiarios lograron el amparo de la justicia federal.

El Congreso del estado tiene listos los dictámenes para regresar las "pensiones doradas" a ex colaboradores del gobierno de Graco Ramirez y de la LIII Legislatura que lograron el amparo de la justicia federal para no perder ese supuesto derecho. Mientras tanto, cerca de mil solicitudes  de jubilación de trabajadores del gobierno del estado siguen rezagadAs.


En el orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaría este jueves, se enlistaron 12 dictámenes para abrogar los decretos aprobados en el 2019 por la actual legislatura para eliminar las pensiones que se otorgaron a ex funcionarios de la administración estatal pasada y de la anterior legislatura, incluidos  familiares, y que por violaciones procedimentales la justicia federal ordenó restituir.

Al respecto, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que el Congreso debe cumplir con la sentencia emitida por los jueces federales y restituir sus pensiones a los ex funcionarios, aunque se hayan aprobado fuera de la ley.


Recordó que la Comisión del Trabajo, en el 2019, no garantizó el derecho de audiencia a los ex funcionarios y por ello la justicia federal determinó que se violaron sus derechos y terminó por resolver a su favor.
Sin embargo, refirió que recientemente el Congreso del estado promovió 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de los beneficiarios de las "pensiones doradas" y de los ex diputados y ex autoridades responsables de que se les autorizara con documentos falsos.


Sostuvo que cuando la Fiscalía resuelva que dichas jubilaciones se aprobaron de manera ilegal, iniciará un nuevo procedimiento para anularlas, lo que podría llevar el resto de la actual legislatura.

 

 

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Viernes, 11 Septiembre 2020 05:12

Juez federal concede suspensión a Graco Ramírez

El recurso es únicamente para evitar que el Congreso de Morelos emita sentencia del juicio político iniciado en su contra.

El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional al ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, únicamente para evitar que el Congreso emita sentencia del juicio político iniciado en contra. 

En su demanda de garantías 673/2020, el ex gobernador impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020; y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

En su escrito de amparo,  Ramírez Garrido Abreu  “solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que no se dicte ni se ejecute la resolución final que deba poner fin al juicio político que se sigue en su contra y se mantengan las cosas en el estado en que guardan; además, solicitó que, en todo caso, sin conceder, se continúe con el juicio político pero sin que se dicte resolución definitiva en su contra”. 

En consecuencia, el juez de distrito rechazó otorgar la suspensión en contra de la sustanciación del procedimiento de juicio político, “en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano; sin embargo, sí se podrá conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de ese procedimiento.

 “En tal virtud, la presente medida cautelar provisional se concede únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento del juicio político respectivo en contra del quejoso, hasta antes de que se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre la resolución interlocutoria que se dicte por este juzgado en la audiencia incidental respectiva”.

La medida cautelar provisional se mantendrá hasta que la autoridad judicial federal determine si procede o no conceder la suspensión definitiva.

 

 

 

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El Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del exgobernador en el procedimiento.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, sostuvo que el Congreso del estado revisará los elementos aportados por la defensa del ex gobernador Graco Ramírez, con respecto al juicio político en su contra iniciada por causales de omisión al no haber entregado el presupuesto asignado en el 2019 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).


Sin embargo, sostuvo que desde la presentación de la denuncia por el Poder Ejecutivo, en septiembre del año pasado, se determinó que existen elementos para proceder en contra del ex titular del Ejecutivo y también de los ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.


En entrevista, la legisladora dijo que están a la espera de conocer los alegatos presentados por el ex mandatario contra el juicio político, mismos que fueron entregados por escrito ante el Congreso la semana pasada  y en los que el exgobernador pide la nulidad del procedimiento legislativo, por considerarlo irregular.


Barrera Vázquez aclaró que el procedimiento  de juicio político se inició antes de que asumiera la titularidad de la Junta Política y de Gobierno. Sin embargo, afirmó que en su momento los diputados que integran dicho órgano determinaron que había elementos para su procedencia.


De igual forma, señaló que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado determinó seguir con el caso por considerarlo apegado a la Ley.
En este sentido, indicó que serán los integrantes de dicha comisión que preside el diputado José Casas González los que informarán sobre la comparecencia del ex gobernador y también de los ex secretarios de Hacienda Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, en contra de quienes también se les sigue un juicio por las mismas causales.


Este jueves se prevé que el diputado Casas González informe de los efectos que podría tener en el procedimiento de juicio político el amparo que promovió a su favor Graco Ramírez, el pasado dos de septiembre, ante el Juzgado Cuarto de Distrito y qué procederá después de la comparecencia por escrito del ex mandatario.

 

  

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Desde hace más de cinco meses el órgano opera con una sola representante.

El Congreso del estado podría impulsar esta misma semana los procedimientos para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a más de cinco meses de que el órgano opera con una sola representante.


La Junta Política y de Gobierno (JPyG) sesionará este viernes para analizar la vía legal y reactivar el procedimiento para la designación de un comisionado del IMIPE iniciado el 24 de junio del 2019, mediante una convocatoria pública a la que se registraron 20 aspirantes para el cargo que dejó acéfalo Víctor Manuel Díaz Vázquez.


Además, el órgano político emitiría otra convocatoria para designar al comisionado que ocupará el lugar que dejó Mireya Arteaga Dirzo en abril de este año.


De acuerdo con la diputada Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, el nombramiento de los dos comisionados es prioridad para el Congreso del estado y debe concretarse lo antes posible.
Sin embargo, admitió que para ocupar las seis magistraturas del Poder Judicial que se encuentran acéfalas desde hace dos meses por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no se ha fijado una fecha para iniciar el procedimiento.


"Esperamos que la próxima semana fijemos un cronograma para emitir las otras convocatorias y atender otros pendientes que tiene la Junta", añadió la legisladora morenista.

 

  

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Los partidos políticos están obligados a cumplir con ese principio en el registro de candidaturas.

En 2021, por primera vez en la historia, los 36 ayuntamientos y el Congreso local estarán integrados de manera paritaria, tras los lineamientos que fijó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para la distribución de candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional.


De acuerdo con lo que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, los partidos políticos están obligados a cumplir con el principio de paridad de género vertical y horizontal en el registro de candidaturas.


"La totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputados, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, así como las planillas de los ayuntamientos deberán integrarse de manera paritaria entre los géneros y presentarse en fórmulas conformadas por propietarios y suplentes del mismo género", señala el artículo 15 de los lineamientos citados.


Con base en dicha disposición, el Impepac estableció que para la distribución de las candidaturas a diputados locales, y para evitar que los partidos políticos  asignen a un género en  los distritos con menor porcentaje de votación en el proceso electoral local pasado, se crearán en tres bloques los distritos que hubiesen postulado candidatos en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de votos): con alto porcentaje de votación, un intermedio y uno de baja.
"Si al hacer la división de distritos en los tres bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque de votación más baja, si restasen dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo al de votación más alta", señala el inciso c del artículo 19 del citado acuerdo.


En los bloques con los distritos de mayor, medio y menor votación, se verificará que la mitad de las candidaturas que integran cada bloque sean ocupadas por mujeres.
Mientras que para el caso de las candidaturas a los ayuntamientos, el órgano electoral estableció las tablas de distribución con base al criterio de paridad horizontal y paridad vertical, y también estarán registrados de acuerdo con los porcentajes de votación, al igual que las diputaciones.


De esta forma se dispuso que, en los municipios las fórmulas estarán integradas por un candidata o candidato a presidente, por un hombre o mujer a síndico y así sucesivamente en las regidurías. Es decir, que el registro de postulaciones debe incluir el 50 por ciento de cada género, para garantizar una verdadera paridad en los cabildos.

 

 

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Miércoles, 09 Septiembre 2020 05:14

Sin fecha para elegir a magistrados

Finalmente no se han analizado los proyectos de convocatoria.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) aún no ha fijado las  fechas  para emitir las convocatorias con las que el Congreso del estado iniciará los procedimientos para designar a seis magistrados del Poder Judicial, a casi dos meses de que dichos cargos quedaron acéfalos.


El 14 de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  declaró inconstitucional el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.
Por tal razón, cuatro magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) están vacías.


Sin embargo, a una semana de que iniciara el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LIV Legislatura, la Junta Política y de Gobierno que preside la morenista Ariadna Barrera Vázquez no ha iniciado el análisis de las convocatorias para estos nombramientos, que dejó listas desde agosto pasado su antecesora Alejandra Flores Espinoza.


La diputada panista Dalila Morales Sandoval refirió que la información que han obtenido de la JPyG es que se sigue a la espera del engrose de la SCJN sobre los alcance de la resolución.
"Esperemos que en este mes lleguen y que en lo que resta del año pudieran estar concretándose esos nombramientos", explicó.


La legisladora también se refirió a las designaciones de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), pendientes desde el año pasado

 

 

 

 

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Lunes, 07 Septiembre 2020 04:10

Requiere SCJN información a Congreso

Hay plazo para que el Legislativo entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local para que a la brevedad entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial, para integrar la controversia constitucional promovida contra la omisión de etiquetar el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para la administración de justicia.

Pese a que la Corte requirió al Poder Legislativo información relativa al proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, dicha documentación no fue entregada.

Por tal razón, la SCJN emplazó al Congreso y dio tres días hábiles entregar los documentos certificados para integrar la controversia constitucional  42/2020, de lo contrario, resolverá el recurso de control constitucional conforme a la información disponible al cierre de instrucción.

En el mes de abril, a casi un mes de que concluyera la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió la controversia constitucional para solicitar a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

 

 

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