Sábado, 03 Octubre 2020 07:52

Ortiz Guarneros pidió más presupuesto

A puerta cerrada e incomunicados, comparecieron ante los diputados locales el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.


De acuerdo con lo informado por el Congreso del estado, los integrantes del gabinete de Seguridad del estado y el fiscal rindieron cuentas de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Sin embargo, no se revelaron mayores datos de los resultados obtenidos en la comparecencia, que se desarrolló de manera privada en el Salón de Comisiones y que duró ocho  horas, pues empezó cerca las 11 de la mañana y concluyó a las 6:30 de la tarde.


Incluso, los legisladores y los funcionarios públicos al entrar al Salón de Comisiones dejaron sus teléfonos celulares, para evitar que cualquier información se pudiera filtrar.
Sólo se conoció de manera extraoficial que el comisionado estatal de Seguridad insistió en la necesidad de un aumento presupuestal mayor a los 700 millones de pesos el próximo año para la dependencia, pues la carencia de recursos humanos y materiales limita las acciones de prevención y combate del delito.


Además de la problemática en materia de seguridad, también se abordó el problema que existe entre algunos personajes políticos, diputados y el fiscal Uriel Carmona, según se informó también de forma extraoficial.
Carmona Gándara también presentó su informe semestral, en el que dio a conocer cifras sobre los resultados de su trabajo de febrero a julio.


No obstante, en su mensaje también hizo un llamado a los diputados y aseveró  que "es momento de dejar de lado cualquier interés personal, público, político o de grupo que vulnere la paz, la tranquilidad y que no abone a la paz, desarrollo y estabilidad en la entidad", según la información que dio a conocer  el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado (FGE).


El formato de la comparecencia contemplaba su desarrollo en seis rondas, cada una con derecho a una pregunta por diputado, réplica del funcionario y contrarréplica.
Sin embargo, los legisladores sólo alcanzaron a desarrollar tres rondas, en las ocho horas del encuentro.

Protestas durante la comparecencia

Mientras la comparecencia se desarrollaba, en el exterior del recinto legislativo, diversos ciudadanos protestaron desde las nueve de la mañana  y hasta pasada las 14:00 horas.
La protesta estuvo dirigida al fiscal general, por la investigación que se inició en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro por el delito de violación.
Entre los inconformes estuvieron familiares del legislador, como su madre Yolanda Becerro, quien rechazó las acusaciones en contra de su hijo y aseguró que se trata de una "injusticia".

 

 

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Viernes, 02 Octubre 2020 05:16

Presupuesto 2021, sin alza en impuestos

Contempla el gasto de 27 mil millones y se enfoca en salud, educación y seguridad.

 

El proyecto se entregó ayer al Congreso.

El gobierno del estado presentó ante el Congreso local la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 por un monto de 27 mil 100 millones de pesos.
La tarde de este martes, la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, entregó a los diputados la propuesta de Paquete Económico y confirmó que los egresos para Morelos tendrán una mínima variación a la alza por 1.1 por ciento en comparación con el presente año.


Por ello, adelantó que la propuesta plantea un gasto austero para el gobierno del estado, incluso con ajustes en algunas áreas, "apegado a la nueva realidad" que causó la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
"Es un presupuesto totalmente austero y como Poder Ejecutivo les quiero decir que estamos tomando y haciendo el ejemplo en el Poder Ejecutivo. Dicho paquete no contempla ningún incremento de impuestos nuevos de tasas, no contempla incremento de derechos, por ello le vengo a decir que es un presupuesto austero y sobre todo responsable", manifestó la secretaria.


En este sentido, indicó que los ejes rectores para el Presupuesto de Egresos serán salud, seguridad y educación.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, fue el encargado de recibir la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021. También estuvieron presentes en la entrega oficial los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la diputada Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval, Andrés Duque, José Luis Galindo Cortés, entre otros legisladores.
El presidente de la Mesa Directiva pidió a la secretaria de Hacienda que de inmediato se puedan generar las mesas de trabajo con los secretarios de despacho y los 20 legisladores para analizar el Paquete Económico y aprobarlo a más tardar el 15 de diciembre, como lo marca la Constitución Política del Estado.


Adelantó que al igual que en el Poder Ejecutivo, el Congreso del estado también tendrá que autorizar un presupuesto austero, por lo que no descartó un recorte en el gasto que realizan los diputados.
Coincidió en que salud, seguridad y educación deben ser prioridad en la aprobación del Presupuesto de Egresos.


El paquete Económico se entregó este 1 de octubre, tal y como lo marca la Constitución Política del Estado de Morelos. De igual forma, los municipios entregaron sus iniciativas de ley de ingresos para el próximo año.

 

 

 

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Destaca déficit estructural y la necesidad de recibir mayores recursos para el 2021.

Inviable, designación de contralor externo por parte del Legislativo estatal, sostiene.

Ante diputados del Congreso local, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presento el estado financiero de la institución, en el que destacó el déficit estructural y la necesidad de recibir mayores recursos para el 2021. 

A través de un boletín de prensa, la UAEM informó que el rector Gustavo Urquiza “aclaró” a los legisladores lo relacionado a la fiscalización de los recursos y “la inviabilidad” de designar a un Contralor Externo por parte del Poder Legislativo. 

En el documento se da a conocer que el rector informó a los diputados de los avances que ha tenido la UAEM desde los casi tres años de su administración, así como las medidas de austeridad implementadas para el ahorro de los recursos y los indicadores de calidad académica. 

Se indica que el rector Gustavo Urquiza reconoció la amplia colaboración que los diputados han tenido con la universidad en la gestión de recursos ante el gobierno federal y que la reforma que se analiza al interior del Congreso del estado de designar al Órgano Interno de Control “es inviable porque la UAEM es un organismo público y en esa virtud tiene la plena libertad de designar a los integrantes de sus órganos de gobierno”, se lee en el boletín 3513.

Se informó que cada tres meses se hace entrega de la cuenta pública al Poder Ejecutivo, a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF) y a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se tienen diferentes órganos fiscalizadores que vigilan cómo se administra el gasto público. 

La UAEM da a conocer en el comunicado el acuerdo de instalar una mesa de análisis de los argumentos jurídicos, que, excluyendo cualquier tema político, permita concretar la designación del titular del Órgano Interno de Control de la UAEM mediante el diálogo y de forma bilateral, para no violentar la autonomía universitaria. 

 

 

 

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Jueves, 01 Octubre 2020 05:17

Mañana, convocatoria para presidir la ESAF

El cargo está acéfalo desde hace casi dos años.

El Congreso del estado emitirá este viernes la convocatoria para designar al titular de la  Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF),  a casi dos años de que este cargo quedó acéfalo.
El martes pasado, los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) y de la Revolución Democrática (PRD) instalaron la "comisión calificadora", que estará encargada de llevar a cabo todo el procedimiento para concretar el nombramiento.


La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, explicó que debido a la falta de condiciones para concretar la designación derivado del procedimiento iniciado en mayo del 2019 se determinó llevar a cabo uno nuevo, y evitar que el nombramiento del auditor estatal sea impugnado.


Explicó que los derechos de los 29 aspirantes registrados en el 2019 quedarán salvaguardados pues se podrán volver a registrar en la convocatoria y tener la oportunidad de participar en el procedimiento.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la convocatoria deberá durar vigente 10 días naturales. Posteriormente la Comisión Calificadora procederá a la revisión de los currículos de los aspirantes, a los que después deberá entrevistar.


Las diputadas integrantes de la citada comisión podrán consultar a las organizaciones de profesionistas sobre los perfiles de los aspirantes.
Pasado dicho proceso, se integrará una terna que será presentada ante el Pleno del Congreso para la elección del titular de la ESAF.


En noviembre del 2018, Vicente Loredo Méndez presentó su renuncia al cargo, ante señalamientos de los actuales legisladores de que presuntamente daba protección a ex funcionario públicos municipales y estatales.

 

 

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Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:15

Zapotitla deja su partido pero no la curul

El diputado anuncia nuevas acciones de defensa ante acusaciones.

En medio de manifestaciones de apoyo,  Marcos Zapotitla Becerro reiteró que es inocente del delito de violación, por lo que no pedirá licencia para dejar la diputación que ostenta.
El legislador también anunció su separación del grupo parlamentario Partido Encuentro Social Morelos (PESM), para evitar causarle "daño político" ante las acusaciones en su contra.


El legislador sostuvo que en las próximas horas demostrará que todo fue "fabricado", para afectar su imagen, ante su insistencia de exigir la renuncia del fiscal general Uriel Carmona Gándara y por el proceso que el Congreso iniciará en los próximos días para la designación de seis magistrados del Poder Judicial.


"¿De cuando acá los saqueadores quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho? Ellos me quieren juzgar. Utilizan a la Fiscalía para fabricar delincuentes. En su oportunidad ante las autoridades competentes diremos por quién pasó el recurso económico y quién lo entregó a la supuesta víctima", manifestó.


En rueda de prensa, Zapotitla Becerro estuvo acompañado de su equipo de trabajo, en su mayoría mujeres, que le manifestaron su respaldo.
Cipriano Sotelo Salgado, abogado del legislador, aseguró que Zapotitla Becerro no pedirá licencia al cargo y se recurrirá a la presunción de inocencia, pues al ser grave el delito por el que se le acusa,  el diputado podría ir a la cárcel "antes ser juzgado".


Explicó que aportarán los elementos suficientes para demostrar la inocencia del legislador y evitar que el Congreso del estado declaré la procedencia para la formación de causa, como lo solicitó la Fiscalía General del Estado.
Adelantó que será un proceso largo y que posiblemente se lleve el año que resta del legislador antes de que el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, determine si hay elementos para desaforar a Zapotitla y éste pueda ser juzgado. Mientras tanto, dijo, las investigaciones en la Fiscalía estarán detenidas.

 

 

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La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.

 

 

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Lunes, 28 Septiembre 2020 05:12

Preparan ley de amnistía

Busca una armonización con la ley nacional; se enfoca en “brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables”.

El Congreso del estado analiza la propuesta de "Ley de Amnistía para Morelos", que plantea la extinción de la sanción en los delitos de aborto, contra la salud del fueron común, políticos, robo simple y sin violencia y los cometidos por ciudadanos reconocidos como indígenas.


La iniciativa de ley fue presentada ante el Pleno por la diputada Alejandra Flores Espinoza, durante la sesión ordinaria pasada. La legisladora afirmó que la propuesta es una armonización con la ley federal,  para brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables.
En la iniciativa se señala que amnistía se entiende como "la extinción de la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva de la sanción, excepto la de reparación del daño", de acuerdo con lo que establece el Código Penal del estado de Morelos.


"Es decir, un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos", señaló la legisladora al hablar de su propuesta.


Flores Espinoza aseguró que el proyecto no busca proteger y liberar a asesinos, violadores ni secuestradores, sino garantizar justicia a los grupos más desprotegidos y que en su momento no tuvieron acceso a la jurisdicción de su Estado.
En el caso del aborto, la amnistía será aplicable "siempre y cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo".


En los delitos contra la Salud del fuero común "cuando las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta".


En este caso, se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: cuando quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; cuando quien los haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En delitos de robos simple y sin violencia se aplicará cuando la pena privativa de libertad no rebase los 4 años.


Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, "cuando durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura".


Por delitos políticos, específicamente "el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego".
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictaminación.

 

 

 

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Se postergó la comparecencia de Uriel Carmona ante los diputados.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que hay una tensión natural y favorable en EL Congreso del Estado, derivado la preocupación de la legislatura por lo que ocurre en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Tras postergarse su comparecencia ante los diputados, señaló que acudió al llamado del Congreso para presentar su informe semestral y responder los cuestionamientos respecto al desempeño y resultados de la institución.

Consideró que por la coyuntura en que se encuentra la entidad existe cierta tensión, pero consideró sano que las autoridades sean cuestionadas y rindan cuentas de su actuar.

“Es una tensión natural porque el tema de procuración de justicia y de seguridad pública en el estado no es para menos, pero yo noto a una legislatura interesada en mejorar, noto una legislatura preocupada, y creo que de lo que se trata es de mejorar las condiciones para que la seguridad pública y la procuración de justicia combata la impunidad, combata la corrupción, se mejore en su ejercicio.

“Por supuesto que hay tensión, pero es una tensión favorable porque la crítica y el impulso de las autoridades hace bien. Es importante que nos revisen, es importante que nos cuestionen y nosotros no estamos cerrados a eso, yo creo que es benéfico para la sociedad que las autoridades comparezcan a rendir cuentas, eso es sano”, dijo.

Indicó que no tenía previsto exponer específicamente los avances del caso de la masacre en la colonia Antonio Barona, en la que fallecieron diez personas, pero aseguró que si hay inquietudes de los diputados de conocer los avances de este y otros casos, se  informará en forma privada, para mantener el sigilo de las investigaciones.

Agregó que está listo para comparecer la próxima semana junto con todo su equipo de colaboradores y fiscales.

 

 

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La cita será a puerta cerrada.

El secretario de Gobierno, el comisionado estatal de Seguridad y el fiscal general del estado, Pablo Ojeda Cárdenas, José Antonio Ortiz Guarneros y Uriel Carmona Gándara, respectivamente, comparecerán ante el Congreso del estado este miércoles, para rendir un informe sobre la situación que vive Morelos en materia de seguridad pública.


El encuentro se llevará a cabo a las 12 del día, a puerta cerrada en el salón de Plenos del Congreso del estado.

El presidente de la Mesas Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, explicó que el formato  de las comparecencias se establecido de acuerdo a la importancia y lo delicado del tema, ya que de haberse concretado ante el Pleno, mucha información no habría podido ventilarse.


"No nos interesa que se convierta en un show. Nos interesa mucho saber cuál es el avance de las investigaciones, de las carpetas, de las judicializaciones, no nada más del Congreso, sino en general de los temas, de la ola de violencia que se pudiese haber desatado en el estado", afirmó el diputado.


Sotelo Martínez indicó que al comisionado estatal de Seguridad se le cuestionará también acerca de la estrategia implementada para el combate a la delincuencia, "para poderla corregir o saber cuál es el rumbo que se tiene".
No obstante, admitió que la propuesta de que el secretario Pablo Ojeda Cárdenas compareciera con el comisionado y el fiscal no fue respaldada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social Morelos (PESM), sino por un grupo de diputados para cuestionarlo por la violencia que vive el estado. "No entiendo a qué obedezca la presencia, pero estaremos escuchando qué se le cuestiona", agregó.


El presidente de la Mesa Directiva garantizó que del encuentro de este día sí habrá resultados, "estaremos haciendo una evaluación y las recomendaciones que sean necesarias en beneficio de los morelenses".

 

 

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El Congreso requirió a la autoridad estatal explicar la situación de los fondos asignados en el presupuesto 2020 para la erradicación de cuotas escolares.

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