Maciel Calvo

Maciel Calvo

Miércoles, 07 Octubre 2020 05:12

Sigue disputa entre CNDH y exvisitadores

El organismo nacional descalifica los señalamientos de extrabajadores sobre presunto maltrato y violaciones a sus derechos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un comunicado para descalificar los señalamientos de varios ex trabajadores sobre presunto maltrato y violaciones a sus derechos.

Varios ex funcionarios del organismo han realizado denuncias públicas y recientemente el ex visitador José Martínez Cruz dijo  haber recibido un trato vejatorio al acudir a la sede del organismo a atender las observaciones del proceso de entrega recepción.

El reconocido activista e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer una misiva en que afirmó que se dio vista al Órgano Interno de Control y a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sobre el maltrato de que fue víctima por parte de Paolo Guiseppe Martínez Ruíz, su sucesor y actual director General de la Primera Visitaduría de la CNDH.

En respuesta, el organismo nacional señaló que los cambios internos implicaron un ajuste de personal, se privilegió el absoluto respeto a los derechos humanos y laborales de todas y todos los trabajadores y se combatió el acoso laboral con la creación de un comité especializado para tratar el tema.

Y atizó: “Este esfuerzo ha implicado también, identificar y dar de baja a quienes no están comprometidos con el servicio público y la transformación de la Comisión, por ello, algunos elementos, incluidos algunos designados en la presente administración, han sido cesados.

“Esta acción ha sido utilizada de manera equivoca, los funcionarios cesados han desinformado o malversado la verdad de la vida institucional de la CNDH, poniéndola en riesgo. Y esta ha sido una constante desde el mes de junio”.

 Insistió en que el organismo ha sido “muy respetuoso de sus derechos y discreto cuando ha detectado irresponsabilidad o desviaciones en el desempeño del cargo de alguna o algún funcionario; sin embargo, estos han aprovechado dicha discreción, con total falta de ética, para justificarse y encubrir sus omisiones y fallas con acusaciones temerarias. Hablamos de cuatro casos concretos, los de quienes, sin dudar en dañar a este organismo autónomo, han emitido declaraciones sin sustento a los medios de comunicación”.

La CNDH no mencionó nombres, sin embargo, afirmó que estos ex funcionarios actuaron con “ausencia total de principios, desviaciones en sus funciones con afectación a los recursos del pueblo, incumplimiento de su compromiso como servidores públicos, desatención de las quejas y deficiente emisión de recomendaciones, entre otras causales, todo esto reflejado en datos duros, han sido encubiertos con señalamientos de que “injustificadamente” se les cesó, cuando ha sido precisamente lo contrario”.

 Afirmó que algunos de los cesados enfrentan denuncias penales y ante el Órgano Interno de Control, “que en su momento se dilucidarán, pero es indispensable aclararlo” y “es menester aclarar que quienes han salido de ella (de la CNDH) ha sido por razones que tienen que ver con el incumplimiento de sus funciones, la falta de ética en el desempeño de las mismas y algo peor, la traición al pueblo al que se deben y espera de nosotros trabajo y compromiso”.

 

 

El TEPJF valida la encuesta que realiza el INE para la renovación de la dirigencia nacional de ese instituto político.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que se mantiene firme la encuesta que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) como método para la renovación de la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al resolver 23 nuevos medios de impugnación promovidos contra diversos aspectos del proceso de encuesta abierta, por unanimidad el Pleno de la Sala Superior validó los resultados y el listado de candidaturas de la encuesta de reconocimiento organizada por el INE.

Consideró infundados los agravios de militantes y el partido, vinculados a supuestas irregularidades relacionadas en la equidad de la contienda interna y, si bien no comprendía un periodo de campaña, no podían limitarse las expresiones hechas por las y los participantes en la carrera por la dirigencia de ese partido.

 En relación con la metodología de la encuesta, estableció que los actores tienen apreciaciones parciales e interpretaciones equivocadas sobre su realización al alegar supuestas inconsistencias al levantar la encuesta de reconocimiento.

Al confirmar los resultados de la encuesta abierta, estimó que con ella se garantizaba la participación de la militancia en los procesos electorales en condiciones de certeza, transparencia y equidad, que apuestan por un ejercicio democrático real.

Por tal razón, el TEPJF ordenó continuar con el actual proceso mediante encuesta para elegir la presidencia y la secretaría general de Morena.

 

 

 

Martes, 06 Octubre 2020 05:16

Invalida la SCJN reforma electoral

Determina que fue aprobada fuera de plazo; preveía el aumento de 20 a 24 el número de diputados, una nueva redistritación electoral y el aumento de tres a cuatro el porcentaje para obtener una diputación plurinominal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral realizada por la LIV Legislatura, por haber sido aprobada fuera de plazo y violar la veda electoral.

Por unanimidad de votos, el Pleno del máximo tribunal del país aprobó el proyecto de resolución presentado por el ministro, Alberto Pérez Dayán, por el que se decretó la invalidez del Decreto 690, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio de 2020.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 139/2020 y sus acumuladas 142/2020, 223/2020 y 226/2020, presentadas por los partidos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se consideró que la expedición y promulgación de la reforma violó el artículo 105, Fracción II, penúltimo de la Constitución federal, que establece que las leyes federales y locales deben promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral.

“En este sentido se precisa. Primero, que el decreto contiene modificaciones fundamentales en el sistema electoral del estado de Morelos, esto es, son de aquellas que altera de manera sustancial disposiciones que rigen su proceso electoral y se toma en cuenta que los 90 a que se refiere el precepto constitucional, corrió del 3 de junio al 31 de agosto de 2020, empero, el decreto combatido se publicó en el Periódico Oficial del estado el 8 de junio del 2020, esto, dentro de la veda electoral, de ahí su invalidez ante una franca violación a la Constitución Federal, pues la primera semana del mes de junio, que es la que inicia el proceso electoral, debe considerarse como la que comienza este mes”, detalló el ministro Pérez Dayán.

El ministro ponente propuso  también invalidar la reforma electoral por existir al menos ocho violaciones al procedimiento legislativo, ya que se omitió entregar las iniciativas de ley a los diputados integrantes de diversas comisiones; el dictamen no fue suscrito por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; se omitió convocar a diputados a los trabajos de esta comisión; el dictamen no se programó para su discusión en la sesión que determinara la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajo Legislativos.

Además, el dictamen no fue publicitado en el portal de internet del Congreso; fue modificada la orden del día del Pleno para incluir la reforma electoral como de urgente resolución sin que se argumentara la urgencia; el dictamen no fue distribuido entre los legisladores; el dictamen incluía reforma constitucional y, en ese caso, el reglamente prevé la realización de un receso pero no ocurrió; y porque las reformas a los artículos 16 y 18 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales careció de iniciativa.

Sin embargo, los ministros y ministras de la SCJN, al emitir su voto a favor del proyecto, consideraron innecesario entrar al fondo y debatir sobre las violaciones al proceso legislativo, ya que la violación al periodo de veda electoral era argumento suficiente para invalidar el decreto de reforma en materia electoral y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

“Este tribunal ha sido muy cuidadoso en establecer que la veda electoral impide que se modifique la legislación en todos aquellos temas que afecten sustantivamente la contienda electoral, esto es, la veda electoral no supone la posibilidad o la imposibilidad de legislar en materia electoral en cualquier momento o circunstancia, solo 90 días antes se tienen que conocer las reglas que afecten de modo sustantivo el proceso electoral”, recalcó el ministro al señalar que el proyecto consideró que la reforma, que incluyó temas de género, si afecta de manera sustantiva al proceso electoral.

Con el fin de evitar un vacío jurídico, la resolución decretó  la reviviscencia de la legislación anterior, que será la que se aplicará al proceso electoral local 2020-2021.

La reforma electoral invalidada preveía el aumento de 20 a 24 el número de diputados, una nueva redistritación electoral, el aumento de 3 a 4 el porcentaje para que los partidos o coaliciones pudieran aspirar a diputaciones plurinominales y regidurías y otorgaba la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional, entre otros cambios sustanciales.

También preveía la armonización legislativa, acorde con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, por medio del cual se define la violencia contra las mujeres que participan en procesos electorales y en cargos públicos.

 

 

 

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral realizada por violación a la veda electoral.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC).

Dichas acciones respecto a la demanda de invalidez del decreto 690 en los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial de la entidad, el ocho de junio de 2020.

Organización de postulantes propone crear un fondo mutualista para dar seguridad social a los socios

El Colegio de Postulantes del Estado de Morelos exhortó a los tres Poderes del Estado a legislar e invertir en la justicia digital, ante los estragos provocados por la pandemia.

Al realizar la toma de protesta de la Mesa Directiva, que encabeza Norma Delgado Díaz, y de los miembros de la Comisión De Honor y Justicia de la organización de litigantes de reciente creación, se hizo un llamado para que se priorice la inversión pública en la digitalización de la administración de justicia.

El vicepresidente del Colegio de Postulantes, Raúl Arredondo Rodríguez, pidió a los tres Poderes del estado facilitar los recursos económicos y humanos para modernizar los tribunales, conforme a la nueva normalidad que impuso la pandemia del covid-19.  

“Al Poder Ejecutivo, pedimos considere con mayor énfasis la asignación de los recursos suficientes para que la administración de justicia en todas sus ramas, obtenga los recursos para el efecto de actualizar los sistemas informáticos en favor de una justicia digital, así como la preparación de los operadores de la misma sin retraso o condición alguna.

“Al Poder Legislativo, pedimos legisle a favor de la sociedad morelense y renueve las leyes que actualmente ya no son suficientes para regular la modernidad que vivimos, lo que trae como consecuencia un retraso en la procuración y administración de justicia, dado que las mismas no fueron creadas para la época moderna en que vivimos y urge la actualización de las mismas acorde a la realidad que se vive.

“Al Poder Judicial, que se apliquen los recursos con toda transparencia, se contrate personal profesional para su manejo sin que existan favoritismos, se contemple la creación de nuevos juzgados y el personal suficiente para su manejo correcto, la reapertura de aquellos que fueron cerrados por un capricho sin sustento y en total contradicción a nuestra carta magna, ya que debido al cierre de juzgados de cuantía menor, el Tribunal Superior de Justicia presentó un tortuguismo nunca antes visto”, afirmó Arredondo Rodríguez.

Norma Delgado Díaz, presidente del Colegio de Postulantes, señaló que la organización nació con el propósito de tener un espacio para la investigación, el estudio y la capacitación constante, que permita a sus agremiados una actualización en los cambios que produce la dinámica del Derecho como ciencia y la sociedad.

Dijo que otro de los objetivos es contribuir en la procuración e impartición de justicia, mediante la colaboración y la crítica constructiva, derivada de investigación y análisis, para generar propuestas de implementación de formas de trabajo y reformas legislativas, con innovación en el uso de tecnologías, que contribuyan a un mejor funcionamiento de los órganos de justicia.

Agregó que también existe preocupación por la falta de seguridad social de los postulantes, razón por la cual se tiene como proyecto la consolidación de un sistema de ayuda mutualista, que sirva para cubrir gastos médicos, y en su caso una invalidez temporal o definitiva.

Lunes, 05 Octubre 2020 05:33

Oficialmente extinto el Seguro Popular

El denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) conservará únicamente su personalidad jurídica para efectos de liquidación

El Poder Judicial opera con el 60 por ciento del personal de manera presencial.

En las últimas dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) registró un aumento en el aforo en su principal sede judicial, por lo que acondicionó un área en el sótano de los juzgados de Cuernavaca para el personal de la Oficialía de Partes Común, que permitió recibir un mayor número de demandas al mismo tiempo, y no a través del buzón judicial con una sola persona, como se venía haciendo desde el inicio de la pandemia por covid-19.

La Oficial Mayor del TSJ del Estado de Morelos, Carmen Paulina Toscano Vera, detalló que ahora se ingresa al sistema aleatorio y se genera inmediatamente su papeleta de turno al juzgado correspondiente.

Indicó que desde que el Pleno del TSJ aprobó por unanimidad de votos el incremento al 60 por ciento del personal para laborar de manera presencial, se comenzó con la habilitación de tres oficiales de Partes Común.

“Estamos atendiendo a tres personas al mismo tiempo en lugar de una sola, como se venía haciendo a través del buzón judicial. Dichos usuarios tendrán el conocimiento inmediatamente a qué juzgado corresponde conocer su demanda”, señaló Toscano Vera.

Manifestó que el usuario que presentó su demanda a través del buzón judicial y que no tuvo la posibilidad de obtener su papeleta de asignación de juzgado, puede comunicarse al teléfono 777 3621000, extensión 1006, donde le pueden informar el juzgado al cual le correspondió conocer su demanda.

“Únicamente les pedimos una serie de datos que están consignados en el acuse que se les entregó cuando presentaron su documento ante este Tribunal. En el último mes se han recibido un promedio de 50 demandas diarias, incluidos los exhortos”, precisó.

Recordó a los abogados y usuarios del TSJ que las demandas familiares se presentan sin la necesidad de generar una cita a través del Portal Digital, por tratarse de un tema de primera prioridad, e igualmente los exhortos pueden presentarse de manera directa.

 

 

El ex director general de la Primera Visitaduría detalla el maltrato del que fue víctima por parte de Paolo Giuseppe Martínez Ruiz, quien fue nombrado como su sucesor en ese cargo.

El ex director general de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Martínez Cruz, denunció trato vejatorio por parte de quien fue nombrado como su sucesor, tras presentarse en la sede el organismo a solventar observaciones del proceso de entrega recepción.

Martínez Cruz, también integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, detalló que a través de un oficio, dio vista al Órgano Interno de Control y a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sobre el maltrato de que fue víctima por parte de Paolo Guiseppe Martínez Ruíz, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH

“Me dirijo a usted por este medio, ya que cuando me presenté a hacer las aclaraciones personalmente en su oficina, únicamente recibí un trato soez y vejatorio por su parte, contraviniendo todas las normas reglamentarias y el más elemental trato digno que merece cualquier persona en el servicio público, más aún tratándose de la institución nacional defensora de los derechos humanos.

“Quiero dejar constancia de que le solicité a usted se me permitiera tener testigos de la entrega física de los teléfonos y que, en lugar de eso, usted de manera altanera lo impidió, a pesar de que usted tenía a dos personas a su servicio dentro de la oficina.

“A pesar de ello, le hice ver que yo había dejado el teléfono rojo dentro del escritorio, mismo que usted abrió y dijo que ahí no había nada, por lo que solicité la presencia de personal que había sido testigo de que ahí se encontraba al momento en que le entregué la oficina en la fecha acordada con la Coordinación Jurídica de la institución, por lo que una vez que insistí en contar con la presencia de un testigo “usted reconoció que había sacado del cajón el teléfono y que ya estaba en otra parte, insistiendo en cuestionar el hecho de que no estuviera asentado en el acta, mostrando en realidad el carácter punitivo que pretende realizar con el tipo de observaciones realizadas, evidenciando la falta de ética y de respeto con los procedimientos establecidos en el reglamento, razón por la cual me comuniqué al Órgano Interno de Control (OIC) y le comuniqué lo que estaba ocurriendo, justo antes de que usted cerrara violentamente la puerta de su oficina y con palabras altisonantes me dijo que no podía permanecer en ella”, narró sobre su encuentro con Martínez Ruíz .

Detalló que, ante la intolerancia de su sucesor, reiteró su disposición a hacer las aclaraciones solicitadas en el proceso de entrega recepción y dio vista  tanto al órgano interno de control como a la presidencia del organismo nacional “para que quede constancia de que nuestra labor ha sido de compromiso y buena fe en el desempeño de las actividades conferidas a mi persona como Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH durante el período comprendido entre el primero de enero y el último día de agosto de 2020, donde me desempeñé con el compromiso y responsabilidad que se me confirió y que he entregado a usted para su continuidad”.

 

 

Detenidos son liberados por errores en informes y registros.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) exhortó a los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades federativas, para que se implementen políticas y programas de capacitación dirigidos al personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, para evitar la liberación de detenidos por fallas en los informes y registros.

De acuerdo con un comunicado emitido por el órgano colegiado -integrado por fiscales y procuradores de justicia de todos los estados- los principales motivos que obligan a dejar en libertad a las personas detenidas tienen que ver con temas de derechos humanos, inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones o en el Informe Policial Homologado (IPH).  

De acuerdo con cifras del Inegi entregadas al CNPJ), en el 2018 en el país se cometieron más de 33 millones de delitos, se iniciaron más de un millón 900 mil carpetas de investigación, y alrededor de 200 mil asuntos fueron ingresadas como causas penales ante los órganos jurisdiccionales. 

El Registro Nacional de Detenciones reportó, del 23 de noviembre 2019 al 31 de julio 2020, un total 70 mil 886 detenciones por hechos del orden federal, de las cuales el 46 por ciento de las detenciones fueron efectuadas por policías municipales y el 32 por ciento por policías estatales.

Al realizar una revisión de las razones por las que se otorgó la libertad a los detenidos, se observó que en el 81 por ciento de los casos influyó negativamente la forma de presentación del informe policial homologado.

 “Este Órgano Colegiado exhorta a las y los Gobernadores de los estados de la República Mexicana, para que prioricen el desarrollo e implementación de programas de capacitación conjunta dirigidos a los agentes de las instituciones de seguridad pública y protección ciudadana del ámbito estatal, con un énfasis especial en aquéllas del orden municipal, en materia de derechos humanos, actuación del primer respondiente, registro nacional de detenciones e informe policial homologado”, recalcó el comunicado, basado en el acuerdo aprobado el pasado 4 de septiembre por los fiscales y procuradores de todo el país.

La CNPJ expresó su interés en participar en esfuerzos conjuntos “que nos permitan incrementar la confianza de la ciudadanía y reducir los casos adversos ante los órganos jurisdiccionales. Por lo que ofrecemos la colaboración de las Fiscalías y Procuradurías para generar mesas de trabajo y revisar los asuntos que se ponen a disposición, compartir los criterios de los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de evitar que se repitan los errores, lo que puede evitar el ciclo de impunidad”. 

 

 

 

Daño económico atribuido al exrector de la UAEM asciende a casi 659 millones de pesos.

Por tercera ocasión, el Tribunal Federal del Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, esta vez por casi 400 millones de pesos que fueron gastados en globos y paliacates.

Al resolver con diez votos a favor y uno en contra el juicio administrativo 4810/19-17-01-3/1451/19-PL-02-04, cuyo proyecto estuvo a cargo de la magistrada, Nora Elizabeth Urby Genel, el Pleno de la Sala Superior del TFJA declaró infundados los argumentos expuesto por Vera Jiménez.

Reiteró que –en el caso conocido como La Estafa Maestra- indebidamente la UAEM signó en mayo de 2013 el convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, a pesar de no tener capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato y que, por ese motivo, subcontrató a dos empresas el 99.9% de los servicios que debía prestar a la dependencia federal.

Recalcó que los bienes adquiridos por la UAEM, mediante la subcontratación de terceros, no correspondieron a los objetivos de la “Cruzada Contra el Hombre”, y “no se comprobó que la cantidad de 396 millones 838 mil 411 pesos con 64 centavos se hubieran ejercido para cumplir con el aprovisionamiento y distribución de equipo y material para la operación de promotores a nivel nacional” del programa emblema del sexenio pasado, en los 400 municipios a quienes estaba destinado el apoyo.

El Pleno de la Sala Superior confirmó la legalidad de la resolución de la ASF, al quedar probadas las conductas atribuidas al ex rector y el daño a la hacienda pública federal, ya que no demostró, “con elemento probatorio alguno, que los bienes descritos en el apéndice reproducido, sí cumplían con alguno o algunos de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre  y la forma en que estos servirían para la operación al interior de las zonas rurales para alcanzar los objetivos específicos de dicha cruzada, máxime que dichos bienes consistieron en paliacates, tortilleros, globos metálicos y nacarados, entre otros, por lo cuales, como ya se mencionó, la Sedesol pagó a la  universidad citada un monto de 396 millones 838 mil 411 pesos con 64 centavos”.

El pasado 15 de julio, el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria impuesta por la ASF al ex rector por el daño ocasionado a la hacienda federal por un monto de 239.3 millones de pesos.

El 8 agosto 2020, en un segundo fallo, el tribunal confirmó la responsabilidad resarcitoria de Vera Jiménez, por un monto superior a los 22 millones de pesos  

El 2 de septiembre, el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, ex funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), también implicados en el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”, por el cual se mantiene en prisión preventiva y bajo proceso penal a la ex titular de  la Sedesol federal, Rosario Robles Berlanga.

Con esta tercera resolución, el ex rector Vera Jiménez es responsable de un daño patrimonial a la hacienda federal que, en suma, asciende a casi 659 millones de pesos, que representa el 94.4% de los 698 millones de pesos que fueron pagados por la Sedesol a la UAEM, derivado del convenio signado en mayo de 2013.

 

 

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