Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

Publicado en Política

Empresarios están preocupados por el destino de 150 millones de pesos del Fitur y del Fidecomp.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se revisará el destino que el gobierno que encabezó Graco Ramírez dio a los recursos financieros que pertenecían a los Fideicomisos para la Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) en el periodo de enero a septiembre del 2018.
Durante una reunión que la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo con empresarios del estado, éstos le manifestaron su incertidumbre por los más de 150 millones de pesos que desaparecieron el año pasado, cuando la LIII Legislatura determinó desactivar los fideicomisos antes mencionados. 
Rodríguez Ruiz informó que esta semana presentará ante la Secretaría de Hacienda del estado un informe sobre los fondos de los fideicomisos y en qué se usaron, pues se trata de recursos que se obtuvieron del pago que realizan los empresarios de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje. 
Dentro de la solicitud, la legisladora dijo que también pedirá un informe a Hacienda del monto recaudado en lo que va de este año por el cobro de dichos impuestos. 
"Solicitarle información al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que informe cuánto se recaudó, cuánto se está recaudando en este primer bimestre, no solamente de las aportaciones de la parte empresarial, sino también nómina, de balnearios y hoteles... Queremos saber cuánto se ha recaudado y en qué se ha utilizado. Creemos importante esta información y que se conozca en la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado e informar a los grupos empresariales", agregó. 
La diputada apuntó que las reuniones con empresarios continuarán, a fin de trabajar en reformas de ley que requiera la iniciativa privada. Es que de acuerdo con Rodríguez Ruiz, empresarios de la industria textil manifestaron su inquietud por la falta de apoyos financieros. 

 

Publicado en Política

Presumen que los recursos no fueron destinados a la FGE.

El gobierno estatal investiga en qué se aplicaron cerca de 80 millones de pesos que desaparecieron cuando la LIII Legislatura desactivó el Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), pues se presume que fueron desviados por la administración que encabezó Graco Ramírez. 

Luego que el Fidecomp fue reactivado, el director de dicho fideicomiso, Juan Diego Pons Díaz de León, informó que a petición de los empresarios del estado se inició dicha investigación, ante la presunción de que los fondos no se aplicaron para la Fiscalía General del Estado, como se dispuso en el decreto de reforma a la Ley General de Hacienda que aprobaron los integrantes de la LIII Legislatura en julio del año pasado. 

De acuerdo con Pons Díaz de León, los representantes de la iniciativa privada solicitaron dicha revisión, pues se trata de recursos que pagaron a través de la contribución que hacen a Hacienda del gobierno estatal del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). 

Refirió que el tema será revisado en la próxima reunión del Fidecomp, ya que lo que se ha solicitado al gobierno estatal es que se aclare sobre el ejercicio de los recursos financieros que suman aproximadamente 80 millones de pesos. 

"Se dejaron de apoyar a bastantes programas, por ejemplo, se puso en jaque a lo que es el Fifodepi, que es el fondo de los empresarios, el de jóvenes emprendedores, el de Orgullo Morelos, todos esos estaban tambaleando", explicó el director del Fidecomp. 

Con respecto del presupuesto que ejercerá este año el Fidecomp para el apoyo a nuevos empresarios y a quienes están establecidos, será de aproximadamente 150 millones de pesos. 

 

Publicado en Política

El secretario de Hacienda señala que al pago de pensiones se destinan 600 millones de pesos por año y que en otras legislaturas hubo aprobaciones indebidas.

Los diputados locales deberán investigar un "sinnúmero" de "jubilaciones doradas" que fueron autorizadas de manera irregular en legislaturas pasadas y que causan un grave daño al erario público, afirmó el secretario de Hacienda estatal Alejandro Villareal Gasca. 
De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno del estado asume el costo de un gran número de jubilaciones que se aprobaron en la ilegalidad, además de las que aprobó la LIII Legislatura para favorecer, principalmente, a ex funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez. 
“Hay jubilaciones, no sólo las aprobadas en la última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo. Es un tema que también estamos revisando. Es un sinnúmero que, insisto, no sólo se aprobaron por la legislatura anterior sino la de otros años", dijo el secretario. 
Villarreal Gasca comentó también que la LIV Legislatura debe investigar sobre esas pensiones onerosas, ya que también fueron autorizadas con documentos falsos, que otorgaron administraciones municipales pasadas y mediante un proceso legislativo irregular. 
“Uno de los principales municipios fue Huitzilac, tenemos registrado un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que había trabajado, pero también en la zona sur tenemos otros más”, agregó. 
Explicó que para el pago de las jubilaciones a trabajadores en retiro, el estado destina 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una grave carga. 
“Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones", agregó. 
En otro tema, refirió que se prevé una recaudación de 320 millones de pesos con la aplicación del programa vehicular, recursos que se destinarán al pago de deuda heredada por otras administraciones públicas estatales. 

 

 

Publicado en Política

La resolución judicial echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, deberá cumplir la sentencia emitida por un juez federal contra la omisión de concluir el concurso para ocupar 18 plazas de juez de primera instancia y dos plazas de juez menor, y las vacantes que surjan durante el concurso. Así lo aseguró el abogado Jorge Luis López Flores, quien señaló que el día 3 de abril del presente año, el juez noveno de distrito en el estado le concedió el amparo y protección de la justicia federal.
Aseguró que la resolución echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, acción que fue denunciada por diversos grupos de abogados de Morelos, tras considerar que no sólo no fueron sometidos a un concurso de oposición, sino que los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.
El litigante señaló la omisión por parte de la comisión que administra al Tribunal Superior de Justicia, la cual está conformada por la propia Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, quienes desde finales de 2017 han dejado sin concluir el concurso para nombrar jueces, que marca tres etapas, de las cuales sólo se realizaron dos de ellas, destacando que en mayo del año 2017, el Consejo de la Judicatura declaró desierta la primera convocatoria, debido a que el 99% de los aspirantes a juez no alcanzó la calificación mínima requerida de 8 en el examen de conocimientos; por lo tanto, estaban impedidos para pasar a las siguientes etapas del concurso de oposición. En esta fallida convocatoria, el TSJ asegura haber invertido 600 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

El abogado López Flores, candidato a juez, señaló que deberá analizarse si dichos nombramientos están en el marco legal, o si se infringieron las bases del concurso, al citar -como ejemplo- el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y excolaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.
El proyecto de sentencia otorgado por el juez noveno de distrito en el estado ordena al Tribunal Superior de Justicia reponer el proceso de designación de jueces al que convocó el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, por lo que dicha comisión deberá publicar la lista de los aspirantes que aprobaron la segunda etapa del concurso y que acceden a las etapas finales del mismo, lo que abonará en beneficio y credibilidad del tribunal de justicia, que está muy desgastada -dijo- por la mala gestión y contubernios de Cuevas López con el exgobernador Graco Ramirez.

 

 

Publicado en Política
Miércoles, 03 Abril 2019 05:10

Nuevas denuncias contra Graco y su familia

Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

Publicado en Política

El dirigente del Nuevo Grupo Sindical es investigado por el incumplimiento en la ejecución de obra pública, que recibió como pago por sus acciones para desestabilizar al ahora gobernador

Publicado en Política

Acusan a Amado Orihuela Trejo de intentar la desaparición del sindicato con la afiliación de tres mil trabajadores.

“La ley en la materia es muy clara, para formar un sindicato basta contar con la adhesión de 25 trabajadores, y, en el caso del sindicato de cortadores de caña del Ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, son casi 80 los que lo integran, por eso se entregó la toma de nota, sin embargo, intentan sembrar un padrón de tres mil cortadores más para buscar revocarlo”, indicó Isauro Molina Nava, asesor de esa organización sindical.

El líder sindical Fructuoso acosta Pérez dijo: “Estuvimos al tanto de una visita que hace unos días hizo Amado Orihuela Trejo, quien sigue manejando al sector cañero en la región sur, a la Secretaría del Trabajo, para buscar desactivar al sindicato”.

Agregó que “por lo que pudimos saber, presentó un padrón de tres mil cortadores de caña, mismo que sin aval nuestro fue agregado al expediente y ahora nos exigen que nosotros probemos que todos ellos forman parte de nuestra organización, lo cual es una chicanada”.

Destacó que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), el sindicato de cortadores es legal, porque se cumplieron todos los requisitos de ley solicitados, “por lo tanto, no necesitamos validar a esos tres mil agremiados y se combatirá por la vía legal todo intento de sabotaje”, indicó.

Recordó que el movimiento surgió como instrumento de defensa por derechos pisoteados a los cortadores en prestaciones laborales como el aguinaldo, prima vacacional, derecho al seguro social y salario digno.

“Los compañeros viven en la miseria, la insalubridad, y estamos hablando de familias con hijos pequeños, que están hacinadas en galeras, que –además- no han sido reparadas después de los daños sufridos por el terremoto del 2017”, abundó.

“Son muchos años de explotación que representan demasiados millones de pesos en reparación de daños y a eso le tienen miedo”, consideró Acosta Pérez, “y el principal beneficiado de todas esas injusticias ha sido Orihuela Trejo; a ello debe su fortuna”.

“El gobierno actual no tiene por qué protegerlo. Sólo hay que recordar que en las elecciones a gobernador del año pasado, operó electoralmente a favor de Rodrigo Gayosso Cepeda -hijastro del exgobernador Graco Ramírez-, quien aspiraba al cargo”. Pero además, insistió, no hay ningún elemento legal para que se revoque la entrega de la toma de nota y ya la defensa jurídica trabaja para evitarlo, advirtió el líder sindical.

 

 

 

Publicado en Política

La directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que la carpeta de investigación iniciada en contra del exgobernador Graco Ramírez, por la contratación de un crédito por 600 mil pesos de manera ilegal, fue judicializada por la Fiscalía Especializada en el Combate contra Hechos de Corrupción (FECHC). 
La funcionaria estatal explicó que el instituto ha aportado los elementos suficientes para que la denuncia promovida avance, por tratarse de un delito y aun cuando el exmandatario ha hecho puntualmente sus pagos ante el ICTSGEM. 
De acuerdo con la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, por tratarse de un funcionario de primer nivel, Graco Ramírez no podía acceder a dicho crédito que utilizó para la compra de una camioneta en septiembre pasado. 
“Fuimos notificados que la Fiscalía Anticorrupción ya judicializó la carpeta de investigación. Como instituto ya proporcionamos todos los elementos para que la autoridad determine responsabilidades”, agregó. 
De igual forma, confirmó que a la fechaseis ex secretarios de despacho, del gobierno que encabezó Garrido Abreu, no han pagado las viviendas que adquirieron del fraccionamiento "Las Ventanas", pese a que en abril vence el plazo para que puedan ponerse al corriente o se iniciará el proceso judicial de cobranza y el requerimiento del retiro de los bienes inmuebles. 
“Tenemos todavía retrasos, son seis créditos que presentan retraso importante, si no acuden a regularizarse, se concluye el plazo en abril y se iniciara un requerimiento de cobranza judicial o extrajudicial”, añadió. 

Publicado en Política

Noé Sandoval Morales, exfuncionario de Graco Ramírez, está detrás de amenazas: SMyT.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, descartó movilizaciones de transportistas para este martes, así como la suspensión del servicio público en las regiones oriente y sur del estado. Además, se pronunció a favor de la creación de una "ley general de movilidad, tránsito y transporte" que pueda aplicarse por el gobierno del estado para evitar dificultades que actualmente se enfrentan con los municipios. 
Ante la supuesta advertencia de líderes transportistas de las regiones sur y oriente del estado de llevar a cabo bloqueos en todo el estado para presionar a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para la regularización de unidades del servicio público, el secretario Mercado Salgado sostuvo que dichas movilizaciones están descartadas. 
Por medio de un comunicado que emitió desde el domingo pasado, la SMyT señaló directamente a Noé Sandoval Morales, exdirector general de Transporte, durante el gobierno de Graco Ramírez, como principal responsable de las amenazas, ya que pretende la regularización de taxis y “rutas” que circulan en todo el estado a causa de permisos que de manera irregular el mismo exfuncionario otorgó. 
Por otro lado, el secretario de Movilidad dijo estar a favor de una nueva ley de movilidad, tránsito y transporte del estado. 
Tras haber participado en el Sexto Foro para una Ley General de Seguridad Vial, el funcionario estatal dijo que es necesario contar con una nueva ley que atienda los problemas del transporte, tránsito y movilidad en el estado, y que son los mismos que existen en todo el país. 
Al respecto, habló sobre algunos problemas que deben atenderse de manera urgente, desde lo nacional hasta lo local, como es el servicio público del transporte que se presta por medio de los mototaxis y el que se contrata por medio de aplicaciones tecnológicas. 
Mercado Salgado se pronunció a favor de avanzar en una agenda que garantice seguridad vial para los usuarios, sin embargo, por la existencia de diversas normas a nivel municipal y estatal resulta más complicado. 

 

Publicado en Sociedad
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.