Viernes, 20 Marzo 2020 05:15

Roberto Coranguez se dice perseguido

Acusa al fiscal anticorrupción de utilizar esa posición para revanchismos políticos.

Roberto Coranguez Esquivel, quien se ostenta como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), retó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y lo acusó de abusar de su posición para emprender una persecución política en su contra.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa en la que denunció la supuesta desaparición de Edgar López Betanzos, integrante del CPC-SEA, y con quien promovió una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA y dos miembros del CPC, por supuestamente haberlo relevado ilegalmente de su cargo de presidente y permitido que Penélope Picazo Hernández asumiera la presidente del órgano ciudadano, pese a que eso significaba usurpar funciones.

Más tarde, la propia Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta desaparición, pero que López Betanzos había sido localizado en su domicilio.

Coranguez Esquivel acusó que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, “hace foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de los ciudadanos y la gente honesta”.

Y lo retó: “No podemos seguir tolerando esta terrible persecución de Juan Salazar y sus compinches, que ya sabemos quiénes son. Ya estamos cansados. Ya estamos hasta la madre de este fiscal, se tiene que ir porque se tiene que ir.

“Y aquí estoy, que me venga a detener, a ver si tiene los pantalones para venirme a detener. Sigo siendo el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. No he sido separado y no me he ausentado nunca. Que compruebe el señor que me he ausentado de mi cargo y que yo no soy”.

Afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente instalado, pero hay personajes ligados al exgobernador Graco Ramírez, como el propio Salazar Núñez, y otros funcionarios que buscan obstaculizar investigaciones contra exservidores de la anterior administración.

Acusó a Penélope Picazo Hernández de usurpar funciones al ostentarse como presidente del CPC-SEA, e insistió en que es ella a quien se tiene que investigar y fincar responsabilidades.

La fiscalía anticorrupción no fijó postura al respecto y sostuvo que no puede dar información sobre si existe o no alguna investigación en torno a Roberto Coranguez Esquivel.

 

 

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Laboraban en áreas como obras públicas, educación, turismo e, incluso, en la Contraloría del estado.

Por faltas administrativas graves durante su ejercicio, 13 exfuncionarios de la administración de Graco Ramirez fueron sancionados administrativamente y dos inhabilitados por la Secretaría de la Contraloría del estado.
Dicha dependencia estatal inició, desde el 2018, diversas investigaciones en áreas como la Secretaría de Obras Públicas, Educación, Turismo e, incluso, en la Contraloría del estado, ante la sospecha de que se cometieron anomalías, por lo que 600 ex servidores públicos más siguen bajo proceso.
Lo anterior lo confirmó el contralor del estado, Cesar Santana Nava, quien refirió que se ha procedido ya con los primeros ex servidores públicos a los que se les comprobó que violaron la ley.
"Dentro de las 13 sanciones, tenemos dos inhabilitaciones, algunas destituciones y una multa. Son faltas administrativas relacionadas con algún bien inmueble, alguna falta de observación en algún lineamiento, regla o ley”, explicó.
Se trata de exfuncionarios cuyo cargo era menor, como jefes de departamento, subdirectores y directores de área, que trabajaban en la Secretaría de Educación,  de Turismo, Obras Públicas y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
Señaló que en los casos mucho más graves, en los que se confirme la posible comisión de algún delito, se presentarán denuncias, una vez que concluyan las investigaciones.
Es que reveló que en la Contraloría del estado se detuvieron las auditorías que por ley deben aplicarse, con el fin de que no se detectaran posibles irregularidades, lo que también obligó a que se retrasara el trabajo de investigación en la actual administración estatal.

 

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La Secretaría de la Controlaría del estado detectó graves irregularidades en más del 50 del padrón de beneficiarios del proceso de regularización de taxis del año 2014, que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

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El gobierno estatal inició la querella ante la SEIDO en contra de varios funcionarios de la administración pasada.

El Gobierno de Morelos inició una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de varios funcionarios de la administración pasada, por incurrir en un presunto desvío de más de 400 millones de pesos, presuntamente a través de catorce “empresas fantasmas".

Entre los exservidores públicos señalados se encuentran personas que en la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ocuparon los puestos de secretario de Hacienda, de subsecretario de Ingresos (presupuesto) y dos de tesorero.

Al respecto, el asesor Anticorrupción estatal, Gerardo Becerra Chávez Ita, indicó que se identificó que se habría tejido una red de delincuencia organizada, al tiempo de referir que entre las irregularidades detectadas se encuentra la compra de 70 millones de pesos en papelería a una empresa inexistente.

El funcionario no quiso dar nombres específicos, al destacar que se señala como probables responsables a dichos servidores pues eran los directamente encargados del manejo del erario.

“Por las investigaciones que realizamos, todo parece indicar que las compras que se hicieron aparentemente son difíciles de comprobar, son cuestiones irregulares”, mencionó. al referir que la actual gestión tardó en conformar el expediente y presentar dicha denuncia porque había muchos cabos sueltos.

Consideró que ahora ya se encontraron los elementos necesarios y la denuncia es sólida

Refirió como ejemplo de las anomalías, la compra a una sola empresa de 77 millones de pesos de papelería, u otra a la que se prepagaron casi 35 millones de pesos “por cursos”.

Becerra Chávez comentó que la denuncia se presentó ante la Seido porque el tipo de delito tiene que ver con actos de delincuencia organizada. “Se dio aparentemente un sistema en el que se usaron empresas fantasmas y cuando fuimos a ver no existían, es un esquema similar el que usó Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz”.

Este asunto no fue presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, sólo se presentó ante la Seido.

Recordó que en la administración pasada se creó una oficina de adquisiciones, que presuntamente servía para realizar dichos egresos del erario a través de las empresas inexistentes.

Añadió que seguirán el proceso hasta la última instancia, y si el siguiente paso es la ratificación, así se hará.

 

 

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Miércoles, 12 Febrero 2020 05:19

Repondrán cancelación de 40 "pensiones doradas"

La justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados.

El Congreso del estado inició, por segunda ocasión,  los procedimientos de cancelación de 40 "pensiones doradas" que la LIII Legislatura autorizó de manera ilegal a ex funcionarios del Congreso del estado y del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, aseguró que existen elementos legales para que el Congreso del estado reponga los procedimientos y sean canceladas las onerosas pensiones  con las que se beneficiaron los ex servidores públicos.
"Yo hice la denuncia de que mi compañera Tania Valentina había violentado el procedimiento. ¿Cómo lo violentó? Se subió a la tribuna y dio lectura de quiénes estaban siendo investigados en cuestión de jubilación dorada y provocó que se viniera una lluvia de amparos, el 90 por ciento de esas jubilaciones se amparó y el juez está pidiendo que se devuelvan esas jubilaciones doradas", manifestó.
El legislador dijo que la Comisión del Trabajo inició nuevas investigaciones del caso, a fin de reunir los elementos necesarios para cancelar las pensiones.
"Si bien es cierto que fueron amparados porque se les violentó el procedimiento no lo fueron por el tema de los documentos que presentaron para obtener esa jubilación. Entonces estamos haciendo un análisis y pidiendo informes de las constancias de trabajo", explicó.
El legislador adelantó que se busca que en este mismo período ordinario, que concluirá el 15 de julio, se concreten los procedimientos, pues con el amparo de la justicia federal los ex funcionarios siguen cobrando al erario público.

 

 

 

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Aprueba Comisión de Gobernación auto de radicación de juicio político contra el exmandatario y los exsecretarios de Finanzas Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

Son señalados por no entregar, en el ejercicio fiscal del 2018, 120 millones de pesos a la FGE y dos millones al Impepac.

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado emitió el acuerdo de radicación del juicio político en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez y de los ex secretarios de Finanzas, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.
A cinco meses de que el gobierno del estado promovió dos denuncias de juicio político en contra del ex mandatario estatal y sus ex colaboradores, los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Gran Jurado -que funge como Comisión Instructora- determinaron que existen elementos de procedencia y se instruyó a la notificación de los involucrados para garantizar su derecho de audiencia.
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión Instructora, explicó que se trata de la  supuesta omisión en la entrega del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018 hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) por 120 millones 826 mil, así como al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por dos  millones 566 mil 670 pesos.
Una vez notificado el ex gobernador Graco Ramírez y sus ex colaboradores, en un plazo no mayor a 15 días, deberán contestar los hechos que se les imputan, ya sea de manera personal o mediante su representación legal. De no hacerlo, se les declarará en rebeldía y el Congreso procederá con el juicio.
Lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En la votación del acuerdo de radicación se abstuvieron las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT); y Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (Panal), que también son integrantes del órgano y que además solicitaron copia del expediente del juicio político.

 

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Miércoles, 22 Enero 2020 08:26

El anzuelo de Tania Valentina

Además de la seguridad, los grandes temas pendientes para Morelos son la generación de empleo y la llegada de inversiones. De hecho, el propio gobernador hace unos días los definió como sus prioridades para este 2020, aunque no dijo cómo ni qué acciones emprenderá  su administración para concretarlas.

Ante esto, llama la atención la voracidad que acreditó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en un comunicado de prensa que emitió su muy mermado “grupo parlamentario” del PT en el Congreso local, en el que claramente busca amedrentar a la empresa Alamos Gold, promotora del proyecto minero Esperanza, a fin de obtener raja económica del mismo.

Por diversas circunstancias, llama la atención esta intención de la, por decir lo menos, polémica legisladora. En primer lugar, porque los permisos para la operación de una minera son de carácter FEDERAL y si acaso municipales pero no estatales, por lo que ¿será ignorancia o una doble o hasta triple intención lo que mueva a Tania Valentina a cometer estas imprecisiones?

Por mera casualidad, cabe recordar que quien abiertamente mostró su desacuerdo con la operación de la minera fue el ex gobernador Graco Ramírez, pero no por ambientalista o por proteger el patrimonio natural de Morelos (como no lo hizo en diversos proyectos), sino porque la minera no accedió al “arreglo de varios ceros” a favor del ex mandatario y de Rodrigo Gayosso Cepeda, como ha trascendido en algunos medios de comunicación.

Luego entonces, cómo se especula, ¿le seguirá haciendo Tania Valentina el trabajo sucio a la dupla Graco Ramírez – Rodrigo Gayosso, o simplemente fue un anzuelo que lanzó contra la transnacional para que la visiten y ‘convenzan’ de lo viable que es el proyecto de explotación minera? La trayectoria política de Tania Valentina podría confirmar ambas hipótesis, aunque habría que agregar la de querer mantenerse vigente con una sobre exposición mediática gracias al manejo de temas polémicos más que de interés y beneficio general.

Hasta donde se ha informado, la minera Esperanza Silver que forma parte del consorcio internacional Alamos Gold, habla de invertir 10 mil millones de pesos en la zona de Tetlama y generar más de 5 mil empleos directos en una primera etapa, además de beneficios directos a la infraestructura de la zona, algo que es urgente para el estado y que no refiere en su boletín la coordinadora del PT en el Congreso estatal.

Es urgente cuidar para Morelos el entorno ambiental y cultural, pues carecemos de atractivos turísticos nuevos, de muchos inmuebles históricos afectados por el sismo de hace más de dos años y con atractivos naturales cada vez más descuidados o en riesgo, algo que tibiamente se menciona en el boletín referido.

Ante ello, lo que cabría esperar de una legisladora, cualquier actor político o funcionario estatal, es contribuir mínimo a crear las condiciones para la llegada de inversiones, después y si está en su alcance, promover el interés de inversionistas. Y si pese al clima de inseguridad que padece Morelos, hay inversionistas interesados, se debe conocer y socializar sus proyectos, valorar sus beneficios, alcances y viabilidad técnica, ambiental y social, para entonces si acompañarlos en su intención de consolidarse.

De no ser o considerar viable la inversión, lo menos es debatir públicamente con argumentos ciertos, fundados y motivados, y no con prédicas gastadas que sirvan de “anzuelos” para obtener ganancias personales, como todo indica que fue el caso del boletín emitido este lunes por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

A Morelos le urgen más inversionistas y menos políticos, funcionarios y diputados “tira anzuelos” del estilo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

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Un juez federal rechazó la petición de la defensa  de cinco ex secretarios y ex funcionarios de las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, para atraer la causa penal en la que se le imputó el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

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Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

 

 

 

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Viernes, 13 Diciembre 2019 05:12

El día que Graco “explotó”

La escena es sólo comparable con ese video que circula en redes sociales y que frecuentemente utilizan para parodias políticas bajo el nombre de “Hitler se entera de que…”, tomado de la película “Downfall” con una magistral actuación del suizo Bruno Ganz en el papel del führer.

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